Sesión martes 8 de julio de 2014
Aprueba el Pleno de la LXI Legislatura Punto de Acuerdo para solicitar una tarifa especial de energía eléctrica para los planteles de educación básica
El Pleno de la LXI Legislatura aprobó el Punto de Acuerdo, presentado por el Diputado Martín Pérez Torres, para solicitar a la cámara de Diputados Federal y a la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad, una tarifa especial para las instituciones educativas de nivel básico públicas y privadas en el Estado de Sinaloa.
En el documento señala que las instituciones educativas la mayoría cubren su recibo de energía eléctrica con la tarifa comercial 2, misma que se le aplica a todos los servicios que destinen la energía en baja tensión a cualquier uso de negocio, con una demanda inferior a los 25 kilowatts, y el costo del consumo es escalonado,
Menciona que es la tarifa más cara, en promedio una escuela primaria con 6 aulas y la dirección, con aires acondicionados mini split de 3 toneladas con esta tarifa estaría pagando por lo menos 13,000 pesos al mes, esto es por un solo turno y si fuera escuela de dos turnos estaría pagando por lo menos 25,000 pesos al mes.
Hay algunas escuelas que son una minoría que ya cuentan con su propia subestación eléctrica y esto representa que su tarifa sea la OM (Ordinaria Media Tensión), que en el mismo consumo del ejemplo de la escuela de 6 aulas y la dirección con aires acondicionados de 3 toneladas representa un costo para un turno de 10,000 pesos y para dos turnos 15,000 por lo menos al mes.
“Como vemos en ambos caso es un costo muy elevado para cada institución y si lo multiplicamos por las instituciones públicas de nivel básico en Sinaloa es un costo muy elevado para el Estado” señala la propuesta.
El Diputado Francisco Solano Urías, en tribuna respaldo la propuesta hecha por el Diputado Martín Pérez, solicitando que en el Punto de Acuerdo, al mencionar a las instituciones de educación básica, se incluyera públicas y privadas.
El Punto de Acuerdo fue aprobado de urgente y obvia resolución establece:
UNICO.- Que la Sexagésima Primera Legislatura representada por su órgano directivo signe y envié un documento a la cámara de Diputados Federal y a la junta de gobierno de la Comisión Federal de Electricidad, sumándose a la solicitud hecha por el Ejecutivo del Estado, solicitando una tarifa especial para las instituciones educativas de nivel básico en el Estado de Sinaloa, ya que su costo actual es muy elevado para los centros educativos.
Cualquier persona podría denunciar delitos ambientales, propone el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense
En su iniciativa de reforma a la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, el Grupo Parlamentario del PAS, propone que cualquier persona tenga la facultad de denunciar ante el Ministerio Público los delitos ambientales y no se deje a la autoridad correspondiente dicha potestad.
La citada ley vigente, establece como requisito de procedibilidad para proceder penalmente contra quien cometa alguno de los delitos ambientales, la intermediación de la autoridad ambiental para formular la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.
Por ello proponen reformar el artículo 272 de la mencionada ley, para quedar así:
“Artículo 272. Para proceder penalmente por los delitos previstos en este Capítulo, se requerirá de denuncia, ya sea de la autoridad ambiental o de cualquier persona física o moral, ante el Ministerio Público”.
La iniciativa se turnó a la Secretaría para la segunda lectura de Reglamento
Ley para el Apoyo de las y los Comunicadores del Estado de Sinaloa, proyecto presentado por el Grupo Parlamentario del PRD
Salvaguardar la libertad de expresión, mediante la atención y protección de las y los trabajadores de los medios de comunicación en el estado de Sinaloa, es uno de los objetivos señalados en el proyecto de Ley de Apoyo a las y los Comunicadores del Estado de Sinaloa, presentado por el Grupo Parlamentario del PRD y conocido por el Pleno Legislativo en esta Cuadragésima Quinta sesión.
La iniciativa de ley propone crear para sus propósitos la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, con carácter de organismo descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica y de gestión; Comisión que tendrá su sede en la capital del estado y podrá tener representaciones en cualquiera de las ciudades del estado en que existan medios de comunicación y periodistas, y tendrá asignaciones presupuestales específicas y suficientes para el cumplimiento de sus fines.
Define también que son periodistas para efectos de esta ley, las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que pueda ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen.
Igualmente habla sobre las amenazas, intimidaciones, agresiones y asesinatos de periodistas, así como atentados contra instalaciones de medios de comunicación, sustracción de material, equipo periodístico y daño a información digitalizada serán considerados delitos graves, entre otros.
Este proyecto de ley consta de Cinco Capítulos, Veintitrés Artículos naturales y Tres Artículos Transitorios y se turnó a la Secretaría para la segunda lectura de Reglamento.
Reforma a la Ley de Salud del Estado de Sinaloa para crear el Consejo de Salud del Estado de Sinaloa, propone Grupo Parlamentario del PAS
A fin de contar con un ente que impulse las políticas públicas en el ámbito de la salud, el Grupo Parlamentario del PAS, propone reformar la Ley de Salud del Estado para crear el Consejo de Salud.
En el documento precisam que esta reforma va de la mano con la iniciativa presentada la semana pasada, para crear el Instituto para la Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes Mellitus del Estado de Sinaloa; que esta figura, la del Consejo, ya hay en otras entidades federativas mientras que en el marco local no existe, “no obstante que es necesario, especialmente para hacer frente común a los problemas de salud pública que existen o pueden llegar a existir en un momento y lugar determinado, que ponga en serio peligro al género humano ante una posible pandemia o epidemia, para la cual deben tomarse oportunamente medidas urgentes y pertinentes, apoyados por expertos en las distintas materias asociadas con ellas”.
La iniciativa se turnó a la Secretaría para la segunda lectura.
Presenta el Grupo parlamentario del PRD proyecto de iniciativa de Ley para el Desarrollo Social y Humano del Estado de Sinaloa
Garantizar, proteger y promover el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia del estado de Sinaloa; señalar las atribuciones de los gobiernos estatal y municipal, establecer las instituciones responsables del desarrollo social y humano, así como definir los principios y lineamientos generales a los que deben sujetarse las políticas públicas en la materia, contempla, entre otras acciones, el proyecto de ley para el Desarrollo Social y Humano del Estado de Sinaloa.
Iniciativa de la autoría del Grupo Parlamentario del PRD, y en donde también menciona que los beneficiarios de esta ley son las personas que forman parte de la población que participa en o es atendida por los programas de desarrollo social; la política estatal de desarrollo social y humano articulará y armonizará los programas sectoriales, regionales, especiales e institucionales que se realicen con recursos estatales y los que se lleven a cabo con fondos provenientes de la federación y los programas que se llevan a cabo en los municipios.
El proyecto de ley que consta de Dieciocho Capítulos, Ochenta y tres Artículos comunes así como Dos artículos Transitorios y se turnó a la Secretaría para la segunda lectura de Reglamento.
Se abra una ventanilla de apoyo a productores temporaleros, propone la Diputada Nubia Xiclali Ramos Carbajal
Las precipitaciones pluviales registradas en las últimas semanas en Sinaloa, han provocado un ambiente de alegría en la zona serrana de la entidad, aunque al mismo tiempo, se lamentan que no cuenten con el apoyo para adquirir los recursos necesarios que les permitan acceder a la compra de semillas y otros insumos.
Ante ello, la Diputada Nubia Xiclali Ramos Carbajal, señaló que el grupo parlamentario del PRI estima necesario sea tratado el tema de la agricultura de temporal; que los municipios de Choix, El Fuerte, Sinaloa son en donde más se desarrolla la siembra temporalera, como también en Mocorito, Badiraguato, Cosalá, parte de Culiacán, Elota, San Ignacio, Rosario y Escuinapa, en donde en términos generales se siembran alrededor 300 mil hectáreas.
Existe también el sector ganadero, que también demandan más apoyos, como los agricultores temporaleros, que temen que ante la extinción de las lluvias, no reciban esos apoyos económicos que les permitan aprovechar la temporada de lluvias, por lo que demandó la apertura de una ventanilla para el otorgamiento de esos apoyos.
Se rezaga Sinaloa en materia de accesibilidad web, señala el Diputado Leobardo Alcántara Martínez
Al dar a conocer que Sinaloa muestra un rezago al no contar el gobierno del estado con una página electrónica con “accesibilidad web”, que permita que personas con capacidades diferentes, de la tercera edad o con relativos conocimientos en computación puedan acceder a ella a fin de conocer los beneficios que les pueden otorgar las diversas políticas públicas gubernamentales.
Este hecho fue planteado por el Diputado Leobardo Alcántara Martínez, quien en una propuesta de Punto de Acuerdo, exhorta al Gobernador Mario López Valdez, instruya a su unidad administrativa que corresponda, para atender la página web del gobierno del estado, a efecto de que se le incluya la accesibilidad para personas con discapacidad y adultos mayores, contemplando y cumpliendo con los criterios y estándares internacionales.
Petición idéntica formula a los dieciocho ayuntamientos de Sinaloa; a la CEAIPES así como al propio Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Diputado Adolfo Rojo Montoya, para que también se atienda el mismo criterio.
La accesibilidad web tiene como objeto –aclara el legislador-, lograr que las páginas que sean utilizables por el máximo número de personas, independientemente de sus conocimientos o capacidad personas de las caractéristicas técnicas del equipo utilizado para acceder a la Web.
Finalmente, dijo que como representante del PT, “no descansaremos hasta que se hagan leyes que beneficien a las personas con discapacidad, adultos mayores y niñez”.
La propuesta se turnó a Comisiones para su estudio y dictamen.
Demanda el Diputado Jesús Burgos Pinto reunión con el Consejo Ciudadano de Vigilancia y Transparencia para conocer apreciaciones sobre programas de gobierno estatal
Por otra parte, al recordar el Diputado Jesús Burgos Pinto que esta Soberanía autorizó al Ejecutivo del Estado para contratar un crédito por dos mil seiscientos millones de pesos, crédito que generó inquietud dentro de la sociedad civil, llevando a la creación de un Consejo Ciudadano de Vigilancia y Transparencia, que conocería del manejo, vía obra pública, licitaciones, montos, planes y programas, entre otras acciones.
Mencionó que dicho consejo fue integrado por Mario Campos Sepúlveda, Arturo Tapia Lizárraga, Joaquín Vega Valadez, Fernando Inukai Sashida, Martín Alejandro Zambrano Pardo, Héctor Luis favela Machado y Maricela Olan Ruiz, y quienes publicaron un desplegado para el conocimiento de la opinión pública, donde expresan su insatisfacción por la negativa de colaboradores del ejecutivo del estado a cumplir precisamente con el espíritu de la encomienda, como es la transparencia de los procesos legales, técnicos y físicos, que de acuerdo a muy diversas normas deben seguirse para la ejecución de obras públicas y en especial para el uso de recursos provenientes de empréstitos y alegaron fallos ilógicos en licitaciones de obras que se asignaron para empresas cuyas propuesta presupuestal era más alta que otras participantes.
Ante ello, finalizó proponiendo un Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución:
“Se solicite a la Junta de Coordinación Política a que invite a los integrantes del multimencionado Consejo Ciudadano a un diálogo con los Diputados integrantes de la Comisión de Fiscalización de esta Legislatura para escuchar de viva voz sus planteamientos, sus apreciaciones y así los órganos de esta Soberanía tengan los elementos para decantar las acciones que correspondan a la legislatura y al órgano técnico de este Poder, como es la Auditoría Superior del Estado”.
Sobre el mismo tema, el Diputado Gómer Monárrez Lara, consideró oportuno el planteamiento hecho por su homólogo, pero aclaró que como presidente de la Comisión de Fiscalización y en aras de privilegiar la rendición de cuentas, se dialogó con el órgano técnico del manejo de los recursos citados y que el procedimiento realizado sobre la auditoría de los dos mil 600 millones de pesos, terminaría para fines de este año y que por consiguiente, hizo un llamado para que el punto de acuerdo sea turnado a la Comisión de Fiscalización toda vez que tiene que ver con el trabajo que realiza el órgano técnico del Congreso, la ASE.
Agregó que una vez turnado el Punto, se analizará junto con los demás integrantes de la Comisión y los que quieran asistir, para que se ventile con mayor claridad el citado documento.
Sobre el particular, el Diputado Jesús Burgos preguntó si dentro de esa revisión se consideraría a los Consejeros Ciudadanos, a lo que el Diputado Jesús Enrique Hernández Chávez dijo que ello quedaría a decisión de la Comisión de Fiscalización, por lo que finalmente, se insistió en que se dé prioridad al trabajo de la Auditoría Superior del Estado.
Sobre el tema, el Diputado Ramón Lucas Lizárraga dijo de entrada que el tema que a los sinaloenses les llamó la atención fue el monto del empréstito; que obedecía a la deuda dejada por la anterior administración, superior a los cinco mil millones de pesos; que el empréstito era para finalizar obras inconclusas; para cubrir el déficit de cuenta corriente del propio gobierno estatal y la forma en que dejaron las finanzas la anterior administración.
Señaló los encargado de revisar el manejo de los recursos públicos son la ASE y la propia Comisión de Fiscalización, por lo que no se puede convocar a un Consejo Ciudadano que por voluntad propia se retira, por lo que propuso que dicha comisión se aboque a conocer el uso y destino de esos recursos y que la Auditoría Superior entregue un pormenorizado informe sobre el particular.
Enseguida, la Diputada Yudit del Rincón Castro abordó la tribuna para decir que el uso y manejo de fondos públicos demanda una meticulosa vigilancia así como la transparencia en su destino; manifestó que no descartaba la capacidad de los integrantes del Consejo, pero que hay instituciones como la ASE que son entes legales para hacer el trabajo.
El Diputado Francisco Solano Urías, expresó su apoyo al Presidente de la Comisión y a su homóloga Yudit del Rincón; que la responsabilidad de revisar las cuentas públicas es del Congreso, y éste tiene un brazo técnico, que es la Auditoría Superior del estado y cuando hace el dictamen sobre cuenta pública, cae la responsabilidad en la legislatura, “antes no”. El orden en que está establecido es así: la responsabilidad directa es del órgano técnico y luego de los legisladores. No respetar ese orden, sería como legitimar actos que no los tienen y suplantar la función de la ASE, por supuesto, ya se dijo, es responsabilidad de los Diputados, atender la obligación que tenemos para que haya la mayor transparencia posible y la rendición de cuentas necesarias y las consecuencias necesarias en el manejo de los recursos públicos y esa sí es un esta responsabilidad; propuso que la el Punto de Acuerdo se turne a la Comisión de Fiscalización, la estudie y luego lo comparta con el Pleno.
También participó el Diputado Héctor Melesio Cuén Ojeda para decir que ellos se informaron por los medios, sobre lo publicado por el Consejo Ciudadano, sobre el manejo y destino de los dos mil 600 millones de pesos; Consejo que no lo nombró el Congreso, que luego se retractaron de lo publicado; agregó que se va a revisar la cuenta pública del gobierno del estado, sobre el gasto de ese empréstito.
Añadió que cuando hay dudas, se invita a comparecer a gente encargada de determinada área y en este caso son finanzas, por lo que pidió la comparecencia del Secretario de Administración y Finanzas por considerarla lógica, sin importar cómo se encuentra ese empréstito en su gasto.
De nuevo el Diputado Jesús Burgos abordó la tribuna para decir que la opacidad, falta de transparencia y la comisión de posibles hechos donde se infrinjan normas legales, los principios fundamentales de derecho exigen que ese órgano forme un ente legal; dijo no mandar señales oprobiosas a quienes formaron el Consejo, sino a aquellos que tuvieron la intención de atreverse a decir a la opinión pública, incluida la LXI Legislatura, para ser escuchados y sus planteamientos sean justamente valorados. Que su intención era incentivar el valor de una sociedad libre pensadora que exija de todos los hombres públicos apego a la legalidad.
Tocó el turno a la Diputada Imelda Castro quien dijo que el tema tiene varias plataformas en las que hay que analizar. El tema técnico de revisión del ejercicio de ese préstamo –dos mil 600 millones de pesos-, fue polémico cuando se otorgó, no hay duda que hay un órgano técnico con sus funciones y que en estos momentos y tiempos realiza las auditorías, según se ha informado, a ese préstamo hoy comentado y que de acuerdo a la ley, corresponde recibir a la Comisión de Fiscalización en el siguiente semestre. Ese es el procedimiento legal, pero también no se puede rechazar un tema de alta sensibilidad social, de alta importancia porque lo que hoy se tiene en Sinaloa es una muy baja participación ciudadana.
Que hay un Consejo Ciudadano instalado por el propio Ejecutivo del Estado para efecto de que diera seguimiento ese préstamo por todo lo que se dio en la anterior legislatura y que si bien no es un asunto legal, sí está en la sociedad, por lo que estimó buscar dar giro legal a la participación ciudadana para la existencia de esos Consejos que jueguen papel de transparencia y vigilancia.
La propuesta de Punto de Acuerdo se turnó a la Comisión de Fiscalización para su análisis y valoración.
Un Plan Emergente Estatal que ubique zonas vulnerables ante posibles inundaciones, pidió el Diputado Héctor Melesio Cuen Ojeda
La elaboración de un Plan Emergente a Nivel Estatal que ubique los espacios y zonas más vulnerables y de mayor peligro, ante posibles inundaciones y crecidas de arroyos, demandó el Diputado Héctor Melesio Cuén Ojeda.
Mencionó que asumiéndola existencia de los Consejos de Protección Civil, a nivel estatal y municipal, se propone que a partir de esas instancias se formule el Plan, en el que tengan participación autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal; Tránsito y Vialidad, Protección Civil, H. Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja.
Dijo que este Plan, además de ubicar los puntos vulnerables del estado, defina las medidas y acciones inmediatas a aplicar al momento de las precipitaciones, lo cual, en buena medida, evitaría desgracias como las que ha se han registrado. Acciones, dijo, orientadas a prevenir decisiones equivocadas de la población, así como la prestación de la ayuda y el auxilio necesario donde se requiera.
Todo ello luego de recordar que las recientes precipitaciones han generado inundaciones en diversos sectores tanto de la capital como en sindicaturas de Culiacán, en donde sus habitantes demandan la intervención de las autoridades con obras de desazolve de arroyos y canales.
Enseguida, el Diputado Mario Ímaz López, consideró que en Sinaloa nadie está libre de sufrir las consecuencias de las inundaciones; con el huracán Manuel en Culiacán y otros municipios padecieron inundaciones con pérdidas parciales o totales, como también la pérdida de la vida, y que protección civil está convertida en área burocrática, que no tiene planes ni proyectos para prevenir evitar caer en zonas de desastre; que sólo actúan cuando los problemas ya se presentan y no quieren asumir responsabilidad de manera seria ni su capacidad para asumir las consecuencias ante las recomendaciones que se les hacen. Que no hay interés de Protección Civil y las aéreas de seguridad de los municipios; que no se tiene idea de la cantidad de agua que llega a las zonas que ponen en peligro la vida de los sinaloenses, por lo que es urgente un programa estatal que tome en cuenta a especialistas, como fue en el 2013 por el Colegio de Ingenieros que dijeron que los ríos deben tener mantenimiento cada tres años; que la Isla Musala también debe contar con un programa para aminorar la abundancia de agua ahí y en atas zonas.
En Culiacán, dijo urge la construcción de un drenaje pluvial que lleve el agua a las presas y en el caso de Culiacán, a la presa derivadora; que haya un programa de concientización para que la gente no tire basura.
También sobre el tema habló el Diputado Francisco Solano Urías para expresar su coincidencia de lo expuesto por sus homólogos; dijo que no hay ley integral que se encargue de sentar bases para la solución de esos problemas; asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano; sí hay planes pero guardados en un cajón porque no hay capacidad financiera para ejecutarlos ni gestión para ello; que mientras eso suceda, se vivirá la problemática expresada: que ello también obedece a la pésima administración de CONAGUA, y ya lo comentó directamente con el director de esa área, que aceptó enviar un informe.
Dijo también que los ríos Humaya y Tamazula, que convergen en la presa derribadora, que su función es derivar el agua a los canales de ambas márgenes y que el bordo de la presa tiene un nivel que está suficientemente alto para garantizar derivar el agua a los canales, pero a su vez, la presa provoca estancamiento aguas arriba y cuando hay una venida extraordinaria forma un resalto y eleva el tirante hidráulica que provoca inundaciones aguas arriba de la presa derivadora, por el desbordamiento de río; situaciones por las que se inundan diversos sectores.
Lo más grave cuando se hace el dragado, se hace cerca de la cortina; que mientras no haya un programa de asentamientos humanos, se continuarán los problemas de inundaciones y si esto no se controla, continuarán las inundaciones.
Mejores condiciones laborales y de vida para jornaleros agrícolas solicita la Diputada María del Rosario Sánchez Zataráin
Tras calificar como grupo vulnerable a los jornaleros agrícolas “que sufren condiciones de semi esclavitud, cautivos en empacadoras hortícolas de Sinaloa, hacinados en viviendas precarias e insalubres y obligados a comprar sus comestibles entiendas de raya”, la Diputada María del Rosario Sánchez Zataráin hizo un llamado a intervenir a las autoridades federales, legislativas, estatales y municipales, en sus respectivos campos de acción.
La legisladora pidió vigilar que las leyes se apliquen con rigor y que obliguen al Estado a garantizar condiciones óptimas de trabajo en los lugares de recepción de los jornaleros agrícolas migrantes y para mejorar sus condiciones de vida; impulsar la creación de escuelas y albergues bilingües en los centros o campos de trabajo, para los trabajadores migrantes y sus hijos; crear un órgano o instancia interinstitucional que proteja los derechos de los jornaleros migrantes, desde la contratación en su lugar de origen hasta el cumplimiento del mismo en los campos de trabajo.
También, que la Secretaría de Salud implemente estrategias para dar atención médica a los jornaleros agrícolas durante su traslado a los campos agrícolas; que el Estado impulse la creación de seguros de vida para los jornaleros migrantes indígenas en el país y su inscripción en el Seguro social en forma individual y no grupal; que el Estado disponga de abogados indígenas o bilingües para garantizar la defensa y asesoría jurídica de los indígenas jornaleros migrantes en el país, entre otros puntos.
Denuncian abusos de policías de tránsito
El Diputado Miguel Ángel Camacho Sánchez, en tribuna denunció que el pasado viernes 4 de junio, el señor José Rene Vega Vega, fue objeto de abuso de autoridad por parte de policías de tránsito de Los Mochis, durante el operativo denominado alcoholímetro.
Explicó que el ciudadano viajaba en compañía de su familia rumbo a su domicilio en la comunidad de San Blas, cuando fue interceptado por elementos de Seguridad Pública con el operativo del alcoholímetro, y como tenía la licencia vencida los elementos amenazaron con recoger placa en garantía.
Los agente de tránsito, dijo actuaron con prepotencia, al golpear a José Rene Vega, cuando este quiso intervenir al ver que bajaban del vehículo a empujones a su señora esposa.
Relató que el afectado acudió a poner una denuncia de hechos ante la Secretaría de Seguridad Pública y al no ser atendido procedió a presentar una denuncia ante el Ministerio Público, por abuso de autoridad, lesiones y lo que resulte
El Diputado Camacho Sánchez, solicitó a las comisiones de Seguridad y Derechos Humanos hacer justicia a los ciudadanos, aseguró que los abusos de autoridad no se pueden permitir, ya que por unos cuantos elementos, dijo no se puede echar a perder el esfuerzo que realizan las autoridades contra la inseguridad.