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Congreso de Sinaloa declara incorporada a la Constitución estatal reforma sobre principios que rigen la función judicial

Integrantes de Mesa Directiva aparecen en primer plano. Al fondo sus comañeeros.
  • Congreso del Estado de Sinaloa
  • Julio 28, 2026

Culiacán, Sinaloa, 28 de julio de 2026.- El Congreso del Estado de Sinaloa declaró formal y constitucionalmente incorporada al texto de la Constitución Política estatal la reforma al artículo 105, mediante el Decreto Número 499, luego de que la modificación fuera aprobada por la Cámara de Diputados y por los Ayuntamientos de la entidad en los términos establecidos por la legislación.

La Junta de Coordinación Política sometió al Pleno el Acuerdo correspondiente al cómputo de votos de los Ayuntamientos, con el que se determinó que la reforma constitucional contó con la aprobación de 14 municipios, cantidad suficiente para emitir la declaratoria correspondiente.

La reforma tiene como antecedente una iniciativa presentada ante el Congreso del Estado con el objetivo de establecer que las personas juzgadoras del Poder Judicial de Sinaloa se rijan, en el ejercicio de la función judicial, bajo principios como autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos, con la finalidad de garantizar resoluciones imparciales, libres de discriminación y un acceso efectivo a la justicia.

De acuerdo con el cómputo realizado, los Ayuntamientos de Ahome, Badiraguato, Cosalá, Choix, Culiacán, Concordia, El Fuerte, Escuinapa, Mazatlán, Mocorito, Navolato, Salvador Alvarado, San Ignacio y Sinaloa aprobaron la reforma dentro del plazo establecido por la ley.

El Acuerdo establece que el Decreto correspondiente deberá remitirse al Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, mientras que la declaratoria entrará en vigor a partir de su aprobación.

Con esta declaratoria, el Poder Legislativo estatal concluye el procedimiento constitucional requerido para incorporar la reforma al marco constitucional de Sinaloa.