El 22 de septiembre de 2014 se firmó la Declaración de la Alianza para el Parlamento Abierto en México, como un espacio de encuentro de organizaciones de la sociedad civil, el Órgano Garante de Acceso a la Información y Protección de Datos y las instituciones legislativas, cuyo objetivo es lograr que los 32 Congresos Locales y el Congreso de la Unión cumplan con los principios y acciones de un parlamento abierto. En dicha Declaración se adoptaron 10 principios de parlamento abierto.
¿Qué es Parlamento Abierto? Es un mecanismo de interacción entre la sociedad y sus representantes en el que la asamblea representativa se caracteriza por la apertura de sus procedimientos internos a la participación de la sociedad, por desempeñarse de forma transparente y por justificar sus decisiones. Además, tiene disposición al escrutinio y fiscalización de las actividades relacionadas con todas sus responsabilidades; usa de forma innovadora las plataformas digitales para la interacción ciudadana en cada una de sus funciones; y adopta estándares de ética y responsabilidad parlamentarias. (Puente y Luna, 2018)
Proceso de Construcción del Parlamento Abierto:
El término de Open Government (Gobierno Abierto), se acuñó por primera vez hace varias décadas en un artículo de la revista George Washington Law Review del autor Wallace Park, con el título “The Open Government Principle: Appliying the Rightto Knowunder Constitution”, cuyo tema central es la libertad de información y su relación con la rendición de cuentas (Accountability) (Sanabria 2017).
En 1967 tuvo lugar en Estados Unidos la promulgación de la Freedom of information Actó FOAI (Ley de Federal de Libre Acceso a la Información Pública), cuyo principal eje fue transformar al gobierno en un ente abierto, con mayor transparencia de sus acciones frente a la ciudadanía: “Garantizar una ciudadanía informada, como un elemento fundamental para el funcionamiento de una sociedad democrática y necesaria para el control de la corrupción y la rendición de cuentas de gobernantes a gobernados” (López 2007:2).
Como respuesta a las exigencias de transparencia y de una mejor gobernanza, en 2011 fue lazada la iniciativa Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), durante una reunión de la Asamblea General de la ONU, cuyo principal objetivo fue sentar las bases para la “apertura gubernamental”. Tras el lanzamiento se han realizado Cumbres anuales en las que todos los países miembro tienen la oportunidad de presentar sus diferentes propuestas de planes de acción, con el objetivo de fortalecer a sus respectivas naciones en temas como la transparencia, contrataciones abiertas, datos abiertos, acceso a la información y el papel que juegan las organizaciones de la sociedad civil en el impulso al Gobierno Abierto, entre otros. En la Cumbre de 2013 celebrada en Londres, se presentó la propuesta de incluir como actores responsables de la transparencia gubernamental al Poder Legislativo debido a que en la agenda de la AGA solo se contemplaban como espacios de análisis aquellos en donde se desempeñaban el poder ejecutivo o los titulares de gobierno (Díaz-Iturbe 2013).
En 2012 se presenta la Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria, cuyo primer propósito fue hacer un llamado a los congresos o parlamentos de distintas partes del mundo a promover una mayor transparencia y participación ciudadana en el quehacer legislativo. Además, en esta Declaración el llamado no es solo a los parlamentos o congresos y sus integrantes, sino a organizaciones de la sociedad civil. Los ejes rectores que utiliza esta Declaración son:
- Promover una cultura de transparencia.
- Transparentar la información parlamentaria.
- Facilitar el acceso a la información parlamentaria.
- Permitir el acceso electrónico y el análisis de la información parlamentaria.
En 2013, la Alianza para el Gobierno Abierto (APA) reconoció la Declaración de Transparencia Legislativa, que ya contaba con el reconocimiento de 76 organizaciones procedentes de 53 países, dando paso al Parlamento Abierto. Con este reconocimiento, el Parlamento Abierto se analiza considerando las bases del Gobierno Abierto, es decir, plantea el trabajo con transparencia, la rendición de cuentas, el uso de las nuevas tecnologías de la información, la labor ética y la participación ciudadana, así como la gobernanza legislativa y la relación entre representantes y representados (Méndez 2016).
Los primeros avances en México en la implementación de la Declaración sobre la Transparencia Legislativa se presentaron a través de la Declaración de la Alianza para el Parlamento Abierto en México firmada el 22 de septiembre de 2014.