LXI Legislatura autoriza y confirma la participación de Sinaloa en el Programa de Mejoramiento de Infraestructura Educativa

El Pleno de la LXI Legislatura aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda Pública y Administración; y de Educación Pública y Cultura, sobre la iniciativa con proyecto de decreto presentada por el Poder Ejecutivo, por el que se autoriza y confirma la participación de Sinaloa en el Programa de Mejoramiento de Infraestructura Educativa, que implementó el Gobierno Federal.

En el documento se asienta y reconoce la suscripción de un convenio  de Colaboración para la entrega de recursos a nombre y por cuenta de tercero y por el que se establece un mecanismo de potencialización de recursos y obtención de financiamiento, como mecanismo para la formalización de su participación  en el programa.

Recursos que se destinarán al mejoramiento de la infraestructura educativa en los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad de  universitaria y que provendrán del gobierno federal y que se denomina Fondo de Aportaciones Múltiples –FAM-, y que representan el 0.814 por ciento de la recaudación federal participable a la que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal y que se distribuyen entre las entidades federativas y el Distrito Federal en un 46 por ciento al otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimenticios y asistencia social a través de instituciones públicas; y un 54 por ciento a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria.

Con esta autorización, Sinaloa contará con recursos suficientes para destinarlos al mejoramiento de la infraestructura educativa, sin que ello represente deuda pública; será un fideicomiso privado, en donde no estarán presentes ni el gobierno del estado ni dependencia paraestatal; los recursos derivados del FAM que cada entidad aporta, serán destinados a cubrir los pagos correspondientes.

Durante la discusión del dictamen, el Diputado Jesús Enrique Hernández Chávez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, calificó la posible aprobación como un hecho histórico, toda vez que con esta autorización se lograría la implementación de mecanismos financieros de potencialización a fin de que los mismos sean destinados a infraestructura directamente relacionada con los fines del propio Fondo de Aportaciones Múltiples, “de lo anterior se desprende que los Estados decidan voluntariamente adherirse a través de la firma de convenios de colaboración con el Gobierno federal, podrán obtener los recursos y la liquidez necesarios para detonar la construcción, mantenimiento y rehabilitación de los proyectos de infraestructura física educativa que la sociedad requiere y demanda.

Ponderó el hecho de que mediante este esquema de monetización Sinaloa accederá a mil 168 millones de pesos de ingresos extraordinarios, a recibirse durante los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018”, recursos con los que se estaría beneficiando de manera directa alrededor de 171 mil alumnos de más de 680 escuelas de los niveles de educación básica, media superior y superior de los 18 municipios del Estado.

Destacó que “este esquema no representa deuda pública para el Estado en virtud de que no constituye ni un pasivo directo o contingente derivado de un financiamiento a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, si no que será el Gobierno Federal a través de la creación de un fideicomiso privado conforme se emitirán los certificados de la Bolsa Mexicana de Valores y será este último quien asuma las responsabilidades”.

En su oportunidad, el Diputado Héctor Melesio Cuén Ojeda, Presidente de la Comisión de Educación Pública y Cultura, recordó la difícil situación que se vive día a día en los planteles educativos, y las carencias que se tienen en cada uno de ellos, lo cual dificulta que se avance en la calidad de enseñanza, toda vez que por falta de aires acondicionados y subestaciones eléctricas, los ciclos escolares se han tenido que ver recortados, por lo que demandó que el dinero que se pretende obtener bajo este programa, se maneje de manera transparente.

Posteriormente, el Diputado Oscar Javier Valdez López, Presidente de la Comisión de Hacienda Pública y Administración, dijo que el dictamen elaborado se fundamentó en el anuncio hecho por el presidente de México, para abatir el rezago en infraestructura educativa en el país y que para ello el Gobierno Federal colocará en la Bolsa de Valores Certificados por 50 mil millones de pesos, con lo que se beneficiará a 32 mil planteles a nivel nacional; para lo que se utilizará como fuente de pago hasta el 25 por ciento del FAM, durante los próximos 25 años de aquellas entidades federativas que decidan participar.

Por su parte, el Diputado Ramón Lucas Lizárraga cuestionó sobre el porqué de la premura para aprobar el dictamen, así como a cuánto ascienden los recursos que se reciben del FAM para el mismo rubro.

Luego, la Diputada Imelda Castro Castro, del Partido de la Revolución Democrática, dijo que el colmo es conocer la iniciativa y al mismo tiempo el dictamen y recomendó “guardar las formas en aras de la soberanía”, mostrándose inconforme por el trámite legislativo recibido por la iniciativa.

Mientras tanto, el Diputado Mario Imaz López, del Partido Movimiento Ciudadano, se pronunció por impulsar la educación porque hoy día “somos víctimas de malos gobiernos. El ejecutivo federal no solo se ha olvidado de apoyar con recursos a la entidad y hoy vemos con tristeza como está la infraestructura y el desinterés de jóvenes por no ir a las aulas por la situación económica”, aunque reconoció que no debe ser mediante el endeudamiento y las malas prácticas legislativas, como se deben de conseguir beneficios para la sociedad.

Abordaría la Tribuna la Diputada Laura Galván Uzeta, del Partido Acción Nacional, quien dijo que la solución “es tan mala como el mismo problema, la solución es igual o peor que la infraestructura, que Sinaloa recibirá menores recursos y que ello es de suma importancia, por la premura de la aprobación de la iniciativa”.

En su turno, el Diputado Guadalupe Carrizoza Cháidez, del Partido Acción Nacional, hablaría a favor del dictamen para señalar que ni legislativa ni jurídicamente se hace algo incorrecto; que no es correcta la diatriba en contra de panistas y priistas y que la polémica se dirime con pruebas y fundamentos, y llamó a no acorrientar el debate legislativo y que además, se ha trabajado a favor de dotar a Sinaloa de mejor infraestructura educativa.

Por su parte, la Diputada Sylvia Myriam Chávez López, del Partido Nueva Alianza, abordó la Tribuna para asentar que ella no es “moneda de cambio ni cheque al portador”, sino que se preocupa porque la comunidad estudiantil sinaloense cuente con mejor infraestructura, porque no es justo que se quiera regatear este tipo de beneficios.

Enseguida, el Diputado Miguel Ángel Camacho Sánchez, del Partido Acción Nacional, hablaría en contra del dictamen, “porque hay formas y fondos: se nos presenta una iniciativa por la mañana y por la tarde ya tenemos y discutimos el dictamen. Estoy a favor de la infraestructura escolar, pero siento que la forma en que se presenta, hay una violación flagrante al procedimiento”.

En tanto, el Diputado Francisco Solano Urías, del Partido Acción Nacional, dijo que “las cosas se dan demasiado aprisa, pero no hay nada que lo impida que lo hagamos, lo que en esta sesión y esta legislatura apruebe, va a tener valor para los sinaloenses, se ha dicho que se hipotecarán las finanzas, pero el Programa que se integrará con el 25 por ciento del FAM, el FAM no representa ni el 1 por ciento del presupuesto federal”, indicó que “se ha dicho que algunos están viendo el negocio, pero el tema es si esta legislatura tal como lo establece la ley,  por convocatoria expresa y con una mayoría suficiente y orden del día aprobado, podemos aprobar lo que consideremos y en la conciencia y responsabilidad de cada diputado, pero sin descalificaciones, sin historias, porque lo que se aprobará es si le autorizamos al ejecutivo estatal si acuerda con la federación, como está en la Ley de Coordinación Fiscal”.

Una vez aprobado en lo general, se sometió a consideración en lo particular, en donde se aprobó la propuesta del Diputado Adolfo Rojo Montoya, para añadir dos párrafos al Artículo Segundo del Decreto:

“Los recursos que se obtengan con motivo de la participación del Gobierno del Estado de Sinaloa en el “Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa” se asignarán atendiendo el grado de carencias de infraestructura educativa que registren los planteles escolares den Sinaloa” (Párrafo Cuarto).

“Para efectos del párrafo anterior se tomarán como referencia el indicador de cobertura que contenga la última Encuesta de Ingresos y Hogares (ENIGH) que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y los indicadores de infraestructura reportados en el último Censo de Escuelas, maestros y alumnos de Educación Básica (CEMABE) de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y el Instituto nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (Párrafo Quinto).

Previamente en la primera sesión de este martes, se le dio primera lectura a la iniciativa presentada por el Diputado Rigoberto Valenzuela Medina, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que propone reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, esto con el objetivo de insertar la figura de Cabildo Abierto así como sus obligaciones y la periodicidad en que operará.

Señala que en el Cabildo Abierto la sociedad podrá presentar quejas, propuestas, iniciativas, proyectos o temas de interés general en asuntos que afecten o beneficien al ayuntamiento y que permitan contribuir al bienestar social de la población.

La iniciativa indica que los ayuntamientos convocarán cada mes a la celebración de la sesión de Cabildo Abierto, la que deberá publicarse en los estrados del palacio municipal y en las oficinas públicas de las entidades municipales y paramunicipales, durante siete días naturales anteriores a  la celebración de la misma, además de que la convocatoria deberá incluir entre otros, el nombre del ayuntamiento convocante, tema y objeto que motiva la sesión, lugar, fecha y hora de la sesión, requisitos de registro del participante, y causas y motivos que darán lugar a la nulidad de registro del participante, dichas solicitudes deberán presentarse por escrito ante la Secretaría del Ayuntamiento y deberán tener el nombre completo del participante, domicilio y firma de la solicitud, copia de credencial de elector, entre otros documentos.

Posteriormente, se le dio lectura a la iniciativa presentada por la Diputada María de la Luz Ramírez Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que propone adicionar la fracción XXVIII y reformar las fracciones XXV y XXVII del artículo 67, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, a fin de insertar en la misma la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

Justifica su petición al señalar que, “conscientes de los grandes retos que enfrentaremos para abatir la desigualdad, discriminación, exclusión, pobreza infantil, maltrato infantil en el hogar y en los centros escolares, la trata de este grupo vulnerable, deserción escolar, consumo de trabajo, bebidas alcohólicas, adicciones a sustancias legales e ilegales, entre otras, considero necesario y pertinente crear una Comisión Permanente que vigile, promueva, escuche, evalúe y realice acciones para la defensa, protección, respeto y restauración en su caso, de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, a través de la vinculación interinstitucional y de la sociedad civil organizada en colectivos o en forma individual”.

“Una comisión Permanente abocada a atender los principales retos y problemática, de manera específica, con una agenda legislativa de los Derechos de   las Niñas, Niños y Adolescentes”.

La propuesta de adición de la fracción XXVIII y se reforman las fracciones XXVI y XXVII del artículo 67, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado para quedar así:

“ARTÍCULO 67. Serán Comisiones Permanentes las siguientes:

I a XXV. . .

XXVI. De Justicia;

XXVII. Instructora; y

XXVIII. De los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia”.

Otra de las iniciativas que recibió trámite durante esta sesión, fue la presentada por el Diputado Miguel Ángel Camacho Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en la que propone la adición de un segundo y tercer párrafo al artículo 86 de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, con lo cual pretende el establecimiento de las reglas para la contratación y operación del Seguro Vehicular así como fijar el monto mínimo de cobertura de la póliza, y que “por ningún motivo se podrá obligar a los propietarios de vehículos a contratar el seguro con alguna institución de seguros específica”.

Señala que en el texto actual de la citada ley, sólo se menciona la obligatoriedad que para el registro de vehículos automotores o remolcados por vehículo automotor, deberán registrarse ante las autoridades estatales y deberán acreditar entre otros requisitos que cuenta con seguro automotriz vigente expedido por compañía autorizada para ello que garantice al menos daños a terceros.

“La legislación solo considera como parámetro para la contratación del seguro vehicular que éste se limite a cubrir daños a terceros, sin establecer montos de coberturas ni otros criterios que permitan al ciudadano cumplir con la obligación de forma racional y justa, por lo que se puede advertir que el planteamiento hecho por el gobierno del estado, aun y cuando es el correcto en términos de aplicación de la normatividad sus aspectos particulares no se encuentran reglamentados por lo que deja sin certeza legal a los ciudadanos que quieran dar de alta un vehículo o hacer el cambio de placas correspondiente, en términos de la ley fiscal correspondiente”.