Solicita LXI Legislatura atención para la población afectada por problemática climatológica

De manera unánime, las y los integrantes de la Diputación Permanente, aprobaron un Punto de Acuerdo propuesto de urgente y obvia resolución por la Diputada Nubia Xiclali Ramos Carbajal, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en el que se exhorta al Poder Ejecutivo establecer medidas de apoyo urgente para la atención a la problemática por las condiciones climatológicas que se están presentado en la zona norte de la entidad.

Dicho documento señala: “ÚNICO. Esta LXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa en el marco institucional de respeto de competencias y con un ánimo de colaboración exhorta al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, para que establezca medidas de apoyo urgente para la  atención y solución de la problemática que se presenta por las condiciones climatológicas que están aconteciendo en el Estado de Sinaloa”.

El Diputado Ramón Lucas Lizárraga, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pidió adicionar a la Comisión de Protección Civil de la LXI Legislatura a los trabajos para conocer el conjunto de acciones diseñadas por la Federación y Estado, para luego comunicarlo a esta Soberanía mediante un informe.

Dicha solicitud, fue aceptada por parte de la Diputación Permanente, por lo que se procederá a enviar un documento al Poder Ejecutivo, para dar cumplimiento puntual de lo acordado.

Cabe destacar, que sobre el mismo tema, mostraron su respaldo y hablaron a favor la Diputada Flor Esther Gastélum Vértiz, los Diputados Óscar Félix Ochoa, Ramón Barajas López y Jesús Enrique Hernández Chávez, además de que el Diputado Robespierre Lizárraga Otero dio lectura al posicionamiento del Diputado Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Por otra parte, el Pleno de la Diputación Permanente conoció en primera lectura la iniciativa presentada por la y los Diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Sinaloense, que propone reformar los artículos 19, 20 y 129 de la Ley que Regula la Prevención y el Control de las Adicciones en el Estado de Sinaloa, misma que pretende ampliar los derechos de niños, niñas y adolescentes en lo referente a su protección contra las adicciones

La propuesta plantea que los establecimientos, para el caso de los menores de edad, que conozcan y atiendan el fenómeno de las adicciones, deberán obtener el consentimiento por escrito de quien ejerza la patria potestad, del representante legal o tutor, dando aviso de su ingreso dentro de las 24 horas siguientes a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que inicie el procedimiento de protección correspondiente en atención a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa.

Esta iniciativa señala que cuando se tenga conocimiento de que un menor de edad es adicto a una substancia psicoactiva y que su familia no le preste la ayuda necesaria para recibir un tratamiento por su adicción, cualquier persona podrá acudir a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y solicitar el procedimiento de protección que contempla la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Sinaloa.

Otra de las iniciativas que recibió el trámite correspondiente, fue la presentada por el Diputado Mario Imaz López, del Partido Movimiento Ciudadano, en la que propone que se adicione una fracción I al Artículo 3, de la Ley que Crea el Instituto de la Vivienda del Estado de Sinaloa.

En su argumentación, el Diputado señaló que según los informes de la Comisión Nacional de Evaluación, en 2012 la población en pobreza extrema en la entidad, fue superior a 354 mil sinaloenses, además de que quienes carecían en la calidad y espacios en vivienda la cifra ascendía a 293.9 mil personas, que representan un 10.1 por ciento del total de la población, por tal motivo, realizó la propuesta de adición siguiente:

“I. Establecer y garantizar la política estatal para que toda persona pueda disfrutar el derecho fundamental de una vivienda digna y decorosa”.

Posteriormente, se le dio primera lectura a la iniciativa presentada por la y los Diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Sinaloense, que propone reforma a las fracciones IV y V del artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

Dentro de las modificaciones propuestas se puede leer que todo proyecto de ley o decreto no devuelto con observaciones al Congreso dentro de los diez días naturales siguientes a su recepción; vencido ese plazo, el Ejecutivo dispondrá de cinco días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente del Congreso ordenará dentro de los cinco días naturales siguientes, su publicación en el periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, sin que se requiera refrendo. Los plazos a que se refiere esta fracción no se interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente, y su Presidente la mandará publicar.

Además, propone la adición al mismo texto Constitucional la fracción V, que dice:

“V. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Poder Ejecutivo, será devuelto con sus observaciones al Congreso. Deberá ser discutido de nuevo por éste, y si el Pleno lo ratifica por el voto de las dos terceras partes de los Diputados presentes, pasará de nuevo el proyecto al Ejecutivo, para su inmediata promulgación si se encuentra en Comisión Permanente, se convocará a sesión extraordinaria, para efectos de esta fracción”.

En Asuntos Generales, la Diputada Yudit del Rincón Castro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó un posicionamiento sobre la explotación y trata de personas, en el cual señaló que la trata de personas se ha convertido en una forma de esclavitud de personas que son explotadas de diversas formas, contra su dignidad y valor humano y pone en riesgo no solo su bienestar personal y familiar, sino el de toda una comunidad; flagelo que según la UNICEF.

Dijo que la explotación de personas con fines sexuales o laborales en el país, se disparó en el último sexenio ya que datos de la PGR  revelan que del 2008 al 2014 el número de averiguaciones por tata creció encima del 600 por ciento; que otro factor relacionado con los tratantes de personas, es la corrupción, la impunidad, la complicidad de funcionarios públicos por acción u omisión, las prácticas administrativas deficientes y la expansión de organizaciones delincuenciales –nacionales internacionales-, así como el pandillerismo y el reclutamiento activo para la prostitución.

Por tal motivo se pronunció por políticas públicas más integrales, “campañas de prevención permanentes, que prevengan a las posibles víctimas, y sensibilicen sobre el tema, la construcción de refugios que protejan  a las víctimas, a sus hijas e hijos, y les brinde apoyo integral para la reconstrucción de su proyecto de vida, el fortalecimiento del aparato de procuración y administración de justicia que genere los mecanismos adecuados de protección a víctimas y familias”.

Posteriormente, se refirió a la muerte de más de una decena de recién nacidos en las instalaciones del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Culiacán, donde aparentemente se vieron afectados por una bacteria, por lo que pidió se realice una investigación de fondo en el tema, y en caso de existir responsables, se les castigue, toda vez que este tipo de situaciones no se deben ni pueden permitir, ya que afectan de manera muy importante a las familias.

Sobre el mismo tema, el Diputado Víctor Manuel Díaz Simental, del Partido Revolucionario Institucional, pidió investigar a través de la Comisión de Arbitraje Médico sobre los hechos acaecidos en ese hospital.

Destacó la necesidad de conocer los orígenes, sobre si la atención prenatal en el IMSS no es la adecuada, se actúe a través de la Secretaría de Salud, como cabeza de sector, a fin de que toda mujer que esté embarazada reciba la mejor atención y que toda atención permita a futuro evitar mayores casos como los ya registrados.

En otro tema, el Diputado Ramón Lucas Lizárraga, del Partido de la Revolución Democrática, hizo uso de la voz para criticar los cortes de energía eléctrica en El Fuerte, por adeudos de ocho millones de pesos del ayuntamiento y la Junta de Agua Potable de ese municipio; dijo que el derecho al acceso a los servicios de agua potable es derecho universal reconocido y al que toda autoridad está obligada a hacer lo necesario para que los pobladores cuenten con ese beneficio.

“Por todo ello, considero debemos asumir el compromiso de apoyar a la población de los municipios de Choix y Fuerte para lograr de la CFE el cumplimiento de las contribuciones que les corresponden en estos y cualquiera de los municipios del Estado de Sinaloa”, señaló.

El Diputado realizó la siguiente propuesta de Punto de Acuerdo:

“Primero.- La LXI legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa pide a la Comisión Federal de Electricidad evitar la violación a los derechos humanos como la ocurrida en el municipio de El Fuerte, el pasado 3 de septiembre con la suspensión de energía eléctrica que dejó sin el suministro de agua potable a veinte mil usuarios, además de clínicas, hoteles y escuelas localizadas en el municipio.

Segundo.- La LXI legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa instruye a la Comisión de Fiscalización vigilar que los informes de resultados de revisión y fiscalización de cuenta pública correspondiente a los ayuntamientos contengan un apartado específico del pago de contribuciones del impuesto predial que realicen paraestatales federales, en el que precise la que de conformidad con el inciso “a” de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38 de la Ley de Hacienda Municipal, corresponda cubrir a la Comisión Federal de Electricidad.

Tercero.- Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Nacional del Agua a que contribuyan en la reconstrucción que enfrentan las comunidades debido al desfogue de las presas.” Dicha propuesta fue remitida a la Junta de Coordinación Política para su análisis.

Otro posicionamiento que se presentó fue el del Diputado Miguel Ángel Camacho Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, dándole la lectura correspondiente su compañero de bancada, el Diputado Martín Pérez Torres, destacando la necesidad de que exista legislación estatal y financiamiento a pueblos indígenas en el 2016.

El documento señala, “nuestras propuestas de reformas a la Constitución Local y de una ley que reglamento estos derechos de los pueblos y comunidades indígenas están pendientes de dictaminación, su importancia parece irrelevante y sin sentido respecto a lo que enmarca la política federal y que se ve reflejada en el proyecto de gasto federal 2016”.

Ante ello, pidió que para el próximo periodo de sesiones la Junta de Coordinación Política incluya en la Agenda legislativa el dictamen de reforma constitucional y el correspondiente a la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sinaloa, respectivamente, y en ese tenor responder a la política  federal que exige transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente, para fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura  y el ejercicio de los derechos de cerca de 55 mil personas en Sinaloa, que constituyen los más de cien pueblos y comunidades indígenas en la entidad.