Sesión martes 6 de mayo de 2014
Conoce el Pleno iniciativa de Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa
Contar con una ley que regule el esquema de coordinación de los esfuerzos del Estado para enfrentar la violencia y la delincuencia a partir de la integralidad y articulación de las políticas públicas, programas, estrategias y acciones, que permitan optimizar y focalizar los recursos y con ello lograr un mayor impacto en la disminución de los actores que las generan, son entre otros, los objetivos plasmados por el Diputado César Fredy Montoya Sánchez, en su iniciativa de Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa.
La iniciativa, que recibió primera lectura en el Pleno, agrega que las acciones a seguir, sean dirigidas por el Sistema Estatal de Seguridad Pública, tendientes al cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención social, siendo el Consejo Estatal de Seguridad Pública, como máxima instancia de deliberación y consulta del Sistema Estatal, el órgano de definición de la política de prevención social.
Aunado a lo anterior –prosigue-, se establece que la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa implemente esta articulación, optimizando los recursos y que con ello se incida en la disminución de factores de riesgo que generan violencia social y delincuencia. Los programas de prevención del delito son el conjunto de actividades realizadas por el Consejo estatal, las instituciones de Seguridad Pública del Estado, de los municipios o por sus instancias auxiliares, que tienen como finalidad contrarrestar los factores criminógenos y contener, disminuir o evitar la comisión de delitos, conductas antisociales, infracciones administrativas, accidentes de tránsito terrestres, así como prevenir la victimización.
La citada iniciativa de ley consta de Siete Capítulos con un total de Treinta Artículos Comunes así como Cinco Transitorios, y una vez conocida por el Pleno, se turnó a la Secretaría para la segunda lectura de Reglamento.
Proponen Ley de los Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas del Estado de Sinaloa la Diputada Flor Esther Gastélum Vértiz y el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
El Pleno dio primera lectura en su sesión ordinaria de este martes, a dos las iniciativas de Ley en materia de los Derechos y Cultura Indígenas, la primera presentada por la Diputada Flor Esther Gastélum Vértiz, y la segunda presentada por los legisladores del Grupo Parlamentario del PRD, Imelda Castro y Ramón Lucas Lizárraga.
La primera de ellas, que propone Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas del Estado de Sinaloa, expone la necesidad de cambios legales e institucionales y de emprender acciones que reconozcan y respeten a los pueblos indígenas, ya que no sólo es imperativo moral y político, sino una condición de la paz social, además de ser también el camino para resolver rezagos ancestrales, remediar su marginación y encaminarse a la prosperidad.
En su iniciativa, la Diputada Flor Esther Gastélum Vértiz, señala que la totalidad de los pueblos indígenas de Sinaloa, viven en poblaciones rurales calificadas de alta marginación, con la consecuente escasez de servicios públicos, carencia de falta de empleo, bajos ingresos, precariedad, aislamiento y exclusión de las políticas públicas de desarrollo integral, y fincan su subsistencia en las actividades primarias.
Es por ello, prosigue, que la falta de acceso pleno a la justicia es un problema que afecta a la mayor parte de la población indígena, tal es el caso que muchos de ellos no dominan suficientemente el castellano por lo que quedan indefensos ante las instancias de procuración de justicia, tanto en su vida e integridad, sino también los derechos sobre su territorio, al idioma, cultura, religión y otros elementos que forman parte de su identidad como pueblo.
La iniciativa de Ley consta de Siete Capítulos que encierran Cuarenta y dos Artículos comunes así como Tres Artículos Transitorios.
En tanto, la iniciativa del Grupo Parlamentario del PRD recuerda que desde la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, la reforma constitucional producida seis años después de la irrupción de aquél, procuraba responder a los reclamos de ese grupo en los que además de demandas específicas en materia de salud, vivienda, educación, saneamiento ambiental, electrificación, situación de la mujer, información independiente y libertad de los presos políticos y sociales, exigió atender de fondo los aspectos relacionados al respecto a los derechos, la cultura y las formas de autogobierno de la p oblación originaria; el reparto de tierras y la realización de elecciones libres y democráticas.
Señala que en Sinaloa no obstante el olvido de atender la reglamentación en materia de derechos y cultura indígena, el máximo ordenamiento local de manera paradójica incorporó tres meses antes de la reforma constitucional federal, el reconocimiento estatal de contar con una composición pluricultural, brindándose la obligación de preservar la forma de vida de los pueblos indígenas, y elevar el bienestar social de sus integrantes.
Explica que la población indígena en la entidad está focalizada en los municipios de El Fuerte, Culiacán, y Ahome con una población global de 32 mil 525 personas y al resto de municipios con población indígena dispersa, aunque todas ellas enfrentan grados de marginación de entre medio a muy alto.
Independiente de la anterior, a Sinaloa arriba anualmente una población indígena migrante dedicada a las labores del campo, que a juicio de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se caracteriza por el dominio de las lenguas tarahumara, maya, mixteco, cora, mexica, náhuatl y zapoteco entre otros y que de acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos enfrenta condiciones de vulnerabilidad. Esta iniciativa consta de Siete Capítulos y encierra Cuarenta y Seis artículos útiles y Dos Artículos Transitorios.
Ambas iniciativas se turnaron a la Secretaría para la segunda lectura de Reglamento.
Sinaloa tiene baja calificación en materia de acceso a la información pública, señala la Diputada Imelda Castro Castro
La Diputada Imelda Castro Castro, en Tribuna consideró que en Sinaloa, se ha observado la ausencia de independencia y efectividad, en el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública del órgano garante.
Expresó que en la última evaluación en materia de evaluación de transparencia, realizada por el Centro de Análisis e Investigación Fundar, mediante su índice del Derecho de Acceso a la Información, reprueba más de la mitad de los estados y entre ellos, Sinaloa.
En el año 2010, Sinaloa se colocaba en los 17 estados que obtuvieron calificación menor a 0.60, en la evaluación del 2014, la única ley calificada dentro del rango de “buena ley”, es la del Distritito Federal, seguida de 13 en el rango de regulares y 19 más en la que se encuentra la Ley de Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y calificadas de “malas”.
Según el estudio de leyes de transparencia, tienen deficiencias en su estructura legal, en la terminología utilizada y en los plazos en el proceso de acceso a la información.
En este estudio, Sinaloa ocupa en la variable de diseño institucional el sitio 31, es decir, nos falta uno para estar en el último lugar. En particular en la variable de Facultades y Obligaciones del Órgano Garante, Sinaloa es la entidad peor evaluada con un 3.3 de calificación, lo que quiere decir que la CEAIPES, no cumple las características establecidas en el marco de las leyes en la materia que aseguren un funcionamiento especializado e independiente de los poderes públicos.
La Diputada Imelda Castro, llamó a terminar con la nociva simulación que la sociedad rechaza, dijo que en la mesa política “Compromisos por Sinaloa”, deben atender esa preocupante posición de Sinaloa en el Índice del Derecho de Acceso a la Información, “ese es el gran reto que tenemos. En cada párrafo del estudio hay tema que incorporar en la reforma que la sociedad sinaloense espera en materia de transparencia y acceso a la información”.
Sobre el mismo tema, la Diputada Sandra Yudith Lara Díaz, dijo que el tema merece atención y dimensión que se debe poner en esta Soberanía y dijo sumarse al posicionamiento de su homóloga perredista sobre la particularidades en que se encuentra no sólo el marco normativo que regula el derecho de acceso a la información en la entidad, sino también a lo que tiene que ver con el diseño institucional del órgano garante y que no deben quedarse con el diagnóstico presentado hace unos días Fundar sobre el índice del derecho de acceso a la información en México.
Hay que revisar que los resultados presentados en ese índice de medición, son anteriores a la promulgación de las nuevas reformas en materia de transparencia impulsadas por el presidente y promulgadas en febrero último, y que los estados tenemos un año de plazo establecido en la ley, para que llevemos a cabo la armonización que corresponde, citó, porque “es un asunto de suma importancia” y hay muchos países y varios estados de la república que caminan a pasos acelerados en el tema, y en Sinaloa no ha sido corresponsable de alguna manera, con los avances logrados en el país, dijo.
Luego, mencionó los aspectos que habrá de armonizar y como ir más allá para ubicar a Sinaloa en avanzada en materia transparencia. Recordó que Sinaloa, junto con Jalisco, se creó el derecho a la información por parte de los ciudadanos; la armonización incluya elevar a rango constitucional el órgano garante como es la CEAIPES y si éste es un órgano autónomo, dijo y a trabajar en una iniciativa de reforma para que el método de seleccionar a los comisionados del Pleno de la CEAIPES, no sea facultad del Ejecutivo, sino sea el Legislativo durante todo el procedimiento de selección, como se hace con otros órganos autónomos; ver si pueden elevarse a cinco en lugar de tres, los Comisionados de acuerdo al presupuesto que tenga.
Añadió que el grupo parlamentario del PRI está dispuesto para adecuar el marco normativo para dar a la sociedad civil toda la información y herramientas para garantizarle el acceso a la información, ya plasmado en la Carta Magna.
Se solicite al Ejecutivo del Estado observaciones, si las hubiera, al decreto 335, solicita el Diputado Ramón Lucas Lizárraga
Al pronunciarse en contra de los hechos registrados en días pasados en que un menor de cuatro años perdió la vida por asfixia, al parecer por un incendio provocado y otro más se recupera de las lesiones sufridas, el Diputado Ramón Lucas Lizárraga, solicitó se presenten por parte del Ejecutivo del Estado, las observaciones, en caso de que las haya, al decreto 335 por el que la LIX Legislatura expidió la Ley de Atención y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito para el Estado de Sinaloa.
Reseñó el número de víctimas que se registran anual y sexenalmente en la entidad, en donde destacan los homicidios dolosos que en la última década y hasta febrero último, asciende a once mil 727 personas perdieron la vida, seis mil 832.
En ese sentido, dijo lo menos que el Pleno debe de conocer, es si hubo observaciones del ejecutivo que lo llevaron a rechazar la publicación de una ley aprobada de manera unánime por el Congreso del Estado.
Su propuesta de Punto de Acuerdo que fue turnada a la Junta de Coordinación Política para su valoración, menciona:
“Primero. Se presenten al Pleno si las hubiera, las observaciones del Ejecutivo Estatal al decreto número 335 por el que el 13 de diciembre del 2011, la LIX Legislatura expidió la Ley de Atención y Protección a Víctimas u Ofendidas del Delito para el Estado de Sinaloa.
Segundo, que de conformidad con la fracción VI del artículo 46 de la Constitución Local, esta legislatura atienda y resuelva la parte observada, si la hubiera, y
Tercero, que de no haber observaciones formales, se solicite la inmediata publicación de la mencionada ley, a fin de iniciar también de inmediato las adecuaciones que exige la ley general de víctimas.”
Sinaloa demanda formas y fondos en beneficio de los trabajadores señalal Diputado Héctor Melesio Cuén Ojeda
En Tribuna el Diputado Héctor Melesio Cuén Ojeda, recordó que desde el 5 de diciembre, se presentó iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Congreso, para acelerar el trabajo y tratar de contrarrestar la mala fama de los Diputados, lograr, dijo, que haya más eficiencia entre los legisladores, ya que las encuestas los ubican en los últimos lugares como políticos.
Agregó que además, como Grupo Parlamentario del PAS, también presentaron iniciativas a favor de los pueblos indígenas para la creación del Instituto de Prevención del Delito, del Observatorio Ciudadano en el ámbito de seguridad pública, la propuesta que tiene que ver con la creación del Instituto para la Investigación, Prevención y Tratamiento de la Violencia Escolar.
El 7 de marzo se presentó otra más que tiene que ver con la igualdad de género, tanto desde el punto de vista de participación electoral, como la presencia de la mujer en los espacios de dirección en gobiernos municipales y gobierno estatal. En abril, la de reforma a la Constitución Local en materia político-electoral, y otra más que tiene que ver con las personas con discapacidad.
Además de otras más que no han sido subidas al Pleno, por lo que cuestionó qué pasa y que hay que certificar los procesos administrativos, que haya más eficiencia en el trabajo, “porque una iniciativa que entra, si no es rechazada, debe pasar a la mesa directiva y con los acuerdos respectivos, ser conocida aquí –por el Pleno-, para darle seguimiento”, agregó que hay iniciativas “de gran calado”, para Sinaloa, pronunciándose luego por el servicio civil de carrera, para que la gente tenga derechos independientes de colores partidistas y que haya el principio de imparcialidad, que es importante”, dijo.
Por otra parte, comentó que el 1º de Mayo, “representa una fecha de conciliación para los mexicanos; atención permanente de reconocimiento a los trabajadores que prestan sus servicios en el sector privado y en el gobierno. Nuestra más alta estima y consideración. A ellos, que son el principal activo en sus empresas por su productividad, vaya nuestro más amplio apoyo”.
Tener certidumbre por el empleo y una remuneración justa, es lo menos que pueden reclamar la clase trabajadora y por ello, deben tener madurez quienes representan a la parte patronal. El 1 de Mayo no es una fecha trascendente para la historia moderna mundial, ni la que reconoce a miles de trabajadores su lucha incansable, ni en donde se escuchan sus posiciones y demandan. Es el llamado de atención de la clase trabajadora al gobierno, al empresario y al pueblo en general, del estado real de desarrollo económico, es una fecha real para emprender caminos de negociaciones con trabajadores, patrones, gobierno, sociedad, empresas nacionales e internacionales para lograr mejores condiciones de vida y desarrollo, garantías y capacitación y seguridad social para la fuerza trabajadora que empuja el crecimiento nacional y que produce la renta y la riqueza, a pesar de estar mal distribuida.
El gobierno federal, dijo, ha señalado que tiene la responsabilidad de generar mejores condiciones de vida para los trabajadores, pero también demanda de la fuerza de los sindicatos representativos y comprometidos con la sociedad.
Añadió que los ricos han cambiado, las circunstancias, la nueva clase política y las condiciones sociales también, lo mismo que los desfiles y discursos, pero siempre han quedado en la memoria y el reconocimiento de quienes detentan el poder con respeto a las formas y los fondos, y señaló que la clase política tiene que ver más por sus representados y dar a cada sector su tiempo, mejores condiciones de vida en toda actividad.
Para rematar, añadió que hay que cuidar las formas, que Sinaloa demanda de sus gobernantes respeto y acciones concretas en beneficio de sinaloenses; Sinaloa demanda formas y fondos en beneficio de la clase trabajadora; Sinaloa demanda memoria y orgullo para avanzar por un mejor futuro; sólo basta recordar que nunca han terminado bien quienes renuncian a sus orígenes o se avergüenzan de ellos. Venir desde abajo y esconderse cuando se está arriba, en la historia de la sociedad, ha tenido funestos resultados.
Por su parte, el Diputado José Felipe Garzón López, Presidente de la Comisión de Asuntos Obreros Trabajo y Previsión Social, también al recordar el Día del Trabajo, dijo que la falta de fuentes laborales es tema prioritario porque no sólo en Sinaloa sino en todo el país, se generan inquietudes entre la sociedad
Manifestó que el pasado 1 de Mayo, la FTS-CTM suspendió su desfile que anualmente se realiza para en forma pacífica manifestar sus inquietudes como es el alto costo de la canasta básica, frente al salario mínimo, en Sinaloa es dijo es un tema que se encuentra desproporcionado, ya que el salario mínimo general es de 63.67 pesos diarios, por lo que tiene que buscar una reclasificación para garantizar mejores salarios en beneficio de los trabajadores de Sinaloa; destacó que las demandas de la clase trabajadora, seguirán aún vigentes.
Sinaloa necesita una ley que reconozca los derechos de los pueblos indígenas
La Diputada Flor Esther Gastélum Vértiz, expresó en Tribuna que con la iniciativa que presentó de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas, se suma al trabajo que otros legisladores están realizando en el mismo tema, para que manera conjunta se pueda aprobar una ley integral de prestación a los pueblos indígenas de Sinaloa.
Más de 15 millones de indígenas, entre ellos los yoreme-mayos, ocupan la quinta parte del territorio nacional, sufren discriminación en el orden económico, político, social y cultural, situación que vulnera sistemáticamente el ejercicio de sus derechos humanos fundamentales,
En ese contexto, dijo, es oportuna la reforma al artículo Tercero de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en su fracción Quinta, al establecer la igualdad entre hombres y mujeres y la inclusión de la perspectiva de género en las políticas, programas y acciones de la administración pública federal, en la promoción del desarrollo de los pueblos indígenas.
Señaló que en Sinaloa, es necesario un mecanismo de vinculación entre las necesidades de los pueblos y las comunidades indígenas, pero también su relación directa con las políticas públicas.
“Se considera indispensable dar un paso más en esta dirección, mediante un nuevo instrumento legal, que estabilice y consolide el reconocimiento y respeto a los derechos de los pueblos indígenas y al mismo tiempo contribuya a crear los espacios políticos e instituciones que propicien el pleno ejercicio de su autonomía”, mencionó.
Subrayó que la mujer indígena ha tenido un papel importante en la lucha por sus derechos, sin embargo, no se puede hacer distinciones entre hombres y mujeres para el ejercicio de sus derechos fundamentales y más aún, cuando la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas debe regir sus acciones en base a perspectivas de género, porque con ello se abate la discriminación; porque el respeto a los pueblos indígenas coadyuvará a su desarrollo.
También pidió auxilio a las instancias de sector salud para atender la demanda de los tarahumaras que padecen enfermedades virales; que hay segmentos indígenas que no reciben atención médica desde hace cuatro años y que con ello se les discrimina.
Agregó que hay indígenas que aún viven en cuevas en los límites con Sinaloa y Chihuahua y que no cuentan con asistencia social básicay reiteró su llamado a la Secretaría de Salud para brindar esa atención médica, a través de sus caravanas de la salud.
Se garantice acceso a la mujer en espacios de representación popular, mediante cuotas de género paritario
En esta su Vigésima Octava sesión, la LXI Legislatura conoció el Acuerdo suscrito por el Congreso de la Unión, mediante el cual se exhorta a las legislaturas locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a armonizar la legislación en materia electoral, a fin de garantizar el acceso de las mujeres a espacios de representación popular, mediante cuotas de género paritarias.
El dictamen emitido por la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión sobre la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobernadores, a los Congresos Locales ya la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a lleva a cabo la debida armonización de su legislación en materia electoral con base en la federal y los instrumentos internacionales en la materia, presentada por la Diputada Flor de María Pedraza Aguilera del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Añade que la promovente refiere que las mujeres han sido discriminadas constantemente, y que uno de los ámbitos de exclusión ha sido el político; que aún no se ha logrado el pleno reconocimiento de los derechos de la mujer; señalas que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, hace necesaria una armonización, la cual implica no solo revisar la normatividad vigente, sino revisar el contexto y proporcionar elementos que conlleven a la igualdad sustantiva, por lo que se precisa, la armonización de la legislación estatal en materia electoral, a fin de que las mujeres se visibilicen en los congresos en la misma proporción que los hombres.
El Acuerdo establece:
“Único. Se exhorta a los titulares del Ejecutivo de las Entidades Federativas, a los Congresos Locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a llevar a cabo la debida armonización de su legislación en materia electoral con base en la legislación federal y a los instrumentos internacionales en la materia, y de esta manera garantizar el acceso de las mujeres a espacios de representación popular mediante cuotas de género paritarias”.
Una vez conocido por el Pleno, el documento se turnó al Archivo.
Exentar de cobro del derecho por el registro de nacimiento y la expedición de la primera copia certificada de acta de nacimiento, motivo de reforma al Artículo 4º de la Carta Magna
Igualmente se conoció la Minuta proyecto de Decreto remitida por el Senado de la República sobre la reforma al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual a toda persona se le garantizará el cumplimiento de los derechos consagrados en la Carta Magna, además de que la autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.
La reforma al artículo en cuestión señala expresamente:
“Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento”.
En los Transitorios añade:
Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dispondrán de seis meses para establecer en sus haciendas o códigos financieros la exención de cobro del derecho por el registro de nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento.
Tercero.- El Congreso de la Unión en un plazo no mayor a seis meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, y previa opinión de las entidades federativas y la autoridad competente en materia de registro nacional de población, deberá realizar las adecuaciones a la ley que determinen las características, diseño y contenido del formato único en materia de registro civil que deberá implementarse a través de mecanismos electrónicos y adoptarse por las propias entidades federativas del país y por las representación de México en el exterior.
Cuarto.- La Secretaría de Gobernación a través del Registro nacional de Población, remitirá al Instituto Nacional Electoral la información recabada por las autoridades locales registrales relativas a los certificados de defunción. El texto se turnó a la Secretaría para la segunda lectura de reglamento.
Finalmente, el Presidente de la Mesa Directiva, citó para el jueves 08 a sesión ordinaria a la hora de Reglamento.