Sesión martes 27 de mayo de 2014
Diputados aprueban Punto de Acuerdo solicitando la reclasificación del Salario Mínimo en Sinaloa
El Pleno de la LXI Legislatura aprobó por unanimidad el Punto de Acuerdo presentado por la Comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social, para solicitar a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que se reclasifique al estado de Sinaloa en el área geográfica “A”.
El Diputado José Felipe Garzón López, Presidente de la Comisión, explicó que desde el 1 de enero del año 2014, los 18 municipios del estado de Sinaloa forman parte de la zona geográfica “B”. Consideró que con políticas públicas justas de distribución de ingreso, el mejoramiento salarial y la generación de empleos estables y bien remunerados, Sinaloa podrá aspirar a un mejor futuro.
El Punto de Acuerdo aprobado de urgente y obvia resolución establece:
“Único.- La LXI Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa de manera muy respetuosa solicita a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y al Ejecutivo del Estado de Sinaloa, con la finalidad que en función de sus facultades y atribuciones exhorten a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para que se reclasifique al estado de Sinaloa en el área geográfica “A”, buscando con ello generar equilibrios justos en el desarrollo económico de esta región, por lo que se verá reflejado en una mejor calidad de vida para los sinaloenses”.
Sobre el mismo tema, el Diputado Leobardo Alcántara, se manifestó apoyo por la propuesta del Punto de Acuerdo, por los signantes, y recordó que la semana pasada él presentó una propuesta idéntica, y que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, no ha tomado en cuenta el desfasamiento de los productos de primera necesidad; que se haga auditoría a la Comisión Nacional y que además, se pida la homologación salarial ya que en Sinaloa es zona cara, en relación al centro del país; que Sinaloa también tenga un incremento salarial acorde al incremento que se registre en los productos básicos; que se tome en cuenta las dos propuestas elevadas.
Aprobadas las reformas a la Carta Magna
El Pleno de la LXI Legislatura aprobó los dos dictámenes sobre las minutas proyecto de decreto, de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El primero de ellos de reforma de la fracción III, del apartado “A”, del artículo 123 de la citada Constitución, tiene por objeto incrementar de 14 a 15 años la edad, que actualmente se establece en la proscripción de utilización de menores de edad en el trabajo, con el propósito salvaguardar los derechos de los niños con relación al trabajo, así como evitar la aplicación de jornadas extensas a los jóvenes; además de establecer que los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas.
Por lo que hace al segundo dictamen, reformar el tercer párrafo del artículo 108 de la Carta Magna y que tiene por objeto incluir a los integrantes de los ayuntamientos como sujetos de responsabilidad por violaciones a la Constitución y a las leyes federales; así como por el manejo y aplicación indebida de fondos y recursos federales.
Con la reforma aprobada el artículo 108 en su tercer párrafo de la Carta Magna establece:
“Los gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los ayuntamientos, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del distrito Federal les otorgue autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fonos de recursos federales”.
Ambos dictámenes fueron aprobados por unanimidad del Pleno Legislativo, ordenándose turnar el expediente a la Cámara de origen, informando el resultado de la votación.
Propuesta para reducir a 18 años la edad para ser diputado, anuncia la Diputada Sandra Yudith Lara Díaz
La Diputada Sandra Yudith Lara Díaz, informó que presentó una iniciativa de reforma al artículo 25 constitucional para reducir la edad mínima a 18 años para ser Diputado, en lugar de los 21 que actualmente establece
Explicó que el propósito de la reforma es que los gobiernos sean más receptivos a las aspiraciones de la juventud y que adopten medidas, tanto nacionales como internacionales y locales, dentro del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes, en diez áreas prioritarias: educación, empleo, hambre y pobreza, salud, medio ambiente, abuso de drogas, delincuencia juvenil, actividades de esparcimiento, niñas y mujeres jóvenes y participación de los jóvenes en la sociedad y, en la toma de decisiones.
Dijo que a pesar de acuerdos y programas implementados en todos los órdenes de gobierno, la realidad es que la sociedad estigmatiza a la juventud y los excluye institucionalmente. El sistema educativo no termina de vincularse con lo que demanda el mercado laboral, y el sistema laboral que no responde del todo a las expectativas del mundo global, y que pese a ello, los centros de educación media y superior, el campo y la industria, están llenos de jóvenes con aspiraciones; que en Sinaloa el 38 por ciento del padrón electoral tienen entre 18 y 35 años de edad y que representan un contingente muy poderoso de cambio y que en los últimos años, en la política se ha visto una fuerte presencia de los jóvenes reclamando oportunidades y espacios de decisión.
Sobre el tema, el Diputado Leobardo Alcántara se congratuló por la iniciativa dada a conocer por su homóloga priista, y dijo que los jóvenes sólo son utilizados para las campañas para colgar pendones; que son el presente y el futuro de Sinaloa, como también la causa del empleo, ya que son parte del sistema político mexicano; que es hacer causa común todas las fuerzas políticas e invitó a sentarse en la mesa para llevar el tema más allá y que en Sinaloa sí hay mejores empleos para los jóvenes.
Las Políticas públicas de desarrollo en México, no funcionan, afirma el Diputado Héctor Melesio Cuén Ojeda
El Diputado Héctor Melesio Cuen Ojeda, consideró que las políticas públicas para impulsar el desarrollo de México no están funcionando y hacen que Sinaloa sufra el impacto del contexto nacional.
Señaló que en nuestro país no estamos aprovechando la vasta cantidad de recursos naturales y humanos que poseemos, los estamos desperdiciando y en el mejor de los casos subutilizados.
Afirmó que desde el inicio de la crisis, en 1982, México ha registrado raquíticas tasas de crecimiento económico, en promedio anual de 1.8 por ciento; de ahí que se hayan acumulado rezagos de carácter social que han configurado un país con enormes desigualdades, con indicadores escandalosos de polarización de la riqueza, el bienestar se ha instalado en el 10 por ciento de las familias y el resto, unos sobreviviendo con ingresos raquíticos obtenidos de un empleo formal y los más subsistiendo, desempeñando una actividad informal sin contar con la asistencia social para la familia.
Señaló que más de doce millones de mexicanos han emigrado a los Estados Unidos de Norteamérica para aprovechar las oportunidades de trabajo con remuneración digna que nuestro país les ha negado.
Expresó que deben ser establecidos acuerdos sociales de largo alcance, entre los distintos sectores de la sociedad, a fin de definir las estrategias adecuadas, para propiciar el desarrollo económico de Sinaloa, estableciendo de manera precisa el carácter no excluyente en el reparto de los beneficios.
Para ello, se propone concretamente, que participen todos los sectores políticos, económicos y sociales del país, con el propósito de suscribir una gran alianza que contenga todos los aspectos necesarios que le den certidumbre y viabilidad técnica al crecimiento económico de México, que incluya, de ser necesaria, la corrección de las Reformas Estructurales que han sido aprobadas en el último periodo
Se requieren más inversiones y seguridad para aumentar las oportunidades: Diputada Imelda Castro
La Diputada Imelda Castro Castro, expresó que ante el estancamiento económico en Sinaloa, se requiere mayor inversión tanto pública como privada para reactivar la economía y generar más fuentes de empleo que vendrían, al mismo tiempo, a dar cabida a la mano de obra que recién egresa de los centros de enseñanza superior.
Citó la caída del valor de la producción agroalimentaria se redujo en siete mil 487 millones de pesos entre el 2013 y 2013, de 36 mil a 28 mil millones de pesos en números redondos, y que entre las principales consecuencias que produjo la reducción del circulante fue la disminución de cuatro mil 406 empleos de carácter permanente, entre noviembre de 2013 a enero de 2014; todavía en abril último, los registros del Seguro Social indicaban un déficit de mil 665 plazas permanentes en relación a las que se tenían en noviembre.
En siete años, agregó, según las cifras oficiales, el número de empleos permanentes ha crecido en términos reales en 58 mil 644 plazas, mientas que la población económicamente activa aumentó de un millón 141 mil 928 personas a un millón 335 mil 36 personas.
Mencionó que el estancamiento del mercado laboral tiene que ver con la presencia de un alto segmento de la población económicamente activa, que registra altos niveles educativos. En 2007 la encuesta nacional de ocupación y empleo, publicó que en Sinaloa 34.7 por ciento de los trabajadores desocupados registró niveles educativos de medio superior y superior; 31.7 por ciento mencionaron haber terminado la secundaria; 18.8 por ciento completaron la primaria y 14 por ciento no la terminaron; que el 41.2 por ciento de las personas sin empleo en Sinaloa tienen una educación de media superior y superior.
La legisladora manejó diversas cifras, todas ellas tendientes a demostrar la baja en la generación de empleos, y que desde el 2010 se ha promediado una tasa de desempleo mensual por encima del cinco por ciento, y que ello es el reto a vencer y “la única manera de lograrlo es trabajando para atraer más inversión, ya sea ésta de origen nacional o extranjera. Así también, fomentar la inversión ya establecida en territorio sinaloense. Con ambas instrumentos de política pública, y con el apoyo de la federación, es posible evitar una caída más profunda”.
Anuncia el PAS iniciativa de Ley de Justicia Alternativa del Estado de Sinaloa
Promover y regular los mecanismos alternativos para la prevención, y en su caso, la solución de conflictos, reglamentación de organismos públicos y privados que presten esos mecanismos, así como la actividad que desarrollen los prestadores de dichos servicios, es el objetivo de la iniciativa de Ley de Justicia Alternativa del Estado de Sinaloa, explicó el Diputado Robespierre Lizárraga Otero
Explicó que la iniciativa por presentada por el Grupo Parlamentario del PAS, regula conceptos tales como Acuerdo alternativo inicial, acreditación, auxiliar, Centro, certificación, conciliación, conciliador, conflicto, convenio final del mecanismo alternativo, Instituto, mediación, mediador, mecanismo alternativo y negociación, parte o participante, prestador del servicio.
Además, la creación del Instituto de Justicia Alternativa; siendo imposible que se instauren centros de mecanismos alternativos en todas las zonas o colonias con alta marginación, la existencia de dichos centros en, al menos, las cabeceras municipales, permitiría acercar la justicia a los grupos débiles, ya que, el costo y el tiempo que invertirían en resolver sus conflictos, sería menor.
Dijo que la resolución de conflictos entre la sociedad implica cambiar paradigmas, comprender, generar empatía, buscar las causas, proponer soluciones, reducir la tensión y generar replanteamientos estimulantes.
Agregó que la cultura que por muchos años tiene el pueblo es resolver sus problemas a través de los procesos jurisdiccionales, es decir en donde se interponga de por medio un juicio de diferente índole, lo que de inicio implica animadversión, alejamiento, encono, coraje y odio, lo cual no es correcto
Se desperdician recursos federales destinados a seguridad pública, señala el Diputado Mario Ímaz López
El Diputado Mario Ímaz López reveló que desde el 2012, las autoridades han caído en el subejercicio presupuestado de recursos federales destinados a la Seguridad Pública a través del Ramo 33; que de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, se conoce que en el 2012 Sinaloa recibió por concepto de Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en los Estados, la cantidad de 210 millones 661 mil 700 pesos, sin embargo, al 31 de diciembre de ese año sólo se había ejercido 78 millones 155 mil 400 pesos, es decir, sólo el 37.1 por ciento de los recursos asignados del Fondo, dejándose de ejercer el 62.9 por ciento,
Mencionó que tampoco se ejercieron rendimientos financieros por 307 mil 100 pesos y que en ese años e desperdiciaron casi 80 millones de pesos para atender problemas en Sinaloa como lo es la seguridad pública, “que según nuestras autoridades no se atienden en su totalidad por la falta de recursos financieros no logados o frustrados y se han dejado de hacer cosas para combatir y proteger de la violencia a muchos sinaloenses”, precisó.
Se pronunció porque en la entidad existan organismos para atención a las víctimas como son una Comisión Autónoma de Atención a Víctimas; un Órgano de Atención y Orientación Jurídica, así como un Archivo General de Víctimas, en el que se registre, de manera histórica, cada caso de quienes han padecido y sufrido violencia.
Se integrará Comisión Plural Especial para analizar problema de tarifas eléctricas
La integración de una comisión Plural Especial, para atender y dar seguimiento al problema de las tarifas eléctricas en Sinaloa, fue anunciada por el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Adolfo Rojo Montoya y avalada por el Diputado Jesús Enrique Hernández Chávez, Presidente de la Junta de Coordinación Política.
Al hablar sobre tarifas eléctricas, la Diputada María del Rosario Sánchez Zataráin, dijo que el PAS ha recibido quejas, observaciones sobre el cobro de energía eléctrica del último mes; que es urgente analizar las consecuencias de los sinaloenses con el aumento irreflexivo de la energía eléctrica; que es de dominio público de la población entre primavera-verano la dificultad para cubrir el recibo de luz; que la Secretaría del Trabajo y el IMSS, Sinaloa es el estado con el salario más bajo promedio en todo el país y que si a ello se suman aumentos a gasolina, la escasa generación de empleos y el decrecimiento de empleo es difícil cubrir el pago del consumo eléctrico y ponen a la población en la disyuntiva de dar de comer o pagar la luz,
Hablo de las tres tarifas que hay en Sinaloa y que la 1-F es la más económica y la que recibe más subsidio; que a partir del 1 de mayo se inician los reajustes de tarifas y concluye el día ultimo de octubre. Pero el problema para Sinaloa la tarifa 1-F se aplica a Culiacán y las zonas urbanas de Ahome, Guasave y Salvador Alvarado, porque en ellas se cumple con requisito de 33 grados centígrados, cuando se sabe que las altas temperaturas se registran en todo el estado, por lo que esa tarifa no se aplica en municipios con mayor índice de pobreza, Choix, Badiraguato y Cosalá, en donde se registran hasta 45 grados a la sombra y que esos municipios no están inclui8dos en el subsidio de la CFE.
Pidió apoyar al gobernador del estado en su gestión ante las autoridades correspondientes para el establecimiento de la tarifa 1-F, y aprovechar la visita para este miércoles de los funcionarios de la CFE para hacer la solicitud respectiva.
A su vez, la Diputada Imelda Castro elevó una propuesta-síntesis sobre el tema de su antecesora y propuso a la Mesa Directica como de urgente y obvia resolución, integrar una Comisión Plural Especial para atender y dar seguimiento a la gestión de la tarifa 1-F para todo el estado y que el jueves venidero se aprueba el tema y el Pleno elija a la Comisión Especial Plural.
El Diputado Jesús Enrique Hernández, dijo que el tema ha sido tratado y analizado por todos los grupos parlamentarios y en apoyo a lo propuesto, se manifestó que para que tenga mayor fuerza, sea toda la legislatura la que atienda ante el difícil panorama que vive no sólo un estamento de la sociedad, sino todos incluidos los sectores industrial y comercial; que el Poder Ejecutivo gestiona esa petición y que el Legislativo continuará la lucha y con todo el Poder Legislativo, y avaló la creación de la Comisión Especial Plural.
Por su parte, el Diputado Martín Pérez también reiteró su preocupación y apoyo por el tema, y que obliga a sumarse a esa lucha que ya enfrentan el Ejecutivo y que habrá que ir en el mismo camino para logar la tarifa 1-F para todo Sinaloa
Se analizan a los aspirantes a ocupar la Auditoría Superior del Estado
La Comisión de Fiscalización se encuentra en sesión permanente en el análisis de todos y cada uno de los expedientes recibidos a fin de, llegado el momento, presentar las mejores opciones al Pleno para que sea éste quien elija al Auditor o Auditora Superior del Estado, dijo el Diputado Gómer Monárrez Lara.
Destacó que se está analizando los expedientes recibidos, para que los aspirantes cumplan con lo establecido en la convocatoria correspondiente, toda vez que el cargo al que se aspira demanda precisamente la mayor capacidad.
El Presidente de la Comisión de Fiscalización externó que se trabaja con toda minuciosidad para llegado el momento, presentar las mejores para integrar la terna, que se presentará ante el Pleno de la LXI Legislatura.
En su turno, el Diputado Jesús Enrique Hernández Chávez, valoró las acciones realizadas hasta el momento, sobre el procedimiento que ha venido acompañado por la sociedad, dado que la LXI ha generado una convocatoria con la respuesta de la sociedad civil, y que lo anunciado sobre el formato sobre la elección del Auditor Superior del Estado es y será transparente y que con las propuestas que les haga llegar la Comisión de Fiscalización, se elegirá a la persona con el perfil adecuado para el cargo; que la información a procesar será lo que prive para la toma de decisión, y reiteró que los legisladores serán, en ejercicio de sus funciones, los que elijan quien será el auditor o auditora.
Recibe primera lectura Minuta Proyecto de Decreto sobre reforma a la Carta Magna
Remitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el Pleno de la LXI Legislatura conoció en su sesión de este día la minuta proyecto de decreto que reforma el inciso b) del tercer párrafo de la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta reforma tiene el propósito de adicionar un concepto en el inciso b9 del tercer párrafo de la Base VI del artículo 41 de la Carta Magna, para establecer, mediante la incorporación del término “adquiera”, el supuesto de nulidad de elecciones relacionado con el acceso a cobertura informativa o tiempos de radio y televisión en contravención de las asignaciones que corresponden en términos de la Constitución y las leyes a los partidos políticos y los candidatos. Lo anterior en virtud de que la redacción del texto vigente, únicamente alude a la acción de “compra” de cobertura informativa o tiempos de radio y televisión. Así, la iniciativa estima que la sola hipótesis de la “compra” resulta limitada e insuficiente, pues el acceso a una u otros no necesariamente implica el pago de una contraprestación consistente en un precio cierto y en dinero, como lo implica una compraventa.
En efecto –añade el texto-, la exposición de motivos de la iniciativa afirma que basta el acceso indebido a la cobertura informativa o a los tiempos en radio y televisión, para que se produzca una consecuencia en materia electoral.
El texto propuesto dice:
I a VI…
…
…
a)…
b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley.
c)…”
El documento pasó a la Secretaría para la segunda lectura de Reglamento
Reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, propone el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia
Ajustar el texto local al federal en materia penal, propone el Supremo Tribunal de Justicia, en su iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa.
Propone el cambio de denominación para los juzgados de primera instancia que tendrán a su cargo el proceso penal acusatorio, de “Juzgado de Control y Juicio Oral Penal, a “Juzgado de Control y de Enjuiciamiento”, de acuerdo a la nomenclatura prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Respecto de las atribuciones del Pleno del Supremo Tribunal, se complementa su facultad reglamentaria al establecer de manera expresa su potestad para expedir los manuales de procedimientos necesarios para el funcionamiento administrativo de los mencionados órganos jurisdiccionales. Asimismo, con base en lo previsto en el artículo 135 del citado Código Procesal Nacional que arroga esta atribución al “Consejo”, cuyas funciones se equiparan en nuestro ordenamiento a las del Pleno, se le atribuye a este órgano colegiado la resolución de las quejas interpuestas en contra de los juzgadores de primera instancia del ramo penal que no realicen un acto procesal dentro de los plazos previstos en el referido ordenamiento nacional.
También, y dentro de las reformas propuestas, se puntualiza de manera expresa la atribución del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia para actuar en representación del Pleno en los procesos constitucionales a los que éste es llamado por parte de las autoridades judiciales de la Federación, entre otras reformas.