Sesión martes 20 de mayo de 2014
Aprueba el Pleno por unanimidad Minuta Proyecto de Decreto de reforma a la Carta Magna en su artículo 4°
El Pleno de la LXI Legislatura aprobó por unanimidad el dictamen sobre la Minuta Proyecto de Decreto de reforma al Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer el derecho a la identidad y garantizar que toda persona sea registrada de manera inmediata; así como la gratuidad del acta de registro de nacimiento.
En el dictamen emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, se consideró adecuado reconocer en la Constitución que los órdenes de gobierno estatal, municipal y del Distrito Federal expidan de manera gratuita la primer copia certifica del acta del registro de nacimiento.
Previo a la aprobación por unanimidad, el Diputado Miguel Ángel Camacho, señaló que con esta reforma constitucional, iniciativa que en su momento fuera presentada por el Senador Francisco Salvador López Brito, se consolida los derechos de la niñez mexicana y muestra la sensibilidad con la que debe de manejarse el interés superior de los menores, en particular el derecho a la identidad lega, por la que se otorgará, a partir de la aprobación de la presente, el acta de nacimiento con carácter de universal y gratuita, por única ocasión a todos los niños mexicanos.
Reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, propone la Mesa de Trabajo de “Compromisos por Sinaloa”
El Pleno de la LXI Legislatura dio Primera Lectura a la iniciativa de reformas y adiciones a Ley de Acceso a la Información Pública, propuesta por los integrantes de la mesa de trabajo, “Compromisos por Sinaloa”, en la necesidad de avanzar en materia de transparencia y rendición de cuentas
La iniciativa, que recoge las inquietudes de la sociedad expresadas en los foros regionales, señala que indispensable adecuar la Ley de Acceso a la Información Pública a los avances en materia de transparencia, con el propósito de fiscalizar la gestión gubernamental, elevar su eficiencia y garantizar a toda personal el acceso a la información.
Mediante la transparencia en cuanto a la declaración patrimonial de los servidores públicos, el uso e impulso de tecnologías de la información y comunicación para promover la participación social en el combate a la corrupción y rendición de cuentas.
Además, precisa que una prioridad es asegurar la máxima publicidad y la total claridad de la gestión de los asuntos públicos para fortalecer la relación entre las instituciones públicas y la sociedad; es necesario adecuar este instrumento jurídico a la racionalidad económica, tomando en consideración aspectos básicos, como hacer accesible a toda persona los costos de reproducción de la información para su obtención y esta no se convierta en una limitante disuasiva del ejercicio de este derecho.
Precisan igualmente que se requiere adecuar el marco normativo referente a faltas administrativas y sanciones en materia de acceso a la información pública con las responsabilidades administrativas de los servidores públicos para que el castigo por acción u omisión, la sanción sea más efectiva; y, a través de esta iniciativa, se ratifica el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
La iniciativa asienta en sus diversas reformas propuestas, el desglose de la remuneración total mensual de los servidores públicos, los viajes oficiales realizados por los servidores públicos, especificando periodo, destino y motivo de la comisión, así como el importe del recurso ejercido; padrón de proveedores que incluya dirección, teléfono y giro comercial; padrón de vehículos oficiales, desglosado por marca tipo, color, modelo, responsable del resguardo y dependencia; otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos públicos y el acceso a la información.
Por lo que hace a las sanciones, éstas van desde la amonestación –por no cumplir con el deber de publicidad mínima de oficio-; si en un periodo no mayor de tres meses no se ha puesto a disposición del público la información será suspendido de sus funciones temporalmente; al servidor público que oculte información para no liberar contenidos informativos, será sancionado de conformidad con lo señalado en la Ley de Responsabilidades Administrativos de los Servidores Públicos; además de contemplar otras sanciones a funcionarios que van hasta la inhabilitación de seis meses a tres años, y de tres a diez años.
Se turnó la iniciativa a la Secretaría para la segunda lectura de Reglamento.
Reformas a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, proponen también “Compromisos por Sinaloa”
El Pleno Legislativo conoció la iniciativa en que proponen reformas a las Leyes de Hacienda del Estado y Municipal, ambas del Estado de Sinaloa relativas al cobro de la información que se solicite ya sea por copias o en disco compactos, propuesta por los integrantes de la mesa de trabajo, “Compromisos por Sinaloa”,
Así, en ambas leyes, se establecen las tarifas a aplicar para el cobro de la información solicitada, dependiendo la presentación –copia o disco compacto-. Y que van de 0.005 veces el salario mínimo general diario vigente, si es en hoja impresa en sistemas de copiado en proceso fotomecánico o impresión en hora de tira continua.
Por hoja impresa en impresora láser o inyección de tinta será de 0.015 veces al salario mínimo general diario vigente. Por reproducción o captura de archivos en dispositivos magnéticos o discos compactos, por cada unidad de disco compacto gravado, será de 0.125 veces el salario mínimo general diario vigente.
Estas tarifas se proponen tanto para la Ley de Hacienda del Estado y a la Ley de Hacienda Municipal, ambas del Estado de Sinaloa, y una vez conocidas por el Pleno, la iniciativa se turnó a la Secretaría para la segunda lectura de Reglamento.
Iniciativa de Ley de Inclusión Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Sinaloa del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense
Con la dispensa de la lectura de esta iniciativa, por tratarse de un documento voluminoso, pero con la entrega de un tanto a cada legislador, se estimó como puesta en conocimiento la iniciativa del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, de la Ley de Inclusión Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Sinaloa.
Iniciativa de ley que tiene por objeto normar las medidas y acciones que contribuyan a lograr la equiparación de oportunidades para la plena inclusión de las personas con discapacidad en un plano de igualdad al resto de los habitantes, por lo que corresponde a la administración pública del estado y los municipios velar en todo momento por su debido cumplimiento.
Señala la iniciativa que para efectos de la ley se entiende por “inclusión”, a la participación activa y permanente de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida diaria, principalmente en lo social, económico, político, cultural y recreativo; en Sinaloa todas las personas con discapacidad contarán con las condiciones necesarias para el libre ejercicio de las garantías que otorga la Carta Magna.
Este proyecto de iniciativa consta de Ocho Capítulos que encierran Ochenta y nueve artículos comunes y Cuatro Artículos Transitorios y se turnó a la Secretaría para la segunda lectura de Reglamento.
El Grupo Parlamentario del PRD propone Reformas a las leyes de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de Acceso a la Información Pública
Abatir la corrupción cuyo costo en el país durante 2012, según investigación del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, fue equivalente a 1.5 billones de pesos que representan el 10 por ciento del PIB y el 34 por ciento del presupuesto federal de 2014, de 4.4 billones de pesos, entre otros factores, motivó la presentación de la iniciativa de reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de Acceso a la Información Pública, ambas del Estado de Sinaloa, por parte de los integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.
Así, en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, se reforma el artículo 112, para quedar así:
Artículo 112.- Los órganos internos de control de cada uno de los Poderes del Estado registrarán y publicarán la situación patrimonial de los servidores públicos, misma que deberá contener:
I. Los ingresos del último año;
II. El valor de bienes muebles e inmuebles;
III. El monto de inversiones financieras; y
IV. Los adeudos.
Por lo que hace a la Ley de Acceso a la Información Pública, ésta se aplica con la adición al inciso ñ a la fracción I del artículo 9 y se reforma la fracción X del artículo 22 bis para quedar así:
Artículo 9….
I…
De la a a la n…
Ñ. Las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos obligados por la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.
Artículo 22 Bis..
De la I a la IX…
X. Patrimonio, con excepción al de los servidores públicos obligados por la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.
La iniciativa se turnó a la Secretaría para la segunda lectura de Reglamento.
Reformas al Código Familiar del Estado de Sinaloa, propuesta de la Diputada Sandra Yudith Lara Díaz
Con el objetivo de que las nulificaciones, rectificaciones y reposiciones de las actas del estado familiar y las aclaraciones de las actas de registro civil, se lleven a cabo ante la institución del Registro Civil, con la finalidad de darle mayor celeridad a este procedimiento y evitar un gasto excesivo a quienes tienen ese problema, es planteado en una iniciativa de reformas al Código Familiar del Estado de Sinaloa.
La autora de esta iniciativa la Diputada Sandra Yudith Lara Díaz, justifica en el documento, que el procedimiento actual ha provocado que éste se convierta en un trámite engorroso y tardado que puede durar entre cuatro y cinco meses, y ante la urgencia en muchas ocasiones de quienes acuden a realizar modificaciones a sus actas, motivados por no recibir servicios médicos, no poder cobrar su pensión y otras, y que en la mayoría de los casos son gente de escasos recursos, surge la necesidad de hacer esta diligencia, algo más sencillo.
Cabe destacar que durante 2013 se realizaron mil 650 rectificaciones por Juzgado Mixto de lo Familiar y cien aclaraciones y rectificaciones por Notario Público. En lo que va del 2014 las cifras son similares.
Su propuesta dice:
Artículo 1191. La nulificación, rectificación y reposición de las actas del estado familiar no pueden hacerse sino mediante sentencia ejecutoria o mediante trámite administrativo ante la Dirección del Registro Civil; este último tratándose de dobles registros y siempre que se pruebe la realidad del acto.
Artículo 1195. La aclaración de las actas del registro civil, procederá cuando en la inscripción existan errores mecanográficos, manuscritos, ortográficos, de omisión o de reproducción gráfica, que no afecten los datos esenciales de aquellas, ante la institución del Registro Civil del Estado de Sinaloa, o mediante tramitación especial ante Notario Público, quienes resolverán de la solicitud y remitirán en su caso copia certificada de la resolución que recaiga a la Oficialía correspondiente para su debida inscripción”.
La iniciativa se turnó a la secretaría para la segunda lectura de Reglamento.
Se penalice más severamente a quienes infieran dolosamente agravio a periodistas
Al recordar que nuestro país ha sido considerado como una de las naciones más inseguras para el ejercicio del periodismo, el Diputado Mario Ímaz López propuso elevar las penalidades hasta en un cincuenta por ciento a quienes agredan dolosamente agravio alguno a periodistas de Sinaloa.
Cita en su iniciativa los diversos convenios signados por el gobierno federal y luego hace referencia a que Sinaloa no puede permanecer estático, indiferente ni ajeno ante esta realidad, “es por ello que Movimiento Ciudadano, ocupado en la búsqueda de mejores instrumentos y herramientas jurídica que permitan minimizar hasta erradicar la problemática social existente, considera necesario adicionar el artículo 137 Ter al Código Penal para el Estado de Sinaloa, a fin de perseguir y sancionar con mayor fuerza punitiva a quienes dolosamente causen lesiones a las personas dedicadas profesionalmente al periodismo.
Su propuesta dice:
ARTÍCULO 137 Ter. Cuando las lesiones sean inferidas dolosamente en agravio de alguna persona dedicada profesionalmente al periodismo, se aumentará hasta en un 50 por ciento las penas que correspondan por las lesiones causadas”.
La iniciativa se turnó a la Secretaría para la segunda lectura de Reglamento.
Se inserte un capítulo “De las Minutas proyecto de Decreto”, a la Ley Orgánica del Congreso, propone el Diputado Ángel Geovani Escobar Manjarrez
Ante la ausencia en la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, de un capítulo dedicado a conocer las Minutas proyecto de Decreto que remiten a esta Soberanía las Cámaras Federales, Senado y Diputados, integrantes del Congreso de la Unión, el Diputado Ángel Geovani Escobar Manjarrez, propuso una iniciativa para modificar dicho ordenamiento jurídico.
En el documento precisa que el 25 de julio 1995, mediante decreto número 662, se expidió nueva Ley Orgánica del Congreso del Estado, que contempla entro otras grandes cambios el servicio civil de carrera, regido por los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, especialización, honradez, lealtad y eficiencia del personal del Congreso.
“Sin embargo, en ninguno de estos ordenamientos se observa un tratamiento especial para las Minutas Proyecto de Decretos que este Congreso como integrante del Constituyente Permanente, debe darle a estos documentos que el Congreso de la Unión a través de las Cámaras de Diputados y de Senadores, hacen llegar a las legislaturas de los Estados para su aprobación, en cumplimiento con lo que dispone el Artículo 135 de la Carta Magna”.
Por eso propone en la Sección Tercera de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, un capítulo denominado “De las Minutas Proyecto de Decretos”, remitidos por el Congreso de la Unión.
La iniciativa se remitió a la Secretaría para la segunda lectura de Reglamento.
Unificación de tarifas eléctricas, demanda el Diputado Ramón Lucas Lizárraga
El Diputado Ramón Lucas Lizárraga, dijo que es necesario homologar las tarifas eléctricas en Sinaloa para no tener excesivos cobros por parte de CFE, indicó que Múltiples estudios realizados señalan que Sinaloa debe tener una sola tarifa, por lo que es necesario elevar el tema a la máxima autoridad y se haga un convenio con CFE sobre sus servicios en Sinaloa y con Hacienda sobre los efectos que tienen sus tarifas en la economía sinaloense y en el impacto en el erario público.
Explicó que hay tres razones para rechazar esas tarifas: primero, lo pagan los contribuyentes, que finalmente cubren el subsidio a la CFE y se constituye en desvío de recursos por no estar contemplados en el presupuesto anual una partida especial; porque Sinaloa tiene 6 hidroeléctricas, dos termoeléctricas y otra más que generan más de cinco millones hora de energía, con valor superior a miles de millones; adicionalmente, se tienen otros dos mil millones de pesos que pagan los estados vecinos, por ello no se explica por qué el pago tan alto a CFE
El tercer aspecto, porque en Sinaloa existen rangos de calor y justifican la tarifa 1-F; hace diez años se demostró que Mazatlán las registra. Razones hay para no pagar los 300 millones de pesos a CFE por la vía de los ingresos estatales, por lo que propuso un acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo para gestionar ante el Gobierno de la República la aplicación de la tarifa 1F para todos los usuarios del servicio de energía eléctrica en Sinaloa.
Finanzas municipales en crisis, señala la Diputada Imelda Castro
Próximamente se estudiarán dictámenes de cuentas públicas del segundo semestre 2013. Por ello, es importante analizar las circunstancias en que se encuentran las haciendas estatal y municipal, dijo la Diputada Imelda Castro Castro.
La situación presupuestal que muestran la mayoría de los municipios en Sinaloa es sumamente preocupante, de acuerdo con la ASE y derivado del análisis, discusión y aprobación de las cuentas públicas correspondientes al primer semestre del 2013, doce de los 18 municipios del estado, son calificados con insuficiencia presupuestal en el corto plazo; el 60 por ciento de los ayuntamientos.
Ello quiere decir que sus activos líquidos, dinero del año, son insuficientes para pago de proveedores, obra pública, deudas, entre otros, en el periodo o ejercicio fiscal en curso.
De acuerdo a esa información, Ahome, Cosalá, Elota, Escuinapa, Mazatlán y Salvador Alvarado están en condiciones de sobrellevar sus condiciones financieras en los términos comentados; el resto de los municipios se acercan a la quiebra.
Dijo que hay un cuadro de los municipios en donde aparecen los 12 en quiebra y que ello sucede en la mayor parte de los municipios chicos en donde es casi un sueño construir una hacienda pública saneada, y que son los que demandan más desarrollo económico y social y requieren inversión para obra pública rezagada por muchos años, “pero les falta mucho orden financiero”.
Por lo que hace a los municipios grandes tienen al abuso en la deuda a largo plazo, y que con respecto a sus leyes de ingresos, para el 2013 ronda entre el 20 y 40 por ciento de deuda a corto plazo es decir, apuntan al colapso financiero en pocos años de no tomarse medidas en lo inmediato. Y que ello obedece a la pésima administración, populismo e ineficiencia fiscal. Que existe problema en cuanto a la transparencia, rendición de cuentas en cuanto a la información del gasto corriente.
Uno de los problemas es el de nómina, difícil de identificar debido a los criterios confusos y heterogéneos de contabilización y de la no uniformidad de los datos suministrados por los ayuntamientos.
Al referirse a los cambios a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley Federal de Derechos, se dan a finales del año pasado con un fuerte impacto en las finanzas municipales; modificaciones que parten de una iniciativa presidencial que sugiere que las potestades tributarias municipales previstas en el artículo 115 Constitucional, salen sobrando, particularmente en materia del impuesto predial, la iniciativa de Enrique Peña Nieto pide a los estados que se hagan cargo del cobro, basada en la supuesta incapacidad de los municipios para cobrar sus propios impuestos.
“Por supuesto que no existe el planteamiento presidencial y menos en la reforma aprobada, la referencia a que las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria son propias de la hacienda municipal, lo que sí existe es el olvido a la exigencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, al mismo presidente de la república, del 6 de diciembre de 2012, de iniciar una reforma fiscal y hacendaria que permita, efectivamente, avanzar hacia un auténtico federalismo fiscal que supere la inequitativa pirámide la distribución fiscal, por la que de cada peso de la recaudación federal, sólo 20 centavos se entregan a los estados, y de esos, 12 centavos se destina a los municipios”.
Sobre el mismo tema, para la Diputada Yudit del Rincón Castro, dijo que sería un error y profundo retroceso el cobro en otra instancia el impuesto predial y ello agrede el artículo 115 y es retroceso en las finanzas municipales; debe ser vinculatorio y en algunos municipios; que el estado debe ayudar a los municipios a ese cobro, pero no que éste los cobre.
Luego, al hablar sobre la ASE, dijo que no es tema para colgarse medallas y si uno de gran responsabilidad por ser un ente –la ASE-, que tenga que buscar su independencia y que sea realmente un ente fiscalizador, porque no señala de donde depende ni de sus jefes, por lo que llamó a ver bien los perfiles de los aspirantes y que cumpla en todos los sentidos, no puede ser un académico puro por no contar con experiencia ni tampoco un exfuncionario por falta de la misma, y que en todo caso, debe ser una buena elección, con conocimiento a auditorías al desempeño, y que las técnicas de auditoría son diferentes y que para ello también se requiere tener una actualización por el cambio de las finanzas gubernamentales; se requiere un personaje ajeno a partido político, y que hay que cuidar mucho el perfil profesional y que sea un elemento altamente honesto, sin importar el género.
Sobre el mismo tema, el Diputado Héctor Melesio Cuén Ojeda, pidió respeto a la autonomía del Estado pero también a la autonomía de los municipios, dijo que en el año 2000 había gente que ganaba sobre 10 a 30 mil pesos y que una década después, los salarios sufrieron grandes variantes como también en prestaciones, lo que estimó también por la explosión petrolera que vivió el país, que ha ido a menos y que ello generó disminución en los ingresos.
Por lo que corresponde a la quiebra financiera de los ayuntamientos, habría que decirle al presidente de la república que habría menos captación económica para la federación, y que es difícil planear sobre recursos que no se tienen, y además, ver las relaciones con los funcionarios federales para que haya más recursos para los municipios, por lo que se pronunció por un sistema hacendario más justo y equitativo, y que si ello requiere cambios en la ley de coordinación fiscal –estatal y federal-, había que hacerlo, pero que es urgente hacerlo, empezando por los alcaldes que esperan la llegada de diciembre, para la baja de recursos extraordinarios.
Por ello, se pronunció que para que haya menos ayuntamientos en quiebra, es necesario aplicar programas y acciones que ayuden al cobro del impuesto predial, que representa la principal fuente de ingreso para los ayuntamientos.
Convocó a los legisladores de todas las fuerzas políticas a trabajar unidos en una iniciativa de reforma integral en materia tributaria, que solvente de fondo las dificultades que están viviendo los contribuyentes de México, especialmente de Sinaloa.
Posicionamiento sobre antenas contaminantes
El Diputado Óscar Javier Valdez López, en tribuna se pronunció a favor de que las autoridades competentes no autoricen instalaciones de nuevas antenas de telecomunicaciones, mientras no se tengan los estudios de impacto ambiental.
Señaló la necesidad de una revisión profunda de los niveles, a los que está expuesta la ciudadanía y la normatividad aplicable bajo los principios estrictos de prevención de la salud pública, según las recomendaciones de conferencias internacionales que alertan sobre los posibles efectos y riesgos en el ser humano.
Se otorgue facultad a los Ayuntamientos a expedir Cartas de Identidad, propuesta del Diputado Leobardo Alcántara Martínez
Ante la carencia de una credencial de elector o de otro documento de identificación, el Diputado Leobardo Alcántara Martínez elevó un Punto de Acuerdo en el que exhorta a todos los ayuntamientos de Sinaloa a expedir cartas de identidad a todo ciudadano residente en su municipio, que carezca de identificación oficial con fotografía.
Dijo que tal documento cubriría el requisito indispensable para realizar diversos trámites administrativos en el mismo ayuntamiento, en dependencias centralizadas, descentralizadas, estatales y federales e instituciones financieras y bancarias que convengan aceptar esta forma de identificación.
“Nuestra propuesta se encuadra en el ya conocido y muy común fenómeno de la constante migración desde diversas partes del país hacia las ciudades de nuestro estado, de miles de ciudadanos mexicanos en busca de una mejor calidad de vida y por desconocimiento, ignorancia o circunstancias ajenas a ellos, no cuentan con un documento oficial que les permita identificarse ante las diferentes instancias públicas y privadas a la que acuden a solicitar un trámite”.
La propuesta se remitió a la Junta de Coordinación Política para su valoración.
Aplicación del mismo salario mínimo legal en todo el país, pide se exhorte al Congreso de la Unión para que éste lo pida a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos
En otro tema, el mismo legislador presentó la propuesta de Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, en donde asienta que esta legislatura solicite al Congreso de la Unión, en función de sus facultades y atribuciones, exhorte a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para que en base al salario mínimo diario más alto de la nación, fije a partir del año 2015, el mismo salario mínimo legal, en todo el país, sin áreas geográficas, que discriminan al trabajador y que diferencian la aplicación del salario mínimo por zonas.
Aduce en su documento el costo de la canasta básica para cuatro persona, es de seis mil 500 pesos mensuales y canasta básica no alimentaria sería de 9 mil 944 pesos, tendría que ser un total de 16 mil 444 pesos mensuales; que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos no realiza estudios sobre la canasta básica y aplica como parámetros el Índice Nacional de Precios al Consumidor que genera el INEGI.
Añade que el exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, es una opción que brindará una mejor calidad de vida y mayores oportunidades de acceso a la vivienda, salud, educación, alimentación y recreación de las familias de los trabajadores del país, derechos que tenemos todos los mexicanos y están tutelados en la Carta Magna.
La propuesta de punto de Acuerdo señala:
“UNICO. Solicitar a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con la finalidad que en función de sus facultades y atribuciones, exhorte a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos –CONASAMI- que en base al salario minino diario más alto de la nación, fije a partir del año 2015, el mismo salario mínimo legal, en todo el país sin áreas geográficas, que discriminan al trabajador y que diferencian la aplicación del salario mínimo por zonas”.
Renovar el marco legal del Congreso exhorta el Diputado Héctor Melesio Cuén Ojeda
El Diputado Héctor Melesio Cuén Ojeda, señaló en tribuna que el Congreso del Estado requiere renovar de manera urgente su Ley Orgánica, al considerar que es evidente su ineficiencia.
El legislador se pronunció por la revisión de todo el conjunto de iniciativas relacionadas con la ordenamiento legal interno del Poder Legislativo que presentadas por las diferentes fuerzas políticas, y se proceda a dictaminar, en este segundo periodo ordinario de sesiones, esas iniciativas y que sean sometidas al Pleno, para que el Congreso del Estado esté mejor organizado y funcione de mejor manera en beneficio del pueblo sinaloense.
“Al iniciar esta legislatura encontramos 277 iniciativas pendientes de dictaminar, constituyendo un claro rezago legislativo que, legislatura tras legislatura se ha venido presentando en diversos saldos numéricos”, dijo.
Explicó que en la iniciativa de reforma integral a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, presentada por el PAS el 5 de diciembre de 2013, se propone que las Comisiones sesionen por lo menos 2 veces al mes, cuando hoy se establece una vez al mes, y que se sancione a los diputados en el supuesto de que resulten responsables de la no dictaminación de las iniciativas. Además de proponer una mejor y más clara organización de las áreas de apoyo técnico y administrativas del Congreso para que sean más eficientes.
Posicionamiento sobre la violencia de la Diputada María del Rosario Sánchez Zatarain
La Diputada María del Rosario Sánchez Zatarain, expresó que los hechos delictivos en Sinaloa han rebasado al estado de derecho, el crecimiento de la violencia en lo que va del año, es un hecho innegable que debe de reconocerse sin soslayo y mucho menos con pretextos y justificaciones, por lo que consideró es indispensable una reorientación del plan de seguridad pública de Sinaloa.
Expresó que el Grupo Parlamentario del PAS en diferentes tribunas ha señalado que la educación es la única vacuna contra la violencia, el problema que lacera a la sociedad es multifactorial, en Sinaloa en lo que va del 2014 suman 39 mujeres asesinadas, dijo que es sumamente imperante, que desde este espacio se revise de nueva cuenta la situación que se vive en Sinaloa.
El rezago económico que sufre México, genera una gran descomposición del tejido social, problemas familiares y de violencia, es importante que la Legislatura vaya en busca de una reforma.
“Necesitamos hacer el exhorto, para que lo que está aprobado como condiciones para disminuir la desigualdad y las grandes brechas en la atención a las víctimas se procese, se acuerde y se publique, de la misma manera es importante que se tipifiquen los delitos de agresión simple”. Agregó que es necesario establecer el compromiso de que se publique el decreto de la Ley de Atención a Víctimas del Delito.