Se incluye la perspectiva de género en la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Sinaloa
El Pleno de la LXI Legislatura aprobó el dictamen sobre iniciativa presentada por la Diputada Yudit del Rincón Castro, que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Sinaloa, y de la Ley del Instituto Sinaloense de las Mujeres con las cuales se establecerán como objetivos el promover la inclusión de la perspectiva de género con una visión transversal en la ciencia, tecnología e innovación; así como una participación equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación; asimismo incluir información de manera diferenciada entre hombres y mujeres a fin de que se pueda medir el impacto y la incidencia de las políticas y programas en dicha materia.
Con lo anterior se pretende estar en condiciones que permitan a alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos del campo de la ciencia, tecnología, ingeniería y la innovación, con una participación equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Asimismo, se instruye como uno de los principios y procesos que regirán el apoyo que el Gobierno Estatal otorgará a la ciencia, tecnología e innovación, que en la medida de lo posible, el deber de incluir información de manera diferenciada entre hombres y mujeres a fin de que se pueda medir el impacto y la incidencia de las políticas y programas en materia de desarrollo científico, tecnológico e innovación.
Por otra parte, durante la sesión de este martes, regresaron a ocupar su cargo como Diputadas Propietarias Imelda Castro Castro, del Partido de la Revolución Democrática, María Lorena Pérez Olivas y Claudia Liliana Valdez Aguilar, ambas del Partido Revolucionario Institucional, además del Diputado Víctor Manuel Díaz Simental, quienes dejaron sin efecto la licencia que se les autorizó por el Pleno del Legislativo.
Durante esta sesión se realizó una reestructuración de las siguientes Comisiones Permanentes:
Puntos Constitucionales y Gobernación; Planeación y Desarrollo; Educación Pública y Cultura; Ciencia y Tecnología; Desarrollo Económico; Comunicaciones y Obras Públicas Salud y Asistencia Social; Derechos Humanos; Fiscalización; Comunidades y Asuntos Indígenas; Turismo; Protección Civil; Equidad, Género y Familia; Participación Ciudadana; Vivienda; y Justicia.
Otro tema tratado, fue el de la primera lectura de la iniciativa presentada por el Diputado Gómer Monárrez Lara, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad y la Ley de Tránsito y Transportes, ambas del Estado de Sinaloa.
Lo anterior, con el objetivo de garantizar el respeto de los derechos de movilidad y accesibilidad de las personas con discapacidad en Sinaloa, propone fortalecer las facultades de los ayuntamientos y del mismo gobierno estatal para que puedan inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las medidas y acciones aprobadas en beneficio de discapacitados; que las empresas, centros comerciales, áreas culturales o recreativas, y en general, todo inmueble con acceso al público cuenten con medidas adecuadas de seguridad, accesibilidad universal y libre tránsito para todas las personas con discapacidad.
Igualmente, plantea sancionar a propietarios de inmuebles que omitan contemplar medidas de seguridad y accesos a personas con discapacidad.
Con esta reforma las sanciones están también direccionadas hacia aquellas empresas que incumplan con la adopción de medidas de seguridad y facilidades de acceso para personas con discapacidad y a los prestadores de servicios al público o comerciales que nieguen, impidan u obstaculicen el uso del servicio.
Igualmente, se faculta a la Secretaría de turismo para conocer y sancionar de infracciones relativas a espacios de descanso, esparcimiento y recreación de las personas con discapacidad, dificultad o de desplazamiento.
El Pleno también conoció la iniciativa presentada por la Diputada Laura Galván Uzeta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Educación y de la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad, ambas del Estado de Sinaloa.
Esto, a fin de que se brinde el servicio educativo a los escolares con discapacidades, en todos los plantees y vertientes educativas.
Señala que si bien se han realizado reformas al marco legal estatal, a fin de beneficiar a grupos vulnerables, entre los que está la niñez que ve frenado su desarrollo educativo, al no contar ni con planteles ni personal capacitado para atenderlos, con esta reforma, señala la legisladora, se da un paso importante para que ese estamento de la sociedad sinaloense alcance mejores niveles educativos.
Así, en el citado ordenamiento legal, propone adicionar el primer párrafo del artículo 30 para quedar así:
“Artículo 30.- Tratándose de menores de edad con discapacidad, la educación especial propiciará su integración a los planteles en todas las vertientes educativas, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Para quienes no logren esa integración, esta educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva, para lo cual se elaborarán programas y materiales de apoyo didácticos necesarios”.
Propone la inserción de un artículo 85 Bis:
“Artículo 85 Bis. La educación media-superior que se imparta en el Estado será incluyente y garantizará que las personas con discapacidad cuenten con la base de la igualdad de oportunidades para continuar estudiando a través de políticas de accesibilidad, ajustes razonables, programas de capacitación del personal de las instituciones de educación media-superior y no discriminación”.
También plantea un artículo 94 Bis:
“Artículo 94 Bis.- La educación superior que se imparta en el Estado será incluyente y garantizará que las personas con discapacidad cuenten con oportunidades de desarrollo profesional a través de políticas de accesibilidad, ajustes razonables, programas de capacitación del personal de las instituciones de educación superior y no discriminación”, entre otras reformas.
Por lo que hace a la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad del Estado de Sinaloa, en lo relativo a la Educación, propone se inserte un Artículo 38 Bis:
“Artículo 38 bis.- La Secretaría de Educación Pública y Cultura deberá capacitar por sí o a través de alguna otra institución especializada, al personal directivo, administrativo y docente que en las instituciones de educación superior se encargue de la atención de las personas con discapacidad. Asimismo, deberá coordinar reuniones semestrales con todos los directivos de las instituciones de educación superior con la finalidad de intercambiar políticas, programas, experiencias y aprendizajes que favorezcan la inclusión plena en el proceso formativo de las personas con discapacidad para homogenizar las medidas de accesibilidad y los ajustes razonables que refiere el artículo 94 bis de la Ley de Educación del Estado de Sinaloa. En todas las instituciones de educación superior deberá haber por lo menos una persona capacitada responsable de atender a las personas con discapacidad y de hacer del conocimiento de sus superiores las necesidades institucionales para cumplir con lo dispuesto en esta Ley. Las instituciones de educación superior deberán modificar sus reglamentos y normatividades internas para garantizar que los mecanismos de evaluación académica consideren la situación particular de las personas con discapacidad para que éstos no resulten excluyentes o discriminatorios”.
Asimismo, recibió primera lectura la iniciativa presentada por la Diputada Sandra Yudith Lara Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la que propone expedir la Ley en Materia de Trata de Personas del Estado de Sinaloa, documento que tiene por objeto prevenir, atender y erradicar la trata de personas en la entidad.
De acuerdo a la iniciativa, ésta se orientará por los principios de máxima protección: obligación de cualquier autoridad de velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos humanos de las víctimas y los ofendidos del delito de trata de personas. Las autoridades adoptarán, en todo momento, medidas para garantizar su seguridad, protección, bienestar físico y psicológico, su intimidad y el resguardo de su identidad y datos personales.
Perspectiva de género: entendida como una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres y las relaciones entre ellos en la sociedad, que permite enfocar y comprender las desigualdades socialmente construidas a fin de establecer políticas y acciones de Estado transversales para disminuir hasta abatir las brechas de desigualdad entre los sexos y garantizar el acceso a la justicia y el ejercicio pleno de sus derechos.
Respeto a la dignidad humana, entendido como la obligación de cualquier representante del Estado de reconocer la misma, para así proteger y garantizar los derechos fundamentales de las víctimas u ofendidos, considerando sus condiciones de vulnerabilidad, así como el contexto en el que se dieron los hechos.
También señala que las medidas de atención, asistencia y protección beneficiarán a todas las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos previstos en la ley General, con independencia de la relación que mantuvieron con el sujeto activo o si éste ha sido identificado, localizado, aprehendido, juzgado o sentenciado; las autoridades estatales y municipales implementarán procesos permanentes de sensibilización y capacitación en materia de trata de personas; el Estado y los municipios deberán coordinarse entre sí y con la federación para el cumplimiento del objeto de la Ley General y de la presente ley, y promover la participación de la sociedad civil, instituciones académicas y de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al objeto de ésta.
La iniciativa consta de Cincuenta y Seis Artículos Naturales y Dos Artículos Transitorios.
Otra iniciativa que recibió primera lectura, fue la presentada por el Diputado Mauricio López Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que propone adicionar los párrafos segundo y tercero de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa, a fin de que la igualdad, no discriminación y respeto a la dignidad y la libertad de las personas, sean los principios rectores en materia de salud en la entidad.
En su iniciativa precisa que el derecho a la salud es tan necesario como lo es el acceso a la protección del desarrollo social, de los programas de combate a la pobreza y la pobreza extrema, por lo que “consideramos necesario establecer en la ley de Salud, que sea considerado un tema prioritario de agenda pública estatal y local en Sinaloa, así como su financiamiento, de ahí que se procure en el presente proyecto de adición garantizar que no se disminuirá el presupuesto estatal y local con relación al ejercicio fiscal anterior”.
El artículo 1 de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa dice:
“Artículo 1. La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus disposiciones son del orden público, de interés social y de observancia general en la entidad, establece la competencia que en materia de salud corresponde al Estado de Sinaloa y regula:
I a IV. . .
La igualdad, la no discriminación y el respeto a la dignidad y la libertad de las personas serán los principios rectores en materia de salud.
Los montos de las partidas presupuestales asignadas por el Estado y los municipios a la protección de la salud son prioritarios y el presupuesto correspondiente no podrá disminuirse con respecto al ejercicio fiscal anterior”.
En otro sentido, las y los Diputados conocieron el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, sobre iniciativa presentada por el Ejecutivo del Estado en la que se propone expedir la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Sinaloa, que tiene por objeto regular la extinción de dominio de bienes a favor del Estado, así como el procedimiento correspondiente conforme al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procediendo en los delitos que el mismo contempla, con excepción de los que sean de competencia exclusiva de la Federación.
Dictamen en donde se precisa lo que se entenderá por:
Bienes: las cosas materiales, los derechos reales y personales, así como sus objetos, frutos y productos que no se encuentren excluidos del comercio y sean susceptibles de apropiación;
Menciona también que la información que se genere u obtenga con motivo de un procedimiento de extinción de dominio será reservada hasta que la resolución que se emita en el mismo cause ejecutoria; el procedimiento de extinción de dominio se regulará de manera supletoria conforme a lo establecido en esta ley.
Más adelante precisa qué es la extinción de dominio:
“Es la pérdida de derechos sobre los bienes mencionados en esta ley, sin compensación o contraprestación alguna para su dueño, ni para quien se ostente o comporte como tal. La sentencia en la que se declare tendrá por efecto que los bienes se apliquen a favor del Estado”.
También asienta que la acción de extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real, de contenido patrimonial y procederá sobre cualquier bien, independientemente de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido; la acción de extinción de dominio es autónoma, distinta e independiente de cualquier otra de naturaleza penal del que se haya desprendido o de la que tuviera origen, sin perjuicio de los terceros de buena fe”.
Este proyecto de ley consta de Setenta y Tres Artículos naturales y Seis Artículos Transitorios.
En Asuntos Generales, el Diputado Víctor Manuel Díaz Simental hizo uso de la Tribuna para hablar sobre el proceso electoral vivido en Sinaloa y que concluyó el día de la votación el pasado 05 de junio, lamentando los hechos violentos que se suscitaron días antes de que las y los sinaloense emitieran su sufragio, además de cuestionar el trabajo realizado por las autoridades del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, de quienes aseguró realizaron un trabajo parcial.
Sobre el mismo tema, el Diputado Noé Quevedo Salazar, del Partido Sinaloense, acusó a los órganos electorales de haber generado una incertidumbre entre la sociedad; mencionó las declaraciones vertidas por el gobernador del estado, de que había sido un proceso tranquilo, aunque, dijo, él mismo reconoció que hubo irregularidades que si bien no llegaron a la sangre, sí influyeron en la ausencia del electorado.
En tanto, la Diputada Imelda Castro, del Partido de la Revolución Democrática, mencionó que el pasado 05 de junio “hemos asistido a un proceso electoral que reitera vieras prácticas partidistas y gubernamentales, que nos refrescan la memoria y nos recuerdan la deficitaria calidad democrática de nuestro sistema político. Pero también inéditos acontecimientos han incrementado la desesperanza ciudadana y nos colocan ante preocupantes retrocesos; prácticas que nos recuerdan cuán ilegítimos son los gobiernos emanados de nuestras elecciones; electores indiferentes, alejados de los partidos políticos, hartos de la política de todo tipo.
En tanto, el Diputado Mario Imaz López, dijo que Movimiento Ciudadano no es espectador ante lo que se vivió durante este proceso electoral y muestra de ello son las impugnaciones legales que ya presentaron.
En otro tema, la Diputada María del Rosario Sánchez Zatarain, del Partido Sinaloense, habló sobre presupuesto educativo, y citó las dos caras del gobierno federal ante los grupos más desprotegidos del país; y mencionó el presupuesto destinando a la educación media superior y superior, “hay una doble cara”, dijo, “porque desde la campaña electoral el Presidente Peña Nieto dijo que se alcanzarían mejores niveles en la educación, pero al momento, los indicadores que expresan el nivel de calidad, no señalan mejorías, y dijo que en ello influyen las condiciones de planteles, las relaciones entre las autoridades con el magisterio, sobre la reforma educativa, dijo que la prioridad es mantener el respaldo del Estado a la educación gratuita y de calidad, por encima de la educación impartida por escuelas privadas, de lo contrario, la propia educación serpia fuente de desigualdad, como sucede en el país, que se imparte en una cantidad importante de escuelas sinaloenses.
En otra parte, dijo que los recortes económicos que se realizará conllevarán que miles de jóvenes frenen sus estudios y se dediquen a trabajos, por lo que reiteró el llamado a la sensatez a que el rubro educativo sea de alta prioridad para los gobiernos estatal y federal ya que se convertía en un detonante para el desarrollo nacional.
Por su parte, el Diputado Roque de Jesús Chávez López, del Partido Revolucionario Institucional, dijo que en la entidad ya se puede realizar pagos por vía internet, pagos que antes no tenían certeza jurídica al no estar contemplados en las leyes de la materia y recordó que en la sesión anterior, se aprobó reformas a la Ley de Gestión Empresarial, Regulatoria, Hacienda Municipal, Desarrollo Económico, Protección Civil, entre otras, todas del Estado de Sinaloa.
Recalcó la importancia de las reformas aprobadas, al adecuar el marco jurídico, optimizándose los tiempos para el ciudadano además de dar certeza jurídica los pagos que se realicen vía medios electrónicos y dijo que Sinaloa ocupa el sitio 14 en productividad nacional y no se avanzaba por no tener leyes jurídicas para aprobar estas acciones, por lo que ahora, Sinaloa podrá subir en el ranking de productividad, lo que es determinante para la toma de decisiones de inversionistas tanto nacionales como extranjeros.
Por último se citó para el próximo jueves 16 de Junio a sesión pública ordinaria a la hora de Reglamento.