Aprueba LXI Legislatura la expedición de la Ley de Extinción de Dominio

El Pleno de la LXI Legislatura aprobó el dictamen sobre la iniciativa para crear  la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Sinaloa, presentada por el Poder Ejecutivo, y que tiene por objeto regular la extinción de dominio de bienes a favor del Estado, así como el procedimiento correspondiente conforme al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procediendo en los delitos que el mismo contempla, con excepción de los que sean de competencia exclusiva de la Federación.

De acuerdo a esta nueva ley, se precisa lo que se entenderá por:

Bienes: las cosas materiales, los derechos reales y personales, así como sus objetos, frutos y productos que no se encuentren excluidos del comercio y sean susceptibles de apropiación;

Menciona que la información que se genere u obtenga con motivo de un procedimiento de extinción de dominio será reservada hasta que la resolución que se emita en el mismo cause ejecutoria; el procedimiento de extinción de dominio se regulará de manera supletoria conforme a lo establecido en esta ley.

Más adelante explica qué es la extinción de dominio:

“Es la pérdida de derechos sobre los bienes mencionados en esta ley, sin compensación o contraprestación alguna para su dueño, ni para quien se ostente o comporte como tal. La sentencia en la que se declare tendrá por efecto que los bienes se apliquen a favor del Estado”.

También asienta que la acción de extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real, de contenido patrimonial y procederá sobre cualquier bien, independientemente de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido; la acción de extinción de dominio es autónoma, distinta e independiente de cualquier otra de naturaleza penal del que se haya desprendido o de la que tuviera origen, sin perjuicio de los terceros de buena fe”.

Esta ley consta de Setenta y Tres Artículos naturales y Seis Artículos Transitorios.

Durante esta sesión ordinaria, las y los Diputados aprobaron la solicitud de licencia para separarse del cargo presentada por la Diputada María Lorena Pérez Olivas, tomando su lugar como Diputada Suplente en Funciones, Karen Angely Alarcón Meza, quien se sumó al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Posteriormente, se le dio primera lectura a la iniciativa presentada por la Diputada Sofía Yolanda Gámez Ruelas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la que propone reformar la fracción IX y adicionar las fracciones X y XI al artículo 17 de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa.

Documento que tiene como intención el incluir dentro de los objetivos del Sistema Estatal de Salud del Estado, que se pongan los servicios que presta al alcance y disposición de los pueblos y comunidades indígenas así como apoyar la nutrición de este estamento, mediante programas de alimentación, y de forma especial para la población infantil, además de brindar una real protección, respeto, apoyo al desarrollo y libre ejercicio de la  medicina tradicional.

Con dicha propuesta, las modificaciones quedarían de la siguiente manera:

“Artículo 17. El Sistema Estatal de Salud tiene los siguientes objetivos…

I a VIII…

1. Proporcionar orientación a la población respecto de la importancia de la alimentación correcta y su relación con los beneficios a la salud.
2. Poner a disposición de los pueblos y comunidades indígenas los servicios de salud, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental, asegurando la nutrición de la población indígena infantil;
3. Garantizar y apoyar el desarrollo y libre ejercicio de la medicina tradicional así como uso de plantas para fines rituales y curativos, a fin de que se conserven y desarrollen condiciones adecuadas como parte de la cultura y patrimonio de los pueblos y comunidades indígenas, promoviendo su estudio y rescate; y

XII. Diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la alimentación correcta, que contrarreste eficientemente la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad, y otros trastornos de la conducta alimentaria.

Otra iniciativa que recibió trámite, fue la presentada por el Diputado Mauricio López Ruiz, que propone adicionar el artículo 36 BIS y la fracción XXI al artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, a fin de ampliar las facultades de los ayuntamientos en lo relativo a la prestación de servicios públicos, para que éstos se presten  conforme al mandato de las Constituciones Federal y Local.

Señala que los ayuntamientos, como representantes de la comunidad, distribuyen sus responsabilidades y facultades en el trabajo de las Comisiones, en la que cada una de ellas tiene su área de competencia, según lo dispone la Ley de gobierno municipal se desarrolle conforme a las disposiciones legales aplicables, vigilando la debida administración del erario y del patrimonio municipal en general.

La propuesta de adición de un artículo 36 Bis y una fracción XXI al artículo 44, ambas de la Ley de Gobierno Municipal dice así:

“Artículo 36 Bis. Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos en materia de servicios públicos municipales los siguientes:

1. Vigilar que los servicios públicos se realicen conforme a la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la presente Ley, los acuerdos y disposiciones reglamentarias que el Ayuntamiento emita y otras disposiciones aplicables;
2. Vigilar el gasto y las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución y control en materia de servicios públicos y los servicios relacionados con la misma, que realice el Municipio, sus organismos públicos descentralizados y desconcentrados, las empresas de participación municipal mayoritaria, las sociedades o asociaciones asimiladas a éstas y los fideicomisos públicos, así como las que se realicen total o parcialmente con recursos públicos;

• Propone disposiciones de carácter general en materia de servicios públicos, para los asentamientos humanos de nueva creación”; entre otras.

Por lo que hace a la adición de la fracción XXI al artículo 44, quedaría así:

“Artículo 44. . .

I a XX…

XXI. Servicios Públicos Municipales”.

En otro orden, las y los Diputados conocieron la iniciativa presentada por la Diputada Guadalupe Elina Santini Arredondo, que propone reformar la fracción V y adicionar las fracciones VI y VII al artículo 14 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa, que pretende armonizar conforme a la Ley General la regulación que proteja a las personas, de forma especial a las mujeres, de ser receptoras de actos discriminatorios y violentos, estableciéndose en las políticas públicas en materia de igualdad medidas para erradicar la violencia de género y la violencia familiar, tal como se establece en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

También busca garantizar la integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades para evitar la segregación laboral, las diferencias remuneratorias por cuestión de género y potenciar el valor del trabajo de las mujeres.

Por ello su propuesta de reforma a la fracción V, las adiciones de las fracciones VI y VII, y recorrer en su orden la subsecuente del artículo 14 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa, para quedar así:

“Artículo 14. La política estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres deberá establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito económico, político, social y cultural.

…

I a IV…

V .Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil

1. Establecer medidas para erradicar la violencia de género y la violencia familiar;

VII. Garantizar la integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral y social, con el fin de evitar la segregación laboral y eliminar las diferencias remuneratorias, así como valorar el trabajo y de las mujeres; y

VIII. Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo.”

Asimismo, se le dio primera lectura al dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación sobre iniciativas que proponen reformar los artículos 37, 43, fracciones XXII, párrafos primero y tercero, y XXII BIS; 53, párrafo segundo: 54 y 65 fracción VI de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y que tienen como objetivo adecuar las disposiciones establecidas en la Constitución Local, con los de la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas de la Federación, en materia de fiscalización de las cuentas públicas, como también en su presentación.

Además de informar al Congreso sobre la revisión y fiscalización de dichas cuentas, previo al análisis, revisión y en su caso, aprobación del dictamen correspondiente, así como la aplicación del presupuesto utilizado para la construcción de obras, compraventa de bienes y prestación de  servicios si provienen de los fondos del erario; y crear el sistema Contable Informático, por Internet a través de su página Web.

Así, la reforma al artículo 37 queda así:

“Artículo 37. En el primer periodo ordinario de sesiones, el Congreso se ocupará de analizar, discutir y, en su caso, modificar y aprobar la Ley de Ingresos y presupuesto de Egresos del Estado y las Leyes de Ingresos de los Municipios, para lo cual deberán ser presentados los proyectos respectivos a más tardar el último sábado del mes de Noviembre de cada año, a efecto de que puedan regir a partir del primero de Enero inmediato. En tanto no se  aprueben las nuevas, se tendrán por prorrogadas las correspondientes al año anterior. En el supuesto de que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado sea prorrogada, el monto de las partidas del  presupuesto de egresos correspondientes al pago de obligaciones derivadas de empréstitos  y de contratos de colaboración público privada, se ajustará de manera automática y proporcional en función de las obligaciones contraídas.  El presupuesto de Egresos del Estado deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban los servidores públicos de los Poderes Ejecutivo, legislativo y Judicial, así como de los organismos autónomos que esta Constitución o  las leyes del Estado reconozcan como tales y los de las entidades de la administración pública estatal o paraestatal. De igual manera, durante el primer periodo ordinario de sesiones, el Congreso del Estado revisará y aprobará en su caso, la cuenta pública anual del año anterior del Gobierno del Estado, de los Municipios y los resultados de la revisión de los informes sobre la aplicación de los recursos públicos ejercidos por los organismos públicos descentralizados estatales y municipales, organismos autónomos, empresas de participación estatal o municipal, fondos y fideicomisos públicos estatales y municipales, los órganos jurisdiccionales que determinen las leyes así como las demás personas de derecho público de carácter estatal o municipal o privado, recursos públicos transferidos a fideicomisos. Sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado, siga su curso en términos de lo dispuesto en la Ley.

Al aprobar el Congreso la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado, deberá verificar que se incluyen en la iniciativa de presupuesto de egresos la o las partidas presupuestales necesarias y suficientes para cubrir el pago de empréstitos y obligaciones de pago a cargo del Estado, que contraigan los organismos públicos descentralizados estatales, organismos autónomos, empresas de participación estatal, fondos y fideicomisos públicos estatales, los órganos jurisdiccionales que determinen  las leyes, así como las demás personas de derecho público de carácter estatal, derivadas de empréstitos y de contratos de colaboración público privada, celebrados con autorización del Congreso del Estado, durante la vigencia de los mismos. En caso de que, por cualquier circunstancia, se omita considerarlas, se tendrán por incluidas y autorizadas las partidas correspondientes que hubieren sido aprobadas con relación a los mismos en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal inmediato anterior, ajustándose su monto de manera automática en función de las obligaciones contraídas. Si en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal inmediato anterior no se hubieren contemplado partidas para cubrir el pago de obligaciones derivadas de empréstitos o de contratos de colaboración público privada aprobadas por el Congreso y en la nueva ley no se consideran, se tendrán por incluidas y autorizadas las partidas que fueren necesarias y suficientes para cubrir su pago en términos de lo previsto en los contratos respectivos”, entre otras reformas a este artículo.

Por lo que hace a la fracción XXII del artículo 43, dice así:

“Artículo 43. . .

I a XXI Bis. .

XXII. Revisar y fiscalizar por medio de la Auditoría Superior del Estado, las cuentas públicas del gobierno del Estado y de los Municipios así como los recursos públicos que administren, ejerzan, manejen o custodien las personas físicas y morales de carácter privado, los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con  los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades, de los derechos de los usuarios del sistema financiero y verificar los resultados de su gestión financiera, la utilización del crédito y el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas y proyectos de presupuestos de egresos, así como evaluar las políticas públicas”, entre otras enmiendas.

En Asuntos Generales, el Diputado Jorge Mario Núñez Osuna, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, subió a Tribuna para hablar sobre formación y apoyo deportivo en la zona rural, señalando que en las comunidades en donde el deporte es la disciplina, mediante metodología adecuada, que dejará buenos dividendos en la población, especialmente en la niñez, también se crean mejores ciudadanos.

Dijo que por tradición, la población rural carece de campos deportivos, áreas rurales en donde el deporte se deja en un segundo plano, no hay incentivos de la autoridad para brindar mayor cobertura, especialmente en la organización e instructora para la organización de torneos en categorías infantiles y juveniles.

Agregó que los alumnos de la zona rural, sobre todo en el sur, requieren planes y programas para inducir al docente a crear acciones que conlleven a darle mayor capacidad a las cualidades físicas, para niñez y juventud las detonen en pro de la sociedad.

Señaló que el gobierno estatal ha priorizado recursos para que esta actividad detone en los municipios, pero también dijo que quienes obtienen beneficios en todo, son las cabeceras municipales pero no los del interior de los municipios para que niños y jóvenes puedan desarrollar una actividad deportiva, porque de lo contrario, aquellos niños y jóvenes que quieren practicar algún deporte, tienen que viajar a las cabeceras municipales, lo que les genera  un gasto extra.

También reconoció que Sinaloa ha dado deportistas exitosos al deporte, y recalcó que en las zonas rurales, hay un gran semillero que solo requiere instructores en diversas categorías en diversas disciplinas, “porque el día de mañana, serán quienes nos representen a nivel nacional e internacional”.

En otro tema, las Diputadas Imelda Castro Castro y Sandra Yudith Lara Díaz, de los partidos de la Revolución Democrática y del Revolucionario Institucional, respectivamente, hablaron sobre los derechos humanos y la necesidad de que el Congreso local legisle respecto al matrimonio igualitario, toda vez que existe un mandato de la Suprema Corte de Justicia al respecto, además de la iniciativa presentada a nivel federal por el Presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Recordaron que a nivel local, existen iniciativas a favor de esta situación, sin embargo ha pasado el tiempo y no han concluido el trámite legislativo, por lo que hicieron el llamado para que el o los dictámenes correspondientes sean presentados al Pleno.

En su oportunidad, el Diputado César Fredy Montoya Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, reconoció a todos los elementos de las fuerzas policiales de la entidad, toda vez que el pasado 15 de junio se conmemoró el Día del Policía, agregó que el nuevo sistema de justicia penal que en Sinaloa ha sido ya implementado tanto en lo normativo como estructural, sistema que exige el despliegue de acciones coordinados entre operadores jurídicos del sistema y de las autoridades públicas.

Precisó que el éxito en la instrumentación del nuevo sistema penal, recae en todos sus actores “y en el caso de la seguridad, que recae en la  policía, por el trabajo de investigación de campo, será mejor por la preparación a que ha sido objeto”, dijo que presentó iniciativa con la que se creó la nueva Ley de Prevención contra la Delincuencia y otras más que reformaron diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública, además de otras que tienen como objetivo mejorar las condiciones económicas y laborales de los elementos de las corporaciones, como también la que tiene que ver con mejores percepciones a las viudas de quienes cayeron en el cumplimiento del deber, además de reconocer el quehacer de respeto de los derechos humanos de quienes realizan la difícil labor, como es la de preservar nuestra seguridad

Por otra parte, el Diputado Ramón Lucas Lizárraga hizo uso de la Tribuna para fijar un posicionamiento sobre el proceso de desafuero realizado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en contra de la Diputada local Lucero Guadalupe Sánchez López, destacando que en el dictamen votado a nivel federal, se refiere que la PGR y la SEIDO están involucradas en la investigación del delito de la utilización de documentos oficiales apócrifos, y agregó que se está utilizando “toda la fuerza del Estado sólo para perseguir la falsificación de una credencial de elector”.

Sobre el mismo tema, la Diputada Sylvia Myriam Chávez López, del Partido Nueva Alianza, se sumó al posicionamiento de su antecesor y pidió respeto a los tiempos, las facultades y el análisis que en la LXI Legislatura se realizará del caso, situación que fue arropada por la Diputada María del Rosario Sánchez Zatarain, del Partido Sinaloense, y los Diputados Leobardo Alcántara Martínez, Mario Imaz López y Víctor Manuel Díaz Simental, del Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano e independiente, respectivamente.

Cabe destacar, que en esta sesión ordinaria retomaron sus labores como Diputados Propietarios Robespierre Lizárraga Otero del Partido Sinaloense, y Miguel Ángel Camacho Sánchez del Partido Acción Nacional, quienes dejaron sin efecto la licencia que les fue concedida por el Pleno.

Finalmente, se citó a sesión pública ordinaria para el próximo martes 21 de Junio a la hora de Reglamento.