Se da primera lectura a importantes iniciativas

El Pleno de la LXI Legislatura conoció en primera lectura, la iniciativa presentada por el Diputado Ángel Geovani Escobar Manjarrez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que propone adicionar una fracción XX al Artículo 10 de la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa, con lo cual se pretende ir al rescate de una de las mejores tradiciones de la cultura mexicana, que tiene que ver con el arte de confrontar las ideas y que los niños deben aprender a debatir y a confrontar sus puntos de vista desde la educación básica, como se hace en países de democracias consolidadas, por lo que se estaría fomentando la oratoria y la cultura democrática en el sistema educativo estatal, como parte de la formación de niños, niñas y jóvenes.

Su propuesta de fracción dice:

“XX. Fomentar la Oratoria y la Cultura Democrática en el Sistema Educativo Estatal como parte de la formación de niños, niñas y jóvenes”.

Posteriormente, se le dio trámite a la iniciativa presentada por la Diputada Imelda Castro Castro y el Diputado Ramón Lucas Lizárraga, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con la que pretenden realizar diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Sinaloa, entre las que se plantea la aplicación de mayores sanciones para aquellos servidores públicos que durante su ejercicio o encomienda, caigan en algún delito y que no están contemplados en el Código vigente.

El documento señala que el Código Nacional de Procedimientos Penales –vigente en Sinaloa desde la declaratoria de Adopción del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, expedida por el Congreso del Estado el 31 de julio del 2014-, le da la calificación  de graves a los delitos que en términos del artículo 19 Constitucional ameritan prisión preventiva oficiosa, ente los que no se encuentran los relacionados Contra el Servicio Público Cometidos por los Servidores Públicos, así como a los castigados con un término medio aritmético mayor a los de cinco años de prisión; “de hecho, Sinaloa ha sido y es el Estado con la penalidad más baja contra la corrupción de funcionarios públicos en el país”.

Añade que en el caso de peculado, de 32 legislaciones penales, a este delito le dan penas máximas de entre 10 a 18 años, en tanto que en Sinaloa, este delito consistente en la apropiación para sí o para otro, de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa pertenecientes a los poderes, dependencias o entidades públicas, sólo cuenta con una pena de seis meses a nueve años de prisión, “es decir, con un término medio menor a los cinco años y por lo tanto sin alcanzar la calificación de grave de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales”.

Entre las propuestas están al artículo 299: “al servidor público que indebidamente y en perjuicio del servicio abandone las funciones que legalmente tenga conferidas, se le aplicará de uno a cinco años de prisión y de cien a trescientos días de multa”.

Al artículo 300 también lo reforma la iniciativa, proponiendo se imponga prisión de dos a nueve años; de 500 a mil días multa, al servidor público que ilegalmente:

“Cuando el monto del producto del delito o de los daños o perjuicios causados excede de mil veces el salario mínimo, la sanción será de tres a diez años de prisión y de 5090 a mil días multa”.

También sanciona al que cometa el delito de abuso de autoridad, aplicándosele prisión de tres a nueve años, y de dos a cinco mil días multa, penas que se aumentarán hasta en una mitad más para el caso previsto en la fracción VI, entre otras.

Otra iniciativa que fue conocida por el Pleno, fue la presentada por la Diputada Imelda Castro Castro y el Diputado Ramón Lucas Lizárraga, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que propone expedir la Ley para la Atención y Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia del Estado de Sinaloa, misma que busca atender y proteger a las personas que la violencia desplace de sus lugares de origen.

Esta iniciativa, señala que los poderes públicos en el ámbito de sus competencias, garantizarán que las personas desplazadas disfruten de los mismos derechos y libertades que el derecho internacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación sinaloense reconocen a los demás habitantes; la protección y asistencia humanitaria a las personas desplazadas; se tomen medidas contar el desplazamiento de pueblos indígenas, campesinos y otros grupos que experimenten una dependencia especial de su tierra o un apego particular a ella; que la propiedad y posesiones de las personas desplazadas se protejan contra la destrucción, la apropiación, ocupación o usos arbitrarios e ilegales, entre otros.

Por otra parte y en Asuntos Generales, el Diputado Mario Imaz López del Partido Movimiento Ciudadano, presentó una propuesta de Punto de Acuerdo en que solicita la comparecencia del titular de la Auditoría Superior del Estado en un plazo no mayor de quince días, y señala:

“Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política para que cite a comparecer, primero y en un plazo no mayor a 15 días naturales ante las Comisiones de Fiscalización, de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Administración, al Auditor Superior del Estado en los términos de la ley, para que las mismas desahoguen dudas y soliciten informes que permitan de conformidad con la ley, citar a comparecer al Auditor en un plazo no mayor a 30 días naturales en sesión secreta del Pleno”.

El documento se turnó a la Comisión de Fiscalización para su valoración y posterior seguimiento.

Por su parte el Diputado Héctor Melesio Cuén Ojeda, subió a Tribuna para fijar un posicionamiento respecto a la reforma educativa y la evaluación docente, señalando que es preocupante que en nuestro país no exista una verdadera voluntad de los políticos de los partidos tradicionales para que se aplique la reforma educativa, y que tampoco se cumplan los compromisos del movimiento mundial “Educación para Todos” firmado en el año 2000 ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO.

Destacó el papel de la educación y la evaluación, en el desarrollo de un país, y advirtió que en el objetivo de extender y mejorar la atención y educación de la primera infancia, México logró que la tasa bruta de la matrícula en la enseñanza preescolar alcanzara un índice del 80 por ciento. Asimismo, en cuanto al objetivo a lograr la universalización de la enseñanza primaria, especialmente en lo que respecta a las niñas y niños de ambos sexos pertenecientes a minorías étnicas y marginadas, en torno a ello un poco más del 50% de los países latinoamericanos y caribeños han logrado la universalización de la enseñanza primaria, pero en la región hay todavía 3.7 millones de niños sin escolarizar en este ciclo de enseñanza, por lo que urgió a los legisladores a darle el respeto que el Instituto de Evaluación de los Maestros y de la Educación, a lo que ahora se sumarán los alumnos, tema en el que también participaron el Diputado Ramón Lucas Lizárraga del Partido de la Revolución Democrática, y la Diputada Laura Galván Uzeta del Partido Acción Nacional.

Cabe destacar, que en el transcurso de la sesión y a petición de los Diputados Presidentes de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación; Derechos Humanos; y de Salud y Asistencia Social, y oficializado mediante una moción suspensiva de dictamen presentada por la Diputada María Lorena Pérez Olivas, se determinó por mayoría del Pleno, retirar la segunda lectura y discusión de dictamen sobre iniciativas que proponen expedir la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, por lo que se envió a Comisiones para un nuevo análisis.

Finalmente, se citó a sesión pública ordinaria para el próximo jueves 11 de junio a la hora de Reglamento.