Recibe primera lectura dictamen de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa
El Pleno de la LXI Legislatura del Congreso del Estado conoció Dictamen de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el cual consta de 8 títulos, 54 capítulos y 309 artículos con 9 artículos transitorios, la cual forma parte del proceso de armonización a la Ley Federal.
El dictamen emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, tiene como objeto reglamentar las normas constitucionales locales relativas a las instituciones políticas y la función del Estado en la organización de los procesos electorales para elegir a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como de los Ayuntamientos.
Dentro del Primer Título se encuentran las cuestiones generales que conllevan este tipo de regulaciones como son las disposiciones generales, la inclusión de un glosario y el ámbito de aplicación, entre otras; sobre la integración y las fechas de renovación los poderes Ejecutivo y Legislativo, también incluye el Título Segundo donde se ve el tema de la paridad de género.
En el Título Tercero se tiene la regulación de los partidos políticos, donde se funcionan en un sólo ordenamiento los dos tipos de regulaciones como la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley de Partidos, asimismo se mantiene un título especial para la regulación de los partidos políticos, de los partidos políticos estatales: su integración, su funcionamiento, su financiamiento, en cuanto al acceso al financiamiento público, la regulación del financiamiento privado, su autofinanciamiento, los informes respectivos de los mismos.
De la misma manera el Título Cuarto contiene las reglas de participación de los ciudadanos que gusten ejercer su derecho de ser votado a través de la figura innovadora de las candidaturas independientes, de la misma manera los derechos y obligaciones de los mismos, los porcentajes que se requieren para poder a acceder a una candidatura independiente y el financiamiento de la misma, entre otros aspectos más específicos.
De las autoridades electorales y la organización electoral se localizan en el Título Quinto, como es la creación del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, del mismo modo se tiene el Título Sexto en el cual se manifiestan las etapas del proceso electoral en el Estado de Sinaloa como son la duración de las campañas, de las precampañas y toda la regulación desde el inicio del mismo hasta la etapa de resultados y de declaraciones de validez.
El Título Séptimo incluye un régimen sancionador electoral y disciplinario así como las infracciones y sanciones que la misma autoridad electoral podrá imponer a los distintos sujetos que en ese apartado se describen, en consecuencia en el Título Octavo se describe ese procedimiento sancionador electoral.
Dentro de los nueves Artículos Transitorios se destacan el Tercero; que hace referencia a la distritación que se tiene que dar por la autoridad electoral en su momento, en este mismo se hace referencia que se tiene que esperar ese proceso de redistritación que tiene que hacer la autoridad federal, el cual tiene que ser acatado en el Estado de Sinaloa, en el Quinto habla sobre la integración, ubicación y asignación de las mesas directivas de casillas, que por única ocasión corresponderá a la autoridad local electoral, subrayó también el Sexto, en el cual se expresa la renovación del Consejo Estatal Electoral para convertirse en Instituto Estatal Electoral del Estado de Sinaloa, el relevo y el pago de prestaciones a las autoridades electorales locales y por último mencionó el transitorio Noveno en el que se presenta el inicio del proceso electoral del próximo año, el cual empieza en la segunda quincena de octubre de este año.
Cabe destacar que el dictamen es producto de 13 iniciativas y forma parte de las leyes secundarias correspondientes a la reforma política electoral aprobada recientemente por esta soberanía.
Es importante precisar que, luego de conocerse el dictamen, se presentó el voto particular del Diputado Robespierre Lizárraga Otero, Vocal de la Comisión dictaminadora, quien propone se eleve en Sinaloa un diez por ciento el porcentaje destinado al sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos políticos.
Posteriormente, se le dio primera lectura a la iniciativa presentada por el Diputado Martín Pérez Torres y el ciudadano David Armando González Torrentera, que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Estado, y de la Ley para la Promoción y Desarrollo de los Jóvenes Emprendedores del Estado de Sinaloa, con lo que plantean que el 35 por ciento del gasto público estatal de bienes y servicios se destine a empresas sinaloenses, lo que se haría de forma gradual para darle oportunidad al ente público de organizarse, la Secretaría de Desarrollo Económico sería la encargada de generar los esquemas para lograr el objetivo.
La propuesta tiene la finalidad de lograr que en dos años después de su aprobación se llegue a un 20 por ciento de la aplicación del gasto y al pasar cuatro años se deberá llegar a la meta total.
Por otra parte, en Asuntos Generales la Diputada Nubia Xiclali Ramos Carbajal, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa, para que se incluya el tratamiento de hemodiálisis en el seguro popular, y de esta manera poder incluir a quienes requieran del servicio y que no cuentan con los recursos suficientes.
La propuesta de Punto de Acuerdo señala:
“ÚNICO. Esta Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa en el marco institucional de respeto de competencias y con un ánimo de colaboración exhorta al Poder Ejecutivo Estatal para que a través de la Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa, realice las gestiones correspondientes ante la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para que en el Catálogo Universal de Servicios de Salud se incorpore a las enfermedades renales crónicas en cualquiera de sus fases el tratamiento integral de hemodiálisis al Seguro Popular.”
Una vez conocida por el Pleno la propuesta fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Salud y Asistencia Social para su valoración.
Posteriormente, la Diputada Yudit del Rincón Castro, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hizo uso de la Tribuna para fijar un posicionamiento sobre Control y Cuentas Públicas, señalando que su experiencia en la tesorería municipal de Mazatlán, le permite advertir que las responsabilidades que asumieron los Ayuntamientos bajo la nueva normatividad de contabilidad gubernamental fueron cumplidas de forma parcial por aquellos Ayuntamientos capaces de absorber el costo financiero que representa para ellos ponerse al día en ese sentido.
Por lo que ahora tienen el gran reto de convertir estas debilidades institucionales en sus principales oportunidades de desarrollo y madurar sus procesos administrativos, particularmente su control interno, de tal forma que éste se convierta en la principal herramienta que les permita alcanzar sus objetivos y metas previstas dentro de su planeación.
Ante ello, exhortó al órgano de fiscalización estatal y a los entes fiscalizables a nivel municipal, a cerrar filas y lograr, en el corto plazo, 4 objetivos que reanudarían en mejores resultados, mayor transparencia y rendición de cuentas: 1) Apoyar la institucionalización de procesos que eviten el rompimiento operativo en cambios de gobierno a nivel municipal, evitando la reinvención de las formas de trabajo cada nueva administración. 2) Se debe privilegiar en la fiscalización y control interno municipal el enfoque preventivo y proactivo, buscando con ello una gestión cada más eficiente y transparente, mayor calidad en los resultados y un efectivo proceso de rendición de cuentas. 3) Formular en cada municipio, un Programa de Desarrollo Institucional Municipal, que oriente sus esfuerzos para mejorar sus capacidades técnicas, administrativas y organizativas. 4) Impulsar y consolidar la cultura de la legalidad como filosofía del servicio público municipal para recuperar la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones.
En otro sentido, hizo uso de la Tribuna el Diputado César Fredy Montoya Sánchez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un Punto de Acuerdo, avalado por los organismos privados tanto de Salvador Alvarado como de Mocorito, y que de hacerse realidad, el número de percances automovilísticos disminuirá.
La propuesta de Punto de Acuerdo indica:
“ÚNICO. La Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal –SCT-, Gerardo Ruiz Esparza, para que en adición al Programa nacional de Conservación de Carreteras de este año 2015, el cual contempla la conservación de algunos tramos de la carretera federal 15 “México-Nogales”, y de ser posible con el complemento, coadyuvancia y apoyo de las autoridades estatales en materia de obra pública, se implemente de manera urgente en Sinaloa un programa emergente para que se construyan los acotamientos necesarios y su pavimentación, en el tramo comprendido de la localidad de Pericos, municipio de Mocorito, a la ciudad de Guamúchil, Salvador Alvarado”.
La propuesta se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas para su valoración.
Por otra parte, el Diputado Ramón Lucas Lizárraga, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó un posicionamiento sobre la situación de los campos pesqueros en Sinaloa, en el cual indicó que la segunda mitad de junio es la peor temporada en los campos pesqueros de Sinaloa, cuando no hay trabajo, abundan moscos y jejenes, los niños enferman, los ciclones amenazan, las lluvias no llegan y el calor, como decía el Negrumo, “es de los mil demonios”, pero el gobierno, llámese municipal, estatal o federal, brilla por su ausencia.
Hace tiempo, cuando el 70% de la población vivía en el campo, es decir en el valle, la costa y la sierra, de alguna manera parecían existir políticas públicas para el medio rural, pero con la mayor urbanización el abandono de ese sector fue creciendo y hoy nos encontramos que los campos pesqueros son los peor atendidos y la vida es más miserable.
En Sinaloa existen 42 comunidades pesqueras en las que sobreviven 30 mil familias, es decir, más de 130 mil personas en condiciones de abandono y penuria, sin que hasta ahora se conozca de algún plan o de acciones específicas para enfrentar lo que evidentemente se trata de un problema recurrente que se padece en los campos pesqueros entre una zafra y otra.
Debo decir que desde la comisión de pesca, hemos insistido sobre este problema cíclico y recurrente, aunque lamentablemente no se ha tenido la respuesta deseada.
Y precisó que “por tratarse de más de 130 mil personas que están viviendo en condiciones de precariedad, incomodidad y riesgo que necesitan atención urgente, propongo a ustedes que este Congreso del Estado de Sinaloa, a través de las comisiones unidas de Pesca, Trabajo y Previsión Social, Salud y Asistencia Social, y Desarrollo Económico establezcan una mesa de trabajo urgente con el gobierno estatal para organizar e implementar un programa de acciones urgentes para esas familias sinaloenses que incluya de manera prioritaria ayuda en materia de alimentos, empleo y medidas sanitarias y de salud”.