Realiza LXI Legislatura exhorto en torno a la situación de Oaxaca
De manera unánime, el Pleno de la LXI Legislatura aprobó el Punto de Acuerdo presentado por las y los Diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política, ante los hechos registrados en días pasados en Nochixtlán, Oaxaca, con motivo del enfrentamiento suscitado ente corporaciones policiales y civiles.
Con este Punto de Acuerdo se hace un llamado a los actores involucrados para que predomine el diálogo y la civilidad en la búsqueda conjunta de la solución más adecuada para todos, dirimiendo el conflicto a través de los cauces legales e institucionales que el Estado de Derecho prevé, en aras de mantener la armonía y la paz social entre las y los mexicanos de esa región del país.
El Punto de Acuerdo aprobado dice:
“PRIMERO. La LXI Legislatura hace un respetuoso llamado a los actores involucrados en los acontecimientos de Nochixtlán, Oaxaca, particularmente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, Gobierno del Estado de Oaxaca y demás autoridades competentes, para que predomine el diálogo y la civilidad en la búsqueda conjunta de la solución más adecuada para todos, dirimiendo el conflicto a través de los cauces legales e institucionales que nuestro Estado de Derecho prevé, en aras de mantener la armonía y la paz social entre las y los mexicanos de esta región de nuestro país.
SEGUNDO. La LXI Legislatura hace un respetuoso exhorto a la Procuraduría General de la República, Fiscalía General del Estado de Oaxaca, así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su calidad de organismo protector y defensor de los derechos humanos, para que se realice una pronto, exhaustiva, transparente e imparcial investigación sobre los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, fincando de manera precisa y convincente las responsabilidades de quienes estuvieron involucrados.
TERCERO. La LXI Legislatura exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Seguridad Pública y demás autoridades competentes del ámbito federal y estatal, para que se priorice en todo momento el pleno respeto a los derechos humanos y la integridad física de las personas ante cualquier decisión que pueda implicar el ejercicio de la fuerza pública, cuidando que esta sea excepcional y limitada, conforme a los protocolos o principios que diversos instrumentos internacionales y leyes de nuestro país prevén en esta materia.
CUARTO. La LXI Legislatura hace votos para que la mesa de diálogo instalada el día de ayer entre el Gobierno de la República e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación conlleve a la brevedad a la construcción de soluciones que permitan regresar la tranquilidad a las regiones del país afectadas por las movilizaciones sociales del caso”.
Por otra parte, se aprobó el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación sobre iniciativas que proponen reformar los artículos 17 y 18 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, las cuales fueron presentadas por la Diputada María del Rosario Sánchez Zatarain, y los Diputados Héctor Melesio Cuén Ojeda y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del grupo parlamentario del Partido Sinaloense, y otra del Diputado Martín Pérez Torres del Partido Acción Nacional, ambas en materia de reelección de Alcaldes, Regidores y Síndicos Procuradores.
La Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, en el dictamen presentado al Pleno, reconoce la igualdad de temas tratados en sus respectivas iniciativas, por lo que manifiesta que procede la citada reforma a la Ley de Gobierno Municipal en los artículos 17 y 18, párrafo primero de este último.
En consecuencia, con la reforma inserta, el artículo 17 queda así:
“ARTÍCULO 17. El Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidores de los Ayuntamientos, de elección popular directa, durarán en su cargo tres años y podrán ser electos consecutivamente para los mismos cargos para un periodo adicional. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Quienes por elección indirecta, por nombramiento o designación de parte de alguna autoridad, desempeñen las funciones propias de dichos cargos, independientemente de la denominación que se les dé, podrán ser electos para el periodo inmediato”.
En tanto, la reforma al Artículo 18 queda de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 18. Los Ayuntamientos iniciarán sus funciones el día primero de Noviembre del año de su elección, previa protesta que otorguen ante el Ayuntamiento saliente en sesión solemne que se celebrará el día anterior”.
Durante la sesión el Pleno conoció la iniciativa presentada por la Diputada Laura Galván Uzeta, y los Diputados Roque de Jesús Chávez López, César Fredy Montoya Sánchez, José Manuel Osuna Lizárraga y Francisco Solano Urías, integrantes de la LXI Legislatura, en la que proponen adicionar a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, a fin de establecer un estándar de seguridad en materia informática, redes de computadoras, bases de datos o cualquier otro medio de comunicación electrónica en la administración pública estatal, se plantea en una iniciativa de adición a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa.
Señalan los esfuerzos, tanto a nivel nacional como internacional, en materia de seguridad de la información de las instituciones públicas, entre ellos el Acuerdo que tiene por objeto emitir las políticas en materia de tecnologías de la información, así como establecer el Manuel Administrativo de Aplicación General en la materia; acuerdo que define como “seguridad de la información”, la capacidad de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, así como la autenticidad, confiabilidad, trazabilidad y no repudio de la misma”.
Los iniciadores plantean se adicione un artículo 19 Bis, al Capítulo I Disposiciones Generales, del Título Segundo “De la Administración Pública Estatal”, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, para quedar así:
“ARTÍCULO 19 Bis. Corresponde al Ejecutivo Estatal, a través de la Coordinación de Desarrollo Tecnológico, o en su caso la Dependencia o Entidad de la Administración Pública Estatal equivalente, el establecer un estándar de seguridad en los sistemas informáticos, redes de computadoras, bases de datos o cualquier otro medio de comunicación electrónica de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, así como los manuales respectivos.
El estándar de seguridad señalado en el párrafo anterior, deberá d estar alineado a las políticas y requisitos de organismos certificadores reconocidos por la legislación mexicana”.
Otra de las iniciativas que recibieron primera lectura, fue la presentada por los Diputados Ramón Lucas Lizárraga y Freddy Andrés Martínez Monterogüido, que propone la creación del municipio de Juan José Ríos con la finalidad de superar el rezago económico, social y político.
En el documento asientan que el gobierno municipal representa el instrumento más valioso para el impulso de políticas públicas de descentralización. “Un gobierno local propio, por estar más familiarizado con las exigencias y demandas de la población, tomará decisiones más informadas, más adecuadas y más efectivas para la gente”.
Revelan que existen estudios realizados por la Universidad Autónoma de Sinaloa, que arrojan positivamente la factibilidad de que Juan José Ríos se erija como el municipio número Diecinueve de Sinaloa; incluso asienta que posee un mayor potencial de ingresos propios que varios municipios sinaloenses. ”Esta región que busca convertirse en municipio, reúne todos los requisitos constitucionales y las condiciones más propicias para erigirse entre los municipios más sólidos y progresistas de Sinaloa”.
En el proyecto de decreto que crea el municipio de Juan José Ríos se lee:
“Artículo 1.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 43, fracción VII, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, se crea el Municipio de Juan José Ríos, constituido con el territorio jurisdiccional que actualmente tiene la sindicatura de Juan José Ríos y la localidad de El Cerro Cabezón perteneciente al municipio de Guasave, más la porción de la ciudad de Juan José Ríos y las localidades de la Piedrera, Caricitos, Bachoco II, Ejido Cerro Cabezón y Lázaro Cárdenas que actualmente pertenecen al municipio de Ahome, más las localidades de Agua de las Arenas y Tres Garantías que actualmente perteneces al municipio de El Fuerte, más la localidad de El Amapal que actualmente pertenece al municipio de Sinaloa.
Artículo 2.- La cabecera del Municipio será la Ciudad de Juan José Ríos.
Artículo 3.- El municipio de Juan José Ríos se dividiría política y administrativamente de la siguiente manera:
a).- Sindicatura Central: integrada por la Ciudad de Juan José Ríos, que será la cabecera de la sindicatura, las comisarías de Héroes Mexicanos, Ejido Campo 38, Poblado Campo 38 y Tres Garantías y las localidades de Agua de las Arenas, la Piedrera y El Amapal.
b).-Sindicatura de Bachoco: formada por las comisarías de El Cerro Cabezón, Bachoco II, Ejido Cerro Cabezón y Lázaro Cárdenas y las localidades de Carricitos y Bachoco, que será la cabecera de la sindicatura.
Artículo 4º.- El Municipio de Juan José Ríos iniciará funciones para todos los efectos leales correspondientes a partir del 1ode enero de 2019.
Artículo 5º.- A partir del primero de enero del año dos mil diecinueve todos los impuestos, productos, participaciones, derechos, aprovechamientos, regalías, cualquiera que fuera su origen y todas las percepciones propias del beneficio para el erario municipal, correspondiente a la jurisdicción del nuevo municipio, ingresarán a la Tesorería Municipal de Juan José Ríos.
De igual manera pasarán al Municipio de Juan José Ríos, en propiedad, todos los bienes, muebles e inmuebles, derechos, acciones, beneficios o cualquier otra clase de propiedades que se encuentren dentro de su territorio jurisdiccional que a la fecha pertenezcan a los Municipios de Guasave, Ahome, Sinaloa y El Fuerte, con todos sus beneficios y sus cargas, debiendo estar las obligaciones al corriente precisamente el día último de diciembre del año dos mil dieciocho”.
En los Artículos Transitorios, destacan el 2º y 3º, a saber:
“Artículo Segundo. Treinta día después de publicado el presente decreto el Congreso del Estado designará el Consejo Municipal que habrá de establecer las bases para la operación y funcionamiento del nuevo municipio.
Artículo Tercero. El primer ayuntamiento del Municipio de Juan José Ríos será electo en las elecciones ordinarias correspondientes al año 2018”.
En otro sentido, las y los Diputados conocieron la iniciativa presentada por el Diputado Miguel Ángel Camacho Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en la que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley de Acceso a la Información Pública, ambas del Estado de Sinaloa.
Con esta iniciativa plantea que todos los órganos internos de control de cada uno de los Poderes del Estado, llevarán el registro de la situación patrimonial y de declaración de intereses de los servidores públicos, ello, al reconocer que en la actualidad no existe a nivel estatal ni municipal que en el caso de los conflictos de interés no exista manifestación administrativa de su importancia ni relación alguna de taras o actividades para alcanzar los objetivos de la trasparencia en el servicio público, “de ahí que la percepción es que los Órganos Internos de Control no dan un seguimiento, en principio por no contar expresamente con esta facultad en ley y segundo, dada la omisión en la norma estatal sumado a la carga administrativa y los pocos recursos con los que cuentan no resultan una prioridad para ellos”.
Menciona que entre los propósitos de su iniciativa, está diseñar esquemas institucionales y normativos que busquen eliminar los conflictos de interés y, al mismo tiempo, crear una base de datos e información para tomar decisiones y prevenir estas prácticas en el servicio público estatal y municipal.
En esta sesión ordinaria, se le dio lectura al dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Hacienda Pública y Administración sobre iniciativa del Diputado Óscar Javier Valdez López, que propone expedir el Código Fiscal Municipal del Estado de Sinaloa.
Código Fiscal que asienta que las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos de los Municipios del Estado, conforme al mandato de la Carta Magna, la Constitución Política Local así como las leyes fiscales aplicables.
Define igualmente los ingresos de los municipios en dos rubros: ordinarios y extraordinarios, siendo los primeros aquellos que se perciben regularmente, incluyéndose en cada ejercicio fiscal en la Ley de Ingresos Municipal correspondiente, que expide el Congreso del Estado, tales como las contribuciones, que se clasifican en: impuestos y derechos; los productos y aprovechamientos; las participaciones a que tenga derecho a percibir el Municipio, derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y, los que provengan de indemnizaciones. En tanto que los ingresos extraordinarios son aquellos que se perciben sólo cuando circunstancias anormales colocan al Municipio frente a necesidades imprevistas que lo obligan a erogaciones extraordinarias como los empréstitos que se utilicen para sufragar los gastos extraordinarios del municipio y, los que sean decretados excepcionalmente.
Señala que corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los contribuyentes les proporcionarán la información necesaria dentro de los quince días siguientes a la fecha de su solicitud.
El documento tiene también por objeto crear instancias y mecanismos que permitan maximizar las potestades recaudatorias y fiscalizadoras de los Municipios, para lo cual se actualizará el marco jurídico fiscal referente a las potestades tributarias a fin de dar claridad y certeza jurídica los procedimientos realizados por las autoridades fiscales al momento de ejercerlas con el fin de garantizar el apego del Estado a las obligaciones que se derivan de lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 14 y 18.
El citado Código consta de Doscientos Trece Artículos Útiles y Siete Artículos Transitorios y se turnó a la Secretaría para su segunda lectura de Reglamento.
Posteriormente, se le dio lectura al documento remitido por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, referente a la declaratoria del juicio de procedencia en contra de la Diputada local Lucero Guadalupe Sánchez López, notificando al Pleno de la LXI Legislatura de lo acordado por los Legisladores Federales.
En Asuntos Generales, fue la Diputada Imelda Castro Castro, del Partido de la Revolución Democrática, quien en Tribuna fijó un posicionamiento sobre la construcción de una planta de amoníaco en el norte de la entidad, asegurando que existen una serie de irregularidades en torno a esa construcción.
Recordó que los pescadores integrados en trece cooperativas pesqueras, recibieron el amparo mediante el cual se ordena la detención de la construcción de la citada planta, luego de comprobarse que todos los trámites realizados fueron irregulares y fuera de la ley, lo que aquí reconoció el delegado de PROFEPA, Jorge Abel López Sánchez.
Además, habló de que de continuarse con esa construcción, se afectaría uno de los más grandes y protegidos humedales que tiene Sinaloa, por lo que solicitó mandatar a las Comisiones de Ecología y Desarrollo Económico investigar y rendar informe al Pleno en un plazo no mayor de 30 días.
Al abordar el mismo tema, el Diputado Roque de Jesús Chávez López, del Partido Revolucionario Institucional, dijo que el tema le incumbe de manera tripartida por ser residente de Ahome, por ser Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y, porque le preocupa el medio ambiente y la biodiversidad.
Señaló que la planta de amoniaco que se construye, es una prueba de las inversiones que genera el gas natural; los ambientalistas afirman que la obra se construye en área protegida, pero los inversores señala que está fuera de ella; afirmó que se realizan estudios para que el amoníaco no cause males, pese a que a nivel internacional hay opiniones de que no se use el amoniaco por ser nocivo, y sí se recomienda el uso de la urea, por lo que calificó el hecho como una consecuencia del desarrollo.
El tema se remitió a las Comisiones Unidas de Ecología y de Desarrollo Económico, para que investiguen y luego informen al Pleno.
En otro tema, la Diputada Sofía Yolanda Gámez Ruelas, del Partido Revolucionario Institucional, realizó un posicionamiento respecto a la necesidad de que no exista desabasto de agua en el municipio de El Fuerte, toda vez que se estaría poniendo en riesgo todo lo conseguido en materia de turismo.
Dijo que esa falta del vital líquido obedece a que la Junta de Agua Potable tiene un fuerte adeudo con la Comisión Federal de Electricidad, la que restringe el suministro del fluido eléctrico por lo que la Junta de Agua Potable no puede trabajar las plantas, por lo que llamó a las autoridades municipales a buscar el apoyo necesario para poder cubrir el adeudo y que esta situación no continúe.
Otro de los temas abordados en Tribuna, fue el de las familias desplazadas en la entidad por temas de violencia, sobre el que el Diputado Noé Quevedo Salazar, del Partido Sinaloense, dijo que por los diversos sucesos, Sinaloa es motivo de prensa nacional e internacional, por hechos sucedidos en Badiraguato y Rosario; la narcoviolencia se recrudeció en Sinaloa.
Reiteró que como parte de los hechos colaterales, se presentan los desplazados, y lo grave es que los tres niveles de gobierno no tengan protocolos para evitar esto y darles seguridad a los habitantes.
Demandó certidumbre de los tres niveles de gobierno para los pobladores que han dejado sus lugares de origen; pidió que el Secretario General de Gobierno rinda un informe real del número de desplazados para darles atención; que también intervenga el delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social, su símil estatal; así como el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y que sea la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos quien la promueva y luego rinda un informe al Pleno.
Al tocar el mismo tema, el Diputado Ramón Lucas Lizárraga lamentó que el número de desplazados vaya en aumento, como también los homicidios, que en el presente sexenio, ya superaron las cifras registradas durante el gobierno de Jesús Aguilar Padilla; habló de la intervención de las fuerzas militares y de la Marina, que hay coadyuvado al desplazamiento de sinaloenses serranos, como ya sucedió el año pasado, cuando buscaban a Joaquín Guzmán Loera, gente serrana que viajó a Cosalá o bien a esta ciudad capital.
Finalmente, se clausuró la sesión y se citó para el próximo martes 28 de junio a la hora de reglamento.