Conoce el Pleno dictamen para reformar la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa

El Pleno de la LXI Legislatura conoció el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, sobre iniciativas que proponen reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa.

De acuerdo al documento, los objetivos de estas reformas planteadas son el establecer como sanciones para conductores de vehículos que muestren síntomas de que conducen en estado de ebriedad o bajo el influjo de enervantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o toxicas: arresto administrativo inconmutable de 12 a 24 horas, sanción económica equivalente de 25 a 300 veces el salario mínimo general diario vigente en el Estado y suspensión de la licencia de conducir por seis meses o tres años, en caso de reincidencia por primera y segunda ocasión, respectivamente.

Asimismo, señala que cuando un conductor del transporte de pasajeros y/o escolar, por primera vez, conduzca en estado de embriaguez, con aliento alcohólico o bajo el influjo de alguna droga, la licencia de conducir se le suspenderá por tres meses, en tanto que cuando incurra por segunda ocasión la suspensión de la licencia deberá  ser der de seis meses, la cual, en estos casos, para poder que le sea otorgada de nueva cuenta, tendrá que acreditar haber recibido la rehabilitación correspondiente en algunos de los Centros de rehabilitación del Estado.

Pero también se deberá precisar en la propuesta de ley se establece  que “cuando se trate de una tercera vez, dicha persona deberá ser inhabilitado definitivamente para conducir un vehículo de prestación del servicio público de transporte de pasajeros y escolar”.

Además se estaría facultando a las autoridades de tránsito en coordinación con la Secretaría de Salud para implementar operativos en la vía pública que permitan detectar a conductores de vehículos en estado de ebriedad, con el objeto de disminuir el número de accidentes ocurridos en el estado y con ello reducir el índice de fallecimientos y de lesiones provocados por conducir bajo la influencia del alcohol u otras sustancias  de efectos similares.

Se asienta en el dictamen que el consumo de alcohol es un factor de riesgo de alta complejidad para la salud y con consecuencias negativas sobre el individuo, la familia, la economía y la sociedad en general y que, dentro de los principales factores de riesgo que influyen para que se presente un accidente de tránsito y que pueden determinar la severidad de los daños, se encuentra la presencia de alcohol y otros tipos de drogas.

Por otra parte, se le dio primera lectura a la iniciativa presentada por el Diputado César Fredy Montoya Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, que propone adicionar una fracción al artículo 102 y el artículo 102 Bis a la Ley Orgánica del Congreso del Estado.

Lo anterior, con el objetivo de que se dé la creación de una Subdirección de Impacto Legislativo, adscrita al Instituto de Investigaciones Legislativas, y que tendrá entre sus funciones el análisis de factibilidad hacendaria, financiera, presupuestal y de planeación y programación de las iniciativas presentadas, para que den elementos de juicio para el debate parlamentario.

La propuesta quedaría de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 102. El Congreso del Estado contará con un Instituto de Investigaciones Parlamentarias, como órgano técnico-académico, de apoyo jurídico, legislativo, de investigación y análisis, cuyas funciones principales serán.

I a IX…

1. Proporcionar los servicios de evaluación e impacto legislativo que comprende los análisis, evaluación por etapas de impacto y seguimiento en la aplicación de las leyes vigentes, a las reformas aprobadas y las nuevas que se vayan incorporando en el sistema normativo estatal.”

“ARTÍCULO 102 BIS. El Instituto de Investigaciones Parlamentarias, para el mejor desempeño de sus atribuciones evaluativas, será apoyado por la Subdirección de Evaluación de Impacto Legislativo, la cual tendrá las siguientes funciones:

1. Evaluar, estimar y analizar las necesidades de gasto e inversión públicos que impliquen las propuestas legislativas
2. Identificar y analizar las fuentes de ingreso y financiamiento que muestren la viabilidad de las iniciativas y acuerdos legislativos.

• Explorar las previsiones de ingreso y gasto público y la estructura programática de la hacienda pública para coadyuvar a la programación presupuestal de las propuestas e iniciativas legislativas.

1. Elaborar análisis de evaluación prospectiva y programación presupuestal, entre otras funciones.

Otra de las iniciativas que recibió trámite, fue la presentada por la Diputada Laura Galván Uzeta, y los Diputados César Fredy Montoya Sánchez, Roque de Jesús Chávez López, José Manuel Osuna Lizárraga y Francisco Solano Urías, quienes proponen reformar los artículos 13, 14 y 65, y adicionar el artículo 65 Bis, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, esto a fin de otorgarle atribuciones a esta dependencia, para capacitar, desarrollar, implementar, adoptar y en su caso certificar mecanismos de competencia laboral en materia de seguridad informática y prevención de delitos informáticos e implementar un estándar de seguridad informática para las instituciones de seguridad y procuración de justicia en el estado.

De acuerdo al documento, “resulta de trascendental importancia propone la creación de la agencia del ministerio público especializada en delitos informáticos para la investigación de la comisión de delitos informáticos, así como aquellos en los que se utilice como medio de comisión de mismos los equipos de cómputo, redes de computadores, sistemas informáticos, bases de datos, programas o aplicaciones informáticas, o cualquier otro medio electrónicos, contemplados en la legislación penal del estado.”

Proponen adicionar los incisos g), h) i), recorriéndose los subsecuentes de la fracción I, y los incisos i) y j) recorriéndose los subsecuentes de la fracción III del artículo 13; la adición de la fracción d) al artículo 14; la reforma a la fracción VI del artículo 65 y la adición del artículo 65 Bis a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa.

“Artículo 13. . .

1. . .
2. al f). . .
3. g) Capacitar, desarrollar, implementar, adoptar y en su caso certificar mecanismos de competencia laboral en materia de seguridad informática y prevención de delitos informáticos;
4. h) Implementar la certificación de capacidades laborales en materia de seguridad informática de los peritos que coadyuven en la investigación de los delitos informáticos;
5. i) Establecer el estándar de seguridad informática, alineado a las políticas y requisitos de organismos certificadores reconocidos por la legislación mexicana, para las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia en el estado y en su caso los municipios; y
6. j) Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables, la presente Ley y su Reglamento.
7. . .
8. al h)

III. . .

1. Desarrollar y promover la realización de acciones de prevención de delitos informáticos e involucrar en las mismas a las instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil y a la iniciativa privada en el Estado; y
2. J) Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables, la presente Ley y su Reglamento

Artículo 14. . .

I…

1. a c). . .
2. d) Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Informáticos, entre otras propuestas.

En esta sesión ordinaria, las y los Diputados conocieron la iniciativa presentada por el Diputado Mauricio López Ruiz, que propone adicionar diversas disposiciones a la Ley de Planeación; a la Ley de Gobierno Municipal y a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, para que integren a sus organigramas un área de planeación de la gestión pública, procurando que los organismos públicos referidos se comprometan para conseguir que los resultados a obtener alcancen el mayor nivel de eficiencia y eficacia, y que sean congruentes con los propósitos públicos.

En su iniciativa, señala que desde la óptica de gobierno, la gestión pública es la responsable de formular los planes y las políticas que se relacionan con los capítulos más importantes de la vida productiva. La fase de  formulación exige pericia, criterio y capacidades para ordenas los cursos de acción que se consideran como factibles para estimular el desarrollo de las fuerzas productivas. Implica también clar8idad de valores, objetivos y metas para definir los medios idóneos que han de permitir el cumplimiento de las políticas de acuerdo a las ofertas de gobierno.

Ante ello propone la adición de un capítulo Cuarto denominado “De la Planeación de la Gestión Institucional”,  a la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa  y que incluye del artículo 35-A al 35-F:

“Artículo 35-A. los Poderes públicos, ayuntamientos y organismos públicos descentralizados y constitucionales autónomos, programarán sus actividades institucionales en un Plan General el cual contendrá  las proyecciones de corto, mediano y largo plazo y sus  prevenciones; así como las estrategias y acciones para el mejoramiento del desempeño de las funciones públicas.

Artículo  35-B. La evaluación de la eficacia y eficiencia de los órganos, organismos y entidades de gobierno, que refiere el artículo anterior, se hará con base en las matrices de indicadores de desempeño incorporados al Plan General mencionado.

Artículo 35-C. Los planes generales constituyen información fundamental por lo que su divulgación deberá realizarse en los términos de la Ley de Transparencia e Información Pública Estatal, entre otros.

La adición de la fracción XXII al artículo 38, recorriéndose la subsecuente a la Ley de Gobierno Municipal dice:

“Artículo 38…

I a XXI. . .

XXII. Elaborar y cometer para su aprobación el Plan General que refiere el Capítulo Cuarto Bis de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa.

XXIII. Las demás que establezcan esta Ley u otras disposiciones legales.”

Por lo que hace a la adición de la fracción XV al artículo 58, recorriéndose la fracción subsecuente a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, quedaría así:

“Artículo 58. . .

I a XIV. . .

1. Aprobar y someter para su aprobación por el Pleno el Plan General que refiere el Capítulo Cuarto Bis de la ley de Planeación para el Estado de Sinaloa; y

XVI. Las demás que se deriven de esta Ley y de sus ordenamientos relativos”.

En Asuntos Generales, la Diputada María del Rosario Sánchez Zatarain, del Partido Sinaloense, fijó en Tribuna un posicionamiento sobre la educación en Sinaloa, señalando que los estándares de educación en la entidad están por debajo de la media nacional, además de que existe gran rezago en cuanto a la infraestructura se refiere, por lo que se pronunció en contra de que los recortes presupuestales afecten al renglón educativo.

Asimismo, invitó al Pleno a buscar una mejor reforma educativa, porque vale la pena, manifestar la voluntad política en lugar de la intolerancia y que trae como consecuencia el atraso educativo en la niñez sinaloense.

Por otra parte, el Diputado Robespierre Lizárraga Otero, del Partido Sinaloense, hizo uso de la Tribuna para hablar sobre proceso legislativo, destacando que ante el poco tiempo que le queda a la LXI Legislatura, aún se pueden sacar reformas de todo tipo que la sociedad demanda: derogaciones de leyes, otras de seguridad, salud, medio ambiente, deporte, entre otros temas.

Solicitó a la Mesa Directiva se rinda informe de temas que pudieran sacarse adelante y que aún es tiempo de hacerlo, antes de que  termine la legislatura, aceptó que al interior de la Junta de Coordinación Política, ya hay avances para ello; que tanto Mesa Directiva como Junta de Coordinación, implementen un plan emergente que permita sacar el mayor número de iniciativas para darle respuesta a las demandas y necesidades que la sociedad tiene, y destacó cuatro temas: reformas a la Ley Orgánica del Congreso, el Instituto de Estudio, Prevención y Tratamiento contra la Violencia Escolar, la expedición de la Ley Indígena, y crear el Instituto de Evaluación de la Educación en Sinaloa.

Sobre el mismo tema, el Diputado Jesús Enrique Hernández Chávez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, aseguró que ya se realiza “un análisis con mucho cuidado y responsabilidad de los temas e iniciativas que se pueden desahogar antes de terminar el periodo ordinario de sesiones”, y de ser necesario contemplar algunos que pudieran ser tratados en sesiones o periodos extraordinarios, será en los próximos días cuando se haga un planteamiento al interior de JUCOPO con una relación de temas que se pretenden discutir.

Reiteró que en un corto plazo se tendría esta agenda para trabajar, y “se trata de temas que están dentro de la agenda legislativa del periodo que fue presentada al inicio del mismo”.

Dijo que está por terminarse un informe que consigna el trabajo realizado por el Pleno a lo largo de toda la legislatura, por lo que llamó a las y los Diputados a aprovechar al máximo el tiempo que les queda y concluir la etapa de trabajo con consenso y entregar las mejores cuentas posibles al concluir la legislatura.

Otro tema abordado en Tribuna fue el del sector salud, en donde la Diputada Imelda Castro Castro, del Partido de la Revolución Democrática, dijo que los trabajadores de la salud rechazan la universalización, al prever la inviabilidad del planteamiento ciertamente del primer mundo porque facilitaría la atención en cualquiera de los institutos de salud pública disponibles, pero considerando que ya es difícil recibir atención aceptable en la institución que corresponde al derechohabiente, peor será cuando acuda a otros, por más que la propaganda oficial se esmere en promover supuestas bondades.

Sin embargo, de la propia comunidad médica es la advertencia que el Acuerdo Nacional Hacia la Universalización de los Servicios de Salud, sólo es parte de la justificación para avanzar en la privatización de los servicios de salud públicos, promovida a través del “Programa para el Impulso de Asociaciones Público-Privadas en Estados Mexicanos por parte del Banco Interamericano de Desarrollo textualmente “crear las condiciones jurídicas, institucionales y técnicas necesarias para el desarrollo de proyectos de Asociación Público-Privada de carácter estatal y a través del cual ya se han realizado mediante la figura de Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) los Hospitales Regionales de Alta Especialidad del Bajío y de Cd. Victoria.

De acuerdo con los trabajadores, se trata de una intención privatizadora, iniciada con la subrogación de los servicios médicos como la que se produce en pacientes que sufren enfermedades a largo plazo y que necesitan un tratamiento rutinario como la diálisis o hemodiálisis, que no sólo creció en un 22 por ciento de 2008 al 2014 , sino que además produjo hace dos años la intención del Instituto Mexicano del Seguro Social de encauzar a 16 mil pacientes diabéticos en el país hacia empresas médicas privadas.

Al tocar el mismo tema, el Diputado Víctor Manuel  Díaz Simental  señaló que el problema de salud no es privativo de Sinaloa, y en  cambio es nacional e internacional, y que ello lo refleja la OCDE; que en esta LXI  Legislatura, se trabaja para ello, que lo fundamental es trabajar en bien de la salud, que hay altos índices de diabetes y otras enfermedades y que terminarán en padecimientos que los llevarán a la muerte; por lo que dijo que los esquemas de salud no pueden ir solo que con la construcción de uno o diez grandes hospitales se resolverá el problema de salud.

Finalmente, se citó a sesión pública para el próximo jueves 30 de Junio a la hora de Reglamento.