Ir a Contenido Principal

LXI Legislatura reduce costos en el acceso a la información pública de Sinaloa

  • Congreso del Estado de Sinaloa
  • Noviembre 19, 2015

Las y los Diputados integrantes de la LXI Legislatura, aprobaron por unanimidad el dictamen con el que se reforman la Ley de Hacienda, y de Hacienda Municipal, ambas del Estado de Sinaloa, que tienen entre sus objetivos principales facilitar el acceso a la información pública con la disminución de los costos de las impresiones, fotocopias y grabado de discos.

De acuerdo a un documento dado a conocer al Pleno en Tribuna por el Diputado Oscar Javier Valdez López, Presidente de la Comisión de Hacienda Pública y Administración, se asienta la propuesta en el artículo 78 BIS-3 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa para quedar así:

“Por hoja impresa, después de las primeras veinte copias que serán gratuitas, en sistemas de copiado en proceso fotomecánico o impresión en hoja de tira continua”.

En el inciso b).- del numeral 1 del artículo 78 BIS-3 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, la Comisión propuso el siguiente texto:

“Por hoja impresa, después de las primeras veinte copias que serán gratuitas, en impresora láser o inyección de tinta”.

Por lo que hace a la reforma a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, la reforma al inciso a) del numeral 1 del artículo 90-D, la Comisión propuso el siguiente texto:

“Por hoja impresa, después de las primeras veinte copias que serán gratuitas, en sistema de copiado en proceso fotomecánico o impresión en hoja de tira continua”.

Igualmente, en el inciso b).- del numeral 1 del artículo 90-D del mismo ordenamiento, propuso:

“Por hoja impresa, después de las primeras veinte copias que serán gratuitas, en impresora láser o inyección de tinta”.

Al hablar a favor del dictamen, la Diputada Sandra Yudith Lara Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, señaló que “con la aprobación que se dio en la nueva Ley General de Transparencia, son muchas las disposiciones que habremos de armonizar en nuestro marco legal, para cumplir con el plazo de un año y que concluye en mayo; muchos paneles, conferencias que la Comisión de Transparencia y junto con la de  Puntos Constitucionales, y ahora la de Hacienda nos presenta esta que puede ser una micro reforma, que es importante, porque en gran parte el problema que hay en Sinaloa por la disposición, vigente actual,  por el cobro desproporcionando por los documentos solicitados, inhibe que la sociedad ejerza ese derecho”.

Destacó la importancia de las reformas porque retoma lo señalado en la Ley General de Transparencia, que toda información que se solicita, las primeras 20 copias serán gratuita, es fundamental por ser parte de lo señalado en la Ley General de Transparencia para el ciudadano, además del costo hecho por copias simples o discos, reduce el costo en 90 por ciento, con lo cual “vamos a permitir que la sociedad civil, medios de información y nosotros mismos que hacemos uso de herramientas a la información, tendremos mayor accesibilidad para obtener esa información”.

Durante esta sesión ordinaria, el Pleno conoció en primera lectura la iniciativa presentada por la Presidenta Municipal de Salvador Alvarado, Liliana Angélica Cárdenas Valenzuela, que propone reformar y adicionar transitorios al decreto número 212 que expidió esta legislatura, con el que se reforma y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa.

Lo anterior, con el objetivo de que las juntas de agua potable de los 18 municipios, puedan condonar hasta el 100 por ciento en los conceptos de multas y recargos durante los ejercicios fiscales 2015 y 2016, de acuerdo al documento, este señala que “Para los ejercicios fiscales siguientes, las Juntas de Agua Potable y alcantarillado de los municipios del Estado de Sinaloa, deberán apegarse a lo señalado en el artículo 51 BIS de esta ley”.

El citado precepto señala:

“ARTÍCULO 51 BIS. Las Juntas de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios del Estado de Sinaloa, podrán realizar la condonación de multas y recargos de carácter general en un ejercicio fiscal, hasta el 100% cuando se conceda en un periodo de treinta días y del 50% por los siguientes treinta días.

En casos particulares, podrán condonar multas y recargos hasta el 50% cuando se compruebe que la falta de pago se motivó por penuria económica de los contribuyentes”.

Otro de los documentos al que se le dio primera lectura, fue el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, sobre iniciativa que propone adicionar la sección II TER a la Constitución Política del Estado de Sinaloa, para crear el Consejo Estatal de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, como resultado de las iniciativas presentadas por el Partido Sinaloense y los integrantes de la Mesa Compromisos por Sinaloa.

De acuerdo al documento, “del análisis conjunto realizado a las iniciativas en dictamen se advierte coincidencia en cuanto al planteamiento de una reforma constitucional por la cual se establezca la creación de un consejo Estatal para la Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social que se encargue de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en la materia”.

En el dictamen se asienta que el Presidente y los Consejeros del Consejo Estatal de Evaluación de la Política de Desarrollo Social durarán en el encargo cinco años, podrán ser nuevamente nombrados para un periodo igual, y solo podrán ser removidos de sus funciones en los términos señalados en la Constitución Local, entre otros objetivos.

Por otra parte, se le dio primera lectura a las iniciativas que proponen expedir el decreto que establece los valores unitarios del suelo de las construcciones de los municipios de Choix, Salvador Alvarado, Badiraguato y San Ignacio para el año 2016.

En Asuntos Generales, el Diputado Héctor Melesio Cuén Ojeda, del Partido Sinaloense, hizo uso de la Tribuna para hablar sobre la importancia de que el Estado implemente estrategias para reducir los riesgos en caso de sismos, se pronunció porque el Atlas  Educativo, publicado por el INEGI, sea tomado en cuenta para las acciones a implementar y citó que del total de escuelas del tipo básico, solo 13.2 por ciento tiene señales de protección civil, 17.12 por ciento tiene rutas de evacuación, 25.49 por ciento cuenta con salidas de emergencia y 19.09 por ciento, tiene zonas de seguridad; “lo que ahora falta, reiteró, para que haya una prevención, una verdadera protección civil, es tomar cartas en el asunto, de lo contrario, cuando pasan las cosas nos lamentamos”.

Posteriormente, el Diputado José Felipe Garzón López, del Partido Revolucionario Institucional, destacó el trabajo que realiza de manera integral el DIF y dijo que “hoy más que nunca la familia debe de ser nuestro espacio de formación y de bienestar, ya que es a hi donde aprendemos los valores fundamentales que debemos rescatar e inculcar a nuestros hijos, para que en un futuro sean mejores hombres y mujeres de bien para nuestro país”.

Recordó que recientemente se otorgó a este ente, el Primer Lugar Nacional en programas alimentarios de acuerdo a una evaluación que hace el Sistema DIF Nacional a las 32 entidades federativas y que al inicio de la actual administración presidida por la señora Alma Sofía Carlón, esta institución se ubicaba en la posición 23 a nivel nacional en programas de alimentación.

Mientras que el Diputado Jesús Burgos Pinto, del Partido Revolucionario Institucional fijó un posicionamiento sobre una iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda Municipal que presentó, con la cual busca que hermanas y hermanos que reciban un bien inmueble como herencia, legado o donación, dejen de ser excluidos de una tasa fija no mayor a los 25 salarios mínimos al momento de pagar el impuesto sobre adquisición.

Agregó que en su iniciativa plantea que los 30 días naturales que tiene de plazo quien recibe un bien inmueble por herencia o donación para pagar el impuesto por adquisición, sea a partir de la protocolización de la escritura y no, como es actualmente, cuando se realiza la adjudicación por el juez que resolvió el juicio sucesorio.

Dijo que la Ley de Hacienda Municipal, en su capítulo relativo a la adquisición de inmuebles, contempla la obligación de las personas físicas o morales que adquieran inmuebles a pagar el impuesto relativo a esa adquisición y dispone, en su artículo 48, que esa tributación se calculará aplicando una tasa del dos por ciento sobre la base gravable, aunque ese mismo artículo contempla excepciones para el cálculo del citado impuesto, cuando el bien inmueble sea adquirido por herencia o legados, por el cónyuge supérstite o por los ascendientes o descendientes en línea recta, o cuando se adquiera por donación entre cónyuges, ascendientes o descendientes en línea recta, a ellos se les aplicará la misma tasa pero sin que el monto del impuesto a pagar pueda exceder de una cuota fija de 25 días de salario mínimo.

Antes de clausurar los trabajos, el Diputado Francisco Solano Urías, Presidente de la Mesa Directiva, anunció que el expediente remitido a esta Soberanía por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en relación a la destitución del tesorero municipal, y que se remite a este Congreso para que respecto del presidente municipal ,ambos de Culiacán, proceda conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, “una vez valorado el expediente, esta Presidencia considera que para dar inicio al proceso correspondiente, el expediente se remitió a la Comisión Instructora para que emita lo que proceda”.

Finalmente se citó para el próximo martes 24 a la hora de Reglamento.