Aprueban Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado de Sinaloa
Las y los Diputados integrantes de la LXI Legislatura, aprobaron de manera unánime, el dictamen sobre Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado de Sinaloa, misma que tiene como objetivo regular la administración de los bienes asegurados, decomisados o abandonados, en los procedimientos penales, de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales; la administración de este tipo de bienes estará a cargo de la Dirección General de bienes Asegurados, Control y Manejo de Evidencias de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
El documento elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de Justicia, precisa que los bienes abandonados o decomisados, así como los que se han declarado la extinción de dominio, pasarán a ser propiedad del Estado en los términos de esta ley.
La Comisión para la Supervisión de la Administración de bienes asegurados, decomisados o abandonados será integrada por el Procurador de Justicia, el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Secretario General de Gobierno, Secretario de Salud, Secretario de Administración y Finanzas y, el titular de la Dirección General, quien será el secretario técnico y tendrá voz pero no voto, y deberán de sesionar ordinariamente cuando menos cada cuatro meses y extraordinariamente cuando se requiera. Sus reuniones serán válidas con la presencia de tres de sus integrantes con derecho a voz, entre los cuales deberá estar el Presidente o su suplente.
La administración de los bienes asegurados, decomisados o abandonados, comprende su recepción, registro, custodia, conservación, supervisión, y en su caso, entrega; la Dirección General administrará directamente los bienes objetos de esta ley, para lo cual nombrará depositarios, interventores o administradores de los mismos.
Esta nueva Ley consta de Ocho Capítulos que engloban Veintiocho Artículos Naturales así como Cuatro Artículos Transitorios.
Previa a ser sometida a votación, la Diputada Renata Cota Álvarez, Presidenta de la Comisión de Justicia, dijo que esta nueva ley se encuadra dentro del sistema de Justicia Penal en Sinaloa y que constituye una herramienta más que se pone a disposición de las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia como parte vital para su adecuado funcionamiento.
“Ley que consiste en instituciones claras y herramientas efectivas para que todos los bienes que se encuentren asegurados con motivo de un procedimiento penal sean debidamente conservados sin que sufran detrimento o menoscabo de su utilidad o valor, y en su caso, se establecen medidas resarcitorias de algún daño sufrido.
Se crea una comisión para la supervisión de la administración de bienes asegurados, decomisados y abandonados que dará cuenta del control de bienes, su enajenación y la aplicación del producto o destino final, buscando con ello, que sea una realidad que la reparación del daño a la víctima sea efectiva”.
Por otra parte, el Pleno les tomó protesta a Ricardo Castaños Hernández, Gloria del Carmen Morgan Navarrete, y Gustavo Quintero Espinoza, magistrados suplentes del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, y cubrirán las vacantes que dejan los Magistrados Suplentes Gloria María Zazueta Tirado, Miguel Pérez Lizárraga y María Gabriela Sánchez García.
Durante la sesión, se conoció el oficio del Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, con relación a los puntos de la sentencia recaída en el cuadernillo auxiliar número 148/2015, mediante el cual se ordena la destitución del Tesorero Municipal de Culiacán y que se remita a este Congreso del Estado para que respecto del Presidente Municipal, Sergio Torres Félix, proceda conforme la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. Una vez conocido, se procederá a su análisis para los efectos correspondientes que competen al Congreso del Estado.
Posteriormente, se le dio primera lectura a las iniciativas que proponen expedir el decreto que establece los valores unitarios del suelo de las construcciones de los municipios de Cosalá, Concordia y Rosario, para el año 2016.
Asimismo, se le dio trámite a la iniciativa presentada por le Diputada Imelda Castro Castro, del Partido de la Revolución Democrática, que propone reformar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado y Adicionar Diversas Disposiciones de la Ley de Salud del Estado, ambas en relación al aborto.
La Diputada propone que se reforme el artículo 156 del Código Penal que señala: “Aborto forzado es la interrupción del embarazo, en cualquier momento, sin el consentimiento de la mujer embarazada”.
Para efectos de este artículo, al que hiciera abortar a una mujer por cualquier medio sin su consentimiento, se le impondrá de cinco a ocho años de prisión. Si mediare violencia física o moral, se impondrá de ocho a diez años de prisión.
En lo referente al aborto forzado, en el artículo 157 propone: “si el aborto o aborto forzado lo causa un médico, cirujano, enfermero, comadrón o partera, después de las doce semanas de embarazo, además de las sanciones que le correspondan conforme al artículo anterior, se le suspenderá de dos a cinco años en el ejercicio de su profesión.
Por lo que también establece cuándo no se aplicarán sanciones:
Cuando el embarazo sea resultado de una violación; cuando de no provocarse el aborto, la mujer corra peligro de muerte; cuando el embarazo sea producto de una inseminación artificial no consentida; cuando la salud física o mental de la mujer pueda verse afectada si continúa el embarazo; cuando se produzca de manera imprudencial; cuando se diagnostique que el producto de la gestación presenta anomalías genéticas o congénitas, que puedan dar como resultado daños físicos o mentales o que puedan poner en riesgo la supervivencia del mismo.
Además, cuando la mujer embarazada sea portadora o contagiada de VIH-Sida; cuando el aborto obedezca a causas económicas justificadas; cuando la mujer sea víctima de lenocinio o trata de personas; cuando en el caso de gestación subrogada se incumplan condiciones de subrogación onerosa, prevista en el artículo 284 del Código Familiar del Estado de Sinaloa y, cuando la mujer considere que el embarazo afecte sus proyecto de vida.
Por lo que hace a las reformas a la Ley de Salud señala que los servicios que se presten en materia de salud sexual y reproductiva serán prioritarios. La Secretaría promoverá y aplicará permanentemente y de manera intensiva, políticas y programas integrales tendientes a la educación y capacitación sobre salud sexual, derechos reproductivos, así como a la maternidad y paternidad responsable; los servicios de salud sexual y reproductiva tendrán como propósito reducir el índice de interrupciones de embarazos, mediante la prevención de aquellos no planeados y no deseados, así como disminuir el riesgo reproductivo, evitar la propagación de infecciones de transmisión sexual y coadyuvar al pleno ejercicio de los derechos reproductivos con una visión de género, de respeto a la diversidad sexual y de conformidad a las características particulares de los diversos grupos poblacionales, especialmente para niñas y niños, adolescentes y jóvenes.
Se pronuncia también porque la Secretaría de Salud, contará con un equipo de asesoría médica y social que ofrecerá de manera permanente y gratuita información, difusión y orientación en la materia y suministrará de forma constante de todos aquellos métodos anticonceptivos cuya eficacia y seguridad estén acreditadas científicamente, entre otras propuestas.
Otra de las iniciativas que recibieron primera lectura, fue la presentada por el Diputado Víctor Manuel Díaz Simental, del Partido Revolucionario Institucional, en la que propone la expedición de la Ley de Cardioprotección del Estado de Sinaloa, misma que pretende establecer y regular un sistema integral para la atención de eventos por muerte súbita que se presenten en espacios públicos y privados para reducir la tasa de mortalidad por enfermedades isquémica del corazón.
La iniciativa define que las áreas cardioprotegidas son “aquellos inmuebles o eventos públicos y privados en donde se concentre un alto flujo de personas, mismos en los que se deberán instalar desfibriladores automáticos externos, conforme a los parámetros establecidos: un desfibrilador si el inmueble o evento cuenta con un flujo de entre mil a 5 mil usuarios; dos desfibriladores, si el flujo es entre 5 mil uno a 10 mil usuarios; tres, si la afluencia es entre 10 mil uno y 15 mil usuarios, hasta llegar a los veinte desfibriladores, si el inmueble o evento cuanta con un flujo de 45 mil un usuario en adelante.
Además, menciona que el uso y mantenimiento que se le dé a ese equipo, serán por medio de personal reconocido por la Secretaría de Salud, entre otros aspectos.
La citada iniciativa consta de Cuatro Capítulos que engloban Dieciséis Naturales y Dos Artículos Transitorios, y se turnó a la Secretaría para la segunda lectura de Reglamento.
El Pleno conoció la iniciativa presentada por la Diputada Yudit del Rincón Castro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para que se reformen diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, para que se formule anualmente el proyecto de presupuesto de egresos del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, debiendo tomar en consideración la perspectiva de género y que dentro de la función de las atribuciones del Consejo de la Judicatura, del mismo Poder, se incorpore la perspectiva de género, de forma transversal y equitativa en el desempeño de sus atribuciones, programas y acciones, con el objeto de garantizar a las mujeres y hombres, el ejercicio y goce de sus derechos humanos, en igualdad de condiciones y velará porque los órganos a su cargo así lo hagan.
En otro orden, se conoció la iniciativa de la Diputada Claudia Liliana Valdez Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que pretende la reforma de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa en su artículo 245, para que se incluya dentro de los beneficios, a las personas con discapacidad que asistan a estudiar a cualquier escuela pública de educación especial.
Además de otorgar al estudiantado el 50 por ciento de la tarifa autorizada en el transporte urbano, suburbano y foráneo los días hábiles de lunes a viernes, además de los días sábados en que deban asistir a los planteles educativos durante el ciclo escolar. Descuento se hará previa identificación con credencial vigente expedida por la institución educativa pública correspondiente además de la tarjeta inteligente de identidad estudiantil.
Por otra parte, se le dio primera lectura al dictamen sobre iniciativas presentadas por la Asociación de Periodistas 7 de Junio, el Frente Cívico Sinaloense, e Iniciativa Sinaloa, así como la de los integrantes de la Mesa de Trabajo “Compromisos por Sinaloa”, para reformas la Ley de Hacienda y la ley de Hacienda Municipal, ambas del Estado de Sinaloa, mismas que tienen el objetivo común de reducir el costo de las tarifas del pago de derechos por reproducción de documentos que contienen información pública, con el propósito de que haya un mayor acceso a este derecho.
En Asuntos Generales, la Diputada Imelda Castro Castro, del Partido de la Revolución Democrática, fijó un posicionamiento sobre el convenio entre el Estado y los municipios, para el cobro del impuesto predial urbano, en el que señaló que a más de un año de que se haya tomado la medida, no existe certeza sobre si funciona o no, “no sabemos qué ha pasado. Si la propuesta cumplió o no con lo prometido”.
Recordó que se pretendía disminuir el rezago en materia de cobranza, así como captar más ingresos de la Federación a través del fortalecimiento de los ingresos propios de los municipios y del Estado, particularmente del cobro del predial urbano; también hizo referencia a la seria de beneficios que traería incrementar los ingresos por este rubro, al otorgarle la Federación un ingreso adicional en función de lo recaudado y de acuerdo a metas establecidas.
Dijo que por su trascendencia, para el Congreso y para el pueblo sinaloense, es necesario saber si dicho esquema ha funcionado o no, por lo que presentó un Punto de Acuerdo para que la Junta de coordinación Política, tenga a bien acordar una invitación al secretario de Administración y Finanzas, para que informe a esta Soberanía de los resultados del esquema de los convenios estado-municipios en materia de cobro de impuesto predial, ello con el objetivo de tener mayores elementos al momento de analizar las iniciativas de los ayuntamientos, tanto en materia de valores catastrales, como en lo referente a las leyes de ingresos, al implicar en ambos casos un incremento del impuesto predial.
Su propuesta se turnó a la citada Junta de Coordinación Política para su valoración.
En otro tema, el Diputado Ramón Lucas Lizárraga, pidió que con motivo del Quinto Informe del Gobierno del Estado, se realicen las comparecencias de los secretarios de la administración estatal porque con ello se despejarán muchas interrogantes sobre los índices de pobreza, desempleo, falta de vivienda y otros rubros.
“Lo ideal sería debatirlo con el titular del Poder Ejecutivo, pero la Constitución mandata otra cosa y no ha existido la voluntad política suficiente para avanzar hacia un nuevo formato que incluya un verdadero diálogo de poderes en Sinaloa, como ya lo hemos tenido hace pocos años y que existe una iniciativa al respecto”.
Sobre este tema, el Diputado Jesús Enrique Hernández Chávez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, hizo saber que ya se elabora una agenda sobre los funcionarios que habrán de concurrir al Palacio Legislativo para participar en la citada glosa, lo que se hará saber en su oportunidad cuándo y quién será el primer funcionario que comparezca.
Por otra parte, la Diputada María del Rosario Sánchez Zatarain, del Partido Sinaloense, habló sobre los avances alcanzados en materia indígena con la reforma constitucional recién aprobada por la LXI Legislatura, y solicitó que se dictaminen las iniciativas que hay en la materia que ya han sido del conocimiento del Pleno, algunas de ellas, con más de diez años de haberse presentado y haber sido ratificadas en su oportunidad.
Al respecto, la Diputada Nubia Xiclali Ramos Carbajal, Presidenta de la Comisión de Comunidades y Asuntos Indígenas, mencionó que aún falta por hacer, si bien se aprobó la reforma constitucional en materia indígena, la Comisión se ha reunido para elaborar un dictamen “con una criba de seis iniciativas que hay y que ninguna se contrapone y sí todas tienen el mismo fin, fortalecer a las familias indígenas de Sinaloa”, por lo que pronto se verá el dictamen.
Finalmente, se citó a sesión pública ordinaria para el próximo jueves 19 de noviembre a la hora de Reglamento.