Aprueban proyecto presupuestal para el Poder Legislativo en 2016
El Pleno de la LXI Legislatura aprobó el proyecto de Presupuesto Operativo Anual que presentó la Junta de Coordinación Política para el año 2016, el cual ascenderá a 390 millones 459 mil 520 pesos, de estos recursos 292 millones 453 mil 155 pesos se destinarán al funcionamiento del Congreso y 91 millones 158 mil 660 pesos a la Auditoría Superior del estado, mientras que 6 millones 547 mil 705 pesos, para jubilados y pensionados.
El citado proyecto presupuestal está apegado a lo establecido por la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público dado que consideró y agotó las fases de planeación, programación y presupuestación que establece la ley, al establecer en el Plan de Desarrollo Institucional a las acciones estratégicas y objetivos para determinar los programas de trabajo necesarios para su cumplimiento, además de que satisface los criterios de austeridad, disciplina y racionalidad, cuyo cumplimiento en el ejercicio del gasto será vigilado por la Contraloría Interna y por la propia Junta de Coordinación Política..
Entre las obras y actividades consideradas en el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2016 se encuentran: previsión de pagos del bono de pensión de los trabajadores que migraron al sistema de cuentas individuales; mantenimiento para modernización de instalaciones del Pleno; actualización de licencias informáticas; digitalización, rescate, conservación y explotación de documentos administrativos del Congreso y expedientes de las auditorías a entes; reposición de vehículos que no cuentan con las medidas de seguridad para el desplazamiento de los servidores públicos y la reposición de la flotilla vehicular; contratación de Auditores para la Auditoría Superior del Estado; contratación de Despachos externos para Revisiones a los Entres Públicos.
El Acuerdo presentado señala:
“PRIMERO.- Se aprueba el proyecto de Presupuesto Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2016 por un importe total de $390, 459,520.00 (trescientos noventa millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil quinientos veinte pesos 00/100 moneda nacional); desglosado en el ANEXO UNICO que se agrega al presente acuerdo para que forme parte del mismo.
SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo al ejecutivo del Estado en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32 fracción II de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa”.
Por otra parte, se aprobó la propuesta de acuerdo realizado por la Comisión Instructora en relación con la resolución de fecha 06 de noviembre de 2015, emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y con ello se declara “notoriamente improcedente” el inicio de procedimiento de declaratoria de procedencia por la comisión de delitos, toda vez que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, carece de facultades para solicitar su incoación, ya que únicamente puede ser solicitado por el Ministerio Público, con motivo de una averiguación previa en contra de persona que goza de inmunidad procesal (fuero).
El documento indica que “en ningún momento se advierte que el Presidente Municipal de Culiacán sea parte demandada, sino el H. Ayuntamiento de Culiacán, es decir, un órgano público colegiado y autónomo que constituye persona jurídica distinta, integrado juntamente por el Presidente Municipal, la totalidad del cuerpo de regidores y el Síndico Procurador”.
El Acuerdo aprobado señala: “ÚNICO. La Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, conforme con el artículo 37 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, declara notoriamente improcedente el inicio de procedimiento de declaratoria de procedencia por la comisión de delitos, en virtud de que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, carece de facultades para solicitar su incoación, ya que únicamente puede ser solicitado por la institución del Ministerio Público, con motivo de una averiguación previa en contra de persona que goza de inmunidad procesal”.
Durante la sesión, también recibió primera lectura la iniciativa presentada por la Diputada Sandra Yudith Lara Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, que propone se declare el 25 de octubre “Día Estatal de las Personas de Talla Baja”, esto con el objeto de buscar crear una cultura de respeto a inclusión hacia las personas de ese sector social, “lo que se podrá lograr si se generan instrumentos que peritan en un primer momento la identificación de este grupo de la población y a la vez promover políticas públicas y programas que permitan la inclusión social plena en todos los ámbitos”.
En su iniciativa de proyecto de decreto recuerda que el pasado 18 de septiembre el Senado de la República aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos para declarar el “Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña”, además de que estados como Sonora, Guanajuato, Querétaro y Jalisco ya han aproado dicha declaración estatal.
Posteriormente, se le dio trámite a la iniciativa que presentó la Diputada Laura Galván Uzeta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en la que propone se declare el primer domingo del mes de marzo de cada año, como el Día Estatal de la Familia, esto, al considerar que la familia es el cimiento de la sociedad, y “es en ella donde se aprenden los valores y la educación que impactan desde la niñez hasta la edad adulta”.
En la iniciativa proyecto de Decreto se lee:
“PRIMERO.– Se declara el primer domingo de marzo de cada año como el “Día Estatal de la Familia”.
SEGUNDO.- En el marco de la conmemoración de este día, las autoridades estatales y municipales, en sus respectivos ámbitos de competencia, desarrollen actividades de promoción para el fortalecimiento de la Familia y sus valores.
TERCERO.- Se promoverá que el día 15 de cada mes, se utilice vestimenta de color blanco, en alusión a la “Familia y sus Valores”.
Otra de las iniciativas que recibió primera lectura, fue la propuesta por el Diputado Miguel Ángel Camacho Sánchez, del Partido Acción Nacional, en la que solicita adicionar un capítulo décimo tercero con cuatro secciones a la Ley de Cultura del Estado de Sinaloa, con lo cual busca mejorar la coordinación y actualizar el marco normativo de la política cultural del estado; fortalecer la descentralización y establecer mayores opciones para más grupos de la sociedad civil de tal manera que permita avanzar gradualmente en la profesionalización y modernización administrativa de la cultura y crear nuevas modalidades de política cultural en conjunto con otros actores privados y sociales.
El citado capítulo Décimo Tercero, denominado “De las Acciones Especiales de Fomento a la Cultura en el Estado”, estaría integrado por cuatro secciones: “Del Fomento a la Cultura Indígena”; “De la Cultura Popular, Festividades y Tradiciones”; “Del Fomento al Libro y la Lectura” y, la última denominada “Del Uso de los Espacios Públicos Destinados a la Cultura”.
En otro sentido, el Pleno de la LXI Legislatura conoció el dictamen que propone la reforma de la fracción IV y con la que se adiciona una fracción V, al artículo 278 de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa, con lo cual la Secretaría de Salud podría expedir certificados de reconocimiento y calificación de discapacidad, por medio del cuerpo médico, toda vez que es una obligación del sector salud, en virtud de lo dispuesto por la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Salud, Reglamento de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad y la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA3-2012, para la Atención Integral a Personas con Discapacidad.
Además se le dio primera lectura al dictamen sobre iniciativa que propone reformar el primer párrafo de la fracción III del artículo 4 Bis, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, con lo que se estaría homologando la mencionada carta constitucional local con las disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, como vía para que el Estado de Sinaloa asuma corresponsabilidad de garantizar a sus habitantes el derecho humano de gozar un ambiente limpio y sano que genere mejores condiciones de vida.
Así como para que cada persona se responsabilice de su actuación frente al medio ambiente y responda de la reparación del daño o deterioro ambiental que genere, sea por culpa o negligencia.
En Asuntos Generales, la Diputada Yudit del Rincón Castro, del Partido Acción Nacional, hizo uso de la Tribuna para fijar un posicionamiento sobre violencia contra las mujeres, recordó que cada 25 de Noviembre, se celebra el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, fenómeno que para reducirlo, es necesaria la participación del hombre.
Dijo que se han logrado avances históricos en el ámbito legislativo, al fijar la paridad en las candidaturas a cargos de elección popular además de que se tomarán en cuenta los presupuestos de ingresos y egresos, se tomará en cuenta la perspectiva de género; no permitir matrimonios de adultos con menores de edad, y para ello presentó iniciativa de reforma al Código Familiar para evitar lo que llamó “matrimonio adelantado”, por considerarlo como una práctica de pederastia, ya que frena su derechos humanos.
El tema también fue tratado por la Diputada María Lorena Pérez Olivas, del Partido Revolucionario Institucional, quien calificó la violencia contra la mujer como una pandemia y que tiene mucho que ver con la educación que se brinda desde el seno del hogar; por lo que hay que ver el problema como una situación de riesgo y que hay que evitar que se vea a la mujer como objeto de violencia; que atenta, esa violencia, a los derechos humanos de la mujer; que tiene derecho y merece trato digno y justo.
Por su parte, la Diputada Flor Esther Gastélum Vértiz, del Partido Revolucionario Institucional, dijo que la violencia hacia la mujer se convirtió en un hecho público que ha incluido otras facetas: golpes, violaciones, entre otras.
Mientras que al hablar del tema, la Diputada Sandra Yudith Lara Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, señaló que los discursos no bastan; indicó que se legisla para la mujer, pero, ¿para qué tipo de mujer?, recordó que existen mujeres que sufren abusos sexuales desde el mismo seno del hogar y demandó resultados los cuatro homicidios de travestis, o la marginación de que es objeto la comunidad gay, y otros sectores marginados de la sociedad, que también merecen atención y justicia.
En otro tema, el Diputado Fernando Pucheta Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, presentó un Punto de Acuerdo para que se cubra la liquidación total a los extrabajadores de Ferrocarriles Nacionales.
Dicho documento señala: “ÚNICO. La Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Director de Liquidaciones del organismo denominado Ferrocarriles nacionales (Ferronales) a cumplir con el laudo de fecha 28 de febrero del año 2013, emitida por la Junta Especial No. 35, en el expediente 066/1999 y acumulados, promovido por José Manuel Flores Bonilla y otros, que concede el pago de diferencias de liquidación por terminación de la relación laboral a extrabajadores de Ferrocarriles Nacional de México”.
El documento se turnó a la Comisión de Asuntos Obreros, de Trabajo y Previsión Social.
En su oportunidad en Tribuna, el Diputado Miguel Ángel Camacho Sánchez, del Partido Acción Nacional, recordó que el año pasado se pidió al interior de la LXI Legislatura una partida para drenajes en el municipio de Ahome, toda vez que desde hace años existen comunidades ahomenses que han luchado por contar con drenajes pluviales eficientes, para beneficiar a más de 90 mil habitantes.
Agregó que el año pasado, se les dijo que esos recursos ya estaban etiquetados por la federación para el presente año, pero no fue así, por lo que de nuevo el legislador patentizó su deseo de que canalicen los recursos suficientes para atender este problema.
Sobre el mismo tema, el Diputado Roque de Jesús Chávez López, del Partido Revolucionario Institucional, reconoció que desde el ejercicio fiscal para este 2015 se buscó que se etiquetaran recursos con el fin de solucionar esta problemática, sin embargo no se consiguió, y en cambio se habló de otras alternativas también para los Mochis, como era el desvío del dren Juárez hacia el Buenaventura.
Luego, el Diputado Martín Pérez Torres, del Partido Acción Nacional, también abordó el tema y dijo que el posicionamiento tiene que ir más allá del municipio de Ahome, para hacer un estudio que arrojen las condiciones que operan los drenajes pluviales y sanitarios de los 18 municipios, para luego unir recursos para hacer esos trabajos, que demandan más de 2 mil millones de pesos en Mazatlán, en donde el CEAPAS participaría también.
Por su parte, el Diputado Francisco Solano Urías, del Partido Acción Nacional, cuestionó sobre si la ciudad de Los Mochis tiene un plan para la ejecución de esos trabajos, como también lo tiene Mazatlán y otros municipios; dijo que primeramente se requiere de un proyecto, por lo que ya hay una falta de planeación, y cuál será la fuente de financiamiento de las obras y quién la pagará, si gobierno estatal, municipal o una dependencia de ellos, reiterando la necesidad de que se informe con qué recursos se pagará, toda vez que ni el gobierno federal ni estatal cuenta con esa cantidad de recursos, por lo que urge crear entes que participen y que el reparto de cargas y beneficios de desarrollo urbano, sean repartidos equitativamente.
En otro tema, la Diputada Sylvia Myriam Chávez López, del Partido Nueva Alianza, demandó se culmine con el proceso iniciado por los habitantes de Juan José Ríos para la creación del municipio de Juan José Ríos, iniciado desde 1963.
Dijo que esa zona cuenta con más de diez mil habitantes, y con la infraestructura suficiente para, como municipio, brindar los servicios y obras públicas que demandan las comunidades, tales como agua potable, drenaje y alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; mercados y centrales de abasto, panteones; rastro; calles, parques y jardines y su equipamiento; y, seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito.
Pidió que la LXI Legislatura no solo se caracterice por escuchar si no por dar respuesta a los sinaloenses, atendiendo a la viabilidad de lo planteado.
Situación que fue respaldada por los Diputados, Miguel Ángel Camacho y Héctor Melesio Cuén Ojeda, del Partido Acción Nacional, y Partido Sinaloense, respectivamente, quienes agregaron la necesidad de que la LXI Legislatura se comunique con el Instituto Estatal Electoral para realizar la consulta lo más rápido posible.
Por otra parte, el Diputado Héctor Melesio Cuén Ojeda, del Partido Sinaloense, recordó haber presentado en el Senado de la República iniciativa de revocación de mandato junto con más de 200 mil firmas de sinaloenses que avalaron esa iniciativa, sin embargo, esta aún no ha concluido su trámite legislativo, por lo que realizó el llamado para que el tema se retome y se saque del “congelador legislativo” al que fue enviada en el Senado, porque “si es el ciudadano el que pone, también debe ser el que quite” cuando las cosas no funcionan como deben de ser.
Posteriormente, la Diputada María del Rosario Sánchez Zatarain, del Partido Sinaloense, recordó que la aprobación de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Sinaloa fue el primer paso y sin las secundarias, quedaría incompleta, por lo que llamó a no olvidarlo y trabajar al respecto, y citó que el grupo parlamentario del PAS ha presentado ya siete iniciativas, e hizo un llamado a la Mesa Directiva para que todas las iniciativas complementarias de la Ley de los Derechos sean revisadas lo más pronto posible y legislar con visión plural.
Al reseñar a la educación como el arma bajo la cual se forma un ciudadano, el Diputado Martín Pérez Torres, del Partido Acción Nacional, dijo que México enfrenta serios problemas que demandan la atención en el rubro educativo; aseguró que la mejor manera de cambiar a México, es con la educación y que a la mitad del sexenio federal, el tema aún despierta inquietud, toda vez que no hay estrategia ordenada para ordenar la educación en el país.
Lo cual se refleja en el informe presidencial, en donde se señalan los bajos recursos que se aplican a este rubro y recordó la iniciativa de la reforma educativa y sus objetivos, dijo que no hay que escatimar recursos ni esfuerzos para mejorar la calidad de educación, entendiéndose esto por elevar el nivel del personal docente así como la infraestructura educativa.
Finalmente, se citó a sesión pública ordinaria para el próximo jueves 26 a las 11:00 horas.