Avalan Ayuntamientos reforma constitucional aprobada por el Congreso

Los Ayuntamientos de Guasave, Choix, Mazatlán, Culiacán, Angostura, Cosalá, Salvador Alvarado, Ahome, Concordia y Rosario, avalaron la reforma constitucional que el pasado diez de abril aprobó el Congreso del Estado para crear la Fiscalía Especializada de Desaparición Forzada de Personas y en materia de Tortura.
Los Ayuntamientos de Badiraguato, El Fuerte Mocorito, Sinaloa, Navolato, Elota, San Ignacio y Escuinapa, se computan como voto afirmativo en términos de lo dispuesto por los artículos 159 de la Constitución Política y 229, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso, que señalan que quien dejare de emitir su voto dentro del plazo asignado, se computara como afirmativo.
El Congreso del Estado declara formalmente incorporada a la Constitución Política del Estado de Sinaloa, la reforma al artículo 76 Bis A y la adición a la fracción XII al artículo 4° Bis B, en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y en tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
El pasado diez de abril, por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó el dictamen que elaboró la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, reformando el Artículo 76 Bis A de la Constitución Política del Estado de Sinaloa para crear la Fiscalía, de Desaparición Forzada de Personas y en Materia de Tortura.
Estas fiscalías tendrán nivel de Vicefiscalía General y los Fiscales Especializados serán designados y removidos por el Fiscal General, de acuerdo con el dictamen que elaboró la Comisión de Puntos.
En la orden del día de la sesión de este martes 28 de mayo, se dio lectura a la determinación de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, en relación con el cómputo de votos de los Ayuntamientos del Estado, sobre la reforma antes mencionada.
Conforme a lo dispuesto por los artículos 159 de la Constitución Política y 229, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso, ambas del Estado de Sinaloa, se determina la aprobación por los dieciocho ayuntamientos de la entidad, resultando procedente declarar incorporada en el texto constitucional la reforma de referencia.