Aprueban dictámenes del primer paquete de cuentas públicas
El Pleno de la LXI Legislatura aprobó los dictámenes presentados por la Comisión de Fiscalización correspondientes a las cuentas públicas del segundo semestre de 2015 de los municipios de Mazatlán, Ahome, Navolato, Culiacán, Guasave, Salvador Alvarado, Sinaloa, Angostura, Mocorito y Badiraguato, los cuales incluyen la recomendación en relación a la implantación de los acuerdos del Consejo Nacional de Administración Contable, los presupuestos en base a resultados y la disminución de sus pasivos.
De acuerdo a la propuesta realizada por la Comisión, se suspendieron las cuentas de Navolato y Guasave.
Al hacer uso de la Tribuna Diputado Gómer Monárrez Lara en su calidad de Presidente de la Comisión de Fiscalización, reseñó el trabajo realizado en este primer paquete de Cuentas Públicas Municipales, haciendo un llamado a superar inercias que se arrastran desde hace varias administraciones, precisando que una vez realizadas las recomendaciones correspondientes, se espera que los Síndicos Procuradores actúen en consecuencia para recibir dictámenes más a pegados a la realidad.
Por su parte, el Diputado Martín Pérez Torres, también integrante de la Comisión dictaminadora, indicó que en la revisión de Cuentas Públicas de los 10 municipios, la Auditoría Superior del Estado encontró 389 recomendaciones 78 pliegos, y dijo que en cuanto al pasivo, hay cuentas aprobadas, la mayoría de los municipios tienen observaciones y detalles a corregir en lo administrativo.
Por su parte, la Diputada Imelda Castro Castro, quien pertenece a la Comisión de Fiscalización, dijo que este paquete forma parte de las últimas que verá esta LXI Legislatura, y que en apego a las reformas constitucionales, ninguna debería aprobarse, y sí suspenderse, porque se lleva a la quiebra financiera a los municipios al tomar los recursos etiquetados para usarlos en el gasto corriente y caen en recargos con la técnica de “el de atrás paga”, generando importantes problemas a las siguientes administraciones, situación con la que coincidió el Diputado Ramón Lucas Lizárraga, quien lamentó el desaseo en el manejo de los recursos públicos.
Posteriormente, el Diputado Francisco Solano Urías, señaló que se analizan los efectos, pero no las causas de la situación que viven los municipios no solo de Sinaloa sino de todo el país, por lo que invitó a sus compañeros a revisar minuciosamente a los municipios pare evitar caer en las irregularidades detectadas en este paquete de Cuenta Pública.
Al entrar en la discusión en lo particular, Miguel Enrique Calderón Quevedo, Presidente Municipal de Navolato, hizo uso de la Tribuna para indicar que valoran las observaciones realizadas en el dictamen y que en su administración se trabaja para darles respuesta, por lo que hizo el compromiso de resolverlas, aunque hay algunas en las que ya lo han hecho ante la ASE, dijo que las observaciones, “son por el bien de los municipios, para que administremos de mejor manera las finanzas públicas” e hizo el compromiso de hacer mejor las cosas.
Mientras que en el caso de la cuenta pública de Culiacán, la Diputada Imelda Castro Castro, realizó una moción suspensiva por considerar que los pasivos que se tienen, son motivo suficiente para suspenderla, sin embargo, al ser sometida la solicitud ante el Pleno, se deshecho y se votó a favor el dictamen.
Otro de los dictámenes aprobados durante esta sesión fue el correspondiente a la expedición de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Sinaloa, misma que tiene como objeto regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales, así como determinar el ejercicio de las atribuciones que en materia forestal le correspondan al estado y a los Municipios.
Así como diseñar, formular y aplicar la política estatal forestal en coordinación con los principios y criterios definidos por la federación; elaborar y ejecutar los planes y programas estatales en materia forestal; promover la organización, conservación, fomento y mejoramiento de las actividades que incidan al desarrollo forestal sustentable; impulsar la protección, mantenimiento y restauración de suelos, ecosistemas y recursos forestales, así como la ordenación y el manejo forestal; garantizar el aprovechamiento, uso y restauración de los recursos forestales.
Además, brindar el servicio de asistencia técnica integral a los productores forestales; establecer las bases para la creación, operación y funcionamiento de mecanismos de participación de los productores y sujetos dedicados a la actividad forestal; promover y difundir la cultura, educación, investigación y capacitación para el manejo sustentable de los recursos forestales; procurar y promover que a las comunidades y pueblos indígenas, se les respete su derecho preferente sobre los recursos forestales en los lugares que ocupen y habiten, entre otras.
Documento éste que también contiene las sanciones para quienes incurran en incendios forestales, señalándose el otorgarles un plazo de dos años para la reforestación afectada; de la misma forma, menciona los estímulos que el Estado concederá a grupos o personas que promuevan la actividad forestal.
También que el Estado podrá signar convenios con sectores privados interesados en fomentar la actividad forestal; se crea el Consejo Estatal Forestal, como órgano de carácter consultivo, de asesoramiento y concertación, en materia de planeación, supervisión y evaluación de la política forestal y aprovechamiento, conservación y restauración de los recursos forestales.
En los municipios se promoverá la creación de sus respectivos Consejos Municipales Forestales, como órgano de carácter consultivo asesoramiento y concertación, en materia de planeación, supervisión, evaluación de la política forestal y aprovechamiento, conservación y restauración de los recursos forestales.
Esta nueva ley consta de un total de Ciento seis Artículos naturales y Cinco Artículos Transitorios.
Posteriormente, el Pleno aprobó reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley de Bibliotecas del Estado de Sinaloa, entre las que destaca la adición del artículo 1 Bis:
“ARTÍCULO 1 BIS. La biblioteca pública tendrá como finalidad ofrecer en forma democrática los servicios de consulta y préstamos de libros, periódicos, revistas y todo tipo de obras impresas o en formato digital, así como otros servicios culturales complementarios que permitan a la población adquirir, trasmitir, acrecentar, promover y conservar en forma libre el conocimiento en todas las ramas del saber.
Su acervo comprenderá colecciones bibliográficas, hemerográficas, auditivas, visuales, audiovisuales, digitales y, en general, cualquier otro medio que contenga información afín.
Por lo que hace al artículo 2, dice así:
“ARTÍCULO 2. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
- Conjunto de obras bibliográficas, hemerográficas, auditivas, digitales, visuales o audiovisuales, en general cualquier otro medio impreso, electrónico o cibernético que contenga información de cualquier ramo del conocimiento, que conforman el patrimonio de una biblioteca;
- Biblioteca: El espacio físico que cuente con un acervo, cuya misión es contribuir al desarrollo de las personas y su calidad de vida por medio de la difusión del pensamiento, el acceso a la lectura, la información, la investigación y las expresiones culturales en igualdad de oportunidades a toda persona que haga uso de ella, entre otras observaciones.
Menciona que corresponderá a la Secretaría de Educación Pública y Cultura, por medio del ISIC conforme a los criterios, líneas de acción y políticas derivadas de la Ley General y de esta Ley, proponer, ejecutar y evaluar la política estatal en materia de bibliotecas, con apego al Plan Estatal de Desarrollo y los programas sectoriales correspondientes”, entre otras reformas a la citada ley.
Sobre estas reformas, el Diputado Sinuhé Alberto Bastidas Icedo dijo que representan un gran paso importante para Sinaloa, toda vez que las bibliotecas se verán beneficiadas toda vez que tendrán nuevas tecnologías, equipos de cómputo de internet digital, además de poner gratuitamente textos digitales para tareas específicas lo que también significará un gran apoyo para el estudiantado sinaloense.
Por otra parte, se le dio primera lectura a la iniciativa presentada por ciudadanos y apoderados legales del Patronato de Administración del Cuerpo de Bomberos Veteranos de Culiacán, A.C. y Otros, en la que se propone adicionar diversas disposiciones del decreto que crea en los distintos municipios del estado los “Patronatos de Administración de Cuerpo de Voluntarios de Bomberos”, y a los artículos 107 y 108 de la Ley de Protección Civil para el Estado de Sinaloa.
En el documento señalan que cuando menos, debe operar un cuerpo de bomberos por municipio y la obligación en términos de la Ley de Protección Civil, a instalar y operar una estación o sub estación de bomberos por municipio en la entidad.
En apego a este último mandato, es indispensable en un contexto de recursos limitados garantizar a los cuerpos voluntarios de bomberos la asignación presupuestal asignadas en el gasto público estatal o municipal, por lo que piden en su iniciativa, incorporar el presupuesto irreductible y permita dar certeza a la planeación y programación de tareas de los Bomberos en el Estado.
Las reformas propuestas señalan:
“Artículo 1º. . .
Para efectos del párrafo anterior cada Demarcación Territorial o municipio deberá contar, cuando menos, con un Cuerpo Voluntario de Bomberos, debiendo estar ubicados en lugares estratégicos que permitan acudir rápidamente a los siniestros.
Artículo 1. Bis.- Por ningún motivo, se deberá interrumpir el servicio que prestan a la población el o los Cuerpos Voluntarios de Bomberos existentes en los municipios del Estado. En el supuesto de cualquier acto u omisión que ponga en riesgo la continuidad del servicio, las instancias de Gobierno podrán instrumentar las acciones pertinentes para asegurar su prestación en los términos más convenientes para la población.
Artículo 2º. . . .
a). . .
b). . .
- c) Llevar a cabo las funciones que en materia de protección civil se encuentran previstas en el artículo 110 de la Ley de Protección Civil para el Estado de Sinaloa.
Sin perjuicio de lo anterior, toda actividad que realicen los cuerpos Voluntarios de Bomberos, tendrá como criterios rectores la honradez, la capacitación, el profesionalismo, la cultura de la prevención, la lealtad a la institución y su eficacia, así como la participación responsable en el Sistema de Protección Civil del Estado de Sinaloa, y con todos aquéllos organismos públicos o privados con los que sea necesaria su relación”.
Por lo que hace a la Ley de Protección Civil para el Estado de Sinaloa, las adiciones propuestas señalan:
“Artículo 107. . .
En función de párrafo anterior, cada municipio deberá contar, cuando menos, con una estación de servicio o sub estación de bomberos; esta última, deberá contar con el equipo mínimo que permita hacer un primer frente a las emergencias en tanto llegan los servicios de las estaciones ubicadas en los lugares cercanos a la emergencia o siniestro.
En ambos casos, los cuerpos voluntarios de bomberos deberán estar ubicados en lugares estratégicos que permitan acudir rápidamente a los siniestros.
Artículo 108. . .
Tratándose de las partidas presupuestales asignadas a los cuerpos voluntarios que refiere el párrafo anterior, los montos aprobados no podrán ser inferiores respecto a lo asignado en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal inmediato anterior respectivo”.
Más adelante, las y los Diputados conocieron en primera lectura, la iniciativa presentada por el Ejecutivo del Estado que propone expedir la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Sinaloa, que tiene por objeto regular la prestación de servicios de seguridad privada en toda la entidad, en las modalidades previstas en esta ley, así como la infraestructura, equipo e instalaciones inherentes a las mismas. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en toda la entidad.
Este proyecto de ley señala también que las personas físicas o morales, prestadoras de los servicios de seguridad privada son auxiliares en cumplimiento de la función de seguridad pública a cargo del Estado. Sus integrantes coadyuvarán, por lo tanto, con las autoridades y las instituciones correspondieres en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competentes del Estado y los Municipios, conforme a los requisitos y condiciones que establezca la autorización respectiva, y sólo en los casos concretos a que se les convoque, por el Estado o Municipio.
Precisa que será la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, a través de la Dirección correspondiente, la que mantendrá actualizado el Registro Estatal de Prestadores de Servicios de Seguridad Privada, con la información necesaria para la supervisión, control, vigilancia evaluación de los prestadores de servicios, su personal y equipo; mismo que constituiría un sistema de consulta y acopio de información, integrado por un bando de datos suministrado por el Prestador de servicios y las autoridades competentes.
El citado proyecto de ley consta de Ciento Catorce Artículos Comunes así como de Cinco Artículos Transitorios y se turnó a la Secretaría para su segunda lectura de Reglamento.
Otra de las iniciativas que recibieron trámite durante la sesión, fue la presentada por Diputadas y Diputados integrantes de la LXI Legislatura, en la que proponen expedir el Código de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, el cual busca Regular el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, mediante el control y vigilancia de las políticas públicas que se implementen para la asignación de usos, destinos y reservas del suelo congruentes con su vocación natural, reservando las áreas cuya función ecológica sea el sostenimiento de las condiciones ambientales necesarias para garantizar la sustentabilidad, condición para el desarrollo económico y social.
El citado proyecto señala como objetivo: “las regulaciones a la propiedad, reservas territoriales, la regularización de la tenencia de la tierra, y las políticas para estructuración, fundación, crecimiento, conservación y mejoramiento urbano de los centros de población, como función de derechos público y de utilidad pública, para el logro de mejores posibilidades de organización social, certeza y seguridad jurídica en la propiedad, orientándose a hace efectivo el derecho de acceso a la vivienda digna y decorosa ampliando los márgenes de justicia social, territorial y espacial, en concordancia con lo consagrado en el artículo 4º constitucional, así como en los tratados internacionales de los que México forma parte”.
Además, señala las bases generales para la reglamentación municipal del desarrollo urbano en el estado; establecer las bases para la concurrencia y coordinación entre el Estado y los Municipios para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio del Estado; establecer las atribuciones y responsabilidades del Estado y de los Municipios en la aplicación de este Código; fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, crecimiento, territorial de los asentamientos humanos y la fundación, crecimiento, conservación y mejoramiento de los centros de población; establecer las bases que regirían la participación del Estado y los Municipios en la planeación de las zonas conurbadas, así como las bases de coordinación para la ejecución de las acciones, inversiones, obras y servicios en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, en dichas zonas, entre otros.
Posteriormente, se le dio primera lectura a la iniciativa presentada por la y los Diputados del Partido Sinaloense, en la que proponen reformar y adicionar la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa, con la que los Consejos Municipales de Participación Social en la Educación, tengan la atribución de proponer acciones que propicien el conocimiento de las actividades económicas locales e impulsen el desarrollo integral de las comunidades.
En el documento indican que “Para el grupo Parlamentario del PAS es de suma importancia que dicha atribución sea incluida en la ley local de la materia, ya que es indispensable que nuestras niñas, niños y adolescentes conozcan desde temprana edad las actividades económicas que impulsan el crecimiento de nuestro Estado”.
Por ello proponen reformar la fracción XIII y se adiciona la fracción XIV recorriéndose la fracción XIV actual a ser XV, al artículo 168 de la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa, para quedar así:
“Artículo 168. . .
I a XII. . .
XIII. Apoyar, en conjunto con las autoridades educativas, los programas encaminados a promover una vida saludable en la escuela;
XIV. Proponer acciones que propicien el conocimiento de las actividades económicas locales preponderantes e impulsen el desarrollo integral de las comunidades; y
- Realizar, en general, todo tipo de actividades para apoyar y fortalecer la educación en el municipio”.
Durante esta sesión, también se conoció el segundo paquete de dictamenes de cuenta pública correspondiente al segundo semestre de 2015 de los municipios de Escuinapa, Choix, Elota, Cosalá, San Ignacio, Concordia, y Rosario (2do semestre de 2013 y 2do semestre de 2015) y de El Fuerte (1er y 2do semestres de 2013, y 2do semestres de 2015), Gobierno del Estado, Supremo Tribunal de Justicia y el Congreso del Estado, además de paraestatales y paramunicipales.
Sobre el tema y en conferencia de prensa, el Diputado Gómer Monárrez Lara, Presidente de la Comisión de Fiscalización, dijo que la propuesta al Pleno es para que se suspendan las cuentas de Rosario (2do semestre de 2013 y 2do semestre de 2015) y de El Fuerte (1er – que cuenta con 4 denuncias penales- y 2do semestres de 2013, y 2do semestres de 2015), así como mantener la suspensión de la cuenta de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa 2014, a las que se suman las juntas de agua potable de El Fuerte, Guasave y Escuinapa, lo anterior, por considerar que los pasivos y las observaciones realizadas impactan de manera directa en el presupuesto con el que cuentan.
Destacó que en el caso de las cuentas públicas de los municipios, a todos se les realizó una recomendación en torno a la implementación de los acuerdos de la Consejo Nacional de Administración Contable sobre los presupuestos en base a resultados y la disminución de sus pasivos, además de la realización de un exhorto al municipio de Escuinapa para que ponga mayor atención en el manejo de las finanzas.
En el caso de las paraestatales, indicó que se revisaron CEAPAS, UDEO, ISIC, el Fondo de Administración de Justicia, la Universidad Autónoma Indígena, el Hospital Civil de Culiacán y el Instituto Sinaloense de Infraestructura, sumando entre todos 192 pliegos de responsabilidad administrativa sancionatoria, sin embargo, cuentan con la suficiencia presupuestaria para solventar las observaciones realizadas.
Otro dictamen que recibió trámite, fue el presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación correspondiente a las iniciativas que proponen adicionar la fracción X al artículo 4 Bis y un cuarto párrafo al artículo 91, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en el que en caso de ser aprobado toda persona tendrá derecho al libre acceso al internet y a las tecnologías de la información y comunicación, por lo que el Estado deberá de ejercer las medidas que considere pertinentes para lograrlo.
La adición de la fracción X al artículo 4º Bis, dice:
“ARTÍCULO 4º BIS B. . .
I a IX. . .
- X. Todas las personas tienen derecho al libre acceso al Internet y a las tecnologías de la información y comunicación.
El Estado y los Municipios deberán garantizar el acceso a Internet gratuito inalámbrico de banda ancha, en los edificios e instalaciones de los diversos Poderes del Estado y de las dependencias y entidades de su administracion, así como en los lugares públicos que para el efecto se determinen”.
Por lo que hace a la adición del cuarto párrafo al artículo 91, dice así:
“ARTÍCULO 91. . .
. . .
. . .
. . .
En los mismos términos, el Estado garantizará que las escuelas públicas a su cargo cuenten con instalaciones y equipos para el acceso de los educandos a internet y a las tecnologías de la información de la comunicación”.
Por otra parte, se le dio lectura al dictamen que propone instituir el 25 de Octubre de cada año como el “Día Estatal de las Personas de Talla Baja”, y para lo cual las autoridades tanto municipales como estatales, promoverán actividades institucionales tendentes a la concientización social de inclusión y respeto a las personas de talla baja.
En su parte medular, el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación señala:
“ARTÍCULO PRIMERO. Se declara el día 25 de Octubre de cada año como: “El Día Estatal de las Personas de Talla Baja”, en el Estado de Sinaloa.
ARTÍCULO SEGUNDO. Para la implementación del presente Decreto, todas las autoridades del Estado en el ámbito de sus respectivas competencias promoverán actividades institucionales tendentes a la concienciación social de inclusión y respeto a las personas de talla baja”.
En Asuntos Generales, la Diputada María del Rosario Sánchez Zatarain, del Partido Sinaloense, quien lamentó el accidente en el que murieron 5 albañiles que realizaban trabajos de remodelación en un hotel el pasado 7 de julio en la ciudad de Culiacán, y culpó a las autoridades municipales, por omisión o corrupción; cuestionó qué más necesita suceder, para que se aplique el proceso judicial respectivo.
Demandó la intervención del Congreso del Estado para que se realice una investigación y no se permita que haya acciones de esta naturaleza, porque la política debe ser preventiva y no esconder la cara cuando suceden las tragedias.
Sobre el mismo tema, el Diputado José Manuel Osuna Lizárraga, del Partido Revolucionario Institucional, se sumó al llamado y a la necesidad de que se realice una investigación seria al respecto, para que se llegue a fondo y se castigue a quien resulte responsable, toda vez que no se puede culpar solo a las autoridades de presunta corrupción, cuando hay empresarios que no hacen las cosas desde un inicio como deben de ser, y son quienes también alimentan la corrupción.
Por otra parte, el Diputado Robespierre Lizárraga Otero, del Partido Sinaloense, hizo uso de la Tribuna para hablar el Sistema Nacional Anticorrupción, señalando la necesidad de que se inicie un combate frontal al tema de la corrupción en el país, toda vez que este flagelo se presenta en todos lados, sin embargo resulta alarmante como a los más altos niveles hay acciones en las que se presuma que se cometen actos ilícitos y simplemente no pasa nada y con ofrecer disculpas o pedir perdón, las cosas quedan olvidadas, motivo por el que realizó el llamado para que se corte de raíz lo que pareciera ya un mal cultural y se le ponga un alto a algo que daña sin discriminación y que en algunos casos ha costado hasta vidas.
Por último, se citó a sesión pública ordinaria para el próximo jueves 21 de Julio a la hora de Reglamento.