Aprueba LXI Legislatura Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal para el Estado de Sinaloa

Por unanimidad del Pleno de la LXI Legislatura, se aprobó el dictamen sobre la iniciativa del Ejecutivo del Estado para crear la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, la cual tiene por objeto establecer los mecanismos y procedimientos necesarios para proteger  los derechos e intereses de las personas que intervengan de manera directa o indirecta en el  proceso penal, o bien, de los que tengan algún tipo de relación afectiva o vínculo de parentesco con la persona que interviene en aquél; así como regular las medidas de protección en cuanto a su ámbito de aplicación, modalidades y procedimiento. Lo anterior, sin  perjuicio de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y las demás leyes aplicables.

Esta nueva ley señala que la Unidad de Protección a Personas, es un órgano dependiente de la Procuraduría General de Justicia, encargada de garantizar  la protección de los sujetos en situación de riesgo y otorgar a quienes considere pertinente las medidas de protección necesarias con base en los criterios orientadores, sin perjuicio de las facultades que corresponden a la autoridad judicial, de conformidad con lo establecido en ese ordenamiento, el Código Nacional y las demás leyes aplicables.

Para la aplicación de la ley, se tendrán en cuenta, entre otros, principios como el de confidencialidad, gratuidad, no criminalización, proporcionalidad y necesidad, reserva, temporalidad, voluntariedad.

Además, para los efectos de esta ley, se entiende por Código Nacional de Procedimientos Penales; Convenio de Entendimiento. Estudio técnico; Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el procedimiento Penal; Ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa; Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, entre otras.

Por otra parte, se le dio primera lectura a la iniciativa presentada por el Ejecutivo del Estado, que propone reformar la Ley de Deuda Pública; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; Ley de Obras Públicas; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles y Ley sobre Inmuebles, todas del Estado de Sinaloa.

La reforma a la Ley de Deuda Pública, tiene como objetivo dotar a este cuerpo normativo con instrumentos jurídicos adecuados para diferenciar los proyectos de Colaboración Pública Privada que no deben ser considerados como deuda pública, ya que no reúnen las características de los pasivos que constituyen créditos o financiamientos en los términos del artículo 2 de la Ley, por otra parte, se armoniza la disposición reglamentaria al mandato constitucional por lo que hace a la votación necesaria en la Legislatura para aprobar los proyectos de colaboración Pública Privada, independientemente de la naturaleza de las obligaciones inherentes a los mismos, como lo dispone el artículo 43 fracción XXI bis )b de la Constitución Política del Estado.

Dentro de la reforma, también propone reforma a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público en donde se busca desarrollar y explicitar la obligación Constitucional de la Legislatura, para que una vez aprobada una partida plurianual para  un proyecto de colaboración pública privada, se deba incluir la partida correspondiente en los presupuestos subsecuentes, lo cual debe incluso ocurrir ante una omisión del Ejecutivo en el Proyecto de presupuesto anual. Asimismo, se clarifica la naturaleza del gasto público que se ejerce en este tipo de proyectos, ya que el objeto preponderante del contrato no es la adquisición  de un activo a plazos, sino el aprovisionamiento de largo plazo de  un servicio al sector público, por lo que se debe considerar como un gasto corriente, ya que consiste en la prestación de un servicio que se consume momento a momento.

Por lo que hace a las reformas a la Ley de Obras Públicas y a la de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicio y Administración de Bienes Muebles, tiene por objeto  clarificar que los Contratos de Colaboración Pública Privada tienen un régimen jurídico distinto y por lo tanto no son considerados como aplicables, salvo de forma supletoria en lo no previsto por la Ley especial.

La reforma a la Ley Sobre Inmuebles del Estado de Sinaloa pretende reconocer e incorporar en la legislación vigente, el  papel relevante que esta figura del derecho administrativo juega dentro de los proyectos  de colaboración pública privada, en los que en ocasiones resulta necesaria  pero de carácter accesorio al objeto directo del contrato, por lo que se le deberá de dar dicho tratamiento  y adjudicarse de manera directa, una vez que se ha llevado a cabo el procedimiento de contratación respectiva.

Asimismo, las y los Diputados conocieron el dictamen sobre la iniciativa que propone reformar los artículos 28, fracción V y 35, fracciones IX y XIV de la Ley de Gobierno Municipal.

El objeto de la iniciativa  es el de armonizar las denominaciones de las instituciones del Consejo Tutelar de Menores, la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado y la Dirección de Investigación y Fomento de la Cultura Regional del Estado de Sinaloa, con las contenidas en las leyes vigentes en la materia.

La reforma propuesta en lo que corresponde al artículo 28, fracción V, establece:

“Artículo 28…

I a IV…

1. formular la cuenta pública mensual, dentro de los primeros quince días del mes siguiente al que corresponda, que deben presentar al Congreso, acompañada de los comprobantes respectivos y recabar de la Auditoría Superior del Estado, los finiquitos correspondientes.”

Por lo que hace al artículo 35, propone en las fracciones IX y XIV:

“Artículo 35…

I a VIII…

1. Coordinarse y colaborar con el Instituto Sinaloense de Cultura, en la realización de los eventos que señala este artículo en las fracciones III, IV, V, BI, VII y en otros de la misma naturaleza.;

X a XIII…

XIV. Contribuir al sostenimiento del Centro de Internamiento para Adolescentes, proporcionando a los delegados  municipales de aquél, el local y demás medios conducentes para el desempeño de sus funciones.”

Una vez conocido, el dictamen se remitió  a la Secretaría para la segunda lectura.

En Asuntos Generales, fue el Diputado Jesús Enrique Hernández Chávez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, el primero en hacer uso de la Tribuna para realizar una relatoría de la reunión de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, realizada en la ciudad de Puebla del 8 al 10 de octubre.

Señaló que la COPECOL está comprometida en hacer realidad la protección de los derechos humanos, en cada  una de las regiones y localidades del país, es una tarea que demanda la acción conjunta de gobierno y sociedad, y reiteró que en la defensa de los derechos humanos los  legisladores locales del país, la asumen como una obligación ineludible y  prioritaria y establecieron el compromiso  a luchar de forma especial por los derechos de los indígenas, la niñez, ancianos y los discapacitados.

Expresó que se habrán de promover programas de derechos humanos, igualdad y violencia de género, armonizar los procedimientos jurídicos hasta proveer que los recursos sean debidamente etiquetados.

Informó también de la presencia del titular de SEDESOL, José Antonio Meade, quien convocó a los diputados locales a trabajar junto con el gobierno federal a trabajar en un México  más incluyente y en la erradicación de la pobreza, a la que consideró como una “tarea de Estado” que involucra a los tres órdenes de gobierno, a universitarios, sociedad civil y fuerzas políticas.

También citó la presencia de Rosario Robles, secretaria Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quien pidió a los congresistas locales a legislar por zonas urbanas con menos violencia hacia la mujer, sin hacinamiento y con mejor transporte público y movilidad urbana.

Hernández Chávez también informó sobre lo externado en la reunión de la COPECOL por Fernando Galindo Favela, subsecretario de SHyCP, al hablar sobre Presupuesto Base Cero, con relación al Panorama Económico Nacional y Mundial 2016,dijo que se trabajó en estructuras organizacionales más eficientes al interior de dependencias y entidades.

Además también compareció en esa asamblea el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, quien dijo que no puede haber desarrollo si no hay seguridad, por lo que con el surgimiento del Mando Único y su vinculación  con la ciudadanía, es factible obtener mejores resultados; se pronunció por un mejor uso de los recursos públicos destinados a los cuerpos de seguridad pública, dignificar esta actividad con mayores remuneraciones económicas y prestaciones básicas ideales y reiteró su exhortación a la aceptación del Mando Único.

Asimismo, señaló que ahora compete a los legisladores locales asumir la responsabilidad de seguir concretando y hacer perenne el esfuerzo de miles de compatriotas realizado a través de siglos de historia; que la pluralidad y la diversidad de ideas acompañadas del diálgoo9, propician la construcción de acuerdos que están demostrado en los estados y en el país, que esta es la vía correcta para avanzar y transformar.

Mientras que la Diputada Yudit del Rincón Castro, del Partido Acción Nacional, y Presidenta de COPECOL, solicitó el uso de la voz para hablar sobre el mismo tema, señalando que es necesario dignificar la política, porque, ella es el único mecanismo que nos permite vincularnos y conocer el sentir de las personas.

Dijo que en los trabajos de esta Asamblea de la COPECOL se desarrollaron diversos temas, se llevaron a cabo cinco ejes temáticos: Armonización del marco jurídico,  agenda económica, agenda social, acciones legislativas y agenda de seguridad y también informó de todos los ponentes.

Asamblea esta que reunió a más de 600 legisladores de todo el país y cuyos resultados “serán necesariamente para mejorar nuestro desempeño legislativo;  con nuestro trabajos e dará una respuesta positiva a la sociedad civil a la que debemos nuestra representación.  ”

Finalmente, informó que los próximos trabajos de la COPECOL se desarrollarán el año próximo en Coahuila y Michoacán y exhortó al Pleno a trabajar de manera coordinada con el Congreso de la Unión en temas relevantes para la modernización del Estado Mexicano.

Posteriormente, el Diputado Miguel Ángel Camacho Sánchez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, habló sobre jóvenes y violencia en Sinaloa, calificando como lamentable diversos episodios violentos que se han vivido.

La adolescencia, dijo, “es la etapa de mayor estrés para los padres; los hijos atraviesan momentos difíciles manifestados por la rebeldía que acumulan conflictos; influencia de amigos, no alcohol y drogas y no mal uso del sexo, para evitar que los jóvenes sean más violentos”.

Agregó que su posicionamiento obedece a la agresión reciente sufrida por una joven estudiante de Odontología a manos de otro joven; acontecimientos violentos en donde hay más jóvenes involucrados, por lo que cuestionó cuál es el tejido de descomposición social; qué pasa al interior de la familia. Muchas respuestas, pero existe corresponsabilidad de todos: sociedad, padres e instituciones.

Este y otros hechos reflejan que los jóvenes tienen dificultad para aceptar su contexto y ello se refleja en acciones; le es difícil acatar normas para frenar su agresividad.

Reiteró a la JUCOPO y a la Mesa Directiva y Comisiones Dictaminadoras trabajar para aportar acciones y hechos positivos a Sinaloa, toda vez que aportaría más políticas públicas con las que fundamentalmente, se contaría con mayores valores para atacar la descomposición del tejido social, especialmente en la juventud; políticas públicas a la juventud con apego a la legalidad, porque ayudarlos es una tarea inaplazable de este Soberanía.

Tema del cual también habló el Diputado César Fredy Montoya Sánchez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quien dijo que la violencia es tema de vital importancia por los tiempos que se viven; compartía interés de su antecesor y aseguró que la violencia es originada por diversos factores que trastocan la seguridad pública.

En otro tema, la Diputada María Lorena Pérez Olivas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, fijó un posicionamiento en Tribuna sobre Violencia Obstétrica, precisando que desde hace tiempo se reconocen los derechos de las mujeres, pero tal parece que se olvida el derecho al trato digno, antes, durante y después del parto; momentos después de habernos convertido en madres, podemos vivir una pesadilla; momentos en que queremos ser conscientes pero la emoción, el estrés, gritos, alegrías, cambios de turnos y numerosos tactos hacen que la mente divague y nos lleve a que ese ser que está por nacer llegue con bien.

La violencia obstétrica es algo que lastime, denigre o cause la muerte a una mujer en el parto o puerperio, y que fan desde la desatención o procedimientos quirúrgicos sin consentimiento de la paciente y viole sus derechos.

Violencia obstétrica implica la atención de la embarazada de cualquiera de las personas que están cerca de ella. Cuatro de diez nacimientos en México son vía cesárea; el daño y violencia de género cuando esto lo sufren las indígenas.

Agregó que en el país, son pocos los estados que tienen contemplada la violencia obstétrica y recordó que ella presentó en mayo pasado una iniciativa en donde asienta la violencia  obstétrica sobre derechos reproductivos de la mujer, además de que vela por los programas pre natales hasta emergencias.

Sobre el tema, el Diputado Mario Imaz, dijo que la violencia obstétrica no es ajena en el hombre, el que debe apoyar a la mujer, y recordó que en noviembre del 2014 presentó iniciativa de adición a la Ley de Acceso de una Vida Digna de la Mujer en Sinaloa, en donde destacó que en 60 mil nacimientos, y que la mujer estaba en estado vulnerable, sector que demanda estabilidad física para la madre y el producto, además que en el país en el proceso del parto, la mujer es maltratada por personal de hospitales, negándoles atención oportuno, comentarios ofensivos, insensibilidad ante el dolor; omisión de información veraz y oportuno; realización de cesáreas innecesarias, entre otros puntos.

Posteriormente, la Diputada María del Rosario Sánchez Zatarain, del Partido Sinaloense, reprobó enérgicamente el trato de autoridades de Cosalá dieron a mujeres, niñas, niños y adultos desplazados por la violencia del municipio de Tamazula en el vecino Estado de Durango, pero sin violentar los derechos humanos de la sociedad.

Dijo que habitantes de diversas comunidades que han sufrido agravios de autoridades de diferentes medios de gobierno; hay testimonios de los hechos vividos por esa sociedad en estos días.

Por tal motivo, realizó un exhorto a nombre de su grupo parlamentario, para que autoridades de todos los niveles apoyen a esos desplazados, especialmente a Derechos Humanos; la revisión de protocolos de ayuda humanitaria para que no se repita la acción del ayuntamiento de Cosalá; que se revise y se vea si hubo negación de apoyo a los afectados, por parte de las autoridades de Cosalá; que se investigue ante las autoridades federales para evitar más hechos en Tamazula y en la sierra del municipio de Sinaloa, para luego solicitar solidaridad para con los desplazados violentas, olvidándose de afiliación política e ideología y demandar no más desplazados por violencia en Sinaloa.

Al abundar sobre el tema, la Diputada Lucero Guadalupe Sánchez, del Partido Acción Nacional, dijo adherirse a esa problemática, y consideró como desgarradora la situación que viven más de doscientas personas, y es injusto que cuatro días caminaran en el monte, además de no tener noticias de muchos de ellos desde el 8 de octubre, y que la Marina dice no tener conocimiento; mostró una lista de personas desaparecidas, y que ya se pidió la presencia del Gobernador.

La Marina en Cosalá, Culiacán y Salvador Alvarado y no se vale que por abusos de poder, más de doscientas familias pierdan su patrimonio; gente de la sierra de Cosalá y Tamazula demandan apoyo, y llamó a las autoridades municipales y castrenses a que su intervención sea sin violentar los derechos humanos, y reiteró hacerlo extensivo a otras instancias de gobierno para finalmente demandar el apoyo para los afectados.

En otro tema, el Diputado Martín Pérez, del Partido Acción Nacional, se pronunció porque esta Soberanía tiene ante sí la homologación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, “un nuevo marco jurídico que seguro estoy, deberá garantizar a cada ciudadano sinaloense el acceso a toda información que se considere como pública”.

Criticó lo que llamó opacidad con que maneja las cuentas de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado. Dijo que la tarea del Congreso del Estado se debe orientar al firme propósito: proteger el interés público y promover la rendición de cuentas en el ejercicio del gobierno estatal y los gobiernos municipales.

Sobre el tema, la Diputada Sandra Yudith Lara Díaz, dijo adherirse a lo expuesto, porque el tema de transparencia y rendición de cuentas, es tema de los últimos años, y recordó que la Ley General de Transparencia, en mayo pasado, es el acorde al espíritu constitucional, y que su entada en vigor, que ha llevado al INAI se consolide como  un ente garante de la información pública, que todos los órganos que reciban dinero público, se apegue a la legalidad, y que ello llevará a la homologación del marco local, que vence en mayo del 2016,  que es un plazo suficiente y necesario para realizar ese proceso, que conlleva también la participación de la sociedad, universidades, investigadores, y aquellos que tienen experiencia en la aplicación de la materia, para  una nueva ley que permita más allá de conocer cuánto gana un funcionario, el ejercicio de gobierno, que el recurso que el gobierno utiliza, se gaste de manera transparente en apego a la normatividad vigente; que la llegada de Rosa María a la titularidad de la CEAIPES,  es una decisión que vendrá a fortalecer a la propia Comisión, y que aquellos Comisionados que ya fueron designados por la LXI Legislatura, trabajen con mayor claridad, a los que se les exigirá esa legalidad por esta Soberanía.

Por su parte, la Diputada Imelda Castro Castro, del Partido de la Revolución Democratica, al hablar sobre el programa de siembras otoño-invierno 2015-2016, dijo que el maíz captará más superficie, sin tomar en cuenta que a la fecha hay adeudos de la última cosecha; desde SAGARPA se reconoce adeudo de tres mil millones de pesos de pago a cosechas, de tres mil 700 cincuenta pesos por tonelada a la producción de Sinaloa, en tanto que  por el trigo aún  se deben 500 millones de pesos.

Luego, al reconocer que los sectores agropecuario y pesquero representan las actividades más relevantes con la portación del 20 por ciento del PIB Estatal, la Diputada Imelda Castro refirió la reducción del presupuesto que ambas ramas tendrán  para el próximo y que será por el orden de los 21 mil 168 millones de pesos menos, en relación al ejercicio fiscal vigente, para luego presentar un Punto de Acuerdo:

“Único. La Sexagésima Primera Legislatura del H. C0ongreso del Estado de Sinaloa, solicita respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, asigne para el ejercicio fiscal 2016, un presupuesto equiparable al autorizado para el ejercicio fiscal 2015 en relación al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo rural Sustentable, en el que se prevean las asignaciones necesarias en las áreas de comercialización y desarrollo de mercados con las que se cuban adeudos a productores agropecuarios por cosechas del ciclo agrícola otoño-invierno 2014-2015 7y se aseguren precios favorables a las cosechas del ciclo 2015-2016”.

Sobre el tema, la Diputada Sylvia Myriam Chávez, del Partido Nueva Alianza, al apoyar el Punto de Acuerdo, dijo que los problemas que tienen los productores de la zona de Guasave, “corazón agrícola de México, y líder en producción de grano”, “Guasave algodonero, tomatero, tiene el corazón agrícola infartado”, y afirmó no ser insensible al problema que bien los productores agrícolas, y pidió hacer acto de presencia en las mesas de negociación realizadas por gobierno, productores y gobierno federal, y propuso que el Presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, Diputado Guadalupe Carrizoza Cháidez, estuviera presente y que a los legisladores federales, se avoquen a atender el problema de los productores, que no es caso menor.

Enseguida, el Diputado Héctor Melesio Cuén, del Partido Sinaloense, también mencionó que el compromiso del gobierno federal, estimado en cuatro mil millones de pesos de pago a los productores agrícolas, motivó la paralización de la marcha que se haría hacia la capital del país.

El Punto de Acuerdo se turnó a la Comisión de Asuntos Agropecuarios para su estudio y dictamen.

En otro tema, el Diputado Héctor Melesio Cuén Ojeda, del Partido Sinaloense, recordó que la reforma educativa, para su mejor aplicación, no es necesario solo pensar en el recurso humano, sino contar con la infraestructura educativa; que en el 2014 el INEGI publicó el Atlas Educativo, que revela que de 5 mil 996 escuelas básicas en Sinaloa, sin contar los 49 centros de atención múltiple, 225 no cuentan con servicio de agua potable; el 10.44, 626 escuelas, sin luz, 532 sin baños, 2 mil 644 sin servicio de drenaje, 462, sin pizarrón.

Carecen de servicios básicos, por tres mil 993 sin señal de protección civil, 3 mil 565 centros educativos en Sinaloa, sin rutas de evacuación; 3 mil 058 sin señales salida  3 ml 142 sin zonas de seguridad, por lo que llamó a poner atención sobre los fenómenos naturales, como sucedió recién en el norte por causas de temblores, sobre todo en escuelas que tienen más de cuatro décadas y no se les da mantenimiento.

Citó otras carencias que existen en otras escuelas en donde no hay sanitarios con agarraderas para discapacitados, por lo que el presidente Enrique Peña Nieto habló de un fideicomiso para la inversión, para captar flujos de capital entre inversionistas nacionales e internacionales. En materia de educación, se colocarán bonos en la bolsa de valores para captar 50 mil millones entre 2015 y 2018, ingreso para reacondicionar 55 mil escuelas, de las más de 200 mil que hay en el país.

Por otra parte, Al citar la propuesta del aumento en la tarifa del transporte urbano, el Diputado Robespierre Lizárraga Otero, del Partido Sinaloense, dijo que ello nos habla de la desigualdad económica y social, en donde Sinaloa es un referente.

La desigualdad es resultado de políticas equívocas, en donde parece que las reglas están hecho para que el que gana más aumente a costa de quien menos gana, se explican los índices de pobreza que vivimos; la pobreza laboral se refleja en que no hay capacidad de adquisición de la canasta básica, con más de un millón ciudadanos; se considera población no pobre ni vulnerable, sobre un 24 por ciento de la población total.

Dijo que el PAS ha hecho un llamado al Ejecutivo para que se siente con los concesionarios para hablar del aumento, que lleguen a acuerdos y se tome en cuenta la propuesta del PAS y que es el subsidio del transporte urbano. La movilidad de las sociedades no es solo el aumento en las tarifas en ninguna parte. Y recordó que hay subsidios en otras ramas, pero no en el transporte, por lo que se pronunció porque no haya aumento y se le pasen los costos al usuario.

Luego, el Diputado Martín Pérez Torres se pronunció también a favor del no aumento; hablar de quién va a pagar ese incremento, por lo que también sostuvo que la alternativa planteada por su homólogo Lizárraga otero, de que el Ejecutivo y los prestadores de este servicio, se encuentre un mecanismo de apoyo para éstos y no en detrimento de la clase trabajadora y del usuario; anuncio que se convoca en Mazatlán para que el 30 de octubre no se utilice el transporte público como una medida de rechazo a la pretendida tarifa, pese al clamor de permisionarios señalan los aumentos que se registran en diésel y otros, pero también se debe a que muchos tienen unidades muy usadas, por lo que se pronunció también porque no se dé un aumento.

Enseguida, el Diputado Miguel Ángel Camacho dijo que el aumento solicitado es de un treinta por ciento, el más alto en la historia del transporte en Sinaloa; que de un plumazo se quiere resolver en lugar de analizar vía estudios, porque ese aumento solicitado también afecta al estudiantado, además de que el salario mínimo representa muy poco, y también se manifestó porque el Ejecutivo encuentre la forma de solucionar el problema, y llamó a hacer un frente común tanto en ese rubro como en el educativo.

Luego, el Diputado Héctor Melesio Cuén, citó que cuando se da  un aumento de esa índole, hay que justificarlo, pero que no existe ninguna, por lo que el pronunciamiento de su homólogo de bancada, hay que apoyarlo.

Luego, la Diputada María de la Luz Rodríguez también avaló la propuesta del Diputado Robespierre y citó la reducción de miles de becas que sufrirá Sinaloa, por lo que la solicitud de aumento al transporte y las pocas esperanzas de estudiantes necesitados, al verse sin beca, ya no será posible, y habló ya de la deserción escolar  que ya se registra en este ciclo lectivo.

También tocó el tema el Diputado Mario Imaz López, de que se da como un hecho el aumento, que esas decisiones contraen más la economía de los que menos tienen; que todo el sector empresarial ve la disminución del margen de utilidad, pero que nos ello se afecta al usuario del transporte urbano,  al que se le quita gran parte de su diario esfuerzo.

Hizo un llamado a decir “¡Ya Basta!”, y que el Congreso del Estado se manifieste abiertamente, además de que no hay un transportista pobre y que en cambio usan choferes impreparados, por lo que demandó al Pleno a decir un rotundo no, al pretendido incremento en las tarifas del transporte urbano.

Finalmente, se citó  a sesión ordinaria para el próximo jueves 15 de octubre a la hora de Reglamento.