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Aprueba la LXI Legislatura expedir la Ley de Gobierno Electrónico

  • Congreso del Estado de Sinaloa
  • Julio 7, 2016

El Pleno de la LXI Legislatura aprobó de manera unánime el dictamen de Ley de Gobierno Electrónico del Estado de Sinaloa y que tiene por objeto establecer las bases para la aplicación de la firma electrónica avanzada, sello digital, documentación y mensajes de datos electrónicos, e impulsar las líneas  de acción, estrategias y políticas públicas para el uso de las tecnologías de la información y comunicación en el Estado, así como la regulación de otros aspectos.

Entre ellos, el uso de los medios electrónicos en los actos y procedimientos administrativos que realicen los sujetos obligados conforme a la presente ley; el reconocimiento, eficacia jurídica y utilización de la firma electrónica avanzada, el sello digital o cualquier otro medio electrónico, y la gestión de trámites, servicios, procesos administrativos, actos, comunicaciones y procedimientos, realizados con el uso de medios electrónicos en los términos de la presente ley.

Define también aspectos como:

Autenticación. Proceso de verificar la identidad electrónica del remitente de una comunicación con una petición, determinando que el usuario sea quien dice ser.

Autenticidad. Es la certeza de atribuir la autoría del contenido de un mensaje de datos al firmante, siendo aplicables las con secuencias jurídicas que del mismo s derivan, por expresión de voluntad libre de vicios.

Autoridad certificadora. Órgano responsable de coordinar los  servicios de certificación, expedir los certificados de firma electrónica avanzada, sello digital o en su caso, autorizar la prestación de servicios de certificación, así como otros servicios relacionados con la firma electrónica avanzada y el sello digital, en términos del artículo 57 de la presente ley.

Certificado. Documento que confirma la identidad electrónica del titular de una firma electrónica avanzada o de un sello digital.

Certificación. Proceso de autenticación de la identidad electrónica que realiza la Autoridad Certificadora, con base en el cual el titular obtiene su certificado.

Comisión. Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria.

En el documento se establece que estarán sujetos a esta ley: el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Órganos Autónomos del Estado, los ayuntamientos; las entidades y organismos públicos descentralizados de la Administración Pública Estatal; las entidades y organismos públicos descentralizados de los Municipios del Estado; los Fedatarios Públicos con ejercicio  y residencia en el Estado; los particulares que utilicen la firma o medios electrónicos certificados, para la realización de algún  trámite ante alguno de los Poderes del Estado, los Ayuntamientos, órganos autónomos o alguna de sus Dependencias y organismos.

Este nuevo ordenamiento legal consta de Doce  Capítulos que engloban Setenta y cinco Artículos Naturales así como Ocho Artículos Transitorios.

Previo a ser sometido a votación, Karim Pechir Espinoza de los Monteros, titular de Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado, reconoció al trabajo parlamentario para dotar a Sinaloa de este nuevo marco legal, con el que, reconoció, habrá de reducirse no solo el tiempo que el usuario pueda invertir, toda vez que sus trámites los podrá hacer vía internet, además de que el fenómeno de corrupción también se reducirá sustancialmente; citó que Sinaloa ocupa el primer lugar en inscripción vía internet y que con esta nueva ley, vuelve a ubicarse a la vanguardia a nivel nacional.

En tanto, el Diputado Roque de Jesús Chávez López, del Partido Revolucionario Institucional, dijo que esta nueva ley vendrá a enriquecerse con la recientemente aprobada “huella electrónica”, lo que permitirá agilitar el tiempo de los trámites que el usuario habrá de realizar.

Por su parte, la Diputada Laura Galván Uzeta, del Partido Acción Nacional, reconoció las bondades que para la entidad generará esta nueva ley, en la que destacó que el uso de las nuevas tecnologías permitirá agilitar todo trámite que el ciudadano realice.

Además, pidió que el último párrafo de la fracción VI del artículo 24, sea reubicado íntegro, como último párrafo del artículo 27, que tiene que ver con la forma en que podrán identificarse electrónicamente, lo cual también fue aprobado por el Pleno.

El citado párrafo dice:

“El proceso de identificación electrónica de menores de edad o de personas en estado de  interdicción, deberá  realizarlo quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, en términos del Código Familiar del Estado”.

Durante la sesión se le dio primera lectura a la iniciativa presentada por la Diputada Flor Esther Gastélum Vértiz, del Partido Revolucionario Institucional, en la que propone adicionar el artículo 16 Bis a la Ley de Salud del Estado de Sinaloa, a fin de que el Sistema Estatal de Salud promueva la inclusión en el cuadro básico, los servicios de atención gratuita de hemodiálisis, diálisis, trasplante y desarrollo de políticas de prevención a los enfermos renales sin exclusión alguna.

Ello, luego de  resaltar que quienes padecen de males renales, en el caso específico de aquellos que reciben hemodiálisis, realizan un gasto de mil 300 pesos por sesión, siendo lo adecuado tres sesiones semanales, lo que resulta oneroso para familias de escasos recursos económicos; que en Sinaloa hay mil 500 enfermos renales; se aplican 700 hemodiálisis y diálisis peritoneal; el Seguro Popular no cubre los tratamientos en los pacientes de manera general; es más difícil recibir este tipo de tratamiento para los grupos indígenas, por lo que resalta que “es difícil la demanda de servicios de salud es superior a la cobertura que el Estado puede brindar a la población, como en atención por insuficiencia renal”.

La propuesta dice:

Artículo 16 bis. El Sistema Estatal de Salud, promoverá que se incluya en el cuadro básico los servicios de atención gratuita de la hemodiálisis y diálisis, trasplante y desarrollo de políticas de prevención a los enfermos renales sin exclusión alguna”.

Posteriormente, se le dio lectura a la iniciativa presentada por la y los Diputados del Partido Sinaloense, en la que proponen la adición del último párrafo al artículo 380 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, con el objetivo de que conserve la patria potestad a la persona víctima del delito de desaparición forzada de personas en Sinaloa.

Esta propuesta, señala que “la Declaración de Ausencia es especial para proteger los derechos de las víctimas, principalmente, de los familiares menores de edad; el principal propósito de la declaración de ausencia es de que una vez los  familiares se hayan convertido en víctimas, no se viole su integridad física, emocional y moral”; cuando  el estatus de una persona desaparecida no es reconocido oficialmente, la familia no recibe el apoyo apropiado que suele darse a individuos legalmente admitidos como ausentes.

La propuesta del último párrafo dice:

Artículo 380. . .

I a X. . .

En tratándose de hijos de persona declarada judicialmente ausente, ésa conservará la patria potestad en tanto no se declare muerta”.

Otra de las iniciativas que recibieron trámite legislativo, fue la presentada por el ciudadano Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, que propone reformar la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad del Estado de Sinaloa, para adicionar el Capítulo V denominado “Del Instituto Sinaloense para la Inclusión de las Personas con Discapacidad”.

Señala que el Instituto Sinaloense para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, será un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado; para su adecuado funcionamiento, el Poder Legislativo habrá de asignar, como competencialmente le corresponde, una partida presupuestal adecuada y suficiente para el siguiente año inmediato. Por último, en adición a las obligaciones  que previo a esta reforma propuesta ya se encuentran plasmadas en la norma, se establece la apertura de una ventanilla única para la atención de las personas con  discapacidad en las Unidades Administrativas del Estado, con el objeto de gestionar todos los trámites competencia del Ejecutivo del Estado.

El  Capítulo V Del Instituto Sinaloense para la Inclusión de las Personas con Discapacidad propuesto se inserte en la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad del Estado de Sinaloa quedaría de la siguiente manera:

“Artículo 14. Se crea el Instituto Sinaloense para la Inclusión de las Personas con discapacidad, como un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Sinaloa.

La Junta Directiva será  el órgano México de gobierno del Instituto y designará a su Director General. Se garantizará la representación de la sociedad civil en la Junta Directiva. Las normas relativas a la estructura y organización del Instituto  estarán previstas en el Reglamento Interior que al efecto se expida.

Artículo 15. El Instituto Sinaloense para la Inclusión de las Personas con Discapacidad es el organismo encargado de ejercer las atribuciones y obligaciones establecidas en el artículo 6 de la Ley.

Además de las atribuciones señaladas en el artículo 6, el Instituto establecerá una ventanilla única de atención a discapacitados en cada Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, que gestionará los trámites que sean competencia estatal”.

El artículo Segundo Transitorio dice:

SEGUNDO. El H. Congreso del Estado de Sinaloa asignará en el Presupuesto de Egresos de 2017, una partida presupuestal adecuada y suficiente para el Instituto Sinaloense para la Inclusión de las Personas con Discapacidad”.

Por otra parte, el Pleno del legislativo conoció el dictamen sobre iniciativa que propone reformar la fracción XVII y adicionar la fracción XVIII, al artículo 16 de la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa recorriéndose la subsecuente al artículo 16 de la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa.

Las fracciones en comento  señalan:

Artículo 16. . .

I a la XVI. . .

XVII. establecer programas preventivos de Talleres para Padres de Familia, para el fortalecimiento de los valores, cultura cívica y de la legalidad que se traduzcan en familias sólidas, unidas y fuertes que trasciendan con el ejemplo del ámbito familiar al contexto educativo y social;

XVIII. Proponer programas de seguridad vial en los tipos del sistema educativo estatal entendidos como el conjunto de actividades que se orientan al desarrollo en la cultura de seguridad vial, para una mejor integración social de todos sus actores”.

Una vez conocido el dictamen, se envió a la Secretaría para su segunda lectura de Reglamento.

En Asuntos Generales, la Diputada Sylvia Myriam Chávez López, del Partido Nueva Alianza, realizó un posicionamiento en Tribuna sobre Discapacidad, se pronunció por atender las demandas de los discapacitados que hay en la entidad toda vez que el número de discapacitados en el Estado aumenta considerablemente en la entidad.

En tanto, la Diputada María del Rosario Sánchez, del Partido Sinaloense, señaló la necesidad de la integración de un padrón de discapacitados en todo el Estado; que a los hijos de este grupo, se les concedan becas vitalicias; que el transporte urbano conceda el 50 por ciento del costo del pasaje, tarifa aplicable también para el transporte regional; que se revise cuántos ayuntamientos han cumplido con la ley de contratar a personas con discapacidades diferentes, como también otorgar incentivos a empresarios que contraten al tres por ciento de su personal, con personas discapacitadas.

Por su parte, la Diputada Imelda Castro Castro, del Partido de la Revolución Democrática, dijo que lo planteado por sus compañeras, gira en torno a la vulneración de los derechos humanos; pero añadió también los problemas de pescadores, de familias con hijos de desaparecidos, el de adultos mayores y añadió también dentro de esos grupos vulnerables, a quienes dejan sus lugares de origen ante la violencia en sus comunidades.

En otro tema, el Diputado Noé Quevedo Salazar, del Partido Sinaloense, consideró como un agravio para los mexicanos que el Gobernador del Banco de México; Agustín Carstens, señale que con 320 pesos a la semana se puede comprar la canasta básica, situación que para el legislador local habla de lo mal informado o el poco interés que él se tiene en la situación por la que atraviesan miles de familias en el país para poder llevar el sustento a sus casas. Recordó que no es la primera vez que existen expresiones de ese tipo, y debería de dar pena cuando existen personas que ganan tanto dinero con tanta insensibilidad.

Por otra parte, el Diputado Ramón Lucas Lizárraga, habló de la necesidad de que se lleve a cabo la creación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para efectos de crear la actual procuraduría, bajo los nuevos esquemas que a más de dos años no se han atendido.

Recordó que existe una iniciativa avalada por la mesa de trabajo “Compromisos por Sinaloa”, que establece una autonomía plena a la actual Procuraduría y que se convierta en  Fiscalía, en donde para un estado como Sinaloa, con su violencia está sistemáticamente como tema nacional e internacional.

Otro de los temas abordados en Tribuna, fue el expuesto por el Diputado Jesús Burgos Pinto, del Partido Revolucionario Institucional, quien dijo que dirigentes de cámaras y agrupaciones de Guasave plantearon el reclamo de apoyo para que los municipios de Guasave y Sinaloa tengan instituciones orientadas a atender los eventos constitutivos  de delito, también conocidos como centros de justicia distritales, tal y como él lo planteo en una iniciativa ante la LXI Legislatura, e indicó que este año ha sido de una condición de desaliento, abandono, de una obligación primigenia del Estado  Mexicano, que es la aplicación de la justicia.

Llamado al que se sumaron los Diputados Roque de Jesús Chávez López, Guadalupe Carrizoza Chaidez, y Martín Pérez Torres, además de Imelda Castro Castro, María del Rosario Sánchez Zatarain, Ramón Lucas Lizárraga, María de la Luz Ramírez Rodríguez y Miguel Ángel Camacho Sánchez, quienes además señalaron la necesidad de que se redoblen esfuerzos y se puedan sacar adelante una buena cantidad de iniciativas que continúan sin dictaminar, toda vez que falta poco tiempo para que concluya la gestión de la LXI Legislatura y es necesario recuperar la confianza de la gente en las y los Diputados.

Al respecto, el Diputado Jesús Enrique Hernández Chávez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que ya se trabaja al interior de JUCOPO en una agenda de 27 iniciativas prioritarias en su aprobación, en la cual se estaría incluyendo la propuesta por el Diputado Jesús Burgos Pinto, sin embargo, esa agenda no es excluyente y sí por el contrario es flexible y está a discusión del Pleno para una posible modificación.

Destacó que el balance que se realizará de los trabajos de la LXI Legislatura va a ser el mejor en los últimos años, toda vez que durante su periodo se vivió una etapa muy interesante y muestra de ello es la armonización en lo referente a las reformas estructurales en el país, mismas que llegaron en consenso de todos los partidos políticos, además, se llevó a cabo un ejercicio plural con la instalación de la mesa de Compromisos por Sinaloa, de donde surgieron 28 iniciativas de las cuales ya fueron aprobadas 21, lo cual ha ayudado a que el Estado cuente con un mayor y mejor marco jurídico que regula la entidad.

Asimismo, recordó que se han realizado procesos de elección de magistrados de CEAIP, del Presidente de la CEDH, y el Auditor Superior del Estado, en donde no se tuvieron mayores inconvenientes y no se impugnaron los procesos, lo que habla del buen trabajo y la transparencia con la que se han realizado los trabajos durante la legislatura.

Ante las solicitudes realizadas, el Diputado Robespierre Lizárraga Otero, en funciones de Presidente de la Mesa Directiva, indicó que el tema sería planteado en una reunión al interior de la Mesa Directiva para que en coordinación con la Junta de Coordinación Política se concluya la propuesta de temas a dictaminar a la brevedad y se remitan las respectivas excitativas a las Comisiones que están obligadas a dictaminar.

Una vez agotados los asuntos en cartera, se clausuró la sesión y se citó para el próximo martes 12 de julio a las 11:00 horas.