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Aprueba la LXI Legislatura elevar a categoría de Villa a la localidad de Quilá

  • Congreso del Estado de Sinaloa
  • Noviembre 10, 2015

Por unanimidad, el Pleno de la LXI Legislatura aprobó elevar a categoría de Villa la localidad de Quilá –actualmente cabecera de Sindicatura, al mismo tiempo que fija el 14 de junio como la fecha de su poblamiento.

El documento enviado al Poder Legislativo como iniciativa por parte del alcalde y secretario del ayuntamiento de Culiacán, Sergio Torres  Félix y Guadalupe Robles, respectivamente, resalta que la Sindicatura de Quilá se encuentra integrada por 17 Comisarías que cuentan con una población de aproximadamente 19 mil 500 habitantes, de acuerdo al censo de población y vivienda realizado por el INEGI en el 2010.

Así, la nueva denominación será la de Villa de Quilá y entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.

Además, en el Artículo Segundo Transitorio, se asienta que el Ayuntamiento de Culiacán deberá realizar los cambios administrativos y/o reglamentarios correspondientes, con motivo del presente Decreto.

Por otra parte, el Pleno conoció en primera lectura, el dictamen sobre Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado de Sinaloa, misma que tiene como objetivo regular la administración de los bienes asegurados, decomisados o abandonados, en los procedimientos penales, de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales; la administración de este tipo de bienes estará a cargo de la Dirección General  de bienes Asegurados, Control y Manejo de Evidencias de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

El dictamen elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, precisa que los bienes abandonados o decomisados, así como los que se han declarado la extinción de dominio, pasarán a ser propiedad del Estado en los términos de esta ley.

La Comisión para la Supervisión de la Administración de bienes asegurados, decomisados o abandonados será integrarán por el Procurador de Justicia, el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Secretario General de Gobierno, Secretario de Salud, Secretario de Administración y Finanzas y, el titular de la Dirección General, quien será el secretario técnico y tendrá voz pero no voto, y deberán de sesionar ordinariamente cuando menos cada cuatro meses y extraordinariamente cuando se requiera. Sus reuniones serán válidas con la presencia de tres de sus integrantes con derecho a voz, entre los cuales deberá estar el Presidente o su suplente.

La administración de los bienes asegurados, decomisados o abandonados, comprende su recepción, registro, custodia, conservación, supervisión, y en su caso, entrega; la Dirección General administrará directamente los bienes objetos de esta ley, para lo cual nombrará depositarios, interventores o administradores de los mismos.

Este proyecto de Ley consta de Ocho Capítulos que engloban Veintiocho Artículos Naturales así como Cuatro Artículos Transitorios, y que remitió a la Secretaría para la segunda lectura de Reglamento.

Posteriormente, se conocieron las iniciativas que proponen expedir los decretos que establecen los valores unitarios del suelo y de las construcciones de los ayuntamientos de Ahome, Culiacán, Mazatlán, El Fuerte, Elota, Escuinapa, Navolato, Sinaloa y Mocorito.

Conforme a lo informado por el Presidente de la Comisión de Hacienda, Diputado Óscar Javier Valdez López, reveló que, de aprobar el Pleno la actualización, ésta será de un tres por ciento, que corresponde al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Los dictámenes se remitieron a la Secretaría para la segunda lectura de Reglamento.

En Asuntos Generales, la Diputada Yudit del Rincón Castro, del Partido Acción Nacional, fijó un posicionamiento respecto a una iniciativa que presentó para reformar la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de Sinaloa, y de la Ley del Instituto de las Mujeres, complementaria a otras ya presentadas ante la LXI Legislatura y que tiene como fin incluir en las normativas estatales, para atender y respetar los derechos humanos; se reconozca la aportación femenina en la ciencia y la tecnología, citando que de 1975-1985 se otorgó especial importancia a la mujer y su aportación a la ciencia y tecnología, la cual se intensificó hasta el año 2000 en que se adoptó como uno de los ocho objetivos del milenio.

Dijo que la aportación femenina a la ciencia y tecnología es importante pero inequitativo, e indicó que en la Academia Mexicana de Ciencias, que cuenta con dos mil 570 integrantes, solo hay arriba de 615 mujeres; Sistema Nacional de Investigadores que avanza de los 23 mil 316 miembros, las mujeres son 8 mil 160, o que, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, México ocupa el lugar 80 sobre la brecha entre los géneros de las 142 economías medidas y no aparece entre las 15 nacionales latinoamericanas mejor posicionadas.

Señaló que la aportación femenina ha sido olvidada, por lo que demandó mayor participación y reconocimiento para este sector de la sociedad mexicana.

Por otra parte, y al referirse a la iniciativa de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que reforma las leyes de Coordinación Fiscal, General de  Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental, el diputado Óscar Javier Valdez López, del Partido Revolucionario Institucional, señaló que “el objetivo de este proyecto de ley, es asegurar un manejo sostenible de las finanzas públicas de los estados, el Distrito Federal y los municipios de la república. En ese sentido, se proponen principios generales en materia presupuestaria, de endeudamiento, transparencia, monitoreo y rendición de cuentas del uso de los ingresos y del ejercicio del gasto público de las entidades federativas y de los municipios”.

Precisó que la iniciativa busca lograr su objetivo mediante cinco componentes: reglas de disciplina financiera, que promueven el sano desarrollo de las finanzas públicas, mediante principios de responsabilidad hacendaria; sistemas de alertas vinculado a los niveles de endeudamiento de servicio de la deuda y de las condiciones de liquidez, que permita una detección oportuna del riesgo en el endeudamiento de los entes públicos; contratación de financiamientos y obligaciones, bajo principios de transparencia y eficiencia, de forma que su contratación se realice al menor costo financiero y destinando los recursos obtenidos a inversión pública.

En otro tema, el Diputado Héctor Melesio Cuén Ojeda, del Partido Sinaloense, habló sobre la reforma educativa y precisó que “se ha dicho que la evaluación es fundamental, y que si existen avances, y éstos tienen que medirse”, de manera permanente.

Aseguró que también es vital la evaluación del alumnado, porque se requieren profesionistas que se conviertan en inventores, capaces de generar patentes y bienes de servicio, porque “en México estamos por suelos y el nivel de inventiva está en 0.5 o 0.1”, porque el sistema educativo mexicano falla.

Reveló datos sobre el nivel de aprovechamiento que muestran alumnos tanto de primaria como de secundaria, en materias como lectura y matemáticas, y aseguró que muchos alumnos egresan del primer nivel sabiendo leer, pero sin entender lo que se ha leído.

En otra parte de su intervención en tribuna, propuso que la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política en coordinación con las Comisiones correspondientes de este Congreso, establezcan un puente de comunicación con las autoridades educativas para que se instale una mesa de diálogo y trabajo,  en la que se analicen por orden de prioridad de necesidades, las escuelas contempladas a beneficiar con la aplicación de recursos, pero más allá, supervisar la forma en que se desarrollará este programa.

En su oportunidad, el Diputado Miguel Ángel Camacho Sánchez, del Partido Acción Nacional, se pronunció por la necesidad de contar con corporaciones policiales profesionalizadas, lo cual pudiera lograrse a través de la creación del Servicio Nacional de Carrera Policial, que establecerá la reglamentación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de personal de instituciones de seguridad pública, así como la incorporación de un mecanismo de control externo y rendición de cuentas que acompañen la implementación de las políticas en la materia y supervisen a instituciones de seguridad en el ejercicio de sus atribuciones.

Dijo que su partido propone la creación del Instituto Nacional de Seguridad Pública, que diseñaría mecanismos de intervención y colaboración, y un Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que supervisaría la profesionalización de los servicios periciales de todo el país.

Argumentó que con estos elementos, el Estado Mexicano podrá atender lo establecido en la Carta Magna, de otorgar la seguridad pública; precepto que ordena que en el ejercicio de dicha función pública, la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a la los derechos humanos.

El legislador insistió en que es en la profesionalización de las corporaciones policiacas  “uno de los grandes retos que hoy enfrenta el gobierno federal es la implementación del mando único, así como los grandes desafíos  que representa su operación y su implementación en el plano estatal y municipal”.

Recordó que la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa contempla la evaluación y control de confianza del personal de las instituciones de seguridad pública en la entidad, para finalmente, manifestarse por atender la problemática que viven las corporaciones policiacas en Sinaloa, además de otorgarles garantías “y en especial, dar certeza legal a su trabajo y, al mismo tiempo, otorgar las herramientas suficientes para su desarrollo profesional, conscientes de que al mismo tiempo de cumplir con la función constitucional encomendada, también son jefes de familia del que dependen otras personas”.

Ante el anuncio sobre un nuevo aumento en el precio del transporte urbano, el Diputado Robespierre Lizárraga Otero, del Partido Sinaloense, se manifestó por un subsidio a este medio, luego de conocer el costo de unidades, combustibles, refacciones, pago a empelados, pero también el pobre salario del usuario, por lo que esbozó que sea a través del presupuesto del Gobierno del Estado, tras un estudio que realice esta Soberanía, se efectué un análisis de dónde obtener esos recursos: reducir los gastos de funcionarios, que además, tienen  altos salario, o la mala distribución del ingreso,  y que ello se refleja en políticas públicas poco eficientes.

Existen políticas públicas marcadas por el clientelismo y se condicionan esos apoyos, por lo que reiteró que el subsidio al transporte urbano sería incluso saludable para el entorno ecológico, al reducir el uso del transporte privado; la redistribución del recurso público hacia los que menos tienen, por estar en un estado con grandes desigualdades, y que desde el mismo gobierno se alientan esas acciones.

Apoyo al transporte urbano traerá mayor igualdad directa, y que no significará clientelismo electoral; “el subsidio es posible, como se hizo con los uniformes”, aseguró, bajo herramientas que se otorgue  directamente a quien lo necesite.

Finalmente, se citó Sesión Solemne para el próximo jueves 12 de Noviembre, a la entrega del Premio al Mérito Juvenil 2015, a la hora de Reglamento.