Aprueba Diputación Permanente acuerdo de JUCOPO

Las y los Diputados integrantes de la Diputación Permanente aprobaron el Acuerdo tomado por la Junta de Coordinación Política en torno a otorgarle una subvención económica a la Diputada Yudit del Rincón Castro, por 42 mil 498 pesos y 12 centavos mensuales, tras sufrir un accidente cerebrovascular que se le presentó cuando cumplía un compromiso en su investidura de legisladora.

Padecimiento, caracterizado por un déficit neurológico focal secundario a una lesión aguda del sistema nervioso central de origen vascular, incluido el infarto cerebral, la hemorragia intercerebral y la hemorragia subaracnoidea, según el parte médico emitido.

En el Acuerdo signado por la Junta de Coordinación Política, se lee:

“Los Diputados integrantes de esta Junta de Coordinación Política estimamos, sin lugar a duda, que es de elemental justicia que el Congreso del Estado de Sinaloa aporte un respaldo que, en cierto modo, le permita a la diputada Yudit del Rincón Castro atender con dignidad las necesidades presentes y futuras toda vez que, como ya se ha mencionado, el daño a su salud ha sido en cumplimiento de sus responsabilidades públicas”.

En el Segundo Punto del Acuerdo también se asienta:

“SEGUNDO. Esta Junta exhorta al Ejecutivo del Estado para que, en el marco de sus facultades, realice las modificaciones en la partida 211120101000101 “transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas” de la  Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del 2016 y las sucesivas a cada año de ejercicio fiscal, en tanto permanezca la incapacidad de la C. Yudit del Rincón Castro, con la finalidad de que el pago de la subvención económica que, con el presente, se aprueba, sea garantizada.”

Y en tercer punto dice:

“TERCERO. El Congreso del Estado, mientras la incapacidad de la C. Yudit del Rincón Castro permanezca, mediante el pago correspondiente la incluirá, con carácter de Póliza individual en el Seguro de Gastos Médicos Mayores de este órgano de representación popular”.

El Acuerdo fue aprobado por unanimidad de la Diputación Permanente, entando en vigor esta misma fecha.

En esta sesión, también se le dio lectura al Punto de Acuerdo con el que el Congreso de la Unión exhorta a los Congresos locales para que se lleven a cabo todas las acciones necesarias a fin de que sus portales de internet se encuentren con información actualizada, sean comprensibles, amigables y de fácil acceso para todos los usuarios.

Posteriormente, se le dio primera lectura a la iniciativa presentada por la y los Diputados del Partido Sinaloense, y el ciudadano Héctor Melesio Cuén Ojeda, con la que proponen reformar y derogar diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y que tiene por objeto eliminar el fuero constitucional.

En el documento, señalan que el fuero o la inmunidad se entienden también como un privilegio conferido a expresos servidores públicos, y todas las personas deben de tener los mismos derechos, por lo que esta figura es discriminatoria.

En consecuencia, proponer reformar el segundo párrafo del artículo 33, para quedar así:

“Artículo 33. . .

El Presidente del Congreso velará por el respeto a la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.

…”

Igualmente, proponen  reformar la fracción XX del artículo 43, que dice:

“Artículo 43. . .

I a XIX. . .

1. Conocer de las imputaciones formuladas mediante el juicio político en contra de los servidores públicos señalados en el Título VI de esta Constitución, actuando como Órgano de acusación si resultare procedente, presentar ésta;

XXI a XXXV. . .”

Por lo que hace a la reforma propuesta a la fracción II del artículo 104 dice así:

“Artículo 104. . .

• . . .-
• Resolver, como jurado de sentencia, de las acusaciones penales formuladas en contra del Gobernador del Estado, por la comisión de delitos.

III a X. . .”

De la misma forma proponen derogar los párrafos segundo y tercero del Artículo 135; reformar a los párrafos primero y segundo del Artículo 136:

“Artículo 136. El servidor público será separado de su encargo al declararse su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Tratándose del Procurador General de Justicia del Estado, las leyes de la materia, provendrán el procedimiento a seguir.

Tratándose de delitos federales, se procederá conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

También proponen derogar los párrafos cuarto, quinto y sexto del artículo 137, en tanto que el segundo párrafo del artículo 140 quedaría así:

“Artículo 140-. . .

La acción penal derivada de la responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo prescribe en el término que fije el Código Penal, pero dicho plazo de prescripción no será inferior a tres años”.

Otra de las iniciativas que recibieron trámite legislativo, fue la presentada por la Diputada Laura Galván Uzeta, del Partido Acción Nacional, en la que propone reformar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y la Ley Orgánica del Congreso, todas del Estado de Sinaloa, que tiene que ver también con la eliminación del fuero.

En el documento invoca el artículo 43 en la fracción Vigésima y cuyo texto señala:

”XX Conocer de las imputaciones formuladas mediante juicio político en contra de los servidoras públicos señalados en el Título VI de esta constitución, actuando como Órgano de acusación si resultare procedente presentar ésta.”

 Y propone modificar el artículo 135 para quedar así:

“Todo servidor público es penalmente responsable por los delitos que cometa y su conducta delictuosa será perseguida y sancionada conforme a las leyes penales.”

Propone derogar el artículo 136 y  plantea la redacción del Artículo 137:

“Artículo 137. El Código Penal del Estado tipificará como delito el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo o con motivo de su ejercicio adquieran, directamente o a través de terceros, la propiedad de bienes o se ostenten como dueños de los mismos, cuya  procedencia legal no puedan acreditar. Dicho ilícito se castigará con el decomiso y la privación de la propiedad de los bienes ilegalmente adquiridos, independientemente de las demás sanciones aplicables. Cuando el delito cometido por un servidor público le representa beneficio económico o cause daño o perjuicio patrimonial, la pena correspondiente se graduará conforme al monto del beneficio obtenido o del daño o perjuicio causados, sin que la sanción económica pueda ser mayor del triple del valor de aquéllos. No se  concederá indulto por delito cometido por el servidor público en ejercicio de su encargo”.

Adicionalmente, la legisladora plantea reformar las Leyes de Responsabilidad de los Servidores Públicos así como la Orgánica del Congreso del Estado.

En la primera de las leyes citadas, plantea modificar el nombre del Capítulo IV; reformando el artículo 32; derogándose  los artículos 33 al 45, para quedar así:

“CAPÍTULO IV

RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LA COMISIÓN DE DELITOS

ARTÍCULO 32. Todo servidor público es penalmente responsable de los delitos que cometa y su conducta delictuosa será   perseguida y sancionada conforme a las leyes penales”.

En tanto a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, la legisladora  plantea reformar los artículos 10, 11, 31 y 240; se derogan los artículos 232, 233, 327 y 240 para quedar así:

“Artículo 10. Los Diputados son inviolables en la expresión de las ideas que manifiesten en el desempeño de sus funciones, y jamás podrán ser reconvenidos por la expresión de ellas.

Artículo 11. El Presidente del Congreso velará por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.

Toda fuerza pública está impedida de tener acceso al recinto del Congreso, salvo solicitud o permiso del Presidente del Congreso o de la Diputación Permanente, según corresponda, bajo cuyo mando quedarán en este caso. Cuando sin mediar autorización se hiciera presente la fuerza pública, el Presidente decretará un receso hasta que dicha fuerza abandone el recinto.

Artículo 31. Los Diputados quedarán suspendidos de los derechos y obligaciones a los que se refiere esta Ley, por licencia concedida en los términos establecidos en la misma.”

Enseguida, asienta los artículos 232, 233, 234 y 237, como derogados, en tanto que el texto del artículo 240 dice:

“Artículo 240. Los procedimientos del Juicio Político, de responsabilidad y sanciones a iniciativas que realice la Comisión Instructora del Congreso del Estado, se  efectuarán conforme a las disposiciones que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa”.

Por otra parte, las y los Diputados de la Diputación Permanente, conocieron la iniciativa presentada por la Diputada Imelda Castro Castro, del Partido de la Revolución Democrática, que propone reformar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que también se refiere al fuero constitucional.

Y en la que además de tener coincidencias con las dos anteriores, agrega en su reforma a la Constitución Local, la modificación del Artículo 136, cuyo texto dice:

“Artículo 136.- Tratándose  de delitos federales imputados al Gobernador, a los Diputados y Magistrados, previa declaratoria del Congreso de la Union, la Legislatura Local se sujetará lo previsto en el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Además, el párrafo cuarto del artículo 137 propone derogarlo e incluye un quinto párrafo que dice:

“No habrá inmunidad tratándose de demandas del orden civil entabladas contra cualquier servidor público.”

El siguiente párrafo también propone drogarlo

Por último, en el artículo 140 propone el segundo párrafo que dice así:

“Artículo 140. . .

La acción penal derivada de la responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo prescribe en el término que fije el Código Penal, pero dicho plazo de prescripción no será inferior a tres años”.

En Asuntos Generales, la Diputada Imelda Castro Castro, del Partido de la Revolución Democrática, presentó un posicionamiento sobre justicia administrativa y sistema anticorrupción, mencionando que desde el 2013 fueron aprobadas reformas a la Carta Magna en materia de combate a la corrupción, y que obligan a los Congresos Locales a legislar en la materia de manera inmediata, en Sinaloa poco se ha hecho por parte del Ejecutivo del Estado en observar dichas reformas y que apenas el pasado 19 de agosto, se publican  reformas constitucionales en la materia, “después de tres años de aprobada, insólitamente se publica la reforma la Ley de Justicia Administrativa”.

Dijo que dichas reformas, fueron aprobadas desde el 12 de febrero del 2013, y quien debe ordenar la publicación de los decretos en el Periódico oficial del Estado, “la mantuvo  oculta en algún cajón, inexplicablemente tres largos años; que se sepa, nadie en esta legislatura que está por terminar, conoce si en términos del artículo 46 de la Constitución Local, el Ejecutivo hizo alguna observación a las reformas, aunque habría de aclarar que de haberlas hecho debió  haberlas resuelto la anterior legislatura hace tres años. Tampoco se conoce documento alguno hecho llegar a la anterior legislatura”.

Citó los artículos transitorios del decreto de Reforma Constitucional, así como dispuesto en la fracción 116, pues tales disposiciones se deriva que los sistemas de anticorrupción de las entidades federativas deberán conformarse de acuerdo con las leyes generales de esa materia y que los magistrados de los Tribunales de lo Contencioso Administrativos Locales, actualmente en funciones, continuaran en sus cargos exclusivamente por el tiempo que hayan sido nombrados.

Dijo que con la reforma local, se crea un procedimiento para el nombramiento de los magistrados que no respeta las mínimas garantías judiciales, ni una elemental certeza y transparencia en la forma en que se integran los temas de magistrados. Por quienes fungen como tales en la Sala Superior de este Tribunal al momento de que se generen las vacantes; y por otra parte, no hace factible renovar a la mencionada Sala Superior, dado que los propios integrantes son quienes valorarían su propia trayectoria, antes de proponer ternas al Congreso.

Por otra parte, la Diputada María del Rosario Sánchez Zatarain, del grupo parlamentario del Partido Sinaloense, lamentó la política económica federal y señaló que el cambio de titular en la Secretaría de Hacienda Pública Federal aún encierra misterio para la sociedad; además de señalar que con el nuevo titular, tampoco se vislumbra un mejor panorama económico para el país para los próximos años y advirtió como críticos los años venideros toda vez que el gobierno del p residente Enrique Peña Nieto ha fallado en sus diversas reformas.

Finalmente, se citó a la Diputación Permanente para el próximo martes 20 de Septiembre a la hora de Reglamento, a sesión pública ordinaria.