Acuerdan integrantes de la LXI Legislatura sanción por la campaña “Al 100 X Culiacán”

Por mayoría de las y los Diputados integrantes de la LXI Legislatura se aprobó la propuesta de acuerdo presentada por los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, para cumplir con la sentencia dictada por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del expediente SER-PSC-124/2015, que determina la violación a la normatividad electoral por parte del Ayuntamiento de Culiacán, con motivo de la difusión en radio, internet y espectaculares de la campaña denominada “Al 100 X Culiacán”, durante el periodo de campañas del proceso electoral federal del presente año.

De acuerdo al documento en su artículo primero señala:

“La Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en los términos de lo ordenado por la sentencia de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expediente SER-PSC-124/2015, en virtud del cual se determina dar vista a este Congreso del Estado, y con fundamento en los artículos 42 y 43, fracción XXXV de la Constitución Política; 1, fracción 1, 2, 3, 14, 15, fracción 1, 17, fracción 1, 18 y 23 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ambas del Estado de Sinaloa; amonesta al C. Sergio Torres Félix, Presidente Municipal de Culiacán, Sinaloa, exhortándolo para que en lo sucesivo considere la abstención de realizar actos que constituyan propaganda gubernamental difundida durante la etapa de campas de la contienda electoral federal, pues de persistir esta conducta, podrá ser motivo para la imposición de sanción diversa a la impuesta, conforme lo establezca la Ley. Lo anterior, al haber resuelto la Sala Regional Especializada antes referida contravención a los artículos 41, Base III, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del 209, párrafo primero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”.

Mientras que en el artículo segundo del documento, este refiere:

“Se instruye a la Auditoría Superior del Estado para que de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado, implemente una auditoría especial sobre los gastos aplicados a la campaña “Al 100 x Culiacán”, y presente ante este Congreso un informe especial dentro del plazo de 30 días naturales contados a partir de la aprobación del presente Acuerdo”.

Luego de aprobarse, la Diputada Imelda Castro se pronunció en tribuna porque esta Soberanía no dé por cerrado el caso, hasta en tanto la Auditoría Superior del Estado no entregue el informe sobre la auditoría especial, además de pronunciarse porque el alcalde reintegre a las arcas municipales los recursos que desvió para esa campaña.

Posteriormente, el Diputado Miguel Ángel Camacho Sánchez, consideró que este acuerdo si bien pareciera tardío, se tiene que sentar un precedente y ser más responsables cuando llega un mandato superior, y celebró que se vaya a realizar una auditoría sobre el caso, para que se verifique el uso correcto de los recursos públicos.

En su oportunidad, el Diputado Francisco Solano Urías, calificó como una “democracia disfuncional” la de nuestro país; y dijo que la LXI Legislatura debe exhortar a todos los funcionarios a comportarse de manera respetuosa hacia los ciudadanos e instituciones del país, en este caso de Sinaloa y particularmente del municipio.

En otro tema, la Diputada Yudit del Rincón Castro, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó un exhorto al Ejecutivo del Estado, para la integración del Sistema Estatal de Atención a Víctimas.

Señaló que las políticas públicas tendrán por objeto proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, y demás operaciones que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de los daños causados a las víctimas en los ámbitos estatal y municipal, el decir, el Sistema Estatal de Atención a Víctimas.

Resaltó que la Ley General de Víctimas, crea también  el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que es la instancia rectora del Estado encargada de definir y aplicar políticas públicas de apoyo a las víctimas, asimismo, es responsable de diseñar programas y acciones más eficaces para la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las v víctimas referidas en la Ley, además cuenta con una Comisión ejecutiva de Atención a Víctimas.

Expuso también, en el ámbito estatal, que el Sistema Estatal de Atención a Víctimas es un instrumento indispensable para concretar lo que mandata la Ley General, “por ello, no cumplir con dicha responsabilidad es agravar la situación de las víctimas al no proporcionarles los objetivos elementales”.

Agregó, “desde esta Soberanía, convocamos al Ejecutivo del Estado, a dar cumplimiento a lo que mandata la Ley de Protección y Víctimas del Delito del Estado de Sinaloa, y se instale a la brevedad el Sistema Estatal de Atención a Víctimas, asimismo, se emita la convocatoria para integrar la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.”

“Tenemos la herramienta legal para garantizar la protección de las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos, hagámosla una realidad, por el bien de Sinaloa y por respeto a las víctimas”.

Situación con la que coincidieron el Diputado Ramón Lucas Lizárraga, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y la Diputada María del Rosario Sánchez Zatarain, del grupo parlamentario del Partido Sinaloense, quienes mostraron su respaldo haciendo uso de la voz en Tribuna.

Por otra parte, en esta sesión ordinaria, el Pleno Legislativo conoció también el dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social, y de Educación Pública y Cultura sobre la iniciativa del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, que propone  reformar el Artículo 160 de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa.

Iniciativa que tiene por objeto incorporar a la optometría dentro de las actividades profesionales, técnicas y auxiliares que para su ejercicio requieren que los títulos profesionales, certificados de especialización o diplomas, según sea el caso, hayan sido legalmente expedidos y registrados, haciéndose la precisión de que dicha expedición y registro deberán ser realizados por las autoridades educativas competentes.

Y que considera viable la propuesta para quedar de la siguiente manera:

“Artículo 160. Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio clínica, radiología, optometría, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología, embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes”.

En Asuntos Generales, el Diputado Héctor Melesio Cuén Ojeda, integrante del grupo parlamentario del Partido Sinaloense, intervino para hablar sobre el IVA a alimentos, y aprovecho para pronunciarse en contra de la aplicación del IVA en alimentos terminados expendidos en tiendas y minisúper.

Señaló que la imposición del IVA que hace la autoridad frenará el consumo de estos alimentos que dado su demanda han llegado a formar parte de la canasta básica en el país, ocupando el segundo lugar en las prioridades de consumo. Dijo que las cifras de ingreso-gasto de los hogares muestran que un mexicano gasta más en comer fuera de casa en todo este tipo de alimentos, que los gastos que hace por transporte, educación, vestido y entretenimiento. Es decir, los gastos por comer tacos, tortas, entre otros alimentos, sólo se ubican por debajo del gasto por concepto de alquiler o pago de la casa-habitación.

Expresó que la aplicación de esta resolución perjudicará a los sectores más desprotegidos económicamente en México, ya que los grandes consumidores de estos alimentos son los estudiantes, albañiles, peones, trabajadores de la limpieza, trabajadores informales, es decir aquellas personas que se ubican en los sectores más vulnerables y de menos ingresos, lo cual es muy lamentable.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, puso sobre la mesa de análisis y reflexión los siguientes puntos:

1.- Que PROFECO esté atenta a una posible alza desmedida en los precios al consumidor, recordemos que en las “tiendas de conveniencia” es en donde compra la mayor parte de las personas en México.

2.- Que el SAT explique por qué no cobró en 15 años el pago de este impuesto.

3.- ¿Por qué la autoridad recaudatoria no cumple con la palabra del presidente Enrique Peña Nieto, de no aumentar más los impuestos?

4.- Que el Gobierno aclare que si la medida de cobrar el IVA a estos alimentos esenciales para los mexicanos, es el objetivo de la Cruzada Nacional contra el Hambre, principal programa social del Presidente.

Situación con la que coincidió el Diputado Miguel Ángel Camacho Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, quien además dijo que en lugar de buscar estrategias para beneficiar a más mexicanos, se aplican más impuestos que ven en deterioro de la economía familiar.

En otro tema, el Diputado Oscar Javier Valdez López, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional subió a Tribuna para hacer un posicionamiento sobre el programa Crédito Joven en Sinaloa, el cual precisó, es una estrategia integral del gobierno federal que por primera vez atiende con financiamiento a jóvenes entre 18 y 30 años de edad, que pretenden abrir un negocio o consolidar uno en marcha.

Aprovecho la ocasión para manifestar su solicitud “a las autoridades financieras del país, a que se redoblen esfuerzos para que programas como este se incrementen, cuantitativa y cualitativamente, ya que siendo en Sinaloa la población mayoritariamente joven, mucho podría hacerse si tan solo se canalizara a un 10 por ciento del total de la población un crédito, se obtendría un efecto multiplicador como nunca se ha observado en la economía de esta entidad federativa”.

Posteriormente, la Diputada Sylvia Myriam Chávez López, del Partido Nueva Alianza, fijó un posicionamiento de apoyo al periodista Ramón Eduardo Guevara, toda vez que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, emitió medidas cautelares para que se garantice su integridad como persona y su familia, mismas que fueron dirigidas al Presidente municipal de Escuinapa, Bonifacio Bustamante, y quien las está acatando.

Esto toda vez que, de acuerdo a la Diputada, el citado alcalde supuestamente solicitó al medio de comunicación en el que Ramón Eduardo Guevara trabaja “para que fuera suspendido en su trabajo como periodista, por no estar de acuerdo a lo manifestado en su trabajo como reportero, porque en un estado democrático no pueden ni deben permitirse restricciones a una libertad constitucional como lo es la libertad de expresión”.

Sobre el mismo tema, habló la Diputada Imelda Castro Castro, quien pidió que el exhorto hecho por su antecesora no quede solo en un pronunciamiento de una Diputada, sino que se eleve a nombre del Poder Legislativo, dada la importancia del caso, ya que Ramón Eduardo Guevara es un periodista que actualmente se encuentra postrado en una cama de un hospital, luchando por su vida, lo cual agrava más la solicitud del munícipe, por la delicada situación.

En otro tema, la Diputada Sylvia Myriam Chávez López, del Partido Nueva Alianza, hizo uso de la Tribuna para hablar sobre desapariciones forzadas, mostrando su beneplácito por la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al inciso A de la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a la desaparición forzada, con lo cual dijo, “permitirá al Estado mexicano atender a cabalidad con los tratados internacionales en la materia, pero sobre todo, cumplir con el compromiso de garantizar los derechos humanos de las y los mexicanos”.

Concluyó resaltando que “ante la desaparición forzada no puede, ni debe haber lugar para la impunidad”.

Finalmente, la Presidenta de la Mesa Directiva cito a sesión ordinaria para el próximo martes 07 de junio a las 11:00 horas.