Se aprueba reforma constitucional en materia de medio ambiente

Las y los Diputados integrantes de la LXI Legislatura aprobaron el dictamen sobre iniciativa que propone reformar el primer párrafo de la fracción III del artículo 4 Bis, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, con lo que se estaría homologando la mencionada carta constitucional local con las disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, como vía para que el Estado de Sinaloa asuma corresponsabilidad de garantizar a sus habitantes el derecho humano de gozar un ambiente limpio y sano que genere mejores condiciones de vida.

Así como para que cada persona se responsabilice de su actuación frente al medio ambiente y responda de la reparación del daño o deterioro ambiental que genere, sea por culpa o negligencia.

La reforma aprobada señala:

“Artículo 4 Bis B…

I y II…

“III. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque, en términos de lo dispuesto por la Ley.”

Una vez aprobado el documento, se ordenó remitir el expediente a los 18 ayuntamientos de Sinaloa, para que en un plazo de 15 días emitan su voto.

Por otra parte, también se aprobó el dictamen que propone la reforma de la fracción IV y con la que se adiciona una fracción V, al artículo 278 de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa, con lo cual la Secretaría de Salud podría expedir certificados de reconocimiento y calificación de discapacidad, por medio del cuerpo médico, toda vez que es una obligación del sector salud, en virtud de lo dispuesto por la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Salud, Reglamento de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad y la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA3-2012, para la Atención Integral a Personas con Discapacidad.

La reforma al citado artículo 278 señala:

“Artículo 278. Para fines sanitarios, podrán extenderse los siguientes certificados:

I a III…

1. De muerte fetal.
2. De reconocimiento y calificación de una discapacidad; y
3. Los demás que determine la ley General de Salud, sus Reglamentos y otras disposiciones legales aplicables”.

Durante la sesión, el Pleno conoció la iniciativa del Ejecutivo del Estado, que propone reformar el artículo primero transitorio del decreto 399, publicado en el periódico oficial de fecha 26 de diciembre de 2011, reformado mediante decreto número 735, publicado en el periódico oficial de fecha 31 de diciembre de 2012. Decreto número 2, publicado en el periódico oficial de fecha 30 de diciembre de 2013 y decreto número 235, publicado en el periódico oficial de fecha 22 de diciembre de 2014, correspondiente con el impuesto de tenencia vehicular.

En caso de aprobarse esta propuesta, el nuevo decreto quedaría de la siguiente manera:

“Transitorios

Artículo Primero.- La vigencia del presente Decreto será a partir del 1° de enero de 2016, previa publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa.”.

El documento se remitió a Secretaría General para que se programe a segunda lectura.

Posteriormente, se le dio primera lectura a la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2016, en la que se estipula que el Gobierno del Estado ejercerá un presupuesto de 44 mil 364 millones de pesos que serán aplicados a  tres ejes rectores: Obra Pública, con 12 mil 124 millones, lo cual representa el 27.3 por ciento; Obra Humana, con 29 mil 917 millones, que son el 67.4 por ciento; y Obra Material, con dos mil 323 millones, que significan el 5.2 por ciento.

En la iniciativa, destaca que el gasto público está orientado a lo señalado en el Plan Estatal de Desarrollo, “en especial a la obra humana, y tenemos que por cada peso a ejercer en 2016, están destinados 68 centavos al financiamiento de acciones encaminadas a promoverla”.

Asimismo, por cada peso a ejercer en 2016, se destinan 27 centavos a la promoción de la obra política, incidiendo en la seguridad pública, procuración e impartición de justicia, principalmente, sin descuidar el financiamiento de políticas públicas para modernizar el marco jurídico y afianzar el estado democrático de derecho, así como acciones de gobierno en materia hacendaria para fortalecer las finanzas públicas municipales e impulsar el desarrollo armónico de las regiones del estado.

En el desglose del presupuesto por Grupos, se proyecta de la siguiente manera:

Poder Ejecutivo, 10 mil 151millones; Poder Legislativo, 384 millones; Poder Judicial, 475 millones; Órganos Autónomos –Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisión Estatal para para el Acceso a la Información Pública, Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo-, un presupuesto de 90 millones de pesos; Partidos Políticos y Organismos Electorales presenta una propuesta de 413 millones de pesos, lo cual está regulado por la Ley Electoral del Estado.

Otro de los asuntos tratados en la sesión, fue la primera lectura de la Minuta con Proyecto de decreto enviado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo.

 La reforma en el apartado B del Artículo 26, señala en su párrafo quinto:

“El organismo calculará en los términos que señale la ley, el valor de la  Unidad de Medida y Actualización que  será utilizada como unida de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores”.

Y también el siguiente párrafo propuesto:

“Las obligaciones y supuestos denominados en Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad y la fecha correspondiente”.

La reforma en el Artículo 41 en el inciso a) del párrafo segundo dice:

“a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior”.

La reforma planteada en el Artículo 123 en la fracción VI del apartado A, dice:

“VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de  la actividad económica o en profesiones, aof9icioes o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza”, entre otras reformas propuestas.

El documento se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para su estudio y dictamen, luego de habérsele dispensado la segunda lectura de Reglamento.

En otro sentido, las iniciativas de los Ayuntamientos de Angostura y Guasave sobre los valores catastrales de las construcciones de esos municipios, también fueron conocidas por los legisladores, remitiéndose ambas a la Comisión de Hacienda Pública y Administración para su estudio y dictamen, tras serle dispensada la segunda lectura de Reglamento.

De la misma forma, se conoció la iniciativa del alcalde y secretario del Ayuntamiento de Badiraguato, que propone reformar la ley de Ingresos de dicho municipio para el ejercicio fiscal 2015, a fin de incluir en el mismo el empréstito por 15 millones de pesos que el Congreso del Estado le autorizara, y con el que adquirió maquinaria pesada a fin de mejorar, ampliar y realizar nuevas vías de comunicación.

Una vez conocida esta iniciativa, también fueron puestas en conocimiento del Pleno las 18 Leyes de Ingresos de los municipios de Sinaloa para el ejercicio fiscal 2016, ordenándose remitirlas a la Secretaría para su segunda lectura reglamentaria.

Por otra parte, se le dio trámite a la iniciativa presentada por el ciudadano Jorge Julián Chávez Murillo, representante legal de la Asociación Estatal de Bomberos de Sinaloa, A.C., que propone reformar la Ley de Protección Civil y la Ley de Hacienda Municipal, ambas del Estado de Sinaloa, esto con el objetivo de “realizar ajustes a la legislación vigente en la materia, para definir una  plataforma presupuestal básica y mecanismos eficaces para el acceso a los recursos públicos por parte de los cuerpos voluntarios reconocidos por la autoridad”.

Menciona, que si bien la ley dispone algunas bases para acceder a recursos públicos para los cuerpos de bomberos, se carece de claridad de un esquema o fórmula jurídica que permita garantizar la obtención de recursos públicos para la debida operación y prestación del servicio con estándares básicos de calidad en beneficio de la población sinaloense.

Ante ello propone modificar los artículos 47 y 108 de la ley de Protección Civil para el Estado de Sinaloa, con el propósito de establecer como facultad del Instituto Estatal de Protección Civil la certificación de los cuerpos de bomberos de los municipios sinaloenses, para que estos puedan tener acceso a los recursos públicos, clarificando que sólo podrán entregarse al respectivo Patronato de Administración existente en cada municipio.

Además, plantea reforma a los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, con la intención de crear una fórmula jurídica que garantice un umbral mínimo de ingresos para los cuerpos de bomberos debidamente certificados,  partiendo del mandato de que al menos el 50 por ciento de lo que se recaude por concepto del impuesto adicional de los impuestos Predial y Sobre adquisición de inmuebles, como contribuciones principales, se destinará al sostenimiento de los cuerpos de bomberos debidamente certificados en los términos de la Ley de Protección Civil del Estado.

Posteriormente, se le dio primera lectura al dictamen sobre iniciativa que propone adicionar una fracción IX al artículo 4°Bis B, y reformar la fracción II del artículo 6°, así como el párrafo primero del artículo 91, todos de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, lo cual tienen por objeto reconocer como derechos humanos el derecho  a la educación, declarar obligatorio el servicio de enseñanza que prestan el Estado y los municipios hasta el nivel medio superior; e imponer a los sinaloenses la obligación de cuidar que sus hijos y pupilos reciban desde la educación básica hasta la media superior, con lo que aspira a armonizar las disposiciones constitucionales locales que tienen relación  con los temas planteados, con las que al respecto establecen el artículo 3º de la Carta magna y la Ley General de Educación.

En tal situación, de aprobarse la iniciativa de Decreto, los artículos que integran la iniciativa quedarían redactados en los siguientes términos:

La adición de la fracción IX al artículo 4º Bis B:

“Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado y los Municipios garantizarán que la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior que impartan sea obligatoria y gratuita”

Por lo que hace a la reforma a la fracción II del artículo 6º señala:

“II. Instruirse y cuidad de que sus hijos y pupilos menores de edad, concurran a las escuelas oficiales o particulares para recibir la enseñanza preescolar, primaria, secundaria y media superior, de conformidad con las leyes respectivas”.

Y por lo que hace al artículo 91 en su párrafo primero quedaría así:

“Artículo 91. Toda la educación que imparta el Estado será gratuita, a fin de que todos los individuos tengan acceso a ella, incluyendo la educación preescolar, primaria, secundaria media superior o bachillerato, normal, especial, la destinada a obreros o campesinos o la de cualquier otro tipo y modalidad que se imparta de acuerdo con las necesidades educativas de la población del Estado y las características particulares de los grupos que la integran. La educación preescolar, primaria, secundaria y media superior serán además obligatorias”.

Dentro de los Artículos Transitorios, destaca el texto del Segundo:

“La implementación de las medidas tendentes a extender la obligatoriedad dela educación en los niveles preescolar, primeria, secundaria y media superior se realizará de manera  gradual y ascendente conforme a las disponibilidades presupuestales del Estado y de los municipios.

Deberá iniciar en el ciclo escolar inmediato siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, y el Estado procurará lograr la cobertura total a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022. Para tal efecto el Estado gestionará ante la Federación los recursos que fueran necesarios, en los términos establecidos en los instrumentos del Sistema Nacional de Planeación Democrática del Desarrollo y el correspondiente sistema Estatal.”

El dictamen se remitió a la Secretaría para su segunda lectura.

En Asuntos Generales, fue el Diputado José Felipe Garzón López, en su calidad de Presidente de la Comisión de Asuntos Obreros y De Trabajo y Previsión Social, quien fijó un posicionamiento, en el cual solicitó al Pleno, solidaridad hacia la minuta proyecto de decreto de reforma la Carta magna en referencia a la desindexación del salario mínimo.

Recordó que el país ha quedado unificado en cuanto al salario mínimo y que de los 68.28 pesos diarios que había, se pasó a los 70.10 pesos diarios –un aumento real de 2.82 pesos diarios-, dándose así una homologación general en las zonas económicas A y B.

Al comentar la iniciativa enviada por la Cámara de Diputados Federal, Garzón López recordó que entrará en vigor si se cuenta con la aprobación de la mayoría de los Congresos Locales, “por lo que hago un llamado a los integrantes de esta legislatura para ser solidarios y aproar dicha reforma que en mucho beneficia a la ciudadanía”.

Aceptó que aún queda mucho por hacer en la materia, “sin embargo, esta medida es  un paso importante en vías de mejorar los ingresos de los trabajadores; hago un llamado para seguir la lucha constante para mejorar la vida de los ciudadanos, con más y mejores fuentes de empleo, garantizando a la población un salario justo y digno que cubra sus necesidades conforme a lo establecido en nuestra Constitución”.

Por otra parte, el Diputado Miguel ángel Camacho Sánchez, del Partido Acción Nacional, calificó como recaudatorias las “foto multas” que pretende aplicar el ayuntamiento de Ahome, a los automovilistas que transiten en su territorio y que cometan faltas acreedoras de una sanción, mismas que serán realizadas “con alta tecnología” y con las que intenta recaudar alrededor de 400 millones de pesos.

Señaló que tiene el conocimiento de que existe un convenio entre las autoridades municipales y la empresa “Intertráfico” que cobraría 300 pesos con IVA incluido por cada multa impuesta y pagada, mientras que por otro tipo de multas realizadas mediante otros mecanismos, se pagarían 25 pesos por parte del ayuntamiento  a “Intertráfico”.

Demandó de las autoridades ahomenses mayor seriedad y buscar otro tipo de políticas que no sean lesivas para el bolsillo de la sociedad de ese municipio.

Sobre el mismo tema, el Diputado César Fredy Montoya Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, dijo no estar en contra de las medidas señaladas por su homólogo, pero precisó que existe un órgano técnico dedicado a la prevención de delitos; y una iniciativa para crear la Ley de Educación Vial en Sinaloa, que reduciría los percances viales que resultan onerosos para la economía nacional.

Luego, el Diputado Miguel Ángel Camacho, dijo no estar en contra de las medidas preventivas, sino aquellas acciones que solo servirán a una empresa particular, sobre todo, dijo, porque en Los Mochis como en otros municipios existen cámaras instaladas, pero aquí hay que ver cuál será el costo-beneficio, además de indagar qué tipo de empresa es “Intertráfico”.

Otro de los temas llevados a Tribuna, tuvo que ver con violencia y seguridad pública, siendo el Diputado Héctor Melesio Cuén Ojeda, del Partido Sinaloense, el primero en tocarlo, al señalar que de acuerdo a las encuestas entre la sociedad, lo que más le preocupa es la seguridad, y llama la atención que la gente pide más oportunidades y empleo, al citar incluso que el Ejecutivo del Estado reconoce que el presunto crimen sobre dos australianos en Sinaloa, afecta la imagen del Estado, y que se está en el ojo del huracán internacional, además de que Sinaloa es declarado “zona de guerra”, por la prensa internacional, esto, aparejado con un posicionamiento que se hizo a la autoridad federal sobre los apoyos, denominado SUBSEMUN, lamentando que aun y cuando había recursos etiquetados para ese programa, solo se hayan entregado la mitad de los mismos y el año está por concluir.

Por su parte, el Diputado Fernando Pucheta Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, dijo que de acuerdo a pruebas, los cuerpos encontrados en la sindicatura de El Tigre, municipio de Navolato, pudieran ser los de los australianos desaparecidos, lo cual vendría a significar un duro golpe para el sector turístico de la entidad, porque “pierde competitividad frente a otras naciones”, sumado a que el gasto extranjero ha bajado en los últimos seis años en relación a otros países y destinos turísticos, y este tipo de situaciones proyectan a Sinaloa como un estado violento, por lo que llamó a no apostarle a la inseguridad y pidió a los tres órganos de gobierno mayor aplicación para reducir los hechos violentos en la entidad.

Luego, el Diputado César Fredy Montoya Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, manifestó también su “rotundo rechazo” a los hechos denunciados, y que “todos los sinaloenses lamentamos ese tipo de acontecimientos”, además de que “como gobierno no hemos hecho todo para mejorar la seguridad, pero también somos mucho más los sinaloenses honestos, responsables y respetuosos que llevamos el sustento a la familia. Es cierto que estos hechos lamentan la imagen no solo a nivel nacional sino internacional, por lo que demando del gobierno la búsqueda de estrategias de mejores condiciones de seguridad y prevenir este tipo de acontecimientos, porque además, no tenemos palabras para ofrecer disculpas al gobierno australiano”.

Mientras tanto, la Diputada Nubia Xiclali Ramos Carbajal, del Partido Revolucionario Institucional, hizo un llamado a las Secretarías de Salud y de Desarrollo Humano del Gobierno del Estado, para que se tomen acciones preventivas que signifiquen apoyos a los sectores sociales vulnerables ante la advertencia realizada por el servicio meteorológico de CAADES, por la llegada de frentes fríos a la entidad, toda vez que se pronostica que las temperaturas continuaran a la baja durante los próximos días y es necesario proteger a la población ante estos nuevos fenómenos meteorológicos.

Finalmente, se citó a sesión ordinaria para el jueves 03 a la hora de Reglamento.