Reformas a Ley de Obras Públicas no son inconstitucionales: Flora Miranda y Rosario Romero
La nueva Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, que fue aprobada por unanimidad el pasado 11 de junio, no contraviene ninguna facultad constitucional, defendieron la diputada Flora Isela Miranda Leal y el diputado José Rosario Romero López.
La presidenta y vocal de la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas, fijaron posicionamiento en tribuna sobre información generada en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Sinaloa donde en sesión se expuso que la ley tiene más de un aspecto contrario al orden constitucional.
En la sesión pública de este martes 20 de octubre, la diputada Flora Isela Miranda Leal, presidenta de la Comisión, enfatizó que la Ley de Obras Públicas no es inconstitucional, pues no contraviene ninguna facultad constitucional.
Aseguró que la 63 Legislatura, con la participación ciudadana, está trabajando en el combate a la corrupción, realizando acciones que permitan lograr una verdadera austeridad, fiscalización, rendición de cuentas, y combatir de frente el flagelo de la corrupción.
Se busca, subrayó, asegurar que los recursos públicos se ejerzan correctamente, de forma ordenada, responsable y eficientemente por todos los entes públicos del estado y los municipios.
Sin embargo, reconoció, la corrupción es un fenómeno multidimensional y multifactorial que no puede ser erradicado fácilmente con una simple reforma de ley, pues se extiende en todas las dimensiones.
En su posicionamiento la diputada también expuso que los ciudadanos del Comité de Participación Ciudadana están contratados por honorarios, sin embargo, sus contratos no son públicos.
Llamó al CPC para que cumplan a cabalidad con las responsabilidades que la presente ley les está ordenando.
El diputado José Rosario Romero se dijo sorprendido por las declaraciones de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa en las que anuncian interpondrán un recurso de inconstitucionalidad a las reformas a la Ley de Obras Públicas.
Lamentó que estos integrantes digan que no están de acuerdo con las disposiciones que les obliga a intervenir en el proceso de designación de los ciudadanos en los comités de obra.
Arguyen como principal argumento, cuestionó, que la ley general no les permite hacer lo que deben, es decir, vigilar que los servidores públicos no le metan la mano al bolsillo de la gente y sigan amasando fortunas al amparo del servicio público.
“Para las diputadas y diputados de Morena, esas lamentables expresiones, dibujan de cuerpo entero la falacia de lo que se conoce como sistema anticorrupción, para evidenciarlo como un instrumento que sirve a la simulación”, acusó.
Lamentable también, agregó, que no cuestionen la entrega de recursos públicos a particulares, concesionarios de estadios, algunos a título materialmente gratuito, a los que se ha entregado mil 400 millones de pesos, en lo que va del gobierno de Quirino Ordaz.
Tampoco, agregó, estos integrantes cuestionan los 208 millones para encementar la Laguna del Camarón, en beneficio del primo del gobernador, Ernesto Coppel Kelly, en Mazatlán.
Ni actuaron, añadió, ante la desviación de dos mil 300 millones de pesos en el Instituto de Pensiones; el robo de 924 millones destinados para vivienda en Issstesin; ni han procurado resolver el misterio de la compraventa de la Unidad de Servicios Estatales mediante un opaco fideicomiso.
“¿Al servicio de quién están los integrantes del sistema anticorrupción en Sinaloa, cuando existe infinidad de casos sin claridad”, y en cambio se resisten al cumplimiento de la ley, preguntó el diputado.
Tanto Rosario Romero como Flora Isela Miranda, advirtieron que los integrantes del citado sistema anticorrupción no tienen facultades para interponer un recurso de inconstitucionalidad.