Conoce el Pleno de la LXI Legislatura reforma Constitucional en materia indígena
El Pleno de la LXI Legislatura, conoció en primera lectura, el dictamen sobre iniciativas que proponen reformar la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en materia indígena, mismas que tienen por objeto armonizarla con las disposiciones señaladas en la Carta Magna.
La Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación en su dictamen emitido, precisa la derogación del primer párrafo de la fracción V del Artículo 4º Bis B y el Sexto Párrafo del Artículo 13, y se adiciona un artículo 13 Bis a la Constitución Local, en materia de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
Entre otros puntos, el citado Artículo establece:
“La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.”
Y más adelante:
“Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural; aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los establecidos en esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La les establecerá los caos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes”
“Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas participen en condiciones de igualdad, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía del Estado; preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad; conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en esta Constitución”, entre otros.
Por otra parte y de manera unánime, las y los Diputados, aprobaron el dictamen sobre la iniciativa que propone reformar la Ley de Ingresos del Municipio de Culiacán para el Ejercicio Fiscal 2015, con el que se acuerda incluir el importe del crédito autorizado a JAPAC por 305 millones de pesos.
Esos recursos deberán ser destinados para mejorar la planta de tratamiento de aguas residuales de la zona norte de Culiacán, así como para que el municipio se constituya en garante o aval de JAPAC respecto del crédito que en su caso se obtenga.
Durante la sesión ordinaria de este jueves, también se le dio lectura al dictamen sobre la iniciativa que propone adicionar la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y reformar y adicionar la Ley de Planeación, ambas del Estado de Sinaloa, esto con el objetivo de establecer la perspectiva de género en la planeación de las políticas públicas y en la administración de los recursos públicos del Estado, a efecto de que se realicen acciones que promueven la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia contra las mujeres, y cualquier otra forma de discriminación de género, con lo que se beneficiará a todos los habitantes.
Llevando a cabo un fortalecimiento del marco jurídico estatal, generando las condiciones para que la igualdad de las personas sea real y efectiva, y se eliminen los obstáculos que impidan su materialización.
Asimismo, se le dio lectura a los puntos resolutivos de la sentencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 64/2015 y sus acumulados 65/2015, 66/2015, 68/2015 y 70/2015, sobre los juicios de inconstitucionalidad promovidos por los partidos nacionales Nueva alianza, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, MORENA y el Partido Sinaloense.
Las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Sinaloa.
En Asuntos Generales, fue el Diputado Miguel Ángel Camacho Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el primero en fijar un posicionamiento sobre el tema de Derechos Humanos y Gobernabilidad en Sinaloa, en el cual señaló que hechos como los ocurridos en el municipio de Navolato en donde autoridades violentaron los derechos de un regidor y que incluso se pide ya un juicio político en contra del alcalde, no deben de ser permitidos, dijo que los derechos humanos se encuentran en una encrucijada; pobreza y desigualdad, es la mejor prueba de ello, se encuentran violaciones y recordó que en la última sesión, se habló también de ello y de desplazados en Sinaloa ;destacó la necesidad de realizar política legislativa, y encaminar los lineamientos a seguir como Congreso cuando se elaboren leyes con visión y respeto de los derechos humanos, con lo que vendría a generarse un clima favorable en la entidad y las instituciones deben de coadyuvar en ello.
Posteriormente, la Diputada María de la Luz Ramírez Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, habló sobre anexo transversal para etiquetar y asignar recursos del ejercicio fiscal 2016 y dar cumplimiento a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, por lo que recordó los programas y acciones en los que deben participar los gobiernos estatal y municipales.
Dijo que “debe establecerse en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, un anexo transversal, para atender institucionalmente, y de manera coordinada por múltiples dependencias a este sector poblacional”.
“Con un anexo presupuestal transversal, añadió, permitirá garantizar una mejor evaluación de la aplicación de esos recursos; presupuestos transversales cumplen con tres funciones: identifican el conjunto de políticas, programas y acciones de la Administración Pública Estatal para la atención de este tercio poblacional –habló del Presupuesto para Mujeres y la Igualdad de Género, con un presupuesto de 664 millones 492 mil 130 pesos-; cuantificar el monto total de los recursos invertidos en conjunto, y, facilitan la tarea de monitoreo y seguimiento puntual de los recursos identificados.
Propuso un Punto de Acuerdo en el que se lee:
“ÚNICO. La LXI Legislatura exhorta respetuosamente al gobierno del estado, para que en el proyecto del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2016, incluya un anexo transversal en materia de los derechos de niñas, niños y adolescentes, etiquetando o asignando recursos para el cumplimiento y operatividad plena de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para evitar el riesgo de convertirse en muy buenas intenciones”.
Su propuesta se turnó a la Comisión de Hacienda Pública y Administración, para su valoración.
En otro tema, la Diputada María del Rosario Sánchez Zatarain, del Partido Sinaloense, dijo que la caída del precio del petróleo ha reducido ingresos fiscales del país para el presupuesto 2016; México afrenta reto de la reingeniería del presupuesto sobre el presupuesto cero, y eso creíamos, y se ratificó en la COPECOL; el presupuesto Base Cero identifica planes idénticos y los prioriza, establece proyectos en base a rentabilidad social y económico y con la participación privada en financiamiento.
Para tomar esas decisiones, en mayo el Consejo Nacional de Evaluación Social –CONEVAL-, en su análisis para el 2016, propone presupuestos a programas sociales para el 2016: reducir pobreza, desigualdad, y aumentar el acceso a programas sociales.
Por su parte, la Diputada Imelda Castro Castro, del Partido de la Revolución Democrática, demandó mejores servicios sanitarios para las mujeres y la población en general, dijo que pese a que México es parte de los tratados internacionales en materia de Derechos humanos, ello fue pasado por alto por el Poder Judicial, la Procuraduría de Justicia y la Policía Ministerial, al ser detenida una joven en la comunidad de Gabriel Leyva, en Guasave, acusada por el delito de aborto, el pasado 9 de octubre y a la que además se le impuso una multa por 15 mil pesos para que la joven lograra su libertad, ignorando todas las autoridades no sólo diversos instrumentos internacionales en derechos humanos y específicos de la mujer, sino que los mismos han derivado un conjunto de recomendaciones que este Congreso y omitido”, declaró.
Recordó que desde 2006, se pidió ampliar servicios de salud, entre otras, “armonizar la legislación relativa al aborto en niveles federal y estatal”.
Se recomendó al país estrategia incluir argumentos de aborto seguro y amplia variedad de anticonceptivos; un millón 25 mil 669 abortos inducidos, lo que implica que los abortos inducidos aumentan en más de 5009 mil estimados en 1990 a 874 mil en 2006, con tasa de 25 al 38 abortos en mujeres en edad reproductiva, ubica al país entre las tasas más altas del mundo.
Pidió dejar de criminalizar a la mujer en sus derechos reproductivos, y en cambio, prestarle los servicios de salud sexual y reproducción en Sinaloa; ley que armoniza con el Código Familiar, por ser contrasentido el carácter íntimo de las personas y dedica un capítulo al tema, el Código Penal persigue a la mujer por negarse a mantener un embarazo.
Anunció la presentación de una iniciativa para la despenalización del aborto y dijo que el texto es coherente con derechos humanos y con tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.
Finalmente, se citó a sesión pública para el martes 27 de octubre, a la hora de Reglamento.