Aprueban Puntos de Acuerdo en materia presupuestal para Seguridad y Salud
El Pleno de la LXII Legislatura aprobó dos Puntos de Acuerdo con los que se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión contemplar recursos suficientes para áreas como la Seguridad y los programas operativos que se realizan, y la Salud.
Fue el diputado Marco Antonio Osuna Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, quien destacó la necesidad e importancia de que en áreas como la seguridad pública no se baje la guardia, y se continúe con programas para promover la cultura de la paz, la prevención, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana y una vida libre de violencia en todo el país.
Por ello pidió que se considere dentro del “anexo 19. Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos” del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, aparezca el Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) y que de manera responsable, “reciba asignación presupuestal”.
Mientras que en lo correspondiente al tema de la salud, la diputada Guadalupe Iribe Gascón, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, hizo uso de la Tribuna para plantear la necesidad de que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017 se contemple aumentar los recursos destinados en el presupuesto de 2016, el cual ascendió a los 75 mil 437 millones de pesos para el sector salud.
Dijo que desde 2015, en el presupuesto federal, “el área de salud se ha visto con los recortes emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal”, y es de preocupar que pueda concretarse un nuevo recorte tal y como se está planteando, toda vez que se estarían afectando programas como “la atención prehospitalaria, trasplantes de órganos, abasto de medicamentos, entre otros”.
Iribe Gascón señaló que las consecuencias podrían ser lamentables para la población sinaloense, principalmente para quienes menos, por la alta inequidad y desigualdad en el acceso a la salud, afectando incluso servicios de salud que dependen de recursos federales como el Seguro Popular y programas que derivan de estos.
Otro Punto de Acuerdo aprobado por la LXII Legislatura en esta sesión, fue el presentado por la diputada Jesús Angélica Díaz Quiñonez del grupo parlamentario del Partido Sinaloense, en el que se exhorta al Gobernador y al titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, para que de manera inmediata se realice el pago total del adeudo de Becas de Manutención, se tomen las medidas oportunas para asegurar los pagos hasta el mes de diciembre, se expida la convocatoria de Becas de Manutención del nivel superior para el ciclo escolar 2016-2017 y se integre al Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2017 los recursos económicos necesarios para que los 7 mil 500 alumnos no dejen de recibir este beneficio el siguiente ciclo escolar.
Por otra parte, se le dio primera lectura al dictamen correspondiente a las iniciativas que proponen adicionar un tercer párrafo al artículo 25, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, en las que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de Participación Ciudadana, presentadas por los ciudadanos Ramón Barajas López, Rigoberto Valenzuela Medina y la diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela del Partido Revolucionario Institucional.
De acuerdo al documento, las Comisiones Dictaminadoras resolvieron procedente realizar una adición a la Ley de Gobierno Municipal, “a efecto de establecer un mecanismo de participación ciudadana en los Ayuntamientos”, en el espíritu del valor que representa contar con un cabildo abierto, cuyos objetivos primordiales son permitir a las y los ciudadanos una relación directa con autoridades locales y viceversa; establecer espacios de participación formales e institucionales para que la comunidad pueda plantear sus problemas ante las autoridades e influir en las decisiones municipales, así como garantizar a la ciudadanía la oportunidad de participar en la priorización de los problemas comunitarios con el objeto de proveerles la solución.
El documento se turnó a segunda lectura.
Otro dictamen que conoció el Pleno, fue el presentado por las Comisiones Unidas de Equidad, Género y Familia, y de Justicia, referente a la iniciativa presentada por la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete del Partido Acción Nacional, en la que se propone reformas y adiciones de diversos artículos; así como adicionar un Título Cuatro denominado “Del Registro de Deudores Alimentarios Morosos”, y un Capítulo I “Disposiciones Generales” al Código Familiar del Estado de Sinaloa.
Las Comisiones Unidas resolvieron pertinente realizar reformas y adiciones al Código Familiar del Estado de Sinaloa, para crear el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en el Estado de Sinaloa, con el propósito de procurar que los deudores morosos cumplan con su obligación del pago de alimentos.
Entre otras cosas, la reforma contempla que quien incumpla con el pago de pensión alimentaria por un periodo de 90 días, total o parcialmente de forma sucesiva, se constituirá en deudor alimentario moroso y el Juez de lo Familiar ordenará al Registro Civil su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, el cual efectuará convenios con las sociedades de información crediticia a fin de proporcionar la información contenida en el mismo, con la posibilidad de sancionar al deudor.
Este dictamen fue turnando a segunda lectura para su posterior discusión y votación.
Un tercer dictamen presentado en primera lectura para las y los Diputados, fue el correspondiente a reformas en el primer párrafo del artículo 670 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, propuestas en iniciativa por las y los Diputados del Partido Sinaloense.
En el documento, la Comisión de Justicia resuelve que reformar este artículo origina el beneficio de las personas para que puedan recibir algún tipo de perjuicios por los tiempos prolongados que se da por el procedimiento judicial en materia de declaración de ausencia y presunción de muerte, por tal motivo es factible realizar la modificación a efecto de armonizar el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa y el Código Familiar del Estado de Sinaloa, respecto al plazo que no bajará de un mes, ni pasará de tres, cuando la persona haya desaparecido y se ignore el lugar donde se halle, para que se dicten las providencias necesarias para asegurar los bienes.
El documento fue turnado a segunda lectura.
En la sesión, se le dio primera lectura a la iniciativa presentada por las y los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la que proponen reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, con el objetivo de incorporar, dentro de las facultades del Congreso del Estado, autorizar por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes los montos máximos para en las mejores condiciones del mercado contratar empréstitos y obligaciones por parte del Estado, los Municipios así como por los organismos públicos descentralizados estatales y municipales, empresas de participación estatal o municipal, y fideicomisos públicos estatales y municipales, previo análisis de su destino, capacidad de pago y en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago, de conformidad con las bases de las leyes en la materia.
En el documento se asienta que la LXII Legislatura “consciente de que el Estado de Sinaloa requiere recursos suficientes y finanzas públicas sanas para concretar una política disciplinada en materia de gasto dirigida al financiamiento de programas para la reducción de la pobreza, la mejora de la educación y la salud, una mayor seguridad ciudadana y procuración de justicia, la creación de la infraestructura necesaria para complementar la actividad económica de los sectores prioritarios, así como de aquellos que tienden a mejorar la productividad y la calidad de vida de la sociedad
Plantea dentro del apartado de la Auditoría Superior del Estado, se detalla con precisión los entes que son sujetos de fiscalización mismos que será el Gobierno del Estado y de los Municipios y de los recursos públicos que administren, ejerzan, manejen o custodien los organismos públicos descentralizados estatales y municipales, organismos autónomos, empresas de participacion estatal o municipal, fondos y fideicomisos públicos estatales y municipales, persona física o moral de derecho privado, los órganos jurisdiccionales que determinen las leyes, así como las demás personas de derecho público de carácter estatal o municipal o privado, así como el ejercicio de la función de fiscalización misma que será ejercida conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad.
Posteriormente, se le dio trámite a la iniciativa presentada por Gilberto Ceceña Nuño, Ramón Palacios Polanco y otros ciudadanos, en la que proponen reformar los artículos 67 y 70 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado con lo que se estaría dando la creación de la Comisión Permanente de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, al interior del Congreso del Estado.
Plantean adicionar en el Artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, la fracción XXIII; además, en el Artículo 70 se pronuncian porque las reuniones de las Comisiones Permanentes sean públicas; que el portal oficial del Congreso del Estado publique cuando menos con 24 horas de anticipación, el lugar y hora de cada reunión de Comisión. Asimismo, se difunda en dicho portal oficial el desarrollo en vivo de la reunión respectiva.
Otra de las iniciativas que conoció el Pleno, fue la presentada por la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para que se adicione el artículo 43 Bis a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, a fin de aplicar descuentos del 10 por ciento del monto a pagar en el Impuesto Predial a propietarios de predios que con conocimiento y visto bueno del municipio, aporten de su propio patrimonio o participen activamente dedicando tiempo y esfuerzo para el mantenimiento, limpieza o cuidado de parques y su equipamiento, áreas verdes o jardines propiedad del Municipio, sin menoscabo de otros descuentos a que se tenga derecho conforme a la presente ley.
El descuento se aplicará únicamente respecto de un inmueble por causante y que se encuentre ubicado dentro de la misma colonia del municipio donde se ubica el área común que ha sido beneficiada. Si se posee más de un bien en la misma colonia el descuento se hará sobre predio que determine la Tesorería del Municipio.
También recibió primera lectura la iniciativa presentada por la diputada Elsy López Montoya del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la que propone se reforme y adicione la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, texto en el que entre otras acciones, propone “establecer los principios de política pública que rigen la planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, ordenación territorial y desarrollo urbano”.
Entre otras propuestas la legisladora establece el derecho a la propiedad urbana, la cual es el “garantizar los derechos de propiedad inmobiliaria con la intención de que los propietarios tengan protegidos sus derechos, pero también asuman responsabilidades especificar con el Estado y con la sociedad, respetando los derechos y límites previstos en la Carga Magna y en esta ley. El interés público prevalecerá en la ocupación y aprovechamiento del territorio del Estado”.
En otro tema, también el Pleno conoció las iniciativas de los ayuntamientos de Ahome, Guasave y Concordia, en que proponen los valores unitarios del suelo y de las construcciones de sus respectivas demarcaciones, para el año 2017.
Se remitieron a la Secretaría para su segunda lectura de Reglamento.
En Asuntos Generales las diputadas Soila Maribel Gaxiola Camacho del Partido Sinaloense, y Maribel Chollet Morán del Partido Revolucionario Institucional, fijaron un posicionamiento en contra de los cambios en los horarios (de verano y de invierno), aduciendo que han sido más contraproducentes que positivos, en virtud de los efectos que producen en el organismo.
Posteriormente, al recordar que la LXII Legislatura tendrá una duración de 24 meses, el diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño del Partido Sinaloense, dijo que “y ya se agotó uno” y aunque la Junta de Coordinación Política “está trabajando”, es necesario “flexibilizar más las formas de trabajo y que de manera conjunta definamos los puntos a tratar en las plenarias”, llevar a cabo una agenda legislativa conjunta y que se fije un rumbo específico para el mejor desarrollo de Sinaloa y su sociedad.
Por su parte, el diputado Juan Pablo Yamuni Robles del Partido Acción Nacional, afirmó que el Poder Legislativo “puede ser un detonante en combatir eficazmente el problema de la corrupción, elaborando leyes que pongan un algo a este cáncer que carcome el desarrollo integral del país”, se pronunció en “poner orden desde nuestro propio espacio” y conminó a conducirse con respeto como pares.
En Tribuna, se comprometió a que como presidente de la Comisión de Honor y Disciplina Parlamentaria, establecer el firme compromiso de trabajar en un proyecto de Código de Ética Parlamentaria, que permita establecer las responsabilidades, tareas y consecuencias en caso de violaciones a la norma, toda vez que ser legislador es un gran reto y una gran responsabilidad.
Mientras tanto, el diputado Efrén Lerma Herrera del Partido de la Revolución Democrática, lamentó que ante el poco tiempo que resta a las actuales administraciones municipales, aun se esté ejecutando obra y sea evidente que no se concluirá, realizando gastos inútiles en virtud de que la sociedad no ha disfrutado ni recibido beneficio alguno.
En otro tema, el diputado José Menchaca López del Partido Revolucionario Institucional, habló sobre una iniciativa que presentó para realizar reformas a la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, a fin de que se castigue la violencia en el noviazgo, además de que se apliquen medidas preventivas para que este tipo de violencia no se presente.
Otro de los temas llevados a Tribuna, fue el de la productividad legislativa, sobre el cual el diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela del Partido Acción Nacional, destacó la presentación de una iniciativa para modificar la Ley Orgánica del Congreso del Estado y se sesione tres veces por semana, además de que se amplíe un mes cada periodo ordinario, con lo cual estarían incrementando un 70 por ciento el número de sesiones y la oportunidad para tratar en el Pleno los temas importantes para los sinaloenses, a lo que se sumaron todos los integrantes de su grupo parlamentario.
En su oportunidad, la diputada Margarita Villaescusa Rojo del Partido Revolucionario Institucional, dio a conocer parte de lo que como grupo parlamentario estarán trabajando como agenda legislativa, se pronunció a favor de crear cuerpos eficientes a fin de que la sociedad sinaloense cuente con herramientas para su óptimo desarrollo económico y social y elevar la productividad del estado, pluralidad que está en los diversos estamentos de la sociedad, optimizar las condiciones de esos grupos para lograr la igualdad tanto en lo económico y social.
Reiteró que como grupo parlamentario tienen por objetivo estrategias para las acciones a realizar así como para la realización una agenda legislativa que contempla las demandas de una sociedad cambiante y que demanda más acciones concretas, como garantizar los derechos humanos, mayor participación de la mujer; anticorrupción, reforma en materia penal, atraso legislativo, protección a grupos vulnerables, transparencia y acceso a la información pública, así como otros temas de interés público y fue puntual al señalar que se requiere del apoyo de los demás grupos parlamentarios a través del diálogo a fin de alcanzar los objetivos que demanda Sinaloa.
Para hablar sobre la juventud, hicieron uso de la Tribuna el diputado Andrés Amílcar Félix Zavala y la diputada María Eugenia Medina Miyazaki, ambos del Partido Revolucionario Institucional. En el primero de los casos, Félix Zavala revela que el Índice Nacional de Participación Juvenil –INPJ-, tiene como propósito medir el grado de involucramiento de los jóvenes en México en espacios de incidencia y temas clave de la agenda nacional, además de ser un estudio que busca lograr que en México la juventud sea participativa, informada, responsable, así como capaz de tomar decisiones en beneficio propio y de sus comunidades.
En su oportunidad, la diputada Medina Miyazaki habló de la falta de oportunidades reales para el desarrollo de las y los jóvenes, consideró como fundamental “hacer un llamado a las autoridades federales y estatales, a redireccionar las políticas públicas en materia de juventud, para que estas vayan encaminadas a la prevención de los delitos, sobre todo en los centros semiurbanos donde la concentración de este sector de la población es mayor, creando condiciones y espacios para el fomento y la práctica de valores, que tanto estamos perdiendo como sociedad”, expresó.
Para hablar sobre el medio ambiente, el diputado Carlos Montenegro Verdugo del Partido Revolucionario Institucional, dijo que entre los humedales de Sinaloa destacan los sistemas Navachiste, la ensenada Pabellones, Ceuta, laguna Huizaches-Caimanero, entre otros, que constituyen eslabón básico en el ciclo del agua y figuran entre los más productivos del planeta, y someterlos a otros fines, son problemas que atentan contra su conservación, como en el caso de Bahía Santa María-Ohuira, con la obra magna del actual gobierno del estado –el gasoducto-, con inversión superior a los mil millones de pesos.
Motivo por el que llamó a la participación de entes que sólo señalen bajo un estudio, el mal que se hace al medio ambiente; bajo un balance sobre los pros y contras de la obra, destacó el trabajo de los hombres y mujeres de esa región sinaloense que impulsan el desarrollo, e invitó a los tres órdenes de gobierno, a velar porque los mantos acuíferos estén siempre limpios y así entregarlos a las futuras generaciones.
Al tocar el tema de Disciplina Financiera, el diputado Tomás Roberto Amador Carrasco del Partido Revolucionario Institucional, reveló que de acuerdo con un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados –federal-, durante el periodo 2010-2015 el saldo total de la deuda bruta del sector público federal pasó de 4 billones 445 mil 455 millones de pesos, a 8 billones 430 mil 562 millones de pesos, lo que significó que la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto –PIB-, se elevara de un 31.8 por ciento a 44.6 por ciento, por lo que consideró necesario tomar medidas al respecto que ayuden al saneamiento de las finanzas.
Sobre el mismo tema, la diputada Alba Virgen Montes Álvarez del Partido Sinaloense, dijo que la deuda ha crecido escandalosa y peligrosamente a nivel federal, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hasta el 30 de Septiembre.
Mientras que en el plano estatal solicitó a la Auditoría Superior del Estrado que en lo inmediato implemente un taller de capacitación a los 18 presidentes y 18 síndicos procuradores electos sobre los contenidos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; que los presidentes municipales electos, en coordinación con el Síndico Procurador, evalúen las actuales plantillas de trabajadores con el fin de aplicar una reingeniería administrativa, fusionando áreas comunes y eliminando gastos excesivos, lo cual permita reubicar personal ya en funciones y evitar nuevas contrataciones; que la Auditoría Superior del Estado realice un programa que permita monitorear esta reingeniería que se propone; crear un Consejo Técnico de Asesoría integrado, entre otros, por grupos y asociaciones de profesionistas contables, para la supervisión de la implementación de la legislación en materia de disciplina financiera y la evaluación de la conveniencia de firmar convenios con la Secretaría de Hacienda.
Enseguida, el diputado Zenén Xóchihua Enciso del Partido Acción Nacional, habló del deterioro financiero en municipios; dijo que el fenómeno se vino a partir del 2009 a raíz de los nuevos mecanismos, y citó que 17 de 18 ayuntamientos y el propio gobierno estatal incumplen en la reglamentación contable, según apareció en la revisión de la Cuenta Pública de 2015; la que reveló además que catorce municipios no tienen buena política financiera, por lo que consideró que el Congreso del Estado debe ir a un análisis más profundo sobre el tema.