Aprueban legisladores primer paquete de dictámenes de Cuenta Pública

Diputadas y Diputados integrantes de la LXI Legislatura, aprobaron durante la sesión ordinaria de este jueves 21 de enero, los dictámenes presentados por la Comisión de Fiscalización al Pleno y que se basan en los informes presentados por la Auditoría Superior del Estado.
Los dictámenes aprobados corresponden a los municipios de Mazatlán, Ahome, Navolato, Culiacán, Guasave, Salvador Alvarado, Sinaloa, Angostura, Mocorito y Badiraguato, todos ellos relativos al Primer Semestre del Año 2015.
Además de las cuentas públicas de Guasave del segundo semestre del 2014, y el del Segundo Semestre del 2013 de Angostura, que se encontraban suspendidas.
Previo a la votación, el Diputado Gómer Monárrez Lara, Presidente de la Comisión dictaminadora, subió a Tribuna para señalar “es imperante informar a este Pleno que, independientemente del sentido de los dictámenes, la ASE tiene la instrucción de la Comisión de no descansar en seguir con las notificaciones de los pliegos de observación y las promociones de responsabilidad administrativas, así como de todos los procedimientos que tenga facultad a aplicar para cuidar los recursos públicos”.
Dijo que en el caso de los municipios que tenían la cuenta suspendida, se logró que solventaran gran parte de las observaciones que les fueron hechas en los plazos que fueron acordados entre la Auditoría Superior del Estado, la Comisión y las autoridades municipales, además de que tuvieron un mayor ordenamiento en el uso de los recursos públicos, con lo cual se tomó la determinación de que los dictámenes se emitieran en sentido aprobatorio.
Precisó que “las inconsistencias recurrentes en relación a los pliegos de observación consisten fundamentalmente en omisión de documentación comprobatoria y/o justificativa en el registro contable y presupuestal del ejercicio de los recursos públicos; inconsistencias o falta de documentación en los expedientes unitarios de obra”.
Asimismo, reconoció que “el ejercicio de fiscalizar los recursos públicos exige dos condiciones: responsabilidad política y capacidad técnica. Sin estos dos elementos la fiscalización pierde formalidad y se convierte en un instrumento coyuntural que no abona a la construcción de gobiernos responsables”.
Posteriormente, lo hizo el Diputado Martín Pérez Torres, también integrante de la Comisión de Fiscalización, quien indicó que “en lo que respecta al control interno de los Ayuntamientos la mayoría de ellos refleja que las medidas adoptadas han resultado insuficientes para alcanzar estándares de eficiencia aceptables”, aunque “para satisfacción de quienes formamos parte de la Comisión que dictamina, encontramos buenas prácticas administrativas en el ejercicio del gasto”.
Mientras que la Diputada Imelda Castro Castro, del Partido de la Revolución Democrática, precisó que hace falta la implementación de acciones en materia de control interno del gasto, que garanticen la efectividad y eficiencia de las operaciones, suficiencia y confiabilidad de la información financiera, y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables en el uso de los recursos públicos, sin embargo, reconoció que hay municipios que han buscado solventar sus inconsistencias.
Otro dictamen aprobado durante esta sesión por el Pleno, fue el correspondiente a las reformas propuestas al artículo 14 en su fracción XII de la Ley de Protección Civil, esto con el objetivo de que los municipios de toda la entidad doten a sus respectivas áreas de protección civil de suficiente personal capacitado al que se le asignará un salario digno y las prestaciones legales.
Además de que a ese personal se le facilitarán los recursos materiales funcionales suficientes para ese objeto, destinando para ello recursos provenientes del fondo creado conforme a lo dispuesto por la ley en la materia.
La reforma realizada queda de la siguiente manera:
“Artículo 14…
I a XI…
XII. Promover la constitución de un Fondo de recursos públicos y privados, destinado a prevenir y hacer frente a los riesgos, emergencias, siniestros, desastres y demás consecuencias que se generen por la ocurrencia de fenómenos perturbadores en el territorio del municipio; así como a dotar de los recursos materiales y humanos suficientes a las Unidades de Protección Civil del municipio.”
Cabe destacar que esta iniciativa fue presentada por el Diputado José Felipe Garzón López, del Partido Revolucionario Institucional, y la dictaminó la Comisión de Protección Civil.
Por otra parte, se conocieron los documentos enviados por las juntas municipales de agua potable y alcantarillado de Guasave y Salvador Alvarado, que tienen como finalidad se les autorice por parte del Poder Legislativo la actualización de las tarifas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en las zonas urbana y rural de dichos municipios.
Las y los Diputados conocieron la iniciativa presentada por la Diputada Sandra Yudith Lara Díaz, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que propone adicionar diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, con las cuales los centros comerciales, plazas, supermercados, hospitales, clínicas, estadios, salas de cine y demás establecimientos públicos o privados que atraen u ocasionan, por el servicio que prestan, impacto al tránsito vial en sus inmediaciones, deberá contar con estacionamiento completamente gratuito para sus clientes y usuarios.
Lo anterior en el marco de declarar de utilidad pública e interés social las actividades relacionadas con la construcción y adaptación de edificios y locales para la prestación del servicio público de estacionamiento y guarda de vehículos, y que los establecimientos cuenten con personal de seguridad suficiente para que estén al cuidado de los vehículos de sus clientes o usuarios que se encuentren en el estacionamiento.
El documento señala que se faculta a los ayuntamientos para que establezcan la normatividad para el establecimiento y funcionamiento de los estacionamientos públicos y otorgar las licencias y permisos para la creación de los mismos; para que los establecimientos inicien su funcionamiento el que estén bardeados en sus colindancias con otros predios, que cuenten con una adecuada ventilación e iluminación; que destinen cajones para minusválidos y realicen las adecuaciones necesarias al inmueble para que ellos puedan desplazarse; y que cuenten con las instalaciones y equipos necesarios para prevenir y combatir incendios.
También propone establecer desde la ley, que los propietarios de los estacionamientos públicos sean responsables de las pérdidas y/o daños causados a los vehículos que reciban en sus establecimientos, y la obligación de contraten los seguros necesarios que cubran la reparación de los posibles daños que pudieran ocasionarse, entre otras propuestas.
Asimismo, recibió trámite la iniciativa presentada por la Diputada y los Diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Sinaloense, que propone reformar el artículo 537 y adicionar un tercer párrafo al artículo 561 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, con lo cual se busca preservar el patrimonio de las personas desaparecidas por razones ajenas a la privación ilegal de la libertad, y que haya dejado o nombrado apoderado general para la administración de sus bienes, con ello, no podrá pedirse la declaración de ausencia sino pasados dos años, que se contarán desde la desaparición del ausente si en este periodo se tuvieren algunas noticias suyas, o desde la fecha en que se hayan tenido las últimas.
Señala en su documento que cuando una persona desaparece sin dejar rastro, sin que sus familiares conozcan su situación o paradero, la ley permite que estos puedan solicitar al juez que declare al desaparecido ausente a fin de poder adoptar medidas destinadas a proteger sus bienes y derechos. La ausencia tiene el mismo significado que el que se le da en la vida cotidiana, y es aquella persona que no se halla presente en el lugar en que debe estarlo y esto tiene consecuencias y efectos de derecho según el ámbito y el tiempo de la ausencia.
En otra parte, señala que la declaración de ausencia pueden solicitarla los interesados en la misma: los presuntos herederos legítimos del ausente, los herederos instituidos en testamento público abierto o los que tengan algún derecho u obligación que dependan de la vida, muerte presencia del ausente; a través de un proceso riguroso que se desarrolla en el domicilio del desaparecido o del lugar en el que haya tenido su última residencia.
Igualmente, en esta sesión se conoció el proyecto de Ley de Paternidad Responsable para el Estado de Sinaloa, presentada por la Diputada María Lorena Pérez Olivas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y que tiene por objeto regular el derecho a la paternidad que le asiste a la infancia y garantizar el interés superior de la niñez para tener nombre y apellido y conocer a sus padres y madres, según lo dispuesto por el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7º de la Convención sobre los Derechos del Niño, y 16º de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Proyecto de ley que señala que si al efectuar el registro de nacimiento de un menor habido fuera de matrimonio, comparece solamente la madre, y ésta presuma el no reconocimiento del padre, podrá solicitar el inicio del procedimiento sobre presunción de paternidad, firmando la solicitud o estampando su huella dactilar, e indicará el nombre, domicilio y cualquier otro dato adicional que contribuya a la identificación del presunto padre.
Este proyecto de ley consta de Seis Capítulos que engloban Diecisiete Artículos naturales, así como Cuatro Artículos Transitorios y se remitió a la Secretaría para su segunda lectura.
Finalmente, el Diputado Presidente de la Mesa Directiva citó a sesión ordinaria para el próximo martes 26 de enero a las 11 horas.