Aprueba LXII Legislatura fomento al reciclaje en las escuelas
Fomentar e incorporar técnicas y procedimientos para el reciclaje y reúso de residuos sólidos en las escuelas de nivel básico en la entidad, tiene como objetivo la reforma aprobada por el Pleno de la LXII Legislatura durante la sesión ordinaria de este jueves.
El dictamen de la iniciativa de la Diputada Gloria González Burboa (PRI) adiciona diversas disposiciones a la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa, tiene el propósito de prevenir y reducir la generación de contaminantes, así como la atribución del gobierno del estado en materia de educación, de prevenir y reducir la generación de contaminantes desde las escuelas de educación básica, especialmente con la instalación de contenedores para la separación de la basura en todos los planteles, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, y de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con la colaboración de los sectores privado y social, así como con las demás autoridades competentes.
Posteriormente, se le dio lectura a la iniciativa presentada por la diputada Ana Cecilia Moreno Romero (PRI) en la que propone reformar diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa, con el objetivo de respetar, reconocer e incorporar la medicina tradicional en la propia ley de Salud, con la finalidad de reconocer uno de los derechos esenciales a las etnias sinaloenses y a toda persona.
Plantea incorporar el programa de nutrición materno-infantil en los pueblos y comunidades indígenas, dentro de la materia de salubridad general, incluir como objetivos del Sistema Estatal de Salud, impulsar el bienestar y el desarrollo de las familias y comunidades indígenas que propicien el desarrollo de sus potencialidades político sociales y culturales; con su participación y tomando en cuenta sus valores y organización social; así como promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena y su práctica en condiciones adecuadas.
Otra iniciativa a la que se le dio trámite, fue la presentada por el diputado Efrén Lerma Herrera (PRD), para reformar la Constitución Política del Estado de Sinaloa en lo correspondientes a la disciplina financiera, las facultades del Congreso del Estado en la autorización de empréstitos y las obligaciones del Ejecutivo al signar convenios con diversas instituciones financieras o la Secretaria de Hacienda federal.
Lo anterior, con el objeto de ejercer las acciones necesarias para el debido cumplimiento de las disposiciones en materia de disciplina financiera, equilibrio presupuestario y responsabilidad hacendaria, en términos de la legislación aplicable.
El documento precisa que “la autorización de empréstitos y obligaciones sólo será contratada en las mejores condiciones del mercado y previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago.
En ningún caso se podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente.
Las cuentas públicas deberán detallar el ejercicio de los empréstitos y obligaciones contratadas”.
Se le dio primera lectura a la iniciativa presentada por el diputado Crecenciano Espericueta Rodríguez (PANAL), para adicionar una fracción XIV al artículo 4 Bis A, y reformar tres párrafos al artículo 150 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, con la intención de insertar el texto “presupuesto participativo”, en donde la sociedad interviene en la toma de decisiones sobre su aplicación.
Señala que el presupuesto participativo es el instrumento mediante el cual se define el destino de un porcentaje de los recursos públicos, para lo cual el gobierno del estado proyectará anualmente en el presupuesto de egresos una partida equivalente al menos del veinticinco por ciento del presupuesto destinado para inversión pública.
Para impulsar el desarrollo municipal y regional los ayuntamientos podrán convenir con el Poder Ejecutivo Estatal la realización de inversiones públicas conjuntas, que los habitantes de sus municipios determinen mediante el presupuesto participativo.
La ley reglamentaria regulará las bases, la forma de participación y establecerá las formas de organización de la sociedad y la ciudadanía para la toma de decisiones que según el territorio, municipio o región les corresponda en los porcentajes de referencia para inversión pública.
Por otra parte, el Pleno conoció la iniciativa presentada por el Maestro José Carlos Álvarez Ortega, en la que propone expedir la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con la que se busca establecer las bases de funcionamiento, integración, competencia, estructura jurídico-administrativa, principios y procedimientos de ese organismo.
Define su organigrama: Presidente, Visitadurías Generales, una Secretaría Ejecutiva, una Secretaría Técnica, una Contraloría, un Consejo Consultivo y personal profesional, jurídico, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones.
Precisa sus atribuciones: recibir denuncias de hechos y calificar los mismos a fin de integrar quejas por presuntas violaciones a derechos humanos; conocer e investigar a petición de parte o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos en términos de su competencia; formular denuncias o quejas ante las autoridades respectivas, en términos del artículo 102, apartado B de la Carta Maga, cuando tenga conocimiento de faltas administrativas, actos ilícitos o presuntamente delictivos ejecutados por servidores públicos estatales o municipales que violen los derechos humanos; impulsar la promoción y observancia de los derechos humanos en el estado; presentar al Congreso del Estado las propuestas que pudiesen corresponder al orden jurídico estatal que contribuyan a la plena observancia, promoción, protección y defensa de los derechos humanos.
El documento cuenta con un total de Ciento Doce Artículos Naturales así como Seis Artículos Transitorios.
Más adelante, se le dio lectura a la iniciativa del diputado Andrés Amílcar Félix Zavala (PRI), en la que propone reformar el artículo 73 de la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad del Estado de Sinaloa, para que toda persona que ocupe un estacionamiento destinado a personas con discapacidad y que no la tenga, sean sancionada con una multa de 60 a 65 Unidades de Medida y Actualización, que será regulada por los ayuntamientos.
En caso de que se suscite dicha acción en propiedad privada donde exista una concentración de persona, ahí la autoridad deberá celebrar convenios con las empresas propietarias para un adecuado cumplimiento a esta medida.
En Asuntos Generales, la diputada María Fernanda Rivera Romo (PRI), habló en Tribuna sobre el CONAPRED y discriminación estructural, señalando la necesidad de promover la construcción de una sociedad incluyente que rechace todas las formas de discriminación, exclusión o cualquier tipo de segregación, porque no se debe permitir en estos tiempos que por condiciones de ideología, religión o preferencia sexual, existan personas segregadas.
Invitó a los diputados a sumarse al tema y aprovechar las capacidades que cada individuo tiene, en lugar de dividir y excluir a quien piensa o actúa diferente, porque al buscar la inclusión y el respeto se construye un mejor país.
En otro tema, el diputado Andrés Amílcar Félix Zavala (PRI), habló sobre la importancia de la participación ciudadana en la transparencia, y se pronunció a favor de que ciudadanos, colegios, asociaciones civiles y de vecinos conformaran la Contraloría Social, que es un formato natural de la democracia participativa y de participación ciudadana, y que los entes gubernamentales deben incluir a la sociedad en la toma de decisiones y de vigilancia en la aplicación de políticas públicas, además de que quienes conformen esa Contraloría Social deben de recibir un trato respetuoso.
Posteriormente y para hablar sobre la conformación de la Fiscalía General en Sinaloa, hicieron uso de la voz los diputados Carlos Castaños Valenzuela (PAN), Efrén Lerma Herrera (PRD), Soila Maribel Gaxiola Camacho (PAS), Merary Villegas Sánchez (MORENA), María Eugenia Medina Miyazaki (PRI) e Irma Moreno Ovalles (PRI).
Coincidieron en la necesidad de crear un organismo autónomo que brinde certeza de justicia a la sociedad, que sea la sociedad organizada quien realice las propuestas de quien ocupe el cargo para que este sea nombrado por el Congreso, y que se le brinden las herramientas necesarias para la implementación adecuada del sistema de justicia mexicano.
Se precisó, que de momento existen al menos cuatro iniciativas para la creación de la fiscalía, por lo que una vez que inicien los trabajos de dictaminación, se deberán de tomar en cuenta esos documentos y otras propuestas que se les hagan llegar a fin de dar la mayor fortaleza posible a este organismo.
Por otra parte, el diputado Roberto Cruz Castro (PAN), criticó presuntos casos de nepotismo en los municipios de Choix y Rosario, invitando a sus autoridades a revisar el tema y de ser necesario corregir, porque de no hacerlo estarían violando la ley y tendrían que ser sancionados por ello.
Aseguró que la sociedad está cansada de ver que la autoridad es la primera en violar la ley, por lo que hizo el llamado para que este tipo de situaciones no ocurran en el Estado, sus municipios, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.
Finalmente, se clausuró la sesión y se citó para el próximo martes 24 de enero a la hora de reglamento.