Sería CESP quien propondría quinteta para Fiscal General

– De acuerdo al dictamen conocido por el Pleno, el Fiscal General duraría 7 años en el cargo sin derecho a reelección.

Sería el Consejo Estatal de Seguridad Pública (consejo ciudadano) quien se encargue de recibir las propuestas de organizaciones o grupos ciudadanos para elegir a las cinco personas que consideren cuentan con el perfil necesario para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, enviará la lista al Poder Ejecutivo, quien analizará la documentación que se les entregue para posteriormente enviar una terna a la consideración del Congreso del Estado, que a su vez será el órgano encargado de concluir con el proceso y designar mediante votación de los diputados.

Lo anterior, es señalado en el dictamen elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, tras el análisis de cuatro iniciativas de reforma constitucional relacionadas con el tema y que durante la sesión de este martes fue conocido por los diputados.

En conferencia de prensa simultánea a la primera lectura del dictamen, la diputada Irma Moreno Ovalles, presidenta de la comisión dictaminadora, dijo que en lo referente a la duración en el cargo, se propone que sea de siete años sin derecho a reelección, y en caso de que el Ejecutivo estatal quiera remover al fiscal, deberá de hacer la propuesta al Legislativo y esto se podrá lograr únicamente con el respaldo de dos terceras partes del Pleno.

Dijo que la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, buscó la manera para incluir las propuestas ciudadanas y de diversas organizaciones, con el objeto de realizar un dictamen equilibrado e incluyente, pero sobre todo con apego a la ley.

En el documento se precisa que “el Ministerio Público, como representante de la sociedad en Sinaloa, se organiza en una Fiscalía General del Estado, misma que será un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica de patrimonio propio y capacidad para decidir para el ejercicio de su presupuesto, promotor, respetuoso, protector y garante de los derechos humanos, se regirá en su actuación por los principios de constitucionalidad debido proceso, buena fe, autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de la dignidad humana.

El Fiscal General presentará anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado un informe de actividades y comparecerá ante cualquiera de ellos cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión.

Durante el ejercicio de su cargo, no podrá desempeñar actividades profesionales que impliquen el ejercicio libre y/o remunerado de su profesión, salvo las actividades  docentes, científicas, culturales, de investigación o beneficencia.

Además precisa que algunos de los requisitos para ser Fiscal General, como el ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener, cuando menos, 35 años cumplidos al día de su designación, contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en Derecho, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso.

Por otra parte, se le dio primera lectura a la determinación de los 18 municipios con relación al cómputo de votos en relación con la adición de una fracción X al artículo Cuarto Bis B, y adición de un cuarto párrafo al artículo 91 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa en materia de derecho al libre acceso al internet  y a las tecnologías de la información y comunicación, reforma que fue aprobada por el Poder Legislativo el 26 de julio de 2016 y entrará en vigor una vez que sea publicada en el periódico oficial El Estado de Sinaloa.

Durante la sesión, se le dio primera lectura a la iniciativa de la diputada Sylvia Treviño Salinas (PAN), en la que propone adicionar cinco párrafos al artículo 88 de la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, con el objeto de que se creen los centros de asistencia social, sitio al que serán remitidos de manera temporal o hasta que se resuelva su situación jurídica.

Para efectos de lo anterior, los municipios que no cuenten con estas instituciones, podrá celebrar convenios con Centros de Asistencia Social instalados, públicos o privados y que se encuentren debidamente certificados y registrados en el Registro Estatal de Centros de Asistencia Social, para garantizar la integridad física y psicológica de las niñas, niños y adolescentes que tengan bajo la tutela de la Procuraduría de Protección Estatal o Municipal.

Otra iniciativa a la que se le dio trámite, fue la presentada por el Ejecutivo del Estado para abrogar la Ley del Hospital Pediátrico de Sinaloa, con el argumento de que bajo el esquema actual el Hospital Pediátrico de Sinaloa no recibe los apoyos técnicos y financieros que otorga la Federación, toda vez que se ha mantenido como un organismo público descentralizado, bajo la administración de un patronato, cuyas facultades van desde el aspecto de la planeación de los servicios que debe prestar el hospital, hasta la vigilancia del uso, aplicación y procuración de los recursos económicos con que debe operar.

Actualmente, el citado nosocomio opera con los recursos que el Congreso del Estado autoriza en el presupuesto de Egresos, así como cuotas de recuperación y otras aportaciones que pueda recibir de particulares u organismos no gubernamentales, sin tener acceso a los recursos que la Federación otorga para la inversión y operación de los centros de salud y hospitales que forman parte de “Servicios de Salud de Sinaloa”; además, los servicios bajo el esquema actual, también están limitados, toda vez que la atención a la población infantil afiliada al Seguro Popular en esta ciudad capital, se ve limitada al no formar parte de la red hospitalaria de “Servicios de Salud de Sinaloa”.

Además precisa que, en términos de la legislación aplicable, los recursos materiales y financieros que formen parte del patrimonio del “Hospital Pediátrico de Sinaloa” y aquellos que tenga derecho a percibir, se transferirán al Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud de Sinaloa”, mismo que fue creado por virtud del Decreto publicado  en el periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” No. 128 de fecha 23 de octubre de 1996, en términos de la  legislación aplicable, a fin de que este los destine al cumplimiento de su objeto.

Los bienes muebles e inmuebles que a la entrada en vigor del presente Decreto formen parte del Patrimonio del “Hospital Pediátrico de Sinaloa”, o tenga derecho a incorporarlos al mismo, se trasmitirán en propiedad al organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud de Sinaloa”.

Más adelante, se le dio primera lectura a la iniciativa enviada por el Ejecutivo del Estado para que se adicione al título IV el capítulo VIII, artículo 109 Bis C, a la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en materia de reforma regulatoria.

El documento señala que se requiere un marco jurídico propicio para ofrecer a los ciudadanos mayores beneficios con los menores costos posibles, mediante la formulación de normativa, de reglas e incentivos que estimulen la innovación, la confianza en la economía, la productividad, la eficiencia y la competitividad a favor del crecimiento, bienestar general y desarrollo humano.

Asienta que la regulación es imprescindible para el buen funcionamiento de la economía y la sociedad, ya que promueve la eficiencia del mercado, protege los derechos y la seguridad de los ciudadanos y garantiza la prestación de bienes y servicios públicos.

En Asunto Generales, la diputada Francisca Henríquez Ayón (PAN), presentó un posicionamiento sobre el desabasto de medicamentos en las instituciones públicas de salud a pesar de que a nivel federal se ha señalado que se han hecho compras millonarias para surtir las necesidades que tiene la población en ese sentido.

Dijo que al no existir medicinas en los hospitales se está atentando contra la vida y los derechos de los pacientes, además de lamentar que sean precisamente ellos quienes tengan que pagar las medicinas que requieren, lo cual les significa en algunos casos el tener que invertir cuando menos la mitad de sus ingresos, cuando la autoridad está obligada a brindárselas.

En otro tema, la diputada María Eugenia Medina Miyazaki (PRI), expresó haber presentado una iniciativa de reforma a la Ley de Salud para motivar la donación de sangre, toda vez que se trata de un tema necesario pero al que se le presta poco interés y al que se voltea a ver cuándo existe la necesidad cercana.

Lamentó que exista poca información al respecto y consideró necesario que las autoridades realicen campañas de promoción, en las que se invite a donar sin que sea necesariamente para un familiar o amigo, toda vez que es así como se pueden salvar más vidas.

Posteriormente, la diputada Guadalupe Iribe Gascón (PRI), hizo uso de la Tribuna para hablar sobre violencia intrafamiliar, fenómeno se registra en todos los segmentos de la sociedad: hombres, mujeres, niños, adolescentes; además de que en la entidad, este tipo de violencia también está en diversos marcos jurídicos contemplada, señaló que la mujer es la principal víctima de esa violencia, pero que poco a poco van apareciendo datos de que otros miembros de la familia también la sufre, motivo por el que llamó a evitar que ese fenómeno aumente y se pronunció por un Cero Tolerancia.

Anunció que presentará una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Sinaloa  para que la violencia familiar sea seguida e investigada de oficio con sanciones que vayan de los tres a los nueve años de prisión.

Por su parte, la diputada Alba Virgen Montes Álvarez (PAS), habló en Tribuna sobre la presencia militar en Sinaloa, recordó lo dicho por el ejecutivo del estado en su toma de posesión, sobre el apoyo para los cuerpos policiacos en cuanto a dotarlos de mejores entrenamientos y preparación, “pero no pensamos que los policías serían desplazados por militares” e incluso patrullen las calles en vehículos oficiales con la leyenda “Policía Militar”, lo cual es inconstitucional de acuerdo a juristas nacionales.

Indicó que su partido se pronuncia por que se fortalezca la presencia de la policía preventiva y que regrese a su labor primaria, prevenir delitos, demandó cambiar el perfil de la policía militar y que se anteponga al ciudadano para preservar el Estado de Derecho.

Sobre el mismo tema, el diputado Jesús Baltazar Rendón Sánchez (MORENA) recordó la tranquilidad que se vivía en Culiacán y en la entidad en un pasado reciente, diferente al actual en que los padres de familia temen porque sus hijos no regresen a casa, y que la presencia de los convoyes de militares y policías lo confirman, por lo que el grupo parlamentario de MORENA se manifiesta en contra de la policía militar.

Luego, el diputado Gerardo Valencia Guerrero, al tocar  el tema, dijo que el pasado fin de semana atendió a visitantes de diversas colonias de la capital, que mostraron preocupación por dos situaciones: abandono e inseguridad de las autoridades policiacas y, el abandono de la infraestructura educativa.

En su oportunidad, la diputada Margarita Villaescusa Rojo (PRI), tocó el tema de la disciplina financiera por parte de las administraciones públicas, dijo que las cuotas que se retienen por concepto de salud, vivienda u otro aspecto, deben ser entregadas a las instituciones respectivas, pero en la práctica organismos públicos no las entregan, lo que origina grandes adeudos a los derechos de los trabajadores.

Recordó que corrupción no es sólo el mal manejo del recurso público, sino también la retención de las cuotas de los trabajadores, que son manejados de manera irresponsable, como caja chica, incurren en fraude al trabajador, y mostró tabla de adeudos por parte de ayuntamientos a entes paramunicipales y recalcó que esas faltas deben ser sancionadas, porque esos funcionarios públicos destinan esos recursos al gasto corriente.

Por su parte, el diputado Jesús Ibarra Ramos (PANAL), fijó un posicionamiento a favor de los contratos de colaboración pública privada, toda vez que son de gran utilidad para fortalecer el desarrollo del estado con un destino variado en el que se pueden mejorar carreteras, hospitales, alumbrado público, por citar algunos, además de que estos contratos deben abonar al buen desempeño de las finanzas públicas y sustentarse en la transparencia.

Señaló haber presentado iniciativa para modificar la Ley Orgánica del Congreso,  a fin de incluir la Comisión  Permanente de Contratos  Público Privados, que deberá velar por revisar las iniciativas del ejecutivo del estado, alcaldes y organismos públicos.

Otro tema abordado en Tribuna, fue el cambio climático, sobre el que la diputada Paola Gárate Valenzuela (PRI), dijo que es tiempo de pasar del debate a acciones concretas y exhortó a los legisladores a hacer más por el planeta, el país y por Sinaloa, y no poner oídos sordos a un problema que no sólo afecta a la salud, sino es un grave problema económico, por lo que anunció la presentación de una iniciativa para que se expida la Ley de Cambio Climático para el Estado de Sinaloa

Buscar e impulsar la disciplina financiera, el cuidado de recursos públicos y su manejo responsable, para lograr el desarrollo municipal y que superen su actual situación financiera, fue el llamado que realizó el diputado Zenén Aarón Xóchihua Enciso (PAN), ante la difícil situación económica en la que se encuentran las 18 administraciones municipales, tras realizar una revisión, como integrante de la Comisión de Fiscalización, del estado que guardan los ayuntamientos.

Criticó que en algunos casos se haya complicado incluso hasta el pago de la nómina, por lo que reiteró la necesidad de que se realice un trabajo más aseado y efectivo en el uso de los recursos públicos.

Finalmente, se clausuró la sesión y se citó para el próximo jueves 26 de enero a la hora de reglamento.