Reconocen diputadas el esfuerzo de CVIVE por poner orden al tema de la vivienda en Sinaloa

Dar certeza jurídica a las familias sinaloenses rezagadas -en algunos casos desde 1998- en la escrituración de sus lotes, poner orden en el sensible tema social de la vivienda y atender de manera urgente a las familias más vulnerables, incluyendo desplazados y discapacitados, son asuntos prioritarios.

Así coincidieron en reunión de trabajo las diputadas integrantes de la Comisión de Vivienda del Congreso del Estado al reconocer el esfuerzo de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa (CVIVE), que encabeza Francisco Castañeda, por buscar poner orden para hacer válido el derecho humano a la vivienda en la entidad.

La diputada María Victoria Sánchez Peña, presidenta de la Comisión de Vivienda, lamentó que ha prevalecido un soberano desorden para atender la necesidad de vivienda, incluso con proyectos inconclusos y recursos a los que no se les dio seguimiento para saber si aterrizaron donde debían y deudas por más de 140 millones de pesos que se vienen arrastrando. “Es momento de poner orden”, advirtió.

“Antier tuve a 25 personas de Aguaruto que tienen mucha necesidad y enfrentan un problema donde se ha profundizado la violencia, se han dado enfrentamientos entre solicitantes y a una señora le tumbaron su casa”, dijo al criticar la falta voluntad de las autoridades para castigar a los responsables.

“Se dicen líderes pero lo único que buscan es beneficiar sus bolsillos, la autoridad debe tomar el papel que le corresponde para poner orden”, dijo refiriéndose al conflicto en Aguaruto.

Francisco Antonio Castañeda Verduzco, director general de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, reconoció que la problemática sobre el predio de 24 hectáreas propiedad de la CVIVE en Aguaruto actualmente consiste en una carpeta de investigación judicializada por la invasión de aproximadamente 1,174 lotes.

Precisó que el pasado jueves 6 de octubre acompañó a la Secretaria del Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) María Inés Pérez Corral, para iniciar la primera etapa de la regularización.

La diputada Concepción Zazueta Castro, vocal de la comisión, ponderó el avance de la atención a la problemática en Aguaruto y en lo que se refiere al proceso de escrituración para dar certidumbre jurídica al patrimonio de las familias que forman parte de un rezago histórico.

La diputada Giovanna Morachis Paperini, secretaria de la comisión, subrayó las necesidades de las personas que no tienen acceso a la vivienda, reconociendo el esfuerzo de CVIVE por integrar un censo para que el apoyo llegue a las familias que más lo requieren y no a los acaparadores.

La diputada Felicita Pompa Robles, vocal de la comisión, expresó su respaldo al CVIVE destacando el consenso por trabajar en un presupuesto que permita avanzar en la labor de satisfacer la necesidad de vivienda de la población con escasos ingresos económicos.

La diputada Victoria Sánchez expuso que desafortunadamente no bajan los índices de desplazados porque no se atienden las causas, al indicar que ha visto casas abandonadas que se dieron a familias desplazados.

“Debemos atender el tema de los desplazados en la sierra y llevar economía para que puedan mantenerse en sus lugares de origen y poder evitar el desplazamiento, mientras los gobiernos no tomen esa responsabilidad seguiremos batallando y seguirá creciendo una bola de nieve”, enfatizó.

Señaló que la delincuencia organizada siempre ha estado metida y hay comuneros de Santa María que nunca han podido recibir el apoyo de vivienda porque la delincuencia los ha quitado de la lista y la gente ha estado sufriendo.

“No pueden regresar a sus tierras, he escuchado historias que me llenan de impotencia y de coraje, a estas alturas no debemos permitir lo que está pasando con esta gente”, comentó.

Dijo que a estas personas se les debería atender directamente en la segunda etapa porque no han hecho sus casas y no les han dado su dinero, mientras siguen sufriendo amenazas y golpes. “Los han mandado al hospital y no les pagan”, acusó al aseverar que persisten casas otorgadas que siguen deshabitadas.

Francisco Antonio Castañeda Verduzco admitió que algunas de las viviendas otorgadas en la primera etapa a los desplazados de las presas se trasminaban y se está supervisando al proveedor para que sean reparadas, agregando que vienen 63 viviendas más para las familias que vivían en el pueblo viejo de Santa María.

Apuntó que coordinadamente con la Secretaría de Obras Públicas y la SEBIDES se agilizan los trámites de regularización de la tenencia de la tierra, y de asignación de lotes y de introducción de servicios de los terrenos adquiridos para las víctimas de desplazamiento forzado interno.

También se abordó el proyecto de adquisición de un predio de 46 hectáreas, propiedad del Grupo Financiero Banorte, que se encuentra al nororiente de Culiacán, el cual está invadido por alrededor de 200 familias desde hace aproximadamente veinte años.

“El monto que pide Banorte por el predio es de doce millones de pesos y el pago del impuesto predial, sin embargo está sujeto a negociación”, dijo Castañeda Verduzco.

Finalmente, se recordó que los recursos aprobados por el Congreso del Estado para el programa de atención a desplazados por la violencia han alcanzado 180 millones de pesos de 2019 a 2022.