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Recomienda Senado al Congreso instrumente el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

Fachada frontal del Congreso del Estado. La bandera a toda asta.
  • Congreso del Estado de Sinaloa
  • Diciembre 12, 2024

Culiacán, Sinaloa. A 12 de diciembre de 2024.- El Congreso del Estado de Sinaloa dio lectura a la recomendación que el Senado de la República envió a todas las Legislaturas locales para que se realicen las gestiones necesarias para la instrumentación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

La recomendación se hace en cumplimiento a punto de acuerdo propuesto por el senador Óscar Cantón Zetina, integrante del Grupo Parlamentario de Morena.

El sustento de la recomendación que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares cambia el status actual de los procedimientos, apartando el excesivo formalismo criticado debido a los trámites burocráticos lentos y complicados, así como procedimientos rígidos y poco flexibles que implican pasos rigurosos lo que genera procesos ineficaces y que su duración sea alargada o demorada.

Se señala que esta transición de los procedimientos con el enfoque prioritario hacia la resolución expedita de los casos mejorará la eficiencia del sistema judicial y asegurará que los casos se resuelvan en un tiempo razonable.

Sin embargo, se advierte que para hacer de esto una realidad aún queda mucho por hacer, razón por la cual se hace la recomendación a los Congresos y a los Poderes Judiciales de las entidades federativas.

Se precisa que los Poderes Judiciales en coordinación con las Legislaturas de los estados no deben esperar el vencimiento del plazo para la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, sino que se deben tomar las medidas estructurales y normativas necesarias que permitan conocer a fondo los nuevos procedimientos en la materia.

El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares fue aprobado el 24 de abril del 2023 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de junio de ese mismo año y se fijó un plazo de cuatro años para su implementación en todas las entidades federativas.

Sin embargo, se hace la recomendación a fin de no esperar hasta que se cumplan los cuatro años, y evitar lo más posible algunos errores en la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.