Ir a Contenido Principal

Recoge Congreso del Estado propuestas para elaborar Ley de Archivos

intengrantes de la mesa de trabajo de la comisión de puntos de constitucionales
  • Congreso del Estado de Sinaloa
  • Diciembre 4, 2019

La Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, que preside el diputado Horacio Lora Oliva, realizó reunión de trabajo con representantes de instituciones, organizaciones civiles y académicas para recoger comentarios y propuestas que enriquezcan el proyecto de Ley de Archivos del Estado de Sinaloa.

Esta reunión de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, estuvo encabezada, por las diputadas, Graciela Domínguez Nava y Gloria Himelda Félix Niebla, presidentas, de la Junta de Coordinación Política y Mesa Directiva, respectivamente.

Las diputadas Flora Isela Miranda Leal y María Victoria Sánchez Peña, así como el diputado Édgar Augusto González Zatarain, vocales de la comisión, formaron parte de esta reunión de trabajo.

Al dar la bienvenida a las decenas de participantes, Horacio Lora les agradeció su presencia y sus aportaciones, pues aseguró que la 63 Legislatura tiene el objetivo de que esta ley esté legitimada por la participación social.

Incluso les comentó que se realizará una nueva reunión de trabajo en la cual se les presente el proyecto ya enriquecido con las propuestas de esta primera reunión.

También se dejó abierta la posibilidad de que se envíen nuevas propuestas al correo electrónico [email protected] de la directora de Asuntos Jurídicos y Proceso del Congreso del Estado, Aída Inzunza Cázarez.

La misma titular de esta área recordó que el 15 junio 2018 se aprobó la Ley General de Archivo, la cual entró en vigor en junio de 2019 y se fijó un plazo de un año a las entidades federativas para la aprobación u homogenización de sus respectivas leyes.

Se precisó que el proyecto presentado busca crear un sistema local de archivos, un consejo local de archivos, un Archivo General del Estado y un Fondo de Apoyo a Archivos.

De parte de los representantes de instituciones educativas, dependencias públicas, agrupaciones y asociaciones civiles, se presentó una amplia gama de propuestas que van con desde cambiar conceptos y estilos de redacción, hasta fijar penas de prisión y multas económicas para que quienes violenten la ley a publicar.

Asimismo, se planteó que se incluya a los municipios dentro de la cadena de sujetos obligados a cumplir la nueva ley, y que se establezcan partidas presupuestales específicas para cumplir con lo planteado en la nueva legislación.