Presenta Congreso de Sinaloa Programa Legislativo para el Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la 65 Legislatura
Culiacán, Sinaloa, a 13 de octubre de 2026. Durante la Sesión Ordinaria de este martes, el Congreso del Estado de Sinaloa dio lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, mediante el cual se establece el Programa Legislativo del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Quinta Legislatura.
El documento, presentado por la Junta de Coordinación Política, presidida por el diputado Eligio López Portillo, contempla una agenda de reformas, nuevas leyes y acciones legislativas encaminadas a atender las principales necesidades de la población sinaloense, con especial atención a la seguridad pública, la construcción de paz, los derechos de las mujeres, la salud, la inclusión social y el desarrollo económico.
El programa comprende el período del 30 de septiembre de 2026 al 31 de enero de 2027, y establece las prioridades que serán impulsadas por las distintas fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo, privilegiando el diálogo y la construcción de consensos.
En materia de Seguridad Pública y construcción de paz, se presentaron temas prioritarios como el fortalecimiento del marco jurídico para prevenir, investigar y sancionar el delito de extorsión, así como la propuesta de reconocer constitucionalmente el derecho humano a la paz y expedir una Ley para la Construcción de Ambientes de Paz en Sinaloa, para lo que se contemplan nueve reformas a diversas leyes, así como la expedición de la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Sinaloa.
También se contempla establecer protocolos de seguridad escolar ante situaciones de riesgo, regular los servicios de seguridad privada, tipificar el delito de acecho y fortalecer los sistemas de alertamiento a la población frente a fenómenos naturales y condiciones de inseguridad. En materia de movilidad, se proponen reformas para regular el uso de scooters y otros dispositivos de transporte personal, además de establecer el uso obligatorio de cascos certificados para motociclistas.
En la protección de los derechos de las mujeres, la agenda legislativa incluye siete reformas para fortalecer la atención a víctimas de violencia de género, establecer protocolos de actuación en el transporte público y garantizar mecanismos especializados de protección para niñas, adolescentes y mujeres.
Asimismo, se plantea reconocer el derecho a la salud menstrual, fortalecer la atención integral durante el climaterio, otorgar licencias administrativas a trabajadoras víctimas de violencia de género y establecer beneficios en el pago del impuesto predial para mujeres jefas de familia, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad.
En materia de salud y bienestar social, se contempla la expedición de la Ley de Voluntad Anticipada y de la Ley del Parto Humanizado y Maternidad Digna, así como reformas para fortalecer la regulación de los centros de rehabilitación y la atención de las adicciones.
También se impulsarán acciones para mejorar los servicios de salud mental, ampliar la cobertura médica en comunidades rurales, fortalecer la detección y atención del lupus y del trastorno del espectro autista, así como reconocer la figura del familiar acompañante durante la atención hospitalaria.
En inclusión y derechos humanos, el Programa Legislativo propone fortalecer los derechos de las personas con discapacidad mediante reformas que establezcan la contratación de al menos un tres por ciento de personas con discapacidad en las plantillas laborales del sector público. Además, contempla la expedición de una Ley de Protección a Migrantes y una legislación para garantizar los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género.
Se incluyen también reformas para reconocer los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, garantizar servicios de traducción en lenguas indígenas en instituciones de salud y fortalecer la protección de niñas y niños que viven con sus madres en centros penitenciarios.
En desarrollo económico y apoyo a sectores productivos, la agenda contempla nuevas leyes para fomentar la inversión, la generación de empleos, el emprendimiento y el desarrollo regional.
Entre las propuestas destacan la Ley de Turismo Sustentable, Competitivo y Social, la Ley de Promoción de Proyectos Productivos Estratégicos, una nueva Ley de Planeación para el Desarrollo y la Ley de Fomento Agropecuario, Zonas de Desarrollo Rural Sustentable, Alimentos Orgánicos y Creación de la Financiera Rural del Estado de Sinaloa.
También se propone reconocer constitucionalmente el derecho humano a la energía, fortalecer el cuidado del agua y expedir una Ley del Sistema de Cuidados, que reconozca tanto los derechos de las personas que requieren atención como de quienes proporcionan esos cuidados.
Para fortalecer las instituciones y la transparencia se contempla avanzar hacia un Congreso más abierto y cercano a la ciudadanía, mediante la expedición de una Ley de Parlamento Abierto y reformas orientadas a fortalecer la participación ciudadana, el gobierno digital y la rendición de cuentas.
Asimismo, se contempla la expedición de una Ley de Justicia Cívica, el seguimiento legislativo de las propuestas surgidas del Parlamento Juvenil y la actualización de las disposiciones relacionadas con transparencia y protección de datos personales.
En materia presupuestal para el 2027 y como parte de sus atribuciones constitucionales, el Congreso del Estado también tendrá entre sus tareas el análisis y votación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal 2027, así como las leyes de ingresos de los 20 municipios.
De igual manera, se contempla el análisis de las Cuentas Públicas y los informes de fiscalización, además de las comparecencias de las y los titulares de las secretarías de la Administración Pública Estatal con motivo del Informe de Gobierno.
El Programa Legislativo también incluye la armonización de leyes estatales con disposiciones federales en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, feminicidio, transparencia y protección de datos personales.
Con esta agenda, la Sexagésima Quinta Legislatura establece una ruta de trabajo para el desarrollo de sus actividades parlamentarias, con el propósito de atender las demandas sociales, fortalecer el marco jurídico estatal y contribuir a mejores condiciones de vida para las y los sinaloenses.