Da Pleno del Congreso del Estado primera lectura a seis iniciativas
En la primera iniciativa leída las diputadas y los diputados de la Sexagésima Cuarta Legislatura proponen reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en materia de fiscalización. La iniciativa tiene por objeto que la Auditoría Superior del Estado cuente con un período más amplio para que pueda analizar de manera más completa la Cuenta Pública del Gobierno del Estado y la de los municipios para fortalecer la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción, por ello con esta reforma –entre otras disposiciones- se plantea, que dichas cuentas públicas deberán ser enviadas al Congreso del Estado, a más tardar el 15 de febrero del año siguiente al ejercicio fiscal de que se trate.
En la segunda iniciativa leída, las diputadas y los diputados de la Sexagésima Cuarta Legislatura proponen reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de la Auditoría Superior; y de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ambas del Estado de Sinaloa.
Esta iniciativa tiene por objeto, entre otros, establecer en la ley de la materia en qué consiste la autonomía técnica, otorgar facultades para la realización de auditorías de tipo forenses, aunado a lo anterior, propone también establecer los plazos para la entrega de la Cuenta Pública y la fecha límite para concluir con su revisión, se plantea además, establecer en la Ley de la Auditoría el Buzón Digital, a través del cual, de manera enunciativa más no limitativa se realizará la notificación de solicitudes de información preliminar, órdenes de auditoría, e informes individuales que contengan acciones, previsiones o recomendaciones, así como, en su caso, cualquier acto que se emita, los cuales constarán en documentos digitales.
Otra iniciativa leída es la del diputado Sergio Mario Arredondo Salas, que propone expedir la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de Sinaloa y sus municipios. Esta iniciativa tiene por objeto, fijar las bases, límites y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes o derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular de los poderes del Estado, municipios, las dependencias y entidades de las Administraciones Públicas Estatal y Municipal y, los Organismos Constitucionales Autónomos.
La cuarta iniciativa leída es del Grupo Parlamentario del PAS y de la ciudadana Jesús Angélica Díaz Quiñónez, que propone reformar diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, en materia de derechos laborales de los trabajadores del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia y Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, instaurar el marco jurídico respecto a establecer que la homologación pertinente de prestaciones, aumento de salarios, pensiones, ahorros y beneficios de ley, que les debe corresponder respectivamente.
La quinta iniciativa leída es del diputado Ricardo Madrid Pérez, que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Protección Civil para el Estado de Sinaloa. La iniciativa tiene por objeto reducir el riesgo de desastres, la promoción al desarrollo de la cultura social de la prevención y la autoprotección ciudadana, y a su vez, fortalecer la vigilancia sobre la utilización de pirotecnia en eventos masivos o populares así como la venta de artículos pirotécnicos a menores de edad.
La sexta iniciativa leída es del ciudadano Carlos Urías Espinoza, en su calidad de presidente del Consejo Directivo de la Confederación de Organizaciones Acuícolas del Estado de Sinaloa, que propone reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Sinaloa con el objeto de establecer el robo de cualquier especie pesquera o acuícola como un delito grave y que por lo tanto se persiga de oficio, al quedar de manera explícita y generar certeza jurídica, ayudando a las autoridades para que se haga justicia y reducir los riesgos a las actividades productivas.