Aprueban informe financiero del ejercicio fiscal 2017 del Poder Legislativo

• Del mismo modo se dio trámite a iniciativas

Los diputados de la LXII Legislatura aprobaron el Informe Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2017 aprobado en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos con un importe de 390 millones 459 mil 520 pesos, que se vio incrementado por un importe de 15 millones 616 mil 900 pesos, de los cuales 6 millones 400 mil pesos fueron para el Congreso del Estado y 9 millones 216 mil pesos para la Auditoria Superior del Estado.

Por otra parte, el Pleno conoció la iniciativa presentada por la diputada Gloria González Burboa (PRI), en la que propone adicionar una fracción IV al artículo 101, dos párrafos al artículo 117 y reformar la fracción V del artículo 106 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, para que la educación pueda ser considerada como el principal método para conducir a la población recluida en los CERESOS para la reinserción a la sociedad de esta población, ya que los programas, “ya que los programas de educación en las cárceles tienen un impacto positivo en quienes delinquen, así como para la reintegración, pero principalmente ayudará a las oportunidades de empleo una vez concluida la reclusión.”

Posteriormente, se le dio lectura a la iniciativa de los diputados Crecenciano Espericueta Rodríguez y Jesús Ibarra Ramos, ambos del PANAL, en la que proponen la creación del Instituto de Profesionalización del Magisterio del Estado de Sinaloa, lo cual es acorde con el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 emitido por el Ejecutivo del Estado, que contempla como uno de los objetivos asegurar que el Sistema Educativo Estatal ofrezca educación pertinente y de calidad, así como contar con maestros debidamente capacitados para la enseñanza en contextos sociales y culturales diversos.

Enseguida se conoció la iniciativa del diputado Misael Sánchez Sánchez (PVEM), para que se reforme el párrafo primero del artículo 34 del Código Familiar para el Estado de Sinaloa, a fin de que el orden en que se asienten los apellidos de los padres al momento de registrar al hijo, sea designado de común acuerdo.

Señala que la igualdad de género es fundamental para la realización de los derechos humanos de todas las personas, no obstante siguen existiendo en distintos órdenes jurídicos, leyes discriminatorias contra las niñas adolescentes y mujeres que continúan institucionalizando la condición de segunda clase respecto a la nacionalidad, ciudadanía, la salud, la educación, los derechos maritales, los derechos laborales, entre otras. Estas formas de discriminación sin duda menoscaban el empoderamiento femenino.